Día a día, la rebelión magisterial se extiende a nuevas regiones. Conforme los maestros de base entienden el alcance y el sentido real de la Alianza para la Calidad de la Educación (ACE), su malestar cunde. Ven que lo que está en juego no es la calidad de la educación, sino su futuro como docentes.
Asustados, el gobierno federal, el panismo y la ultraderecha han respondido reviviendo el espíritu del 68 y la guerra fría. Donde hay una genuina expresión de descontento ellos encuentran una conspiración subversiva. Donde hay una demanda laboral argumentada miran una intentona para derrocar a Felipe Calderón.
El dirigente de El Yunque José Guillermo habló por ellos. Sostuvo que los maestros paristas y sus aliados “buscan desestabilizar al gobierno federal; cierran carreteras, toman casetas y oficinas de gobierno, realizan acciones delictivas y violentas, como hemos visto en los medios de comunicación, para que sea necesaria la fuerza de la autoridad y tener la bandera contra la represión”.
Según el presidente de la asociación Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, el movimiento de los trabajadores de la educación coincide con la lucha de Andrés Manuel López Obrador. “La estrategia de fondo –asegura– es la misma: que fracase la reforma energética; que fracase la Alianza por la Calidad en la Educación. Los ejecutores son los violentos, los autores intelectuales son los grandes titiriteros del viejo sistema político con miras a una regresión del país por vía democrática.”
Simultáneamente, Juan Manuel Hernández Delgado, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), denunció que los maestros han sumado a su protesta a grupos de choque como el Frente Popular Francisco Villa (FPFV), el Ejército Popular Revolucionario (EPR), simpatizantes comunistas y partidos políticos como el PRD y el PRI, “cuyos intereses radican en la desestabilización de la sociedad morelense”.
Al convertir un conflicto gremial en un asunto de seguridad nacional, el bloque conservador politizó artificialmente el conflicto. A partir de ahora solucionarlo va a tener un costo mucho mayor del que tendría no haberlo aumentado.
El magisterio de Morelos desempeñó un papel muy importante en la fundación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en diciembre de 1979. Su relevancia fue similar a la que tuvieron los profesores de Chiapas y Oaxaca. Sus movilizaciones durante 1980 y 1981 fueron claves en la construcción de una fuerza sindical nacional, independiente y autónoma, claramente diferenciada del charrismo sindical y de los partidos políticos, en el interior del SNTE.
Sin embargo, las protestas no pudieron mantener continuidad. La represión administrativa, la intolerancia sindical de vanguardia revolucionaria y el desgaste terminaron por contener el levantamiento gremial morelense de la década de los 80. La oposición democratizadora no desapareció en la entidad, pero se redujo a grupos magisteriales activos.
El magisterio morelense buscó, a partir de entonces, salidas personales a la crisis. No fueron pocos quienes emigraron a Estados Unidos. Muchos más se dedicaron al pluriempleo. Simultáneamente trabajaban de mentores, vendedores de ropa y productos de belleza y taxistas. El charrismo sindical recuperó el control del sindicato, aunque realmente no pudo echar raíces.
Dos hechos cambiaron esta situación. El primero fue la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estados (ISSSTE), que privatizó las pensiones de los servidores públicos. La medida fue vivida por muchos trabajadores de la educación como un despojo. Al igual que en otros estados, los profesores de Morelos encabezaron la lucha contra la reforma al sistema de jubilación promoviendo amparos.
La iniciativa regional tuvo tanto éxito que hasta muchos de los dirigentes de la sección sindical ligada a Elba Esther Gordillo, que formalmente se oponían a los amparos, recurrieron en secreto a esa medida legal.
El segundo acontecimiento fue el Acuerdo para la Calidad de la Educación (ACE). En lugar de aceptar acríticamente lo que los dirigentes seccionales les decían, los maestros de base estudiaron sus implicaciones. Y encontraron que tenía graves consecuencias para su futuro laboral. Respondieron como lo han hecho una y otra vez los movimientos surgidos de abajo: emplazando a sus representantes a encabezar la lucha en contra, y cuando éstos se negaron a hacerlo los desconocieron.
El gobernador del estado trató de poner a los padres de familia en contra de los maestros. Utilizó asociaciones fantasmas y dirigentes de membrete. El tiro le salió por la culata. Los docentes convocaron a los familiares de sus alumnos y les explicaron las razones de su movimiento. En la mayoría de los casos éstos se solidarizaron con ellos.
En Morelos existe una compleja situación social. En regiones del estado, como el oriente, sobrevive en las comunidades una tradición viva de lucha zapatista y jaramillista. A pesar de los intentos por erradicarla, la labor progresista de las comunidades cristianas de base perdura entre la población. Parte de esa experiencia viva de lucha se expresa hoy en protestas contra la urbanización salvaje que avanza sobre las tierras de los pueblos, en defensa del agua y contra los basureros.
Estos bolsones de resistencia se solidarizaron muy pronto con los maestros paristas. El movimiento les permitió expresar su propio malestar, hasta ese momento localizado. Los distintos descontentos se imbricaron. La respuesta gubernamental y la campaña de satanización en la prensa no hizo sino avivar su indignación.
El bloque conservador enarbola hoy la consigna de “Alianza o muerte”. Anticipa que, de rechazarse en algún estado, sobrevendrá la catástrofe. Tal alarmismo es absurdo. La ACE no es un acuerdo federal. Es una medida que el gobierno federal debe firmar con los gobiernos de los estados. Éstos tienen la posibilidad de no hacerlo. Y si no lo hacen, no pasa nada.
Más le valdría a Felipe Calderón dar un pequeño paso atrás en el proyecto. A no ser, claro, que quiera enrarecer aún más la atmósfera política.
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