Gilberto López y Rivas
A seis meses de su constitución, la Comisión de Mediación entre el PDPR-Ejército Popular Revolucionario y el gobierno federal publicó un comunicado que destaca la actitud omisa de las instancias de gobierno involucradas en el caso de la desaparición forzada de los militantes del EPR, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ya que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha hecho saber de ningún avance al respecto, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por su parte, si bien ha realizado investigaciones, no ha emitido recomendación alguna a casi año y medio de su desaparición en Oaxaca. La Comisión de Mediación, en consecuencia, no se ha acercado al objetivo esencial que la convocó: presentación con vida de los miembros del EPR.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación (SG) dio respuesta tardíamente a los documentos de la comisión de junio y agosto del año en curso, por medio de un comunicado fechado el 24 de octubre, en el que se advierte como dato relevante la aceptación por esta instancia del Ejecutivo de que se trata de una desaparición forzada, definida como crimen de lesa humanidad cometido por el Estado, o por individuos con su aquiescencia. Gobernación también pública su disposición a ampliar la mediación a la PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional (Cisen), tal como solicitó la comisión el 14 de agosto pasado.
Ante las omisiones de los organismos del gobierno federal y sin que se haya dado un diálogo permanente –como reitera equívocamente la SG en su boletín–, la comisión ha recabado por su parte, y con ayuda de la sociedad civil y de diferentes actores, familiares y testigos de los acontecimientos ocurridos en Oaxaca cuando se encontraba en virtual estado de sitio por las fuerzas federales y locales, información relevante que pudiera conducir al objetivo deseado, una vez que los términos de la mediación se amplíen a las instituciones referidas.
La Comisión de Mediación, asimismo, manifestó que está consciente del sufrimiento y la indignación de los familiares de los desaparecidos, y declaró que eso constituye un poderosos acicate para persistir en el propósito de lograr su presentación con vida, ratificando su decisión de continuar con la encomienda otorgada y profundizar la interlocución con el gobierno federal, acorde con lo expresado por Gobernación.
En la reunión de la comisión, sus miembros analizaron el preocupante contexto en que se da esta labor de mediación, caracterizado por una profunda polarización social, militarización generalizada y represión creciente de las resistencias sociales (Chiapas, Veracruz, Morelos, Guerrero, Oaxaca, entre otros estados); un agravamiento de las condiciones económicas de la mayoría de la población del país debido a los devastadores efectos de la crisis financiera del capitalismo mundial y, particularmente, la que tiene lugar en Estados Unidos; imposición de reformas legislativas privatizadoras en Pemex por parte de los colaboracionistas encabezados por Felipe Calderón, que incluye también a los operadores políticos del régimen incrustados en el que fuera un organismo político de oposición de izquierda, el Partido de la Revolución Democrática, hoy secuestrado desde la presidencia por una burocracia entreguista y corrupta.
También es notoria, recientemente, la represión policiaca y militar en contra de los pueblos y el magisterio del estado de Morelos, con las violentas agresiones contra la población, especialmente en Huitzilac, Tres Marías, Amayuca y Xoxocotla, que resultó en numerosos heridos, entre ellos mujeres y niños, detenciones arbitrarias, violación de los derechos humanos y utilización directa del ejército contra el pueblo indígena, específicamente en Xoxocotla, todo lo cual pone de manifiesto la incapacidad para gobernar y dialogar de las autoridades panistas y su vocación para el autoritarismo, como política de Estado, lo cual quedó demostrado por las agresiones policiacas contra diputados y senadores en la sede de la cámara alta y con la presencia misma del secretario de Seguridad Pública en esa acción que violó el fuero de los legisladores.
En particular, el manejo gubernamental del conflicto magisterial de Morelos en contra de la llamada Alianza para la Calidad de la Educación muestra nítidamente la red de complicidades de Calderón con la repudiada dirigencia sindical liderada por Elba Esther Gordillo, quien envió a la entidad una comisión que se ha dedicado a comprar conciencias, presionar a los sectores más débiles del movimiento y apoyar a los desafectos y esquiroles para el regreso a clases, con la connivencia y pasividad del gobernador del estado y de la SG.
Por tanto, son cuestionables las afirmaciones de la SG contenidas en su comunicado: “el gobierno federal de ninguna manera hostiga ni criminaliza la protesta social” (¿y las largas condenas a los presos políticos de Atenco?); o que “las autoridades investigan y se encuentran comprometidas con el esclarecimiento de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez” (¿sin resultados ni hipótesis sobre su paradero y sobre los presuntos responsables de su desaparición?); o “el gobierno federal, por tanto, ha actuado oportunamente en el cumplimiento de su obligación de tender puentes de diálogo para la resolución de conflictos por la vía política” (¿como en Morelos?). ¿Qué esperar, en estas condiciones, de coadyuvancias y mediaciones?
A seis meses de su constitución, la Comisión de Mediación entre el PDPR-Ejército Popular Revolucionario y el gobierno federal publicó un comunicado que destaca la actitud omisa de las instancias de gobierno involucradas en el caso de la desaparición forzada de los militantes del EPR, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ya que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha hecho saber de ningún avance al respecto, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por su parte, si bien ha realizado investigaciones, no ha emitido recomendación alguna a casi año y medio de su desaparición en Oaxaca. La Comisión de Mediación, en consecuencia, no se ha acercado al objetivo esencial que la convocó: presentación con vida de los miembros del EPR.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación (SG) dio respuesta tardíamente a los documentos de la comisión de junio y agosto del año en curso, por medio de un comunicado fechado el 24 de octubre, en el que se advierte como dato relevante la aceptación por esta instancia del Ejecutivo de que se trata de una desaparición forzada, definida como crimen de lesa humanidad cometido por el Estado, o por individuos con su aquiescencia. Gobernación también pública su disposición a ampliar la mediación a la PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional (Cisen), tal como solicitó la comisión el 14 de agosto pasado.
Ante las omisiones de los organismos del gobierno federal y sin que se haya dado un diálogo permanente –como reitera equívocamente la SG en su boletín–, la comisión ha recabado por su parte, y con ayuda de la sociedad civil y de diferentes actores, familiares y testigos de los acontecimientos ocurridos en Oaxaca cuando se encontraba en virtual estado de sitio por las fuerzas federales y locales, información relevante que pudiera conducir al objetivo deseado, una vez que los términos de la mediación se amplíen a las instituciones referidas.
La Comisión de Mediación, asimismo, manifestó que está consciente del sufrimiento y la indignación de los familiares de los desaparecidos, y declaró que eso constituye un poderosos acicate para persistir en el propósito de lograr su presentación con vida, ratificando su decisión de continuar con la encomienda otorgada y profundizar la interlocución con el gobierno federal, acorde con lo expresado por Gobernación.
En la reunión de la comisión, sus miembros analizaron el preocupante contexto en que se da esta labor de mediación, caracterizado por una profunda polarización social, militarización generalizada y represión creciente de las resistencias sociales (Chiapas, Veracruz, Morelos, Guerrero, Oaxaca, entre otros estados); un agravamiento de las condiciones económicas de la mayoría de la población del país debido a los devastadores efectos de la crisis financiera del capitalismo mundial y, particularmente, la que tiene lugar en Estados Unidos; imposición de reformas legislativas privatizadoras en Pemex por parte de los colaboracionistas encabezados por Felipe Calderón, que incluye también a los operadores políticos del régimen incrustados en el que fuera un organismo político de oposición de izquierda, el Partido de la Revolución Democrática, hoy secuestrado desde la presidencia por una burocracia entreguista y corrupta.
También es notoria, recientemente, la represión policiaca y militar en contra de los pueblos y el magisterio del estado de Morelos, con las violentas agresiones contra la población, especialmente en Huitzilac, Tres Marías, Amayuca y Xoxocotla, que resultó en numerosos heridos, entre ellos mujeres y niños, detenciones arbitrarias, violación de los derechos humanos y utilización directa del ejército contra el pueblo indígena, específicamente en Xoxocotla, todo lo cual pone de manifiesto la incapacidad para gobernar y dialogar de las autoridades panistas y su vocación para el autoritarismo, como política de Estado, lo cual quedó demostrado por las agresiones policiacas contra diputados y senadores en la sede de la cámara alta y con la presencia misma del secretario de Seguridad Pública en esa acción que violó el fuero de los legisladores.
En particular, el manejo gubernamental del conflicto magisterial de Morelos en contra de la llamada Alianza para la Calidad de la Educación muestra nítidamente la red de complicidades de Calderón con la repudiada dirigencia sindical liderada por Elba Esther Gordillo, quien envió a la entidad una comisión que se ha dedicado a comprar conciencias, presionar a los sectores más débiles del movimiento y apoyar a los desafectos y esquiroles para el regreso a clases, con la connivencia y pasividad del gobernador del estado y de la SG.
Por tanto, son cuestionables las afirmaciones de la SG contenidas en su comunicado: “el gobierno federal de ninguna manera hostiga ni criminaliza la protesta social” (¿y las largas condenas a los presos políticos de Atenco?); o que “las autoridades investigan y se encuentran comprometidas con el esclarecimiento de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez” (¿sin resultados ni hipótesis sobre su paradero y sobre los presuntos responsables de su desaparición?); o “el gobierno federal, por tanto, ha actuado oportunamente en el cumplimiento de su obligación de tender puentes de diálogo para la resolución de conflictos por la vía política” (¿como en Morelos?). ¿Qué esperar, en estas condiciones, de coadyuvancias y mediaciones?
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