Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
La república entera se cae a pedazos pero la atención política está concentrada en la capital del país. Las estructuras estatales de poder y la convivencia social están terriblemente destrozadas, sin que haya a la vista ninguna posibilidad de restaurar el orden legal ni la seguridad colectiva. Diariamente se producen decenas de asesinatos y episodios de máxima crueldad pero sólo son agrupados en los medios de comunicación en estadísticas cuya constancia hace que sean cada vez menos impactantes, con frecuencia relegados esos datos a planas interiores o a avisos sintéticos en las primeras planas. En ciertos casos se da cobertura amplia a los sucesos de mayor escándalo, con el acento puesto en la descripción de los hechos pero no en su análisis ni explicación profunda. El reino de la violencia desatada ha convertido a sus habitantes en súbditos de la superficialidad, la manipulación y el desdén posterior a la perturbación del momento.
La inmensa mayoría de los gobernadores de los estados están dedicados al saqueo implacable de la riqueza pública, mediante negocios con particulares y, cuando se puede, el robo directo que las camarillas legislativas dominadas mediante reparto del botín aprobarán cuando sean presentadas las famosas cuentas públicas. El tejido de la burocracia dominante está hecho a partir de la deshonestidad, la impunidad y las complicidades. A esa cleptomanía oficializada hay que agregar la acelerada erosión que está provocando el que muchos de esos gobernantes locales hayan “vendido la plaza” a determinado grupo de la alta delincuencia y, por tanto, hayan puesto el aparato de gobierno, sobre todo sus instituciones de procuración y administración de justicia, al servicio de esos intereses que, por vivir bajo persecución de otros entes gubernamentales o a la ofensiva, arrasan en su camino cuanto se les atraviesa, sobre todo la población indefensa.
Chihuahua es un ejemplo desgarrador de exterminio de cualquier esperanza de convivencia “civilizada”. Sobre todo en Ciudad Juárez, pero en toda la entidad, se vive una matanza que afecta a los involucrados en asuntos de narcotráfico y también a ciudadanos inocentes y, como acaba de suceder con Armando Rodríguez, reportero del Diario de Juárez, el ataque mortal contra quienes cubren cotidianamente la información relacionada con los delitos. Rodríguez, de 40 años, que desde 1997 cubría la fuente de la subprocuraduría estatal de justicia para el periódico fronterizo, fue asesinado en la cochera de su casa, cuando se preparaba para llevar a una de sus hijas a la escuela. Era uno de los reporteros que más habían publicado sobre las muertes de mujeres en aquella ciudad y sobre el narcotráfico.
Chihuahua de desgobierno absoluto, donde el priísta José Reyes Baeza Terrazas ofende cotidianamente con sus declaraciones presuntamente tranquilizadoras y donde él y su gabinete, sobre todo su procuradora de justicia, parecen inservibles monigotes que de vez en cuando reaccionan con alguna frase desafortunada frente al poder verdadero de los narcotraficantes que actúan en la plaza. Chihuahua, donde se ha llegado ya a un nivel superior en la estrategia de intimidación social, como sucedió el pasado martes mediante rumores esparcidos por teléfono e Internet, de boca en boca e incluso a través de perifoneo, anunciando ejecuciones masivas, ataques abiertos contra la población, secuestro de funcionarios medios, toma de rehenes en oficinas y sitios públicos, colocación de bombas e incluso la imposición de un toque de queda a partir de las ocho de la noche.
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
La república entera se cae a pedazos pero la atención política está concentrada en la capital del país. Las estructuras estatales de poder y la convivencia social están terriblemente destrozadas, sin que haya a la vista ninguna posibilidad de restaurar el orden legal ni la seguridad colectiva. Diariamente se producen decenas de asesinatos y episodios de máxima crueldad pero sólo son agrupados en los medios de comunicación en estadísticas cuya constancia hace que sean cada vez menos impactantes, con frecuencia relegados esos datos a planas interiores o a avisos sintéticos en las primeras planas. En ciertos casos se da cobertura amplia a los sucesos de mayor escándalo, con el acento puesto en la descripción de los hechos pero no en su análisis ni explicación profunda. El reino de la violencia desatada ha convertido a sus habitantes en súbditos de la superficialidad, la manipulación y el desdén posterior a la perturbación del momento.
La inmensa mayoría de los gobernadores de los estados están dedicados al saqueo implacable de la riqueza pública, mediante negocios con particulares y, cuando se puede, el robo directo que las camarillas legislativas dominadas mediante reparto del botín aprobarán cuando sean presentadas las famosas cuentas públicas. El tejido de la burocracia dominante está hecho a partir de la deshonestidad, la impunidad y las complicidades. A esa cleptomanía oficializada hay que agregar la acelerada erosión que está provocando el que muchos de esos gobernantes locales hayan “vendido la plaza” a determinado grupo de la alta delincuencia y, por tanto, hayan puesto el aparato de gobierno, sobre todo sus instituciones de procuración y administración de justicia, al servicio de esos intereses que, por vivir bajo persecución de otros entes gubernamentales o a la ofensiva, arrasan en su camino cuanto se les atraviesa, sobre todo la población indefensa.
Chihuahua es un ejemplo desgarrador de exterminio de cualquier esperanza de convivencia “civilizada”. Sobre todo en Ciudad Juárez, pero en toda la entidad, se vive una matanza que afecta a los involucrados en asuntos de narcotráfico y también a ciudadanos inocentes y, como acaba de suceder con Armando Rodríguez, reportero del Diario de Juárez, el ataque mortal contra quienes cubren cotidianamente la información relacionada con los delitos. Rodríguez, de 40 años, que desde 1997 cubría la fuente de la subprocuraduría estatal de justicia para el periódico fronterizo, fue asesinado en la cochera de su casa, cuando se preparaba para llevar a una de sus hijas a la escuela. Era uno de los reporteros que más habían publicado sobre las muertes de mujeres en aquella ciudad y sobre el narcotráfico.
Chihuahua de desgobierno absoluto, donde el priísta José Reyes Baeza Terrazas ofende cotidianamente con sus declaraciones presuntamente tranquilizadoras y donde él y su gabinete, sobre todo su procuradora de justicia, parecen inservibles monigotes que de vez en cuando reaccionan con alguna frase desafortunada frente al poder verdadero de los narcotraficantes que actúan en la plaza. Chihuahua, donde se ha llegado ya a un nivel superior en la estrategia de intimidación social, como sucedió el pasado martes mediante rumores esparcidos por teléfono e Internet, de boca en boca e incluso a través de perifoneo, anunciando ejecuciones masivas, ataques abiertos contra la población, secuestro de funcionarios medios, toma de rehenes en oficinas y sitios públicos, colocación de bombas e incluso la imposición de un toque de queda a partir de las ocho de la noche.
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