René Delgado
El país vive días circulares. Aquellos que parten y regresan al punto de partida y, en su vértigo, crean la ilusión de un gran dinamismo siendo que se patina en el mismo lugar.
El repunte de los secuestros repite cuentos de terror ya conocidos y, sin embargo, el gobierno reacciona como si fuera la primera vez que los escucha. "Los Halcones", aquel legendario grupo paramilitar de choque, resucitan en León, donde su alcalde, Vicente Guerrero Reynoso, responde a la crítica: "me vale wilson". El espionaje repone la paranoia de no saber cuántos más escuchan lo que entre dos se dice, sin que el brazo derecho reaccione frente a la evidencia. La falta de seriedad de la consulta pública sobre la reforma petrolera encuentra interlocutor en el subsecretario Jordy Herrera que, de pronto, podría proponer el "apartheid" entre los técnicos-conocedores y los ignorantes-sin derechos.
Son días circulares estos donde la historia se repite... y ya se sabe qué pasa cuando la historia se repite.
* * *
Rebasado por el combate al narcotráfico que, de pronto, parece responder más a una exigencia foránea que a un reclamo doméstico, el gobierno descuida al crimen que golpea directamente y sin piedad a la ciudadanía.
Fuera de grabadora y pidiendo comprensión para no abrirlo públicamente, ésta o aquella persona u organización interesada en acabar con la infamia supuesta en los secuestros refiere verdaderas historias de terror sobre el plagio en curso, donde incluso el pago del rescate ni siquiera es garantía para recuperar al ser querido.
Ante esas historias se enchina la piel, pero irrita hasta la desesperación el que, como oferta de temporada, el gobierno presuma sustanciales rebajas en las tarifas de los secuestradores: sólo cobran el 5 por ciento de lo que originalmente exigen. Nomás falta que, como expresión de una profunda sensibilidad oficial ante el problema, Hacienda declare deducible de impuestos el pago de los rescates si los secuestrados expiden el correspondiente recibo de honorarios.
Lo más indignante del asunto es que esas historias de terror no son nuevas. Más bien son viejas, desde hace años se escuchan y, sin embargo, en la agenda de los partidos y los gobiernos, la seguridad pública no es una prioridad. En el mejor de los casos, la inseguridad adquiere relevancia en temporada electoral; es, entonces, cuando prometen equipamiento, profesionalización, coordinación pero, pasada la temporada, la seguridad ciudadana se entiende como parte de la vida privada donde el Estado se muestra respetuoso de la privacidad, dejando que cada quien haga lo que pueda.
Hoy, esa historia circular adquiere el carácter de un torbellino y, de nuevo, el tema aparece en la agenda ciudadana pero no en la de los gobiernos.
* * *
Como si los grupos paramilitares de choque no tuvieran una historia negra en el país, en León enseñan a torturar a la policía.
El director de la policía municipal, Carlos Tornero, asegura que no es así. De lo que se trata, según él, no es que los cadetes de la policía aprendan a torturar, sino a resistir. Por eso se les aplica "el pocito", "el tehuacanazo" y se les humilla. En su lógica, un buen torturado hará un mejor guardián. Sin embargo, cuando la crítica crece, el alcalde de León, Vicente Guerrero, ofrece un argumento irrebatible: "me vale wilson". Tal reacción del munícipe no asombra. Si al gobierno estatal de Guanajuato, encabezado por Juan Manuel Oliva, nada le importan las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por qué rayos se va preocupar el alcalde de León por enseñar cómo violar las garantías individuales.
No asombra eso, pero sí que la Secretaría de Gobernación (federal) del mismo partido nada diga al respecto. Si en Guanajuato se están desarrollando y aplicando recursos propios del fascismo, Gobernación algo tendría que decir. Pero no, en la medida que el brazo derecho no existe muchos de los problemas políticos del país tampoco tienen por qué existir o tomarse en cuenta.
La historia que se está engendrando en Guanajuato es conocida y como siempre terminará por generar problemas que, en su más brutal expresión, provocarán heridas profundas de muy difícil cicatrización.
* * *
Sin capacidad de reivindicar la política como principal herramienta del entendimiento, los recursos más turbios de ésta van cobrando fuerza.
El espionaje, de nuevo, refrenda su carta credencial pero con un añadido. A la reiterada denuncia del Poder Legislativo en el sentido de que el Poder Ejecutivo lo espía se agrega otra mucho más grave y, frente a la cual, la clase política se hace de la vista gorda siendo que incluso ella misma es víctima. Si hoy el Centro de Investigación y Seguridad Nacional está en la picota por conducirse como un centro de espionaje al servicio del gobierno y no del Estado, a sotto voce está el cada vez más recurrente comentario de que grandes corporativos privados cuentan con centros de espionaje, iguales o más desarrollados que los del gobierno.
Sí, secretarios de Estado, legisladores, personalidades públicas e incluso empresarios comentan privadamente estar bajo la lupa, bajo la escucha, bajo el seguimiento de centros de espionaje privados. En el colmo del absurdo, funcionarios que precisamente deberían de impedir que eso ocurra toman providencias frente al hecho.
Esa historia como las otras no es nueva, como tampoco es nueva la indiferencia de Gobernación frente al asunto. El que entidades privadas, formalmente constituidas, le disputen al Estado los servicios de inteligencia debería suponer una acción radical y frontal por parte del gobierno pero como el brazo derecho no existe... de seguro, tampoco existen esos centros de espionaje privados.
* * *
Si esas historias justificaran su repetición porque toda la inteligencia y sensibilidad política está puesta en la reforma petrolera, quizá, podrían sobrevivirse. Pero no, no es así.
La izquierda lopezobradorista está decidida a llevar a cabo una consulta popular porque el tema petrolero tiene que ver con la identidad, la soberanía, la historia, la economía y la política del país. El día 27 aparece ya en el calendario como el domingo donde la voz del pueblo tiene algo importante que decir... pero hay un detalle: a tres semanas del histórico acontecimiento, se desconoce el cuestionario de tan trascendental consulta. A lo mejor se trata de preguntas-sorpresa pero, si no es así, la falta de seriedad con que se conduce la consulta derrumba la supuesta vocación democrática del ejercicio.
Mal, muy mal por parte del lopezobradorismo, pero la falta de seriedad del gobierno y del panismo empata el marcador. Escuchar los argumentos del subsecretario Jordy Herrera de por qué no debe consultarse a la población hacen pensar que Pieter Willem Botha, aquel político sudafricano, defensor a ultranza de la segregación racial, reencarnó en él. La entrevista hecha por el periodista Carlos Puig al funcionario resultó reveladora. ¡Vivan los técnicos que saben de la recuperación secundaria del yacimiento de Cantarell, mueran los ciudadanos-ignorantes que quieren ser consultados por teléfono!
* * *
Son días circulares, y tanta vuelta más que mareo provoca desesperación.
El país vive días circulares. Aquellos que parten y regresan al punto de partida y, en su vértigo, crean la ilusión de un gran dinamismo siendo que se patina en el mismo lugar.
El repunte de los secuestros repite cuentos de terror ya conocidos y, sin embargo, el gobierno reacciona como si fuera la primera vez que los escucha. "Los Halcones", aquel legendario grupo paramilitar de choque, resucitan en León, donde su alcalde, Vicente Guerrero Reynoso, responde a la crítica: "me vale wilson". El espionaje repone la paranoia de no saber cuántos más escuchan lo que entre dos se dice, sin que el brazo derecho reaccione frente a la evidencia. La falta de seriedad de la consulta pública sobre la reforma petrolera encuentra interlocutor en el subsecretario Jordy Herrera que, de pronto, podría proponer el "apartheid" entre los técnicos-conocedores y los ignorantes-sin derechos.
Son días circulares estos donde la historia se repite... y ya se sabe qué pasa cuando la historia se repite.
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Rebasado por el combate al narcotráfico que, de pronto, parece responder más a una exigencia foránea que a un reclamo doméstico, el gobierno descuida al crimen que golpea directamente y sin piedad a la ciudadanía.
Fuera de grabadora y pidiendo comprensión para no abrirlo públicamente, ésta o aquella persona u organización interesada en acabar con la infamia supuesta en los secuestros refiere verdaderas historias de terror sobre el plagio en curso, donde incluso el pago del rescate ni siquiera es garantía para recuperar al ser querido.
Ante esas historias se enchina la piel, pero irrita hasta la desesperación el que, como oferta de temporada, el gobierno presuma sustanciales rebajas en las tarifas de los secuestradores: sólo cobran el 5 por ciento de lo que originalmente exigen. Nomás falta que, como expresión de una profunda sensibilidad oficial ante el problema, Hacienda declare deducible de impuestos el pago de los rescates si los secuestrados expiden el correspondiente recibo de honorarios.
Lo más indignante del asunto es que esas historias de terror no son nuevas. Más bien son viejas, desde hace años se escuchan y, sin embargo, en la agenda de los partidos y los gobiernos, la seguridad pública no es una prioridad. En el mejor de los casos, la inseguridad adquiere relevancia en temporada electoral; es, entonces, cuando prometen equipamiento, profesionalización, coordinación pero, pasada la temporada, la seguridad ciudadana se entiende como parte de la vida privada donde el Estado se muestra respetuoso de la privacidad, dejando que cada quien haga lo que pueda.
Hoy, esa historia circular adquiere el carácter de un torbellino y, de nuevo, el tema aparece en la agenda ciudadana pero no en la de los gobiernos.
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Como si los grupos paramilitares de choque no tuvieran una historia negra en el país, en León enseñan a torturar a la policía.
El director de la policía municipal, Carlos Tornero, asegura que no es así. De lo que se trata, según él, no es que los cadetes de la policía aprendan a torturar, sino a resistir. Por eso se les aplica "el pocito", "el tehuacanazo" y se les humilla. En su lógica, un buen torturado hará un mejor guardián. Sin embargo, cuando la crítica crece, el alcalde de León, Vicente Guerrero, ofrece un argumento irrebatible: "me vale wilson". Tal reacción del munícipe no asombra. Si al gobierno estatal de Guanajuato, encabezado por Juan Manuel Oliva, nada le importan las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por qué rayos se va preocupar el alcalde de León por enseñar cómo violar las garantías individuales.
No asombra eso, pero sí que la Secretaría de Gobernación (federal) del mismo partido nada diga al respecto. Si en Guanajuato se están desarrollando y aplicando recursos propios del fascismo, Gobernación algo tendría que decir. Pero no, en la medida que el brazo derecho no existe muchos de los problemas políticos del país tampoco tienen por qué existir o tomarse en cuenta.
La historia que se está engendrando en Guanajuato es conocida y como siempre terminará por generar problemas que, en su más brutal expresión, provocarán heridas profundas de muy difícil cicatrización.
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Sin capacidad de reivindicar la política como principal herramienta del entendimiento, los recursos más turbios de ésta van cobrando fuerza.
El espionaje, de nuevo, refrenda su carta credencial pero con un añadido. A la reiterada denuncia del Poder Legislativo en el sentido de que el Poder Ejecutivo lo espía se agrega otra mucho más grave y, frente a la cual, la clase política se hace de la vista gorda siendo que incluso ella misma es víctima. Si hoy el Centro de Investigación y Seguridad Nacional está en la picota por conducirse como un centro de espionaje al servicio del gobierno y no del Estado, a sotto voce está el cada vez más recurrente comentario de que grandes corporativos privados cuentan con centros de espionaje, iguales o más desarrollados que los del gobierno.
Sí, secretarios de Estado, legisladores, personalidades públicas e incluso empresarios comentan privadamente estar bajo la lupa, bajo la escucha, bajo el seguimiento de centros de espionaje privados. En el colmo del absurdo, funcionarios que precisamente deberían de impedir que eso ocurra toman providencias frente al hecho.
Esa historia como las otras no es nueva, como tampoco es nueva la indiferencia de Gobernación frente al asunto. El que entidades privadas, formalmente constituidas, le disputen al Estado los servicios de inteligencia debería suponer una acción radical y frontal por parte del gobierno pero como el brazo derecho no existe... de seguro, tampoco existen esos centros de espionaje privados.
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Si esas historias justificaran su repetición porque toda la inteligencia y sensibilidad política está puesta en la reforma petrolera, quizá, podrían sobrevivirse. Pero no, no es así.
La izquierda lopezobradorista está decidida a llevar a cabo una consulta popular porque el tema petrolero tiene que ver con la identidad, la soberanía, la historia, la economía y la política del país. El día 27 aparece ya en el calendario como el domingo donde la voz del pueblo tiene algo importante que decir... pero hay un detalle: a tres semanas del histórico acontecimiento, se desconoce el cuestionario de tan trascendental consulta. A lo mejor se trata de preguntas-sorpresa pero, si no es así, la falta de seriedad con que se conduce la consulta derrumba la supuesta vocación democrática del ejercicio.
Mal, muy mal por parte del lopezobradorismo, pero la falta de seriedad del gobierno y del panismo empata el marcador. Escuchar los argumentos del subsecretario Jordy Herrera de por qué no debe consultarse a la población hacen pensar que Pieter Willem Botha, aquel político sudafricano, defensor a ultranza de la segregación racial, reencarnó en él. La entrevista hecha por el periodista Carlos Puig al funcionario resultó reveladora. ¡Vivan los técnicos que saben de la recuperación secundaria del yacimiento de Cantarell, mueran los ciudadanos-ignorantes que quieren ser consultados por teléfono!
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Son días circulares, y tanta vuelta más que mareo provoca desesperación.
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