La violencia de Estado en México II

Decíamos en la anterior entrega que las premisas de análisis en la violencia de Estado podrían allanarse si recurrimos al deslinde inicial de algunos elementos constantes y básicos en estos procesos complejos: me refiero a los órdenes del discurso, de la acción militar o policial, de las instancias de procuración e impartición de justicia y en ocasiones de la legislación misma. Proponer las constantes mínimas que concurren en este tipo de violencia social ayuda a entender cuándo la decisión de un gobernante deja de ser administrativa y se convierte en violencia de Estado.

En el orden del discurso, por ejemplo, debemos destacar fundamentalmente que en toda formulación discursiva oficial hay un plano explícito y otro encubierto. En el plano explícito discrepan las versiones sobre la realidad social que formulan los movimientos de inconformidad social y el Estado mismo. El discurso encubierto, en cambio, es el sustrato que acepta la sociedad en su conjunto como verdad inobjetable y que sirve de sustento y contexto al discurso explícito oficial.

Veamos esta formulación del discurso oficial a propósito de los movimientos guerrilleros mexicanos. La caracterización de tales movimientos desde la perspectiva oficial forma parte ya de una estrategia de combate y no de un análisis para comprenderlos como procesos sociales. Tal perspectiva postula un reduccionismo constante que confunde y elimina características sociales indispensables para entender políticamente los movimientos armados y para plantear su solución de fondo. Al reducir al máximo los datos de causalidad social se favorece la aplicación de medidas solamente policiacas o militares.

Para entender los movimientos armados rurales conviene suponer, en principio, que en ellos concurren una dinámica de polarización regional y una dinámica militar que se expresa en la conformación de la estrategia y los núcleos armados de la guerrilla. Un primer error de análisis, no de manipulación discursiva, es considerar desvinculados el núcleo armado de la guerrilla y las condiciones sociales en que se sostiene.

Un segundo error sería ver que el vínculo entre las condiciones sociales y los núcleos guerrilleros es sólo casual y que no hay, por tanto, una integración profunda entre la guerrilla y sus circunstancias regionales. Con estas opciones de interpretación la decisión oficial podría inclinarse fácilmente por una acción policiaca o militar que intentara sofocar al núcleo armado sin modificar las circunstancias sociales de la región.

De reconocer la dinámica social como uno de los componentes de tales movimientos rurales, el Estado se obligaría a modificar o aliviar algunas circunstancias críticas del deterioro social regional. Podría hacerlo para evitar cualquier alzamiento en ese instante y en el futuro, o sólo podría decidirse a aplicar los programas de cambio y desarrollo social para eliminar a un movimiento armado específico. No es lo mismo aplicar proyectos de desarrollo pensando en un cambio social a profundidad y a mediano y a largo plazos, que aplicarlos para doblegar de inmediato a un solo y concreto grupo armado.

Tal dinámica social podría atenderse regionalmente, además, con programas efectivos de desarrollo de dos distintas maneras: una, desplegando o incluso enfrentando los programas de desarrollo a los movimientos mismos; otra, aplicándolos paralelamente a una negociación política. En el primer caso, los proyectos de desarrollo se aplicarían como parte de una estrategia de combate y aun de exterminio de los núcleos armados y sus bases sociales. En el otro, se aplicarían como parte de una acción coordinada de negociación política. Una cosa sería la paz alcanzada por la negociación y el cambio social. Otra, la paz alcanzada mediante el exterminio de las bases sociales y los núcleos insurgentes. De acuerdo con la experiencia mexicana, podemos afirmar que cada vez que se ha optado por este último caso se han sentado las condiciones para la recurrencia de la guerrilla.

En todas las opciones expuestas aquí, la formulación del discurso explícito oficial que descalifica socialmente los procesos populares armados está apoyándose en un contenido no explícito que le facilita calificar como violencia social la constituida por el alzamiento sin obligar al Estado a despejar otro concepto previo: el de “paz social”. Además de confundirse con la ausencia de inconformidad popular, esta amplia idea deja de lado la realidad de una polarización ya institucionalizada: la pobreza, la desnutrición, el desempleo, al analfabetismo, la marginación, la carencia de servicios de salud, la vivienda deficiente, los servicios públicos insuficientes o inexistentes, la desigualdad social extrema, la pérdida de talla o estatura en núcleos rurales e indígenas, el acortamiento del promedio de vida en zonas rurales y marginadas. Indicadores así, y otros que pueden conformarse de acuerdo con características regionales, gremiales o de legislación local o nacional (podríamos decir caciquismos, corrupción policial, venalidad de jueces, explotación laboral en campos agrícolas, industrias, maquiladoras o sectores de servicios mediante presiones sindicales, indefensión o subcontratación laboral por terceros a niños, mujeres o jóvenes) constituyen un amplio sistema de violencia legal, institucionalizada, que el Estado y la sociedad confunden con la estabilidad y la paz social. Al permanecer en silencio esta violencia constante y previa, la inconformidad se confunde con el inicio de la violencia social misma y no se le entiende, precisamente, como un proceso que surge para que cesen, amengüen o se suspendan temporal o definitivamente los indicadores de la violencia social previa institucionalizada. En este caso, la inconformidad social no inicia la violencia; por el contrario, surge para que esa violencia previa cese.