René Delgado
Todavía no se perfila la agenda para cerrar la brecha entre partidos y ciudadanos, y ya algunos futuros diputados están decididos a pervertirla. Se comprometen, ante notario, a emprender -en nombre de la reforma de poder- la contrarreforma electoral.
A la chita callando, algunos candidatos ya andan tocando la puerta de las televisoras para asegurar que ellos echarán abajo el artículo 41 constitucional (en lo tocante a la compra-venta de spots) y algunos más no tocan esas puertas porque salen de ellas para ir a San Lázaro a representar, sin intermediarios, los intereses precisamente de los grandes concesionarios.
Con una sonrisa dibujada en los labios, esos próximos diputados están decididos a dar gato y liebre. Gato a la ciudadanía y liebre a los concesionarios. Habrá que cuidarse de ellos. Sin tenerla todavía, ya privatizaron la representación popular que supuestamente habrán de encarnar.
* * *
Una muy diversa conjunción de agentes ha venido creando la atmósfera para emprender una contrarreforma electoral, bajo el disfraz de reivindicar caros derechos de la ciudadanía.
Sin querer o adrede, algunos magistrados y consejeros electorales, algunos partidos y candidatos, algunos intelectuales, consultores y empresarios han venido generando las condiciones para, en nombre de la libertad de expresión y la reforma del poder, reponerle el negocio de los spots a los grandes concesionarios y a los partidos.
Cínicamente, el Verde destaca en esa misión. Es comprensible, ahí encuentra garantías para asegurar y acrecentar el rentable negocio político que es ese partido. Por eso, postula como candidatos a representantes directos de los concesionarios. Por eso, compra spots disfrazados de "informes de trabajo" de los diputados salientes o, bien, coloca "reportajes" en revistas de una de las televisoras que, luego, se anuncian por tele. Y, desde luego, por eso, suscribe sin empacho el compromiso de "reintegrar a los ciudadanos su derecho a expresarse libremente durante los procesos electorales".
El negocio es redondo. El Verde sirve a poderosos intereses particulares y, así, asegura registro, prerrogativas y posiciones políticas que son palanca fundamental del negocio familiar que es ese partido. Lo novedoso es que, esta vez, esa postura del Verde encuentre eco y apoyo en parte del Tribunal Electoral y del Instituto Federal Electoral. Árbitros singulares que no ven el fuera de lugar en esas chapucerías que, con gran orgullo y mayor impunidad, emprende ese jugador. Y es que esos magistrados y consejeros no se han fijado metas superiores, sino chambas mejores.
* * *
Asombra, eso sí, que en ese juego perverso se anote Acción Nacional.
Fueron senadores y diputados de ese partido los que respaldaron la reforma electoral pero, ahora, parte de sus candidatos a San Lázaro, incluida desde luego Josefina Vázquez Mota, anuncia, sin decirlo, que doblará las manos ante las televisoras.
El compromiso, suscrito por 23 candidatos, de "reintegrar a los ciudadanos su derecho a expresarse libremente durante los procesos electorales, los cuales fueron limitados por la reciente reforma al artículo 41 de la Constitución", hace sonar el tam-tam de los tambores de guerra dentro de su propio partido.
Ese compromiso contradice, cuando menos, al coordinador de su fracción parlamentaria en el Senado, Gustavo Madero, así como a los senadores Ricardo García Cervantes y Santiago Creel que, reiteradamente, han señalado que de ningún modo le abrirán la puerta a la contrarreforma electoral.
Esa contradicción resulta todavía más interesante al considerar el discurso del presidente Felipe Calderón, donde manifiesta su interés por apoyar acciones que amplíen la participación ciudadana en la política, al tiempo que esas acciones (esto no lo dijo expresamente el mandatario) acoten, equilibren y regulen la intervención política de los poderes fácticos como lo son, obviamente, las televisoras.
Ojalá, Germán Martínez explique esa contradicción o asuma el engaño supuesto o defina dónde se ubica él y su jefe, el presidente de la República: con los concesionarios o con la ciudadanía.
* * *
En medio de esos signos que perfilan una contrarreforma electoral encubierta, llaman la atención algunos pronunciamientos en el Senado.
Tal pareciera que los senadores, impulsores de la reforma electoral de 2007 si bien reconocen la necesidad de hacerle ajustes, no están dispuestos a que los próximos diputados se arroguen la paternidad de ese ajuste para, por la puerta de atrás, devolverle en el negocio de los spots a los concesionarios.
El afán de fijar, desde ahora, antes de la elección, la agenda y la ruta de lo que debe de ser auténticamente una reforma del poder habla de la presión que comienza a sentirse para emprender una contrarreforma electoral. El juego no es nuevo. Una y otra vez, la legislación electoral ha sido objeto de reformas y contrarreformas, pero lo que ya resulta inadmisible es que, sin aun conformarse, la próxima legislatura pretenda burlarse de la ciudadanía.
Es claro que en cuanto cierren las casillas electorales el próximo 5 de julio se abrirá el concurso por la Presidencia de la República y, obviamente, en ese concurso, los grandes concesionarios quieren incidir en mejores y más cómodas condiciones.
Ahí se explica por qué tanto espacio televisivo a Enrique Peña, a Elba Esther Gordillo, a los verdes y ya se verá si a Emilio Chuayffet. Ahí se entiende por qué el interés en apuntalar una contrarreforma electoral que reposicione de mejor manera a los concesionarios.
* * *
Por todo lo anterior y por la variada composición de agentes tentados por la idea de emprender la contrarreforma electoral, el segmento ciudadano interesado en la reforma del poder -a partir de la ampliación y profundización de las posibilidades de su participación en la política- debe aumentar la presión para evitar que, en su nombre, se impulsen intereses no sólo ajenos, sino contrarios a los suyos.
Ese segmento debe cuidar con esmero que los nuevos diputados no vayan a entregar el esfuerzo y la energía ciudadana a los poderes fácticos que, justamente, con los partidos limitan y atenazan su participación.
El 6 de julio arranca un nuevo proceso donde el interés público y el privado entrarán en juego para alentar una reforma política o una contrarreforma electoral. Se verá a quién le toca el gato y a quién la liebre.
Todavía no se perfila la agenda para cerrar la brecha entre partidos y ciudadanos, y ya algunos futuros diputados están decididos a pervertirla. Se comprometen, ante notario, a emprender -en nombre de la reforma de poder- la contrarreforma electoral.
A la chita callando, algunos candidatos ya andan tocando la puerta de las televisoras para asegurar que ellos echarán abajo el artículo 41 constitucional (en lo tocante a la compra-venta de spots) y algunos más no tocan esas puertas porque salen de ellas para ir a San Lázaro a representar, sin intermediarios, los intereses precisamente de los grandes concesionarios.
Con una sonrisa dibujada en los labios, esos próximos diputados están decididos a dar gato y liebre. Gato a la ciudadanía y liebre a los concesionarios. Habrá que cuidarse de ellos. Sin tenerla todavía, ya privatizaron la representación popular que supuestamente habrán de encarnar.
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Una muy diversa conjunción de agentes ha venido creando la atmósfera para emprender una contrarreforma electoral, bajo el disfraz de reivindicar caros derechos de la ciudadanía.
Sin querer o adrede, algunos magistrados y consejeros electorales, algunos partidos y candidatos, algunos intelectuales, consultores y empresarios han venido generando las condiciones para, en nombre de la libertad de expresión y la reforma del poder, reponerle el negocio de los spots a los grandes concesionarios y a los partidos.
Cínicamente, el Verde destaca en esa misión. Es comprensible, ahí encuentra garantías para asegurar y acrecentar el rentable negocio político que es ese partido. Por eso, postula como candidatos a representantes directos de los concesionarios. Por eso, compra spots disfrazados de "informes de trabajo" de los diputados salientes o, bien, coloca "reportajes" en revistas de una de las televisoras que, luego, se anuncian por tele. Y, desde luego, por eso, suscribe sin empacho el compromiso de "reintegrar a los ciudadanos su derecho a expresarse libremente durante los procesos electorales".
El negocio es redondo. El Verde sirve a poderosos intereses particulares y, así, asegura registro, prerrogativas y posiciones políticas que son palanca fundamental del negocio familiar que es ese partido. Lo novedoso es que, esta vez, esa postura del Verde encuentre eco y apoyo en parte del Tribunal Electoral y del Instituto Federal Electoral. Árbitros singulares que no ven el fuera de lugar en esas chapucerías que, con gran orgullo y mayor impunidad, emprende ese jugador. Y es que esos magistrados y consejeros no se han fijado metas superiores, sino chambas mejores.
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Asombra, eso sí, que en ese juego perverso se anote Acción Nacional.
Fueron senadores y diputados de ese partido los que respaldaron la reforma electoral pero, ahora, parte de sus candidatos a San Lázaro, incluida desde luego Josefina Vázquez Mota, anuncia, sin decirlo, que doblará las manos ante las televisoras.
El compromiso, suscrito por 23 candidatos, de "reintegrar a los ciudadanos su derecho a expresarse libremente durante los procesos electorales, los cuales fueron limitados por la reciente reforma al artículo 41 de la Constitución", hace sonar el tam-tam de los tambores de guerra dentro de su propio partido.
Ese compromiso contradice, cuando menos, al coordinador de su fracción parlamentaria en el Senado, Gustavo Madero, así como a los senadores Ricardo García Cervantes y Santiago Creel que, reiteradamente, han señalado que de ningún modo le abrirán la puerta a la contrarreforma electoral.
Esa contradicción resulta todavía más interesante al considerar el discurso del presidente Felipe Calderón, donde manifiesta su interés por apoyar acciones que amplíen la participación ciudadana en la política, al tiempo que esas acciones (esto no lo dijo expresamente el mandatario) acoten, equilibren y regulen la intervención política de los poderes fácticos como lo son, obviamente, las televisoras.
Ojalá, Germán Martínez explique esa contradicción o asuma el engaño supuesto o defina dónde se ubica él y su jefe, el presidente de la República: con los concesionarios o con la ciudadanía.
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En medio de esos signos que perfilan una contrarreforma electoral encubierta, llaman la atención algunos pronunciamientos en el Senado.
Tal pareciera que los senadores, impulsores de la reforma electoral de 2007 si bien reconocen la necesidad de hacerle ajustes, no están dispuestos a que los próximos diputados se arroguen la paternidad de ese ajuste para, por la puerta de atrás, devolverle en el negocio de los spots a los concesionarios.
El afán de fijar, desde ahora, antes de la elección, la agenda y la ruta de lo que debe de ser auténticamente una reforma del poder habla de la presión que comienza a sentirse para emprender una contrarreforma electoral. El juego no es nuevo. Una y otra vez, la legislación electoral ha sido objeto de reformas y contrarreformas, pero lo que ya resulta inadmisible es que, sin aun conformarse, la próxima legislatura pretenda burlarse de la ciudadanía.
Es claro que en cuanto cierren las casillas electorales el próximo 5 de julio se abrirá el concurso por la Presidencia de la República y, obviamente, en ese concurso, los grandes concesionarios quieren incidir en mejores y más cómodas condiciones.
Ahí se explica por qué tanto espacio televisivo a Enrique Peña, a Elba Esther Gordillo, a los verdes y ya se verá si a Emilio Chuayffet. Ahí se entiende por qué el interés en apuntalar una contrarreforma electoral que reposicione de mejor manera a los concesionarios.
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Por todo lo anterior y por la variada composición de agentes tentados por la idea de emprender la contrarreforma electoral, el segmento ciudadano interesado en la reforma del poder -a partir de la ampliación y profundización de las posibilidades de su participación en la política- debe aumentar la presión para evitar que, en su nombre, se impulsen intereses no sólo ajenos, sino contrarios a los suyos.
Ese segmento debe cuidar con esmero que los nuevos diputados no vayan a entregar el esfuerzo y la energía ciudadana a los poderes fácticos que, justamente, con los partidos limitan y atenazan su participación.
El 6 de julio arranca un nuevo proceso donde el interés público y el privado entrarán en juego para alentar una reforma política o una contrarreforma electoral. Se verá a quién le toca el gato y a quién la liebre.
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