El artero ataque contra la población indefensa de Morelia el 15 de septiembre, con lamentable saldo de muertos y heridos, concita un enérgico rechazo y exige analizar el contexto nacional e internacional en que ocurrió. Sebastián Liera (Rebelión, 2008) recuerda que antes del 15-S de Morelia hubo un 2-O en la Plaza de las Tres Culturas, un 28-J en Aguas Blancas, un 22-D en Acteal, un 14-E en Tlanepantla, un 4-M en Atenco y un 1-N en Oaxaca, en medio de una violencia desatada en la que casi 3 mil personas han muerto entre enero y agosto de este año, aterrorizando a la nación con decenas de degollados. En julio murieron 443 personas cifra mayor, según BBC, a las 360 bajas civiles en Irak ese mes y mucho más que las 540 muertes ocurridas en Afganistán en los primeros siete meses de 2008.
En asuntos complejos que vinculan la seguridad nacional e internacional, la política y la economía, no existen respuestas sencillas, centradas en un factor como narcoterrorismo. El S-15 es un escenario complejo, plagado de sorprendentes fallos periciales, estatales y federales. ¿Su mensaje?: “como en las Torres Gemelas y los ataque en Londres y Madrid, se inician en México agresiones indiscriminadas contra la población”. ¿Por qué ahora? ¿Quién o quiénes, de dentro o fuera del país, se benefician? En este espacio sólo es posible un esbozo preliminar de la matriz de hipótesis que se abren ante nosotros, en medio de un torrente de información periodística y documental, y cuando en el país arrancan tres etapas importantes de su vida económico-constitucional y político-electoral: a) la presentación de dictámenes –¿y votación?– legislativos en torno a la propuesta para la privatización de Pemex; b) los procesos electorales 2008-2009 de fuerte gravitación en la ecuación político-comicial de cara a las presidenciales de 2012; y c) el lanzamiento formal, por parte de Bush y Calderón, de la Iniciativa Mérida: junto al Plan Colombia, pieza clave en la guerra antiterrorista de EU, paralela a la apertura energética, para proyectar poder militar y empresarial estadunidense sobre gas, petróleo y otros recursos naturales estratégicos de México y América Latina.
La tendencia de la derecha al lucro político-electoral con estas atrocidades se advierte en la Casa Blanca de Bush, la Moncloa bajo Aznar, y Los Pinos de Calderón. La camarilla de Bush estuvo a la expectativa, en palabras del documento Rebuilding America´s Defenses, “a que ocurriera algún evento catastrófico y catalizador…que movilizara al público” y Condoleezza Rice, a raíz del 11-S, solicitó al Consejo de Seguridad “… pensar cómo sacar provecho de estas oportunidades para modificar de manera fundamental la doctrina de EU”. El 11-S fue usado a la usanza nazi, como “… una máquina para la manufactura del poder”.
El 15-S sirve de apoyo al excesivo presupuesto de seguridad del panista, quien además busca ventajas político-electorales del evento: “se puede opinar distinto en la libertad que nos han heredado nuestros próceres, en el marco de libertad que el propio Estado garantiza, pero no se puede atentar contra el Estado”. Si Aznar mintió y atribuyó el terrorismo de 2004 al nacionalismo vasco de ETA –y le fue como en feria–, Calderón, con igual descaro y riesgo, entretejió los atentados con “quienes quieren vernos divididos” vinculando la tragedia con las fisuras y polarizaciones del país, como si fueran la causa del ataque. Pero la agenda petrolera y de seguridad de EU en México es quizá la principal beneficiaria del S-15: inhibe acciones callejeras y “avala” la Iniciativa Mérida.
Coda: en 2002 se reveló un plan clasificado del Pentágono de 100 millones de dólares anuales (Memoria, julio de 2003) para usar Proactive, Preemptive Operations Group y ejecutar “misiones violentas y secretas, con la meta de estimular reacciones… que provoquen ataques contra gente inocente, y así crear otro pretexto… para cualquier acto de defensa de la seguridad nacional”.
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