Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
Para “mejor momento” se habría dejado la privatización de la industria petrolera nacional. Es un breve descanso, porque con lo aprobado ayer en el Senado logró contenerse, por ahora, la intentona calderonista (que se anexa a las cuatro previas, de Miguel de la Madrid a Fox), aunque mañosamente permanecen resquicios legales por donde, más adelante, sin duda, lo pretenderá de nuevo.
Parte del “consenso” alcanzado por quienes la aprobaron es que la “reforma”, si bien aligerará algunos fardos financieros, no es precisamente la que requiere Petróleos Mexicanos, sino la que dejó momentáneamente tranquila a la clase política, quien ahora se presenta no sólo como inmaculada, sino como eficiente, negociadora y propositiva, imagen que les costará unos miles de pesos más a los contribuyentes, porque el Congreso ha decidido auto promoverse por medio de una costosa campaña propagandística.
Es, según dicho de las cabezas visibles de la negociación, la “reforma” que pudieron, no la que debieron, tal cual hicieron con la fiscal del año pasado, (la del gasolinazo, que ni ellos mismos han respetado, igual de estrecha, como tantas otras). Son “reformas” pequeñas, limitadas, de corto plazo, que nunca cierran las puertas traseras para los grandes negocios privados, a través de las cuales y por años prácticamente todo se ha colado en el sector energético (comenzando por lo constitucionalmente prohibido), pero finalmente son resultonas para la clase política, porque le permiten auto celebrar que “en este país es posible alcanzar consensos” y que ella “sí cuida el interés nacional”, aunque, por ejemplo, el corporativismo sindical permanezca incólume.
Algunos integrantes de la siempre feliz clase política se apresuraron a presumir que la citada “es la reforma más importante desde la expropiación petrolera”, pero más allá de la ostentosa exageración, todo indica que no pasará mucho tiempo para que de nueva cuenta se boten tornillos y tuercas de la industria petrolera nacional, porque en los hechos nada hicieron para corregir y encontrar alternativas a la cada vez más peligrosa dependencia que del ingreso petrolero mantienen las finanzas gubernamentales.
Hay “reforma petrolera”, pues, “la que se pudo” no la que requieren la principal industria del país y la primera empresa nacional, pero qué le vamos a hacer: primero están los “consensos” de la clase política, y mucho después, si hay tiempo, las urgencias reales. ¿Cuánto tiempo transcurrirá para que se necesite una nueva “reforma histórica” de Pemex, por encontrarse financieramente a punto de reventar?
Ninguna de las modificaciones legales anteriores en el renglón energético alteró el texto constitucional. Tampoco, aparentemente, la “reforma” aprobada ayer en el Senado de la República. Hasta allí, una maravilla, pero resulta que a pesar de ello por la puerta de atrás ha entrado prácticamente todo el capital privado (generación eléctrica, gas natural, comercialización de petrolíferos, contratos de riesgo, etcétera, etcétera).
Por lo anterior, no parece fuera de lugar la petición de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de incluir en el dictamen de la Ley de Petróleos Mexicanos “la precisión de que no se suscribirán contratos de exploración y producción que contemplen el otorgamiento de bloque en áreas exclusivas”. Y no lo es, porque sin cambios en la Carta Magna y siempre por medio de leyes secundarias (las cuales, a toda luz, violentan el espíritu constitucional), el complejo gasífero de Burgos es explotado por el capital privado, mayoritariamente trasnacional; alrededor de 40 por ciento de la generación eléctrica está en manos de la iniciativa privada; el gas natural es comercializado por un grupúsculo de empresas –españolas, sobre todas–; el caso de la trasnacional Repsol y su gran negocio en las Islas Coronado, con su mega contrato de 15 mil millones de dólares, y así por el estilo. Todo, sin cambios constitucionales.
¿Realmente resulta ofensivo, dañino y/o peligroso añadir al texto aprobado por los senadores “no se suscribirán contratos de exploración y producción que contemplen el otorgamiento de bloque en áreas exclusivas”? La adición de esa frase no sólo hubiera garantizado legalmente inversiones, negocios y muchas otras cosas relativas a la industria petrolera nacional, sino, sencillamente, hubiera desarmado a varios.
Los inquilinos de Xicoténcatl también aprobaron, en recinto alterno, los llamados “bonos ciudadanos”. Si en términos legales se comparan valores similares emitidos tres décadas atrás, los Petrobonos, aparentemente es correcto retomar la idea, porque ahora como antes se pretende “repartir equitativamente la riqueza petrolera”. Ahora que si la comparación es en términos reales, el acaparamiento de estos títulos, como antes, será brutal, por mucho que la legislación “acote” sus montos y tenencia.
Cuando en 1977, en el arranque del gobierno lopezportillista, se colocó (2 mil 200 millones de pesos de entonces) la primera de muchas emisiones de Petrobonos (cuya ley también “acotaba” montos y tenencia), los bancos privados (mexicanos por ese entonces) se quedaron con 0.6 por ciento de las emisiones; tres años después, en 1980, acaparaban 87 por ciento de los valores, en un año en el que precio del barril nacional andaba cerca de las nubes, dos años después, en plena crisis, tal tenencia se había reducido a 0.7 por ciento, de acuerdo con los informes anuales del Banco de México.
Otro ejemplo, aunque no relacionado con el petróleo, es el de los certificados de aportación patrimonial (CAP) puestos en circulación por Miguel de la Madrid, o lo que es lo mismo la reprivatización de 34 por ciento de la banca expropiada por JLP. Estos valores resultaron igual de “democráticos” que los Petrobonos y, ahora, que los “bonos ciudadanos”. Legalmente todos podían tenerlos; un grupúsculo, en la realidad.
Entre otras gracias, los CAP generaron la mayor especulación, hasta ese momento, en la salvaje historia financiera de México, el posterior crac bursátil y la no muy lejana devaluación, todo en el sexenio de MMH. ¿Quién acaparó los “democráticos” CAP´s?: no hay que buscar mucho, porque fueron quienes poco después se apropiaron de la banca reprivatizada, en su totalidad, por el salinismo. Y lo mismo sucedió con los Tesobonos, por citar algunos casos.
Entonces, ¿alguien medianamente sincero cree que con los “bonos ciudadanos” no se repetirá la historia?
Las rebanadas del pastel
Se mantiene la sangría de reservas internacionales para “contener”, “estabilizar” y “fortalecer” al peso. Ayer más de mil millones de dólares se fueron al barril sin fondo, y ¿el tipo de cambio? Bien, gracias, en las nubes, mientras el mercado bursátil está como el perro de la tía Cleta.
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
Para “mejor momento” se habría dejado la privatización de la industria petrolera nacional. Es un breve descanso, porque con lo aprobado ayer en el Senado logró contenerse, por ahora, la intentona calderonista (que se anexa a las cuatro previas, de Miguel de la Madrid a Fox), aunque mañosamente permanecen resquicios legales por donde, más adelante, sin duda, lo pretenderá de nuevo.
Parte del “consenso” alcanzado por quienes la aprobaron es que la “reforma”, si bien aligerará algunos fardos financieros, no es precisamente la que requiere Petróleos Mexicanos, sino la que dejó momentáneamente tranquila a la clase política, quien ahora se presenta no sólo como inmaculada, sino como eficiente, negociadora y propositiva, imagen que les costará unos miles de pesos más a los contribuyentes, porque el Congreso ha decidido auto promoverse por medio de una costosa campaña propagandística.
Es, según dicho de las cabezas visibles de la negociación, la “reforma” que pudieron, no la que debieron, tal cual hicieron con la fiscal del año pasado, (la del gasolinazo, que ni ellos mismos han respetado, igual de estrecha, como tantas otras). Son “reformas” pequeñas, limitadas, de corto plazo, que nunca cierran las puertas traseras para los grandes negocios privados, a través de las cuales y por años prácticamente todo se ha colado en el sector energético (comenzando por lo constitucionalmente prohibido), pero finalmente son resultonas para la clase política, porque le permiten auto celebrar que “en este país es posible alcanzar consensos” y que ella “sí cuida el interés nacional”, aunque, por ejemplo, el corporativismo sindical permanezca incólume.
Algunos integrantes de la siempre feliz clase política se apresuraron a presumir que la citada “es la reforma más importante desde la expropiación petrolera”, pero más allá de la ostentosa exageración, todo indica que no pasará mucho tiempo para que de nueva cuenta se boten tornillos y tuercas de la industria petrolera nacional, porque en los hechos nada hicieron para corregir y encontrar alternativas a la cada vez más peligrosa dependencia que del ingreso petrolero mantienen las finanzas gubernamentales.
Hay “reforma petrolera”, pues, “la que se pudo” no la que requieren la principal industria del país y la primera empresa nacional, pero qué le vamos a hacer: primero están los “consensos” de la clase política, y mucho después, si hay tiempo, las urgencias reales. ¿Cuánto tiempo transcurrirá para que se necesite una nueva “reforma histórica” de Pemex, por encontrarse financieramente a punto de reventar?
Ninguna de las modificaciones legales anteriores en el renglón energético alteró el texto constitucional. Tampoco, aparentemente, la “reforma” aprobada ayer en el Senado de la República. Hasta allí, una maravilla, pero resulta que a pesar de ello por la puerta de atrás ha entrado prácticamente todo el capital privado (generación eléctrica, gas natural, comercialización de petrolíferos, contratos de riesgo, etcétera, etcétera).
Por lo anterior, no parece fuera de lugar la petición de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de incluir en el dictamen de la Ley de Petróleos Mexicanos “la precisión de que no se suscribirán contratos de exploración y producción que contemplen el otorgamiento de bloque en áreas exclusivas”. Y no lo es, porque sin cambios en la Carta Magna y siempre por medio de leyes secundarias (las cuales, a toda luz, violentan el espíritu constitucional), el complejo gasífero de Burgos es explotado por el capital privado, mayoritariamente trasnacional; alrededor de 40 por ciento de la generación eléctrica está en manos de la iniciativa privada; el gas natural es comercializado por un grupúsculo de empresas –españolas, sobre todas–; el caso de la trasnacional Repsol y su gran negocio en las Islas Coronado, con su mega contrato de 15 mil millones de dólares, y así por el estilo. Todo, sin cambios constitucionales.
¿Realmente resulta ofensivo, dañino y/o peligroso añadir al texto aprobado por los senadores “no se suscribirán contratos de exploración y producción que contemplen el otorgamiento de bloque en áreas exclusivas”? La adición de esa frase no sólo hubiera garantizado legalmente inversiones, negocios y muchas otras cosas relativas a la industria petrolera nacional, sino, sencillamente, hubiera desarmado a varios.
Los inquilinos de Xicoténcatl también aprobaron, en recinto alterno, los llamados “bonos ciudadanos”. Si en términos legales se comparan valores similares emitidos tres décadas atrás, los Petrobonos, aparentemente es correcto retomar la idea, porque ahora como antes se pretende “repartir equitativamente la riqueza petrolera”. Ahora que si la comparación es en términos reales, el acaparamiento de estos títulos, como antes, será brutal, por mucho que la legislación “acote” sus montos y tenencia.
Cuando en 1977, en el arranque del gobierno lopezportillista, se colocó (2 mil 200 millones de pesos de entonces) la primera de muchas emisiones de Petrobonos (cuya ley también “acotaba” montos y tenencia), los bancos privados (mexicanos por ese entonces) se quedaron con 0.6 por ciento de las emisiones; tres años después, en 1980, acaparaban 87 por ciento de los valores, en un año en el que precio del barril nacional andaba cerca de las nubes, dos años después, en plena crisis, tal tenencia se había reducido a 0.7 por ciento, de acuerdo con los informes anuales del Banco de México.
Otro ejemplo, aunque no relacionado con el petróleo, es el de los certificados de aportación patrimonial (CAP) puestos en circulación por Miguel de la Madrid, o lo que es lo mismo la reprivatización de 34 por ciento de la banca expropiada por JLP. Estos valores resultaron igual de “democráticos” que los Petrobonos y, ahora, que los “bonos ciudadanos”. Legalmente todos podían tenerlos; un grupúsculo, en la realidad.
Entre otras gracias, los CAP generaron la mayor especulación, hasta ese momento, en la salvaje historia financiera de México, el posterior crac bursátil y la no muy lejana devaluación, todo en el sexenio de MMH. ¿Quién acaparó los “democráticos” CAP´s?: no hay que buscar mucho, porque fueron quienes poco después se apropiaron de la banca reprivatizada, en su totalidad, por el salinismo. Y lo mismo sucedió con los Tesobonos, por citar algunos casos.
Entonces, ¿alguien medianamente sincero cree que con los “bonos ciudadanos” no se repetirá la historia?
Las rebanadas del pastel
Se mantiene la sangría de reservas internacionales para “contener”, “estabilizar” y “fortalecer” al peso. Ayer más de mil millones de dólares se fueron al barril sin fondo, y ¿el tipo de cambio? Bien, gracias, en las nubes, mientras el mercado bursátil está como el perro de la tía Cleta.
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