John M. Ackerman
A nadie se le ocurriría criticar los tradicionales festejos populares que se improvisan en el Ángel de la Independencia después de las victorias de la Selección Mexicana de futbol por obstaculizar el tránsito vehicular. Se vale tomar las calles para expresar nuestra alegría, desahogarnos del estrés y celebrar un momento de gloria. Pero todo cambia cuando se trata de la acción política. Las manifestaciones y mítines a favor del sufragio efectivo, el desarrollo del campo, mejores condiciones laborales, más y mejor educación, o en contra del autoritarismo sindical, la falta de democracia o la privatización del petróleo, son inmediatamente censuradas como acciones ilegítimas que atacan las instituciones públicas y afectan la "paz social". Se vale golpear y encarcelar a un maestro inconforme, mientras a un aficionado ebrio se le permite hacer y deshacer a su antojo en la vía pública.
El éxito que ha tenido el movimiento de Andrés Manuel López Obrador para lograr una transformación (aunque todavía parcial e incompleta) de la reforma a Petróleos Mexicanos, es una muestra de la gran importancia de la movilización social en la vida democrática moderna. Si no hubiera sido por la ocupación de las calles en abril, difícilmente hubiéramos presenciado los debates públicos en el Senado de la República, y nunca se hubiera construido la nueva propuesta de reforma a partir de las iniciativas de los tres partidos políticos mayoritarios.
"La protesta es un derecho, la represión un delito", reza la atinada campaña de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT) que este domingo 26 de octubre celebra un magno evento público en el Ángel de la Independencia en contra de la criminalización de la protesta social. "Cuando el gobierno mexicano habla de legalidad, estado de derecho y democracia, no está hablando de lo mismo que se entiende por estos conceptos desde los derechos humanos, sino que habla desde el autoritarismo", afirma esta agrupación de defensoras y defensores de los derechos humanos con presencia en casi todas las entidades federativas del país.
Un enfoque social y garantista hacia la legalidad defiende la posibilidad de la "autotutela" de los derechos fundamentales. En otras palabras, cuando las instituciones no funcionan para defender nuestras garantías, está plenamente justificado defender estas prerrogativas por medio de la acción directa. En su campaña, la RedTDT cita una resolución histórica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que afirma que "los sectores más empobrecidos de nuestro hemisferio confrontan políticas y acciones discriminatorias, su acceso a información sobre la planificación y ejecución de medidas que afectan sus vidas diarias es incipiente y en general los canales tradicionales de participación para hacer públicas sus denuncias se ven muchas veces cercenados. Ante este escenario, en muchos países del hemisferio, la protesta y movilización social se han constituido como herramientas de petición a la autoridad pública y también como canales de denuncias públicas sobre abusos o violaciones a los derechos humanos".
El distinguido filósofo y jurista Roberto Gargarella incluso ha argumentado que el "derecho a la resistencia" puede ser conceptualizado como el "primer derecho", ya que por medio de ello se reclama la vigencia de todos los otros derechos, desde el referido a la vida hasta el alusivo a la libertad de expresión. Sin el derecho a protestar, los ciudadanos estaríamos inermes ante las constantes violaciones de nuestras garantías por parte de la autoridad pública.
En México, afortunadamente, la vía parlamentaria no está cerrada del todo. A pesar del crónico distanciamiento de la clase política de la sociedad civil, con las negociaciones de la reforma petrolera hemos atestiguado una importante disposición a escuchar los reclamos y las demandas de la ciudadanía. Pero no podemos quedarnos conformes con detener los proyectos antipopulares que romperían el pacto nacional, sino que también habría que empujar una agenda de avanzada a favor de la ampliación de nuestros derechos ciudadanos.
En este orden de ideas, destaca un par de iniciativas legislativas que recientemente presentó el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados. Después de una amplia consulta con académicos y expertos en la materia, el PRD, en voz del diputado Juan Guerra, propuso una reforma al artículo 17 constitucional para instalar la figura de la "acción popular" o class action que permitiría la defensa jurídica de los derechos e intereses colectivos. Por otro lado, también se propone una reforma al artículo 103 de la Carta Magna que obligaría a los tribunales de amparo a tomar en cuenta los criterios de los sistemas internacionales y regionales de derechos humanos, así como "dar plena efectividad a los derechos económicos, sociales y culturales".
Estas dos reformas implicarían una transformación de gran envergadura al estado de derecho en México al permitir la tutela de los derechos colectivos y sociales por medio del sistema judicial. Actualmente el juicio de amparo sólo sirve para la defensa de los derechos individuales y tiene poca o nula efectividad para la tutela de derechos difusos como el derecho al trabajo, la educación y la salud. Como señala una de las iniciativas, "no es suficiente la incorporación al sistema jurídico de derechos sustantivos, sino que es necesario establecer aquellas acciones y procedimientos sencillos y eficaces que permitan su ejercicio y defensa adecuada, pues de lo contrario estaremos inmersos en un sistema perverso que provocaría que las violaciones a los derechos y al sistema jurídico en general sean simplemente toleradas por falta de medios de acceso a una real justicia".
La movilización social es un signo de la vitalidad de nuestra joven democracia. Una acción parlamentaria arrojada y con sensibilidad social constituye el complemento perfecto a la resistencia, al permitir la consolidación de nuestros derechos fundamentales y el avance hacia una democracia de calidad que defienda el bienestar de la población.
A nadie se le ocurriría criticar los tradicionales festejos populares que se improvisan en el Ángel de la Independencia después de las victorias de la Selección Mexicana de futbol por obstaculizar el tránsito vehicular. Se vale tomar las calles para expresar nuestra alegría, desahogarnos del estrés y celebrar un momento de gloria. Pero todo cambia cuando se trata de la acción política. Las manifestaciones y mítines a favor del sufragio efectivo, el desarrollo del campo, mejores condiciones laborales, más y mejor educación, o en contra del autoritarismo sindical, la falta de democracia o la privatización del petróleo, son inmediatamente censuradas como acciones ilegítimas que atacan las instituciones públicas y afectan la "paz social". Se vale golpear y encarcelar a un maestro inconforme, mientras a un aficionado ebrio se le permite hacer y deshacer a su antojo en la vía pública.
El éxito que ha tenido el movimiento de Andrés Manuel López Obrador para lograr una transformación (aunque todavía parcial e incompleta) de la reforma a Petróleos Mexicanos, es una muestra de la gran importancia de la movilización social en la vida democrática moderna. Si no hubiera sido por la ocupación de las calles en abril, difícilmente hubiéramos presenciado los debates públicos en el Senado de la República, y nunca se hubiera construido la nueva propuesta de reforma a partir de las iniciativas de los tres partidos políticos mayoritarios.
"La protesta es un derecho, la represión un delito", reza la atinada campaña de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT) que este domingo 26 de octubre celebra un magno evento público en el Ángel de la Independencia en contra de la criminalización de la protesta social. "Cuando el gobierno mexicano habla de legalidad, estado de derecho y democracia, no está hablando de lo mismo que se entiende por estos conceptos desde los derechos humanos, sino que habla desde el autoritarismo", afirma esta agrupación de defensoras y defensores de los derechos humanos con presencia en casi todas las entidades federativas del país.
Un enfoque social y garantista hacia la legalidad defiende la posibilidad de la "autotutela" de los derechos fundamentales. En otras palabras, cuando las instituciones no funcionan para defender nuestras garantías, está plenamente justificado defender estas prerrogativas por medio de la acción directa. En su campaña, la RedTDT cita una resolución histórica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que afirma que "los sectores más empobrecidos de nuestro hemisferio confrontan políticas y acciones discriminatorias, su acceso a información sobre la planificación y ejecución de medidas que afectan sus vidas diarias es incipiente y en general los canales tradicionales de participación para hacer públicas sus denuncias se ven muchas veces cercenados. Ante este escenario, en muchos países del hemisferio, la protesta y movilización social se han constituido como herramientas de petición a la autoridad pública y también como canales de denuncias públicas sobre abusos o violaciones a los derechos humanos".
El distinguido filósofo y jurista Roberto Gargarella incluso ha argumentado que el "derecho a la resistencia" puede ser conceptualizado como el "primer derecho", ya que por medio de ello se reclama la vigencia de todos los otros derechos, desde el referido a la vida hasta el alusivo a la libertad de expresión. Sin el derecho a protestar, los ciudadanos estaríamos inermes ante las constantes violaciones de nuestras garantías por parte de la autoridad pública.
En México, afortunadamente, la vía parlamentaria no está cerrada del todo. A pesar del crónico distanciamiento de la clase política de la sociedad civil, con las negociaciones de la reforma petrolera hemos atestiguado una importante disposición a escuchar los reclamos y las demandas de la ciudadanía. Pero no podemos quedarnos conformes con detener los proyectos antipopulares que romperían el pacto nacional, sino que también habría que empujar una agenda de avanzada a favor de la ampliación de nuestros derechos ciudadanos.
En este orden de ideas, destaca un par de iniciativas legislativas que recientemente presentó el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados. Después de una amplia consulta con académicos y expertos en la materia, el PRD, en voz del diputado Juan Guerra, propuso una reforma al artículo 17 constitucional para instalar la figura de la "acción popular" o class action que permitiría la defensa jurídica de los derechos e intereses colectivos. Por otro lado, también se propone una reforma al artículo 103 de la Carta Magna que obligaría a los tribunales de amparo a tomar en cuenta los criterios de los sistemas internacionales y regionales de derechos humanos, así como "dar plena efectividad a los derechos económicos, sociales y culturales".
Estas dos reformas implicarían una transformación de gran envergadura al estado de derecho en México al permitir la tutela de los derechos colectivos y sociales por medio del sistema judicial. Actualmente el juicio de amparo sólo sirve para la defensa de los derechos individuales y tiene poca o nula efectividad para la tutela de derechos difusos como el derecho al trabajo, la educación y la salud. Como señala una de las iniciativas, "no es suficiente la incorporación al sistema jurídico de derechos sustantivos, sino que es necesario establecer aquellas acciones y procedimientos sencillos y eficaces que permitan su ejercicio y defensa adecuada, pues de lo contrario estaremos inmersos en un sistema perverso que provocaría que las violaciones a los derechos y al sistema jurídico en general sean simplemente toleradas por falta de medios de acceso a una real justicia".
La movilización social es un signo de la vitalidad de nuestra joven democracia. Una acción parlamentaria arrojada y con sensibilidad social constituye el complemento perfecto a la resistencia, al permitir la consolidación de nuestros derechos fundamentales y el avance hacia una democracia de calidad que defienda el bienestar de la población.
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