René Delgado
Determinante en el curso de la administración calderonista, la elección legislativa que formalmente comenzó ayer tiene dos ingredientes inquietantes.
Vamos a la competencia electoral con la confianza perdida en los partidos políticos y la autoridad electoral y vamos a ella sin desconocer que las bandas del crimen buscarán incidir en el concurso como puedan porque, en el fondo, el nombre del juego es control del territorio y el espacio político.
Es menester empeñar el esfuerzo en evitar que la fiesta de la democracia pueda convertirse en el funeral de ésta.
...
Si, conforme a la expresión del especialista Edgardo Buscaglia, entre el 50 y el 60 por ciento de los municipios del país se encuentra bajo influencia o dominio del narcotráfico, no es aventurado pensar que al menos un centenar de distritos electorales federales comparten esa circunstancia y que, en ellos, no habrá por qué asombrarse de las sorpresas que la elección pueda depararnos.
Con la mano en la cintura, no faltará el funcionario que asegure que el asunto no es tan grave: cosa de blindar la competencia para salvar el problema. Sin embargo, los principales responsables de montar ese blindaje están en plena reestructuración o, de plano, en crisis: los partidos políticos no viven su mejor momento y el árbitro electoral no acaba de asentarse en el terreno de juego ni de recuperar la confianza que dilapidó el anterior Consejo Electoral, encabezado por Luis Carlos Ugalde.
Por consecuencia y a falta de policía, el Ejército se verá necesariamente involucrado en la necesidad de darle garantías al proceso electoral. La idea de que los militares pudieran regresar en ese momento a los cuarteles puede irse ya guardando.
En esas condiciones vamos a la elección intermedia.
...
De acuerdo con especialistas, la elección legislativa del año entrante no necesariamente representará un bocado apetecible para el narcotráfico.
El argumento que esgrimen es simple: a diferencia de los munícipes y los gobernadores que tienen bajo su mando cuerpos policiales e información logística relevante para la industria del crimen, los legisladores no son agentes u operadores importantes para el narcotráfico.
Eso puede ser cierto, pero hay dos detalles. Uno, de manera concurrente a la elección federal, 11 entidades renovarán sus ayuntamientos y congresos locales. Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Edomex, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora estarán en ésas, y, en particular, Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora pondrán en juego también su gubernatura. Tal concurrencia debilitará, al menos en esas entidades, aquel argumento.
Dos, más allá de la importancia o no de los diputados federales como agentes u operadores del narcotráfico, si de desesta- bilizar y dividir al país se trata, el concurso electoral le viene como una gran oportunidad a las bandas criminales. Cualquier resquicio para distraer o atenuar el combate en su contra o para desacreditar a la administración calderonista, de seguro, será aprovechado por el narcotráfico.
Desde esa perspectiva, las elecciones federales y locales del año entrante serán en extremo importantes para el país. No sólo por el eventual cambio en la correlación de fuerzas entre los partidos políticos -área donde el PRI se frota las manos-, sino también por el cambio en la correlación de fuerzas entre el Estado y el crimen organizado.
...
El punto delicado ante ese cuadro es que no se puede recargar sólo en el Ejército la responsabilidad de garantizar las condiciones mínimas necesarias para realizar esas elecciones.
La carga mayor debe recaer en los partidos políticos y en las autoridades electorales federales y estatales. Si esas dos instancias no asumen, en serio, el desafío supuesto, probablemente no sólo deberán disponer de urnas electorales sino también de las otras, fúnebres.
Desafiante la circunstancia, hay un agravante. Los estudios de opinión pública reportan (Reforma, 27 de agosto) que la confianza en el Ejército, los partidos políticos y las autoridades electorales está a la baja. De marzo del año pasado a agosto de este año, el Ejército perdió siete puntos, pasó de 70 a 63 por ciento; el Instituto Federal Electoral cayó 12 puntos, pasó de 55 a 43 por ciento; y los partidos que se ubicaban en el último lugar de la confianza perdieron cinco puntos, pasaron de 27 a 22 puntos. Por si eso no bastara, la insatisfacción con "el funcionamiento de la democracia" alcanzó al 54 por ciento de la opinión pública, siendo que, año y medio atrás, llegaba a 40 por ciento.
Así que, al margen del narcotráfico, esas tres instituciones tienen un fuerte desafío para recuperar la confianza pública. Si a esa circunstancia se suma la intervención del narcotráfico en su campo, el reto es muy superior al previsto.
Si los partidos políticos y la autoridad electoral no recuperan y acrecientan el capital de la confianza ciudadana, probablemente -es fuerte decirlo- mejor sería que no hubiera elecciones. Así de grave es el asunto.
...
Desde esta perspectiva, la carta enviada antier por el dirigente panista, Germán Martínez, al consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, debería abrirse y debatirse en la próxima reunión del Consejo del instituto electoral para derivar en un compromiso no entre ellos, sino con la ciudadanía.
Consejeros y representantes de los partidos políticos deberían fijar postura frente a ese documento y mandar una muy clara señal a la ciudadanía con dos clarísimos mensajes. Uno, reconociendo la gravedad del momento nacional y electoral; y, dos, asegurando que no se tolerarán pactos, tratos, acuerdos por parte de los candidatos con el crimen. Vamos, que el espacio electoral no será terreno de oportunidad para los criminales. Si la impunidad de los policías al servicio del narco es intolerable, la impunidad de los políticos al servicio del crimen es imperdonable.
Sí, puede pedirse al Ejército y a los centros de inteligencia coadyuvar en el blindaje de la elección y la democracia, pero la responsabilidad mayor en ese asunto es de las autoridades electorales y de los partidos políticos. Las urnas electorales pero, sobre todo, la democracia no puede depender del calibre de los fusiles que la resguarden, depende fundamentalmente del calibre de los candidatos que los partidos políticos postulen y del compromiso de éstos para no abrirle más la puerta al crimen que amenaza no con infiltrar sino anegar la política.
...
Si las autoridades electorales y los partidos políticos caen en el garlito de que los comicios corren por un carril distinto por el que camina la violencia criminal, se equivocarán por completo.
El resultado de esa elección podría apuntar no un cambio en la correlación de fuerzas entre los partidos, sino en la correlación de fuerzas entre el Estado y el crimen. Un cambio que, sin duda, lastimaría aun más la democracia mexicana que, visto está, así como puede avanzar también puede retroceder.
La gran interrogante es si esas instituciones se comprometerán con la ciudadanía que mira con azoro cómo se desvanece la esperanza democrática.
Determinante en el curso de la administración calderonista, la elección legislativa que formalmente comenzó ayer tiene dos ingredientes inquietantes.
Vamos a la competencia electoral con la confianza perdida en los partidos políticos y la autoridad electoral y vamos a ella sin desconocer que las bandas del crimen buscarán incidir en el concurso como puedan porque, en el fondo, el nombre del juego es control del territorio y el espacio político.
Es menester empeñar el esfuerzo en evitar que la fiesta de la democracia pueda convertirse en el funeral de ésta.
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Si, conforme a la expresión del especialista Edgardo Buscaglia, entre el 50 y el 60 por ciento de los municipios del país se encuentra bajo influencia o dominio del narcotráfico, no es aventurado pensar que al menos un centenar de distritos electorales federales comparten esa circunstancia y que, en ellos, no habrá por qué asombrarse de las sorpresas que la elección pueda depararnos.
Con la mano en la cintura, no faltará el funcionario que asegure que el asunto no es tan grave: cosa de blindar la competencia para salvar el problema. Sin embargo, los principales responsables de montar ese blindaje están en plena reestructuración o, de plano, en crisis: los partidos políticos no viven su mejor momento y el árbitro electoral no acaba de asentarse en el terreno de juego ni de recuperar la confianza que dilapidó el anterior Consejo Electoral, encabezado por Luis Carlos Ugalde.
Por consecuencia y a falta de policía, el Ejército se verá necesariamente involucrado en la necesidad de darle garantías al proceso electoral. La idea de que los militares pudieran regresar en ese momento a los cuarteles puede irse ya guardando.
En esas condiciones vamos a la elección intermedia.
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De acuerdo con especialistas, la elección legislativa del año entrante no necesariamente representará un bocado apetecible para el narcotráfico.
El argumento que esgrimen es simple: a diferencia de los munícipes y los gobernadores que tienen bajo su mando cuerpos policiales e información logística relevante para la industria del crimen, los legisladores no son agentes u operadores importantes para el narcotráfico.
Eso puede ser cierto, pero hay dos detalles. Uno, de manera concurrente a la elección federal, 11 entidades renovarán sus ayuntamientos y congresos locales. Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Edomex, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora estarán en ésas, y, en particular, Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora pondrán en juego también su gubernatura. Tal concurrencia debilitará, al menos en esas entidades, aquel argumento.
Dos, más allá de la importancia o no de los diputados federales como agentes u operadores del narcotráfico, si de desesta- bilizar y dividir al país se trata, el concurso electoral le viene como una gran oportunidad a las bandas criminales. Cualquier resquicio para distraer o atenuar el combate en su contra o para desacreditar a la administración calderonista, de seguro, será aprovechado por el narcotráfico.
Desde esa perspectiva, las elecciones federales y locales del año entrante serán en extremo importantes para el país. No sólo por el eventual cambio en la correlación de fuerzas entre los partidos políticos -área donde el PRI se frota las manos-, sino también por el cambio en la correlación de fuerzas entre el Estado y el crimen organizado.
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El punto delicado ante ese cuadro es que no se puede recargar sólo en el Ejército la responsabilidad de garantizar las condiciones mínimas necesarias para realizar esas elecciones.
La carga mayor debe recaer en los partidos políticos y en las autoridades electorales federales y estatales. Si esas dos instancias no asumen, en serio, el desafío supuesto, probablemente no sólo deberán disponer de urnas electorales sino también de las otras, fúnebres.
Desafiante la circunstancia, hay un agravante. Los estudios de opinión pública reportan (Reforma, 27 de agosto) que la confianza en el Ejército, los partidos políticos y las autoridades electorales está a la baja. De marzo del año pasado a agosto de este año, el Ejército perdió siete puntos, pasó de 70 a 63 por ciento; el Instituto Federal Electoral cayó 12 puntos, pasó de 55 a 43 por ciento; y los partidos que se ubicaban en el último lugar de la confianza perdieron cinco puntos, pasaron de 27 a 22 puntos. Por si eso no bastara, la insatisfacción con "el funcionamiento de la democracia" alcanzó al 54 por ciento de la opinión pública, siendo que, año y medio atrás, llegaba a 40 por ciento.
Así que, al margen del narcotráfico, esas tres instituciones tienen un fuerte desafío para recuperar la confianza pública. Si a esa circunstancia se suma la intervención del narcotráfico en su campo, el reto es muy superior al previsto.
Si los partidos políticos y la autoridad electoral no recuperan y acrecientan el capital de la confianza ciudadana, probablemente -es fuerte decirlo- mejor sería que no hubiera elecciones. Así de grave es el asunto.
...
Desde esta perspectiva, la carta enviada antier por el dirigente panista, Germán Martínez, al consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, debería abrirse y debatirse en la próxima reunión del Consejo del instituto electoral para derivar en un compromiso no entre ellos, sino con la ciudadanía.
Consejeros y representantes de los partidos políticos deberían fijar postura frente a ese documento y mandar una muy clara señal a la ciudadanía con dos clarísimos mensajes. Uno, reconociendo la gravedad del momento nacional y electoral; y, dos, asegurando que no se tolerarán pactos, tratos, acuerdos por parte de los candidatos con el crimen. Vamos, que el espacio electoral no será terreno de oportunidad para los criminales. Si la impunidad de los policías al servicio del narco es intolerable, la impunidad de los políticos al servicio del crimen es imperdonable.
Sí, puede pedirse al Ejército y a los centros de inteligencia coadyuvar en el blindaje de la elección y la democracia, pero la responsabilidad mayor en ese asunto es de las autoridades electorales y de los partidos políticos. Las urnas electorales pero, sobre todo, la democracia no puede depender del calibre de los fusiles que la resguarden, depende fundamentalmente del calibre de los candidatos que los partidos políticos postulen y del compromiso de éstos para no abrirle más la puerta al crimen que amenaza no con infiltrar sino anegar la política.
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Si las autoridades electorales y los partidos políticos caen en el garlito de que los comicios corren por un carril distinto por el que camina la violencia criminal, se equivocarán por completo.
El resultado de esa elección podría apuntar no un cambio en la correlación de fuerzas entre los partidos, sino en la correlación de fuerzas entre el Estado y el crimen. Un cambio que, sin duda, lastimaría aun más la democracia mexicana que, visto está, así como puede avanzar también puede retroceder.
La gran interrogante es si esas instituciones se comprometerán con la ciudadanía que mira con azoro cómo se desvanece la esperanza democrática.
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