Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
“¡Que salga la oscuridad del sótano! ¡Que se investigue!” (Juan José Rodríguez Prats dixit), vociferaban los enardecidos panistas cuando al señor de las ligas, René Bejarano, lo agarraron in fraganti. Este nefasto personaje pasó una temporada en el Hotel Reno, pero ahora que a uno de los suyos lo agarraron con las manos en los contratos, los blanquiazules ya no hablan de tinieblas ni reclaman pesquisas; simple y sencillamente exigen impunidad.
Juan Camilo Mouriño Sahagún a punto está de ser oficialmente “exonerado” por su intensa actividad como empresario-funcionario y sus jugosos negocios familiares con Pemex-Refinación, entre otras dependencias públicas, según lo ha adelantado el diputado del Verde Ecologista (partido que tiene su propio bebé impune de nombre Jorge Emilio), Xavier López Adame, supuesto presidente de una supuesta comisión legislativa que supuestamente investigaría los muy reales contratos que la paraestatal firmó con el preferido de Calderón y su empresa familiar, Ivancar.
López Adame se apresuró a difundir que “la comisión especial de diputados” (de mayoría panista) que “investiga” los negocios de Juan Camilo “descubrió” que el zombi de Bucareli “no cometió el delito de tráfico de influencias”; de hecho, dijo, “nada que lo demuestre”, mucho menos que la empresa Ivancar “fue favorecida de alguna manera”. Eso sí, dejó en claro que lo anterior “no debe tomarse como una exoneración para Mouriño”.
Sin duda (a pesar de la feroz competencia en materia de corrupción e impunidad en la presente administración gubernamental, en franca competencia con la de Fox), el de Juan Camilo Mouriño es –hasta el momento– el segundo caso más sucio y obvio del calderonismo (el primer lugar lo ocupa el fraude electoral) de las “manos limpias”. Así comenzó el sexenio del “cambio”, y cómo acabó.
Desde que se destapó el Ivangate, a finales de febrero pasado, los panistas (y priístas que los acompañan) adujeron falta “de sustento jurídico” para proceder en contra de Mouriño. Suficiente sería que la supuesta comisión legislativa revisara dos leyes específicas para proceder en contra del delfín presidencial (la Constitución y la Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos) para constatar que el predilecto violó la legislación en su doble condición de funcionario de Energía y apoderado legal de Ivancar.
■ Tal vez le ofrecerán disculpas por dudar de él
Enrique Galván Ochoa
galvanochoa@yahoo.com • Regístrate en el foro: http://dinero.tv/mexico/index.php
¿Qué creen? El joven secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, es una blanca paloma. No cometió ningún delito, ni siquiera se pasó un alto cuando firmó una serie de contratos a nombre de la empresa Ivancar, propiedad de su familia, de la cual era accionista y apoderado. La muy H. comisión investigadora de la Cámara de Diputados llegó a esta conclusión después de profundas deliberaciones y la dio a conocer ayer. Inclusive, no pedirán la comparecencia del funcionario, bastará con que mande una carta explicativa y hasta podrían ofrecerle una disculpa por las injustas sospechas que expresaron mexicanos desconfiados (¡rediez!, estos indios que siempre han de pensar mal de la gente blanca). Es de justicia dar a conocer los nombres de los integrantes de la muy H. comisión de las manos limpias, para que quede registro público de su bizarra actuación: Obdulio Ávila y Antonio Valladolid, del PAN; Raúl Cervantes, priísta de confianza de Don Gamboani; Armando García, de Alternativa; Miguel Angel Jiménez, de la miss Elba Esther, y el presidente, Javier López Adame, de las huestes del Niño Muerde. No hubo ningún representante de PRD, PT ni Convergencia, porque solicitaban que la investigación no se limitara a los negocios con Pemex, sino a todos los que eventualmente pudieran existir en la CFE y otras pródigas dependencias gubernamentales, y su deseo fue denegado (al menos esa es la explicación oficial, pero como andan las cosas en el PRD igual les tocó moche por debajo de la mesa). Ayer publiqué un mensaje del químico David Aguilar, de Veracruz, reclamándole al IFAI su falta de respuesta a la solicitud de entregarle copia de los contratos asignados a la familia Mouriño Terrazo por Pemex Refinación. El asunto estaba agendado en la reunión del miércoles, pero a última hora no se tocó. Con lo que sucedió en la Cámara de Diputados podemos anticipar cuál será la respuesta del IFAI. En pocas palabras, los negocios de la familia del secretario de Gobernación rechinan de limpios.
Asunto: despojo de Santander
En 1992 adquirí mi casa por medio de un crédito hipotecario de Banca Cremi; sin embargo, a consecuencia de la crisis financiera de 1996 se volvió impagable. Solicité la restructuración del crédito, con nulos resultados, y fui demandado. Posteriormente quebró el banco y mi crédito, al igual que los de cientos de personas, fue vendido en subasta el 6 de diciembre de 2000 por Manuel Vergara Alonso, actual director de Banco Autofin, a la empresa Operadora de Activos Alfa, SA de CV, cuyo principal accionista es Adolfo Lagos Espinosa, director general de la Banca Mayorista Global de Santander. Sin embargo, de acuerdo a la escritura pública 84766, otorgada ante el notario público 151 del Distrito Federal, la empresa Operadora fue constituida hasta el 9 de enero de 2001. ¿Cómo es posible que una empresa que no existía el 6 de diciembre de 2000 haya ganado la subasta de créditos de Banca Cremi por más de mil 400 millones de pesos, de acuerdo con el IPAB? Esta suma corresponde a cientos de créditos que fueron rematados en cantidades irrisorias, como el de mi casa, que lo fue por 22 mil pesos. Posteriormente fui condenado a pagar a la Operadora más de 2 millones 200 mil pesos, por el juez 44 de lo civil del Distrito Federal, Ángel Humberto Montiel Trujado, quien a pesar del descarado fraude ya ordenó mi desalojo. Estamos convocando a las centenas de personas que han sido despojadas de sus casas por la fraudulenta Operadora de Activos Alfa para que se unan a nosotros en una denuncia que presentamos ante la Procuraduría General de la República.
Héctor A. Jara González/Distrito Federal
alejara2008@hotmail.com
Enrique Galván: Casos como el suyo desnudan la complicidad del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), la banca y el Poder Judicial para despojarlos impunemente de sus casas. Las víctimas se cuentan por cientos de miles y los defraudadores se exhiben cínicamente en las páginas de las revistas socialités.
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
“¡Que salga la oscuridad del sótano! ¡Que se investigue!” (Juan José Rodríguez Prats dixit), vociferaban los enardecidos panistas cuando al señor de las ligas, René Bejarano, lo agarraron in fraganti. Este nefasto personaje pasó una temporada en el Hotel Reno, pero ahora que a uno de los suyos lo agarraron con las manos en los contratos, los blanquiazules ya no hablan de tinieblas ni reclaman pesquisas; simple y sencillamente exigen impunidad.
Juan Camilo Mouriño Sahagún a punto está de ser oficialmente “exonerado” por su intensa actividad como empresario-funcionario y sus jugosos negocios familiares con Pemex-Refinación, entre otras dependencias públicas, según lo ha adelantado el diputado del Verde Ecologista (partido que tiene su propio bebé impune de nombre Jorge Emilio), Xavier López Adame, supuesto presidente de una supuesta comisión legislativa que supuestamente investigaría los muy reales contratos que la paraestatal firmó con el preferido de Calderón y su empresa familiar, Ivancar.
López Adame se apresuró a difundir que “la comisión especial de diputados” (de mayoría panista) que “investiga” los negocios de Juan Camilo “descubrió” que el zombi de Bucareli “no cometió el delito de tráfico de influencias”; de hecho, dijo, “nada que lo demuestre”, mucho menos que la empresa Ivancar “fue favorecida de alguna manera”. Eso sí, dejó en claro que lo anterior “no debe tomarse como una exoneración para Mouriño”.
Sin duda (a pesar de la feroz competencia en materia de corrupción e impunidad en la presente administración gubernamental, en franca competencia con la de Fox), el de Juan Camilo Mouriño es –hasta el momento– el segundo caso más sucio y obvio del calderonismo (el primer lugar lo ocupa el fraude electoral) de las “manos limpias”. Así comenzó el sexenio del “cambio”, y cómo acabó.
Desde que se destapó el Ivangate, a finales de febrero pasado, los panistas (y priístas que los acompañan) adujeron falta “de sustento jurídico” para proceder en contra de Mouriño. Suficiente sería que la supuesta comisión legislativa revisara dos leyes específicas para proceder en contra del delfín presidencial (la Constitución y la Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos) para constatar que el predilecto violó la legislación en su doble condición de funcionario de Energía y apoderado legal de Ivancar.
■ Tal vez le ofrecerán disculpas por dudar de él
Enrique Galván Ochoa
galvanochoa@yahoo.com • Regístrate en el foro: http://dinero.tv/mexico/index.php
¿Qué creen? El joven secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, es una blanca paloma. No cometió ningún delito, ni siquiera se pasó un alto cuando firmó una serie de contratos a nombre de la empresa Ivancar, propiedad de su familia, de la cual era accionista y apoderado. La muy H. comisión investigadora de la Cámara de Diputados llegó a esta conclusión después de profundas deliberaciones y la dio a conocer ayer. Inclusive, no pedirán la comparecencia del funcionario, bastará con que mande una carta explicativa y hasta podrían ofrecerle una disculpa por las injustas sospechas que expresaron mexicanos desconfiados (¡rediez!, estos indios que siempre han de pensar mal de la gente blanca). Es de justicia dar a conocer los nombres de los integrantes de la muy H. comisión de las manos limpias, para que quede registro público de su bizarra actuación: Obdulio Ávila y Antonio Valladolid, del PAN; Raúl Cervantes, priísta de confianza de Don Gamboani; Armando García, de Alternativa; Miguel Angel Jiménez, de la miss Elba Esther, y el presidente, Javier López Adame, de las huestes del Niño Muerde. No hubo ningún representante de PRD, PT ni Convergencia, porque solicitaban que la investigación no se limitara a los negocios con Pemex, sino a todos los que eventualmente pudieran existir en la CFE y otras pródigas dependencias gubernamentales, y su deseo fue denegado (al menos esa es la explicación oficial, pero como andan las cosas en el PRD igual les tocó moche por debajo de la mesa). Ayer publiqué un mensaje del químico David Aguilar, de Veracruz, reclamándole al IFAI su falta de respuesta a la solicitud de entregarle copia de los contratos asignados a la familia Mouriño Terrazo por Pemex Refinación. El asunto estaba agendado en la reunión del miércoles, pero a última hora no se tocó. Con lo que sucedió en la Cámara de Diputados podemos anticipar cuál será la respuesta del IFAI. En pocas palabras, los negocios de la familia del secretario de Gobernación rechinan de limpios.
Asunto: despojo de Santander
En 1992 adquirí mi casa por medio de un crédito hipotecario de Banca Cremi; sin embargo, a consecuencia de la crisis financiera de 1996 se volvió impagable. Solicité la restructuración del crédito, con nulos resultados, y fui demandado. Posteriormente quebró el banco y mi crédito, al igual que los de cientos de personas, fue vendido en subasta el 6 de diciembre de 2000 por Manuel Vergara Alonso, actual director de Banco Autofin, a la empresa Operadora de Activos Alfa, SA de CV, cuyo principal accionista es Adolfo Lagos Espinosa, director general de la Banca Mayorista Global de Santander. Sin embargo, de acuerdo a la escritura pública 84766, otorgada ante el notario público 151 del Distrito Federal, la empresa Operadora fue constituida hasta el 9 de enero de 2001. ¿Cómo es posible que una empresa que no existía el 6 de diciembre de 2000 haya ganado la subasta de créditos de Banca Cremi por más de mil 400 millones de pesos, de acuerdo con el IPAB? Esta suma corresponde a cientos de créditos que fueron rematados en cantidades irrisorias, como el de mi casa, que lo fue por 22 mil pesos. Posteriormente fui condenado a pagar a la Operadora más de 2 millones 200 mil pesos, por el juez 44 de lo civil del Distrito Federal, Ángel Humberto Montiel Trujado, quien a pesar del descarado fraude ya ordenó mi desalojo. Estamos convocando a las centenas de personas que han sido despojadas de sus casas por la fraudulenta Operadora de Activos Alfa para que se unan a nosotros en una denuncia que presentamos ante la Procuraduría General de la República.
Héctor A. Jara González/Distrito Federal
alejara2008@hotmail.com
Enrique Galván: Casos como el suyo desnudan la complicidad del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), la banca y el Poder Judicial para despojarlos impunemente de sus casas. Las víctimas se cuentan por cientos de miles y los defraudadores se exhiben cínicamente en las páginas de las revistas socialités.
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