Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Pasmados, sin reflejos políticos a la altura de su crisis, el PRD y los dos principales aspirantes a presidirlo se niegan a aceptar que el proceso electoral interno se derrumbó y que entre más se tarden en declarar la quiebra más costos institucionales y personales habrán de pagar. Incluso, en el colmo de la impericia política, y dado que los contendientes Encinas y Ortega se aferran a la posibilidad de ser beneficiados con un triunfo pírrico, y que el aparato institucional perredista parece incapaz de anular las mencionadas elecciones internas, se anuncia por parte de Nueva Izquierda, y del árbitro de origen salinista, Arturo Nugalde, la posibilidad de que sea el manliofílico tribunal electoral federal el ente que tome la decisión final sobre el cochinero del sol azteca que cada día añade impensados episodios de delincuencia organizada básica (asaltos a autobuses donde se transportaría papelería electoral; robo descontonero, al estilo de los raterillos en los mercados, de maletas o portafolios con documentos comprometedores; vehículos transportadores de valores electorales que son custodiados por escoltas en prevención de atracos…).
Así como Juan Carlos Mouriño es un muerto político que pretende dárselas de vivo, la elección perredista de dirigente nacional es un proceso de funeraria política aunque sus administradores pretendan aparentar que hay fases pendientes y desenlaces por llegar. Ni Encinas ni Ortega podrán ejercer la dirigencia formal del PRD en condiciones que les permitan desarrollar sus programas y convicciones. Sólo les quedaría, en un acto supremo de engaño colectivo, llegar a los tradicionales arreglos y repartos que están en la base de la mercantilización histórica del perredismo.
Por lo demás, el tal proceso electoral interno ha reportado las peores consecuencias para el PRD: el Tribunal del Santo Oficio Televisivo ha condenado a la hoguera a los perredistas peleoneros y transas (con dedicatoria posdatada a los cercos y bloqueos en defensa del petróleo) y se ha instalado con toda intención el argumento de convalidación del fraude electoral de 2006 al tachar a un partido sabidamente antidemocrático, e infiltrado por el calderonismo, de vicios y aberraciones que según eso descalificarían las acusaciones de fraude presidencial que, en realidad, han sido sostenidas no por el mencionado PRD sino por un movimiento social amplio, marcadamente ajeno a la vida interna del perredismo, que ha avanzado y se ha sostenido a pesar de ese partido y en contra de algunos de sus dirigentes, coordinadores o funcionarios cooptados. Lo vivido hasta ahora ha dado armas a los adversarios de la izquierda para ridiculizar su actual vía crucis electoral, al contrastarlo con las acusaciones estridentes de 2006. Ya se bendijeron las encuestas de opinión, los conteos rápidos, los resultados preliminares, las caídas del sistema, las negativas al voto por voto y, ahora, porque los candidatos no declinan ni el PRD anula el proceso, se legitimará la actuación del tribunal electoral que con otros integrantes, pero las mismas mañas y sumisión, acabará anulando el proceso electoral perredista o instalando una irónica presidencia partidista de 0.56 o porcentajes parecidos.
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Pasmados, sin reflejos políticos a la altura de su crisis, el PRD y los dos principales aspirantes a presidirlo se niegan a aceptar que el proceso electoral interno se derrumbó y que entre más se tarden en declarar la quiebra más costos institucionales y personales habrán de pagar. Incluso, en el colmo de la impericia política, y dado que los contendientes Encinas y Ortega se aferran a la posibilidad de ser beneficiados con un triunfo pírrico, y que el aparato institucional perredista parece incapaz de anular las mencionadas elecciones internas, se anuncia por parte de Nueva Izquierda, y del árbitro de origen salinista, Arturo Nugalde, la posibilidad de que sea el manliofílico tribunal electoral federal el ente que tome la decisión final sobre el cochinero del sol azteca que cada día añade impensados episodios de delincuencia organizada básica (asaltos a autobuses donde se transportaría papelería electoral; robo descontonero, al estilo de los raterillos en los mercados, de maletas o portafolios con documentos comprometedores; vehículos transportadores de valores electorales que son custodiados por escoltas en prevención de atracos…).
Así como Juan Carlos Mouriño es un muerto político que pretende dárselas de vivo, la elección perredista de dirigente nacional es un proceso de funeraria política aunque sus administradores pretendan aparentar que hay fases pendientes y desenlaces por llegar. Ni Encinas ni Ortega podrán ejercer la dirigencia formal del PRD en condiciones que les permitan desarrollar sus programas y convicciones. Sólo les quedaría, en un acto supremo de engaño colectivo, llegar a los tradicionales arreglos y repartos que están en la base de la mercantilización histórica del perredismo.
Por lo demás, el tal proceso electoral interno ha reportado las peores consecuencias para el PRD: el Tribunal del Santo Oficio Televisivo ha condenado a la hoguera a los perredistas peleoneros y transas (con dedicatoria posdatada a los cercos y bloqueos en defensa del petróleo) y se ha instalado con toda intención el argumento de convalidación del fraude electoral de 2006 al tachar a un partido sabidamente antidemocrático, e infiltrado por el calderonismo, de vicios y aberraciones que según eso descalificarían las acusaciones de fraude presidencial que, en realidad, han sido sostenidas no por el mencionado PRD sino por un movimiento social amplio, marcadamente ajeno a la vida interna del perredismo, que ha avanzado y se ha sostenido a pesar de ese partido y en contra de algunos de sus dirigentes, coordinadores o funcionarios cooptados. Lo vivido hasta ahora ha dado armas a los adversarios de la izquierda para ridiculizar su actual vía crucis electoral, al contrastarlo con las acusaciones estridentes de 2006. Ya se bendijeron las encuestas de opinión, los conteos rápidos, los resultados preliminares, las caídas del sistema, las negativas al voto por voto y, ahora, porque los candidatos no declinan ni el PRD anula el proceso, se legitimará la actuación del tribunal electoral que con otros integrantes, pero las mismas mañas y sumisión, acabará anulando el proceso electoral perredista o instalando una irónica presidencia partidista de 0.56 o porcentajes parecidos.
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