Denise Dresser
El país como premio que se reparte a pedazos entre los ganadores. La política como práctica para la extracción permanente. El gobierno como distribución del botín. ¿Y el resultado de esta mexicanísima forma de asegurar la gobernabilidad y, a la vez, garantizar los negocios? Bienes públicos que acaban en manos privadas; recursos compartidos que terminan privatizados; un sistema de representación política que perpetúa clientelas en vez de construir ciudadanos. Ayer con el reparto de tierras, hoy con la entrega de Hummers; ayer con la entrega de plazas, hoy con la férrea defensa de esa tradición; ayer con la entrega de concesiones, hoy con su renovación discrecional; ayer con la firma de contratos que benefician a las familias de servidores públicos, hoy con el argumento de que eso es "legal".
No importa el partido, no importa la afiliación política, no importa la afinidad ideológica. Quien llega al poder en México -ya sea del PAN, del PRI, del PRD, del Partido Verde, del Partido Socialdemócrata, del Panal- piensa de la misma manera: cómo, cuándo y para quién obtener algo. Para sí mismo o para su familia. Para su camarilla o para quienes dependen de ella. Para su partido y los votos que necesita comprar. Y por ello, con demasiada frecuencia, los puestos públicos se convierten en sitios para la promoción del patrimonialismo. Se vuelven lugares desde donde obtener contratos, conseguir vales, tramitar exenciones, eludir impuestos, exigir bonos, emplear amigos, promover a familiares, pagar comidas, obsequiar autos. Las 59 Hummers que acaba de regalar/"rifar" Elba Esther Gordillo son tan sólo un botón de muestra, un recordatorio de prácticas criticables pero cotidianas, condenables pero arraigadas, execrables pero extendidas. Prácticas vivas en todos los niveles de gobierno, en todas las dependencias oficiales, en todos los sitios formalmente dedicados a la promoción del "interés público", cuando quienes laboran allí no saben ni siquiera qué significa.
Por ello Elba Esther Gordillo no tiene el menor empacho en declarar que distribuye Hummers y que lo hace de buena fe. Por ello Alberto Begné y los suyos no padecen la menor vergüenza al financiar una fiesta con recursos públicos para celebrar la salida de Patricia Mercado. Por ello a Petróleos Mexicanos no le preocupa gastar un millón 329 mil 069 pesos -entre noviembre del 2006 y diciembre de 2007- en la compra de bebidas alcohólicas para altos ejecutivos de la Torre. Por ello Carlos Romero Deschamps, en lugar de guardar discreción sobre su riqueza cuestionable, presume sus relojes Rolex y sus departamentos y sus barcos. Por ello los gobernadores exigen 260 mil millones de pesos para sus arcas en las negociaciones del presupuesto por venir, aunque -como lo revela un estudio reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad- no se vean obligados a rendir cuentas. Cómplices todos, en mayor o menor medida, de un sistema evidenciado por el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, quien después de participar en la discusión en torno al presupuesto dice: "No vine por la lana pero tampoco quiero salir trasquilado".
Un sistema basado en el concepto de "derechos adquiridos". En la lógica de "así ha sido siempre". En el argumento de "esto es lo que me toca". En la práctica común en el sindicato de Pemex, en el Sindicato Mexicano de Electricistas, en el sindicato del IMSS, donde el padre trabajador tiene el "derecho adquirido" de "proponer" a una persona para ocupar una plaza en la paraestatal. Como lo estipula -abierta y escandalosamente- el artículo 55 del Acta Constitutiva y Estatutos Generales del sindicato petrolero: "Al jubilarse un trabajador, si hubiera corrida escalafonaria y como consecuencia de ella la empresa solicitara cubrir la última plaza, será propuesto el hijo, la hija, hijo adoptivo, hermano o hermana". Y si un trabajador no tiene familia se le otorga el derecho de vender la plaza por 150 mil pesos. Allí está, el ejemplo incontrovertible de la gobernabilidad edificada a base de cuotas. La representación entendida como el arribo de recomendados. El país canibalizado por la protección constante de prebendas.
Y no sólo en el gobierno, no sólo en los sindicatos, no sólo en las cortes, no sólo en la burocracia. El mal de pensar que los privilegios adquiridos deben ser mantenidos a perpetuidad aqueja también a la cúpula empresarial. Basta con ver la felicidad de algunos miembros de la CIRT cuando Felipe Calderón anuncia que otorgará frecuencia de FM a los radiodifusores que ya tienen estaciones de AM. Basta con escuchar los argumentos que tanto Televisa como TV Azteca presentaron en defensa de la llamada "Ley Televisa" con la cual buscaban proteger el gran pedazo del espectro radioeléctrico que habían logrado embolsar. Basta con entender que se han presentado más de 30 mil amparos contra el IETU que -con todo y sus fallas- constituye un impuesto mínimo al sector corporativo acostumbrado a la elusión fiscal. Basta con analizar las posiciones detrás de los empresarios que se han amparado ante una reforma electoral que prohíbe la compra de spots por particulares. Basta con presenciar la forma en la cual Carlos Slim exige la posibilidad de ofrecer video aunque no haya cumplido con las condiciones de su concesión original. El común denominador de estas posturas es la defensa de lo dado, lo acostumbrado, lo otorgado, lo merecido. La defensa de "derechos adquiridos" aunque hoy corran en contra de la competencia, obstaculicen la modernización, generen políticas públicas que favorecen a un manojo de personas por encima de la población.
Lamentablemente el sistema mexicano ha funcionado y sigue funcionando con base en el clientelismo político. Te doy y me das; te hago un favor y me lo pagas. Aquello que Susan Stokes -académica de Yale- describe como "la entrega de bienes materiales a cambio de apoyo político, donde el criterio que el patrón usa es sencillamente: ¿me apoyaste o me apoyarás?". Ese clientelismo que recorre el andamiaje institucional y económico de principio a fin. Está vivo en la entrega de 59 Hummers. Está presente en el otorgamiento de concesiones radiofónicas que beneficiarán a sólo siete grupos. Sobrevive en la opacidad con la cual se ejerce en gasto público en los estados. Ese clientelismo que retrasa el desarrollo económico, sabotea la democracia, impide que el gobierno provea bienes públicos, crea mexicanos que viven con la mano extendida, encumbra empresarios que no le apuestan a su propio talento sino a la cercanía con el gobierno. Ese clientelismo que convierte a México en un país de personas disputándose el botín.
El país como premio que se reparte a pedazos entre los ganadores. La política como práctica para la extracción permanente. El gobierno como distribución del botín. ¿Y el resultado de esta mexicanísima forma de asegurar la gobernabilidad y, a la vez, garantizar los negocios? Bienes públicos que acaban en manos privadas; recursos compartidos que terminan privatizados; un sistema de representación política que perpetúa clientelas en vez de construir ciudadanos. Ayer con el reparto de tierras, hoy con la entrega de Hummers; ayer con la entrega de plazas, hoy con la férrea defensa de esa tradición; ayer con la entrega de concesiones, hoy con su renovación discrecional; ayer con la firma de contratos que benefician a las familias de servidores públicos, hoy con el argumento de que eso es "legal".
No importa el partido, no importa la afiliación política, no importa la afinidad ideológica. Quien llega al poder en México -ya sea del PAN, del PRI, del PRD, del Partido Verde, del Partido Socialdemócrata, del Panal- piensa de la misma manera: cómo, cuándo y para quién obtener algo. Para sí mismo o para su familia. Para su camarilla o para quienes dependen de ella. Para su partido y los votos que necesita comprar. Y por ello, con demasiada frecuencia, los puestos públicos se convierten en sitios para la promoción del patrimonialismo. Se vuelven lugares desde donde obtener contratos, conseguir vales, tramitar exenciones, eludir impuestos, exigir bonos, emplear amigos, promover a familiares, pagar comidas, obsequiar autos. Las 59 Hummers que acaba de regalar/"rifar" Elba Esther Gordillo son tan sólo un botón de muestra, un recordatorio de prácticas criticables pero cotidianas, condenables pero arraigadas, execrables pero extendidas. Prácticas vivas en todos los niveles de gobierno, en todas las dependencias oficiales, en todos los sitios formalmente dedicados a la promoción del "interés público", cuando quienes laboran allí no saben ni siquiera qué significa.
Por ello Elba Esther Gordillo no tiene el menor empacho en declarar que distribuye Hummers y que lo hace de buena fe. Por ello Alberto Begné y los suyos no padecen la menor vergüenza al financiar una fiesta con recursos públicos para celebrar la salida de Patricia Mercado. Por ello a Petróleos Mexicanos no le preocupa gastar un millón 329 mil 069 pesos -entre noviembre del 2006 y diciembre de 2007- en la compra de bebidas alcohólicas para altos ejecutivos de la Torre. Por ello Carlos Romero Deschamps, en lugar de guardar discreción sobre su riqueza cuestionable, presume sus relojes Rolex y sus departamentos y sus barcos. Por ello los gobernadores exigen 260 mil millones de pesos para sus arcas en las negociaciones del presupuesto por venir, aunque -como lo revela un estudio reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad- no se vean obligados a rendir cuentas. Cómplices todos, en mayor o menor medida, de un sistema evidenciado por el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, quien después de participar en la discusión en torno al presupuesto dice: "No vine por la lana pero tampoco quiero salir trasquilado".
Un sistema basado en el concepto de "derechos adquiridos". En la lógica de "así ha sido siempre". En el argumento de "esto es lo que me toca". En la práctica común en el sindicato de Pemex, en el Sindicato Mexicano de Electricistas, en el sindicato del IMSS, donde el padre trabajador tiene el "derecho adquirido" de "proponer" a una persona para ocupar una plaza en la paraestatal. Como lo estipula -abierta y escandalosamente- el artículo 55 del Acta Constitutiva y Estatutos Generales del sindicato petrolero: "Al jubilarse un trabajador, si hubiera corrida escalafonaria y como consecuencia de ella la empresa solicitara cubrir la última plaza, será propuesto el hijo, la hija, hijo adoptivo, hermano o hermana". Y si un trabajador no tiene familia se le otorga el derecho de vender la plaza por 150 mil pesos. Allí está, el ejemplo incontrovertible de la gobernabilidad edificada a base de cuotas. La representación entendida como el arribo de recomendados. El país canibalizado por la protección constante de prebendas.
Y no sólo en el gobierno, no sólo en los sindicatos, no sólo en las cortes, no sólo en la burocracia. El mal de pensar que los privilegios adquiridos deben ser mantenidos a perpetuidad aqueja también a la cúpula empresarial. Basta con ver la felicidad de algunos miembros de la CIRT cuando Felipe Calderón anuncia que otorgará frecuencia de FM a los radiodifusores que ya tienen estaciones de AM. Basta con escuchar los argumentos que tanto Televisa como TV Azteca presentaron en defensa de la llamada "Ley Televisa" con la cual buscaban proteger el gran pedazo del espectro radioeléctrico que habían logrado embolsar. Basta con entender que se han presentado más de 30 mil amparos contra el IETU que -con todo y sus fallas- constituye un impuesto mínimo al sector corporativo acostumbrado a la elusión fiscal. Basta con analizar las posiciones detrás de los empresarios que se han amparado ante una reforma electoral que prohíbe la compra de spots por particulares. Basta con presenciar la forma en la cual Carlos Slim exige la posibilidad de ofrecer video aunque no haya cumplido con las condiciones de su concesión original. El común denominador de estas posturas es la defensa de lo dado, lo acostumbrado, lo otorgado, lo merecido. La defensa de "derechos adquiridos" aunque hoy corran en contra de la competencia, obstaculicen la modernización, generen políticas públicas que favorecen a un manojo de personas por encima de la población.
Lamentablemente el sistema mexicano ha funcionado y sigue funcionando con base en el clientelismo político. Te doy y me das; te hago un favor y me lo pagas. Aquello que Susan Stokes -académica de Yale- describe como "la entrega de bienes materiales a cambio de apoyo político, donde el criterio que el patrón usa es sencillamente: ¿me apoyaste o me apoyarás?". Ese clientelismo que recorre el andamiaje institucional y económico de principio a fin. Está vivo en la entrega de 59 Hummers. Está presente en el otorgamiento de concesiones radiofónicas que beneficiarán a sólo siete grupos. Sobrevive en la opacidad con la cual se ejerce en gasto público en los estados. Ese clientelismo que retrasa el desarrollo económico, sabotea la democracia, impide que el gobierno provea bienes públicos, crea mexicanos que viven con la mano extendida, encumbra empresarios que no le apuestan a su propio talento sino a la cercanía con el gobierno. Ese clientelismo que convierte a México en un país de personas disputándose el botín.
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