Cancún, una trampa mortal

ROSA SANTANA La ejecución del general Enrique Tello Quiñones encendió la alarma: además de haber sido una pieza clave de los operativos federales antinarcóticos en Michoacán y encarnar tanto las virtudes como los defectos de los militares que cumplen funciones policiacas, es un ejemplo de que los altos mandos del Ejército ya no están fuera del alcance de los sicarios, en parte debido a que algunos se relacionan con personajes oscuros de las corporaciones policiacas y las administraciones municipales, en este caso la de Benito Juárez, Quintana Roo. CANCÚN, Q.R.- La tortura y asesinato del general de brigada en retiro Mauro Enrique Tello Quiñones no sólo representó un duro golpe para el Ejército, sino que puso en la mira a las autoridades de esta ciudad, codiciada por los cárteles del narcotráfico. La estrategia del gobierno de Felipe Calderón resintió el impacto, pues en 2007 el oficial –que pasó al retiro apenas el 1 de enero– estuvo a cargo del Operativo Conjunto Michoacán, en el cual los enfrentamientos con grupos de sicarios causaron varias bajas militares y graves violaciones a los derechos humanos de la población civil. Además, Tello Quiñones es hasta ahora el militar de más alto rango asesinado por la delincuencia organizada. Con el aval del secretario de la Defensa Nacional, el general de división Guillermo Galván Galván, Tello se preparaba para asumir el cargo de secretario de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez, cuyo presidente, Gregorio Sánchez Martínez, fue señalado desde que estaba en campaña electoral por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. El alcalde Sánchez Martínez combina la política con la actividad empresarial. Es dueño del consorcio Jaguar Servicios Inmobiliarios S.A. de C.V., que incluye una maderería, una inmobiliaria y una sala de fiestas, entre otros negocios, así como el más importante: Servicios de Logística Aeroportuaria. S.A. de C.V. (Sedla), que opera en nueve terminales aéreas, entre ellas la internacional del Distrito Federal, así como las de Monterrey, Guadalajara y Cancún. Originario de Guerrero, Sánchez Martínez es cantante grupero y está casado con la médica cubana Niurka Sáliva. Es el undécimo de los 14 hijos que procrearon Crescencia Martínez y Antonio Sánchez (ambos ya fallecidos), varios de los cuales tienen antecedentes delictivos, según versiones periodísticas no desmentidas. Por ejemplo, el diario La Verdad de Quintana Roo refiere que el hermano del presidente municipal de Benito Juárez, Feliciano Sánchez Martínez, está preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, acusado de ser el cabecilla de la banda de secuestradores conocida como Los Villaverde. El caso fue llevado en el Juzgado 17 en Materia Penal Federal. El rotativo, que dirige Cruz Ulín Hernández, es propiedad de Carlos Canabal Ruiz, quien fue alcalde interino de Benito Juárez tras la detención de Juan Ignacio García Zalvidea en 2005. Según el periódico, Magdalena Sánchez Martínez, también hermana del alcalde, estuvo tras las rejas después de ser detenida en el aeropuerto de la Ciudad de México. Llegó desde Colombia y pretendía introducir clandestinamente 300 mil dólares en efectivo, cuya posesión no pudo justificar. En la lista de notificaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada por la Primera Sala el 11 de enero de 2006, se registra una solicitud de amparo por parte de Magdalena Sánchez Martínez y su esposo, Carlos Gasca, presunto socio del alcalde. El periódico quintanarroense difundió igualmente que Omar Francisco Hernández Sánchez, sobrino de Gregorio Sánchez Martínez, es buscado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por su presunta participación en el aterrizaje de un avión cargado de cocaína en Chiapas. Sánchez Martínez ofreció en su campaña que aplicaría “cero tolerancia” contra el delito. Pero sólo días después de que rindió protesta como presidente municipal, uno de sus hijos, Ángel Sánchez, junto con uno de sus guaruras baleó la casa de un estadunidense por un conflicto sentimental. El Ministerio Público del Fuero Común abrió la averiguación previa 2547/2008 para iniciar la investigación correspondiente, pero el alcalde anunció que castigaría a Ángel internándolo en un colegio militarizado de Estados Unidos. El joven ya regresó a Cancún. Un duro en Michoacán El primer día de este año el general Tello Quiñones se jubiló del Ejército para incorporarse a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún. Su primera misión era la de reestructurar la corporación, desprestigiada por las infiltraciones del crimen organizado. Gregorio Sánchez no dio a conocer la contratación del general sino hasta después de su asesinato, pese a que el periódico Por Esto! la había difundido y cuestionado en su edición del 29 de enero, cuatro días antes de que ejecutaran al militar. Tello Quiñones estuvo sujeto a un proceso penal en el Juzgado 19 del Distrito Federal, como presunto responsable de la ejecución de seis jóvenes el 8 de septiembre de 1997 en la colonia Buenos Aires de la capital del país. Dirigía los agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Pública local y estuvo al mando del grupo que detuvo a las víctimas. Pasó un año en prisión y fue exonerado en octubre de 1998. En 2005, el presidente Vicente Fox lo ascendió a general de brigada, rango con el que se retiró, y en 2007 fue asignado a la comandancia de la XXI Zona Militar, con sede en Morelia, Michoacán. El general participó en operativos como el del 7 de mayo de 2007 en Apatzingán, donde murieron tres cabecillas importantes del narcotráfico local en un enfrentamiento de casi dos horas, pese a que los delincuentes utilizaron un lanzagranadas automático MK-19 calibre 40. También hay testimonios de que participó en la destrucción de laboratorios clandestinos de droga, decomisos de enervantes y de armamento, así como en el desmembramiento de bandas de narcos. Pero debido a su dureza con la población civil, también se hizo acreedor a recomendaciones de las comisiones de los derechos humanos estatal y nacional. El 4 de mayo de 2007, el alcalde de Nocupétaro, el perredista Marco Antonio García Galindo, presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), que fue turnada a la instancia nacional. La queja (CNDH/0171075) refiere que los días 2 y 3 de mayo le dio audiencia a varias personas, quienes solicitaron el apoyo de García Galindo porque elementos del Ejército Mexicano, de la AFI y de la Procuraduría General de Justicia estatal irrumpieron en sus casas sin órdenes de cateo, causaron daños materiales y cometieron “arbitrariedades y abusos” contra los pobladores de Nocupétaro y Carácuaro. El documento señala que en la búsqueda de los responsables del asesinato de cinco militares, perpetrado el 1 de mayo de ese año, los cuerpos de seguridad federales “han efectuado un sin fin de cateos”. En consecuencia, dice, “se ven personas amarradas a postes e incluso un hombre estaba siendo asfixiado por inmersión en la pila (de agua) de ese lugar”. La acción fue considerada como una venganza de los militares, pero no sobre los narcos, sino contra la población. Cancún, plaza peligrosa Tello Quiñones fue asesinado la noche del lunes 2. Horas antes fue presentado por el alcalde a los otros miembros de su gabinete en los festejos del Día de la Candelaria. Su cuerpo apareció en una camioneta Toyota blanca, de doble cabina, en el kilómetro 258 de la vía libre Cancún-Mérida. Mostraba 11 impactos de bala y fracturas expuestas en brazos y piernas. Junto con el suyo estaban los cadáveres del teniente Román Zúñiga, quien fue su subordinado en Morelia y se dio de baja para seguirlo a Quintana Roo, y de Ramírez Sánchez, el sobrino de Gregorio Sánchez Martínez que hasta hace unas semanas se presentaba como “director operativo” del table dance Baby Doll en la Plaza 21 de Cancún. Al principio, el presidente municipal de Benito Juárez pretendió ocultar su parentesco con Ramírez Sánchez, pero tuvo que reconocerlo cuando el procurador estatal, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, confirmó su identidad. Aun entonces negó que Ramírez Sánchez trabajara para el ayuntamiento y argumentó que acompañaba a Tello porque los unía una “gran amistad” y el militar le había pedido que lo guiara por la ciudad. El expediente que abrió la procuraduría local sobre este crimen fue atraído por la Procuraduría General de la República, que le asignó el número de averiguación previa AP/ZN/Can/01/06//776/2-2009 por el delito de homicidio y lo que resulte. Paralelamente, el Ejército sigue su propia investigación. Otros jefes de la corporación que venían a limpiar tuvieron el mismo destino. El 29 de marzo de 2007, en plena Semana Santa, fue ejecutado el jefe del grupo táctico de Seguridad Pública, Elías Martínez Góngora, cuya clave era “comandante Hierro” y a quien se le atribuían nexos con el narcotráfico. Sus asesinos dejaron en su pecho una nota: “Hierro, de nada sirvió el adiestramiento, ja, ja, ja”. El cadáver apareció atado y amordazado con cinta industrial en la céntrica avenida Kabah, cerca de la catedral de Cancún. Tenía fracturadas todas las costillas y ambas piernas, reventados los ojos y oídos. Lo remataron de un tiro en la sien y estaba envuelto en una cobija. Siguiendo en el tema del narcotráfico, en septiembre del año pasado fueron separados de sus cargos por lo menos media docena de policías municipales y un judicial, cuyos nombres aparecieron en una presunta nómina del cártel del Golfo que se halló en una casa de seguridad de Cancún. Dicha lista, que divulgaron los diarios Por Esto! y Quequi, fue encontrada por policías federales en el fraccionamiento Isla Azul, donde días antes cayeron nueve integrantes de Los Zetas, quienes se supone están vinculados con el asesinato y la decapitación de los 12 narcomenudistas que aparecieron apilados el 28 de agosto pasado, en Yucatán. También figuraban los nombres de policías preventivos de los sectores 5, 6, 8 y 10, algunos integrantes del grupo Fuerza de Reacción Inmediata (Fripol), que ahora se llama Unidad de Fuerzas Especiales. Otros policías, judiciales y federales, están anotados con pagos de 4 mil a 8 mil pesos, aunque no se precisa cada cuánto se les entregaban. Los escándalos no paran ahí. A raíz de un exhorto del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal de Jalisco, con sede en el penal federal de Puente Grande, la Policía Municipal de Benito Juárez envió el viernes 6 a los primeros 40 de sus 700 efectivos que fueron citados a declarar en el proceso penal del narcotraficante Juan Óscar Garza Azuara, El Barbas. Además de los uniformados fueron requeridos varios trabajadores administrativos y de intendencia de la Policía Municipal. La violencia no se limita a Cancún. El subdirector de la Policía Municipal de Playa del Carmen, Manuel Jesús López Cantú, junto con su escolta José Alfredo Gordillo Maldonado, fue acribillado la mañana del 11 de agosto pasado cuando salía de su domicilio. La movilización policiaca y militar en pos de los asesinos se extendió a los municipios de Benito Juárez y Tulum. Sin embargo, cuando los peritos levantaban los cadáveres, los criminales interfirieron la frecuencia radial de la policía y transmitieron narcocorridos durante media hora. “Ahora sí los chingamos”, “les vamos a partir su madre”, “hay más en la lista”, decía una voz entre una canción y la otra. En un caso muy sonado por sus implicaciones locales y federales, en 2004 el expediente PGR/SIEDO/UEICDCS/329/04 implicó al actual secretario de Seguridad Pública de Yucatán, Luis Felipe Saidén Ojeda –quien también encabezó la Policía Municipal de Benito Juárez–, en 13 narcoejecuciones. Tres de las víctimas eran elementos de la AFI. El crimen se consideró un ajuste de cuentas por la venta simultánea de esa plaza a los cárteles Sinaloa y del Golfo. Se procesó a Saidén por delitos contra la salud y delincuencia organizada, como presunto responsable de brindar protección a narcomenudistas. La orden de aprehensión fue librada por el Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Mérida. Las imputaciones contra Saidén las hizo Felipe de Jesús Argüelles Mandujano, El Rayo, también exdirector de la policía de Benito Juárez y procesado como implicado en los mismos asesinatos. El Rayo fue detenido por la gente de Saidén. Nada de esto parece inquietar a las autoridades correspondientes, al menos públicamente. Cuando se le pregunta al procurador de justicia, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, sobre las ejecuciones de cubanos vinculados a las mafias y de narcotraficantes locales que recientemente han conmocionado al estado, sostiene: “Quintana Roo está todavía en una posición privilegiada en comparación con las demás entidades. Es un sitio turístico. Tenemos varios municipios donde, por sus características, hay una creciente demanda de enervantes y eso ha originado la lucha entre grupos delictivos dedicadas a esto.” Esta postura no concuerda con la que el funcionario expresó el 2 de abril de 2008, cuando en una reunión del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana anunció su dimisión. Al enterarse, los diputados de oposición en la legislatura local entrante exigieron que el funcionario rindiera cuentas de su desempeño antes de entregar el cargo. No obstante, el gobernador Félix Canto le rechazó la renuncia. Cuando se le menciona el hecho, Rodríguez y Carrillo niega que haya intentado irse por miedo: “No, nada eso. Simplemente es que mi esposa está delicada de salud y quería yo disponer de más tiempo para atenderla”.