Miguel Ángel Granados Chapa
Una investigación local mal hecha sobre el asesinato del periodista norteamericano, para que el gobierno local eludiera sus responsabilidades en el caso, ha sido bendecida por la Procuraduría federal, no obstante la crítica severa de la CNDH a la indagación
No se sabe legalmente quién mató a Bradley Roland Will. Puede presumirse, sin embargo, que no fue Juan Manuel Martínez, consignado por la Procuraduría General de la República como el probable homicida, y al que el juez de su causa debe dejar libre cuanto antes por la inconsistencia de la acusación. Es que la PGR se limitó a hacer suya la averiguación previa de la Procuraduría de justicia de Oaxaca, una indagación plagada de insuficiencias e irregularidades según detalló la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la descalificó, como ha hecho también con la realizada por la Fiscalía especializada en delitos cometidos contra periodistas, una borrosa oficina que hasta ahora sólo era inútil y a partir de este caso es peligrosa.
Brad Will, camarógrafo de la agencia Indymedia, fue asesinado el lunes próximo hará dos años. Desde semanas atrás informaba sobre el conflicto que enfrentaba a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca con el gobernador Ulises Ruiz. En aquel 27 de octubre de 2006 caminaba en la descubierta de una columna de appistas hacia la cabecera del municipio de Santa Lucía del Camino, conurbado con la ciudad de Oaxaca, en una de las muchas expresiones de descontento y protesta contra el gobernador, en el curso de un enfrentamiento que había causado ya cerca de 20 víctimas sin que el gobierno local hiciera nada por esclarecer los casos, omisión entendible si se considera que diversos indicios apuntaban hacia agentes de la autoridad como verdugos de ciudadanos.
La cámara del propio Will y testimonios de personas presentes en el lugar dieron cuenta de que agentes policiacos de Santa Lucía dispararon contra la pequeña multitud, y además del periodista norteamericano mataron a dos manifestantes, Emilio Alonso Fabián y Esteban López Zurita. Según diversos indicios, el asesinato de Will habría sido cometido por un regidor de aquel municipio, Abel Santiago Zárate y un gendarme local, Orlando Manuel Aguilar Coello, que fueron detenidos pero pocas semanas después quedaron en libertad. En el entretanto, la procuradora Lizbeth Caña empezó a difundir la especie, no sustentada en una indagación formal, de que Will habría sido asesinado por miembros de la APPO, que se hallaban muy cerca de él. Desde esa proximidad le habría disparado un tiro al que un rato más tarde seguiría otro, para rematarlo, mientras se le llevaba a un hospital.
Esa conjetura ha sido ahora validada por la PGR, que el jueves detuvo a Juan Manuel Martínez como autor del crimen. Más que una acción ministerial, la fiscalía que debe perseguir a quienes atentan contra periodistas consumó una acción política, que se suma a la estrategia que desde hace dos años hizo del gobierno panista (con Fox inicialmente y con Calderón después) el aval de Ulises Ruiz, su seguro para mantenerse en la gubernatura. Precisamente a raíz de la matanza de Santa Lucía del Camino, en que Will fue una de las víctimas, y cuando sólo faltaba un mes para que su sexenio concluyera, Fox envió a Oaxaca a la Policía Federal Preventiva, que se convirtió en el brazo armado de Ruiz (a quien no le faltaban cuerpos represivos) que con violencia y transgresiones a la ley apaciguó a la población hasta entonces alebrestada.
En torno de esos hechos, y con notable demora, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió el 26 de septiembre pasado su recomendación 50/2008, dirigida al procurador federal Eduardo Medina Mora, al gobernador Ruiz y al líder de la legislatura oaxaqueña (todavía formalmente llamado, como símbolo del atraso político de esa entidad, presidente de la Gran Comisión del Congreso). Sobresale en el sustancioso documento la radiografía crítica sobre la actuación del Ministerio Público local, que incurrió en una descomunal suma de irregularidades y omisiones.
A título de ejemplo de lo ocurrido sólo en las horas siguientes al homicidio, según se lee en una síntesis de la recomendación, "el agente del ministerio público... no dio intervención al perito criminalista, ni se trasladó de inmediato al lugar para el levantamiento, preservación y embalaje de indicios, además de que no dictó las medidas para preservar el lugar ni realizó la cadena de custodia de la cobija en la que iba envuelto el cuerpo del periodista, omitió dar fe ministerial de ésta y preservarla: realizó de forma deficiente la inspección ocular del lugar de los hechos, al igual que la descripción de la camiseta que portaba" el periodista asesinado. "Asimismo, omitió interrogar a detalle a los testigos, así como citar a otras personas a las que se vinculaba con los hechos, no obstante que fueron mencionados en algunos testimonios y notas periodísticas así como en imágenes que fueron mostradas por televisoras en videos que difundieron" (ése es el caso de Santiago Zárate y Aguilar, inicialmente inculpados, y Juan Carlos Sumano, captados cuando disparaban sobre los manifestantes).
En otro género de omisiones, cuando la procuradora Caña trazó la ruta para inculpar a la APPO del asesinato, sosteniendo que los balazos mortales se dispararon casi a quemarropa, a dos metros de distancia cuando más, el Ministerio Público se abstuvo de practicar "diligencia alguna para obtener mayores datos que permitieran la localización y la consecuente presentación de (las) personas ubicadas en el lugar de los hechos... cerca del agraviado" y por lo tanto no se aportaron elementos "para robustecer o desvirtuar la versión de que el victimario se encontraba cercano al periodista..."...
Cajón de Sastre
Hoy se determinará si el grado de satisfacción de los senadores perredistas -los más de ellos- con los dictámenes sobre la reforma petrolera es el mismo que experimentan sus compañeros de la minoría dentro de la bancada y, sobre todo, si coincide con la apreciación que haga Andrés Manuel López Obrador, a la cabeza del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo. De la concordancia o desacuerdo entre un parecer y otro dependerá el carácter de la reunión de los activistas de ese movimiento, citados a las 11:00 horas en el Hemiciclo a Juárez, a menos de un kilómetro del Senado, donde a la misma hora se presentarán para primera lectura los dictámenes que son quizá los más discutidos en la historia parlamentaria de México.
Una investigación local mal hecha sobre el asesinato del periodista norteamericano, para que el gobierno local eludiera sus responsabilidades en el caso, ha sido bendecida por la Procuraduría federal, no obstante la crítica severa de la CNDH a la indagación
No se sabe legalmente quién mató a Bradley Roland Will. Puede presumirse, sin embargo, que no fue Juan Manuel Martínez, consignado por la Procuraduría General de la República como el probable homicida, y al que el juez de su causa debe dejar libre cuanto antes por la inconsistencia de la acusación. Es que la PGR se limitó a hacer suya la averiguación previa de la Procuraduría de justicia de Oaxaca, una indagación plagada de insuficiencias e irregularidades según detalló la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la descalificó, como ha hecho también con la realizada por la Fiscalía especializada en delitos cometidos contra periodistas, una borrosa oficina que hasta ahora sólo era inútil y a partir de este caso es peligrosa.
Brad Will, camarógrafo de la agencia Indymedia, fue asesinado el lunes próximo hará dos años. Desde semanas atrás informaba sobre el conflicto que enfrentaba a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca con el gobernador Ulises Ruiz. En aquel 27 de octubre de 2006 caminaba en la descubierta de una columna de appistas hacia la cabecera del municipio de Santa Lucía del Camino, conurbado con la ciudad de Oaxaca, en una de las muchas expresiones de descontento y protesta contra el gobernador, en el curso de un enfrentamiento que había causado ya cerca de 20 víctimas sin que el gobierno local hiciera nada por esclarecer los casos, omisión entendible si se considera que diversos indicios apuntaban hacia agentes de la autoridad como verdugos de ciudadanos.
La cámara del propio Will y testimonios de personas presentes en el lugar dieron cuenta de que agentes policiacos de Santa Lucía dispararon contra la pequeña multitud, y además del periodista norteamericano mataron a dos manifestantes, Emilio Alonso Fabián y Esteban López Zurita. Según diversos indicios, el asesinato de Will habría sido cometido por un regidor de aquel municipio, Abel Santiago Zárate y un gendarme local, Orlando Manuel Aguilar Coello, que fueron detenidos pero pocas semanas después quedaron en libertad. En el entretanto, la procuradora Lizbeth Caña empezó a difundir la especie, no sustentada en una indagación formal, de que Will habría sido asesinado por miembros de la APPO, que se hallaban muy cerca de él. Desde esa proximidad le habría disparado un tiro al que un rato más tarde seguiría otro, para rematarlo, mientras se le llevaba a un hospital.
Esa conjetura ha sido ahora validada por la PGR, que el jueves detuvo a Juan Manuel Martínez como autor del crimen. Más que una acción ministerial, la fiscalía que debe perseguir a quienes atentan contra periodistas consumó una acción política, que se suma a la estrategia que desde hace dos años hizo del gobierno panista (con Fox inicialmente y con Calderón después) el aval de Ulises Ruiz, su seguro para mantenerse en la gubernatura. Precisamente a raíz de la matanza de Santa Lucía del Camino, en que Will fue una de las víctimas, y cuando sólo faltaba un mes para que su sexenio concluyera, Fox envió a Oaxaca a la Policía Federal Preventiva, que se convirtió en el brazo armado de Ruiz (a quien no le faltaban cuerpos represivos) que con violencia y transgresiones a la ley apaciguó a la población hasta entonces alebrestada.
En torno de esos hechos, y con notable demora, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió el 26 de septiembre pasado su recomendación 50/2008, dirigida al procurador federal Eduardo Medina Mora, al gobernador Ruiz y al líder de la legislatura oaxaqueña (todavía formalmente llamado, como símbolo del atraso político de esa entidad, presidente de la Gran Comisión del Congreso). Sobresale en el sustancioso documento la radiografía crítica sobre la actuación del Ministerio Público local, que incurrió en una descomunal suma de irregularidades y omisiones.
A título de ejemplo de lo ocurrido sólo en las horas siguientes al homicidio, según se lee en una síntesis de la recomendación, "el agente del ministerio público... no dio intervención al perito criminalista, ni se trasladó de inmediato al lugar para el levantamiento, preservación y embalaje de indicios, además de que no dictó las medidas para preservar el lugar ni realizó la cadena de custodia de la cobija en la que iba envuelto el cuerpo del periodista, omitió dar fe ministerial de ésta y preservarla: realizó de forma deficiente la inspección ocular del lugar de los hechos, al igual que la descripción de la camiseta que portaba" el periodista asesinado. "Asimismo, omitió interrogar a detalle a los testigos, así como citar a otras personas a las que se vinculaba con los hechos, no obstante que fueron mencionados en algunos testimonios y notas periodísticas así como en imágenes que fueron mostradas por televisoras en videos que difundieron" (ése es el caso de Santiago Zárate y Aguilar, inicialmente inculpados, y Juan Carlos Sumano, captados cuando disparaban sobre los manifestantes).
En otro género de omisiones, cuando la procuradora Caña trazó la ruta para inculpar a la APPO del asesinato, sosteniendo que los balazos mortales se dispararon casi a quemarropa, a dos metros de distancia cuando más, el Ministerio Público se abstuvo de practicar "diligencia alguna para obtener mayores datos que permitieran la localización y la consecuente presentación de (las) personas ubicadas en el lugar de los hechos... cerca del agraviado" y por lo tanto no se aportaron elementos "para robustecer o desvirtuar la versión de que el victimario se encontraba cercano al periodista..."...
Cajón de Sastre
Hoy se determinará si el grado de satisfacción de los senadores perredistas -los más de ellos- con los dictámenes sobre la reforma petrolera es el mismo que experimentan sus compañeros de la minoría dentro de la bancada y, sobre todo, si coincide con la apreciación que haga Andrés Manuel López Obrador, a la cabeza del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo. De la concordancia o desacuerdo entre un parecer y otro dependerá el carácter de la reunión de los activistas de ese movimiento, citados a las 11:00 horas en el Hemiciclo a Juárez, a menos de un kilómetro del Senado, donde a la misma hora se presentarán para primera lectura los dictámenes que son quizá los más discutidos en la historia parlamentaria de México.
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