Miguel Ángel Granados Chapa
Desde que se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, en el país ocurren 20 asesinatos diarios en promedio. Hasta el momento ningún funcionario se ha sentido urgido a renunciar, como hace un año exigió Alejandro Martí
El líder de los diputados de Guerrero, Armando Chavarría Barrera, que el jueves próximo cumpliría 53 años de edad, fue muerto a balazos la mañana del 20 de agosto. En lo que va del año suman casi 400 las víctimas de la violencia homicida en esa entidad. El jueves mismo en que fue ultimado el presidente del Congreso local, en Coyuca de Catalán fueron encontrados los cuerpos mutilados de tres personas, y sus cabezas halladas en una hielera. En otra estadística lúgubre, revelada el día mismo del crimen por Jesús Ortega, líder nacional del PRD, al que pertenecía el legislador asesinado, su muerte se agrega a la oleada de homicidios que agravian a perredistas: sólo en lo que va del año, dijo, han perdido la vida con violencia 25 miembros de ese partido. Veinte de ellos han caído en Guerrero.
Chavarría Barrera actuó en la política desde joven; durante mucho tiempo lo hizo en la Universidad local, como dirigente estudiantil y como funcionario. Sin ser miembro entonces del PRD, fue elegido diputado en la bancada de ese partido en 1997. Tres años más tarde pasó a ser senador. Desde allí intentó ser candidato al gobierno estatal, en contienda con Zeferino Torreblanca, que ganó la postulación después de una áspera disputa. Sea porque lo pactaran entre sí, porque sus corrientes lo negociaran o porque el gobernador que arrebató al PRI el poder local (después de haber sido el primer alcalde de Acapulco surgido de la oposición) comprendió que lo necesitaba para regir al que hace medio siglo fue llamado "Estado-problema" por Moisés Ochoa Campos, Torreblanca nombró a Chavarría secretario general de Gobierno. Si bien la relación entre ellos mejoró, fue notorio que el secretario no quiso ser todo el tiempo subordinado del gobernador, y menos parecer que a su impulso debía la gubernatura, en cuya búsqueda se afanaba de nuevo. Por eso renunció a aquel cargo en mayo de 2008 y en octubre siguiente fue elegido diputado local. La división perredista, con efectos acrecentados por la ruptura de la alianza con Convergencia -que se convirtió en principal adversario del perredismo- dejó mal parado al partido del gobernador. Con todo, el Congreso local quedó en poder de dos bancadas, la del PRI y la del PRD, de igual número de miembros. El empate se ha resuelto mediante negociación. Así, Héctor Vicario, el líder de la fracción tricolor, preside la Mesa Directiva de la legislatura, mientras que Chavarría encabezaba la Comisión de Gobierno -equivalente a las juntas de coordinación política de las Cámaras federales.
Dado el deterioro de la seguridad en Guerrero, perceptible desde que él mismo era el número dos del gobierno, y empeorado en el año reciente, Chavarría se mostró crecientemente crítico de la actuación del gobernador. Especialmente le increpó la impunidad de que gozaban los autores de crímenes diversos. Sobresalió en esa actitud el reproche que formuló al gobernador y al procurador Eduardo Murueta por no resolver, entre otros, el asesinato de dos dirigentes mixtecos "levantados" el 13 de febrero pasado y cuyos cuerpos fueron hallados, con muestras de tortura, una semana después. Se atribuye a ese discurso la reacción del gobierno para retirar a Chavarría la escolta de seis agentes policiacos que lo acompañaba como ex secretario de Gobierno según conforme lo dispone la ley. Quizá ya correspondía que se le retirara la guardia después de un año de su salida de aquel cargo. Quizá Chavarría mismo consideró que no era necesaria. Él habría solicitado el retiro de la escolta en julio pasado, "asegurando que no tenía problema alguno para requerir que continuara" el servicio que le ofrecía la policía estatal (Reforma, 21 de agosto).
Oscilante al parecer, pero necesaria, la relación entre Torreblanca y Chavarría era frecuente. Hablaban, de seguro, de los temas que vinculan al Ejecutivo con el Congreso. Y de la vida interna del partido que los llevó a sus responsabilidades. Chavarría estaba convertido en el perredista más eminente. Encabezaba una corriente local, el Polo Guerrerense de Izquierda unida en el plano federal a la Alianza Democrática Nacional, a su vez ligada a Nueva Izquierda. El Polo se ha opuesto a la corriente del gobernador, Izquierda Renovadora, que Torreblanca enterró en julio pasado, como un acto de autocrítica ante las dos derrotas perredistas al hilo: las locales de octubre de 2008 y las federales de hace siete semanas. A pesar de esas derrotas, el líder del Congreso local, el ex secretario de Gobierno, el antaño luchador juvenil aparecía en el horizonte con posibilidades de mantener al PRD en el gobierno de Guerrero. Entonces fue ultimado a balazos.
Es altamente probable que su asesinato quede sin castigo. Una falla fundamental del gobierno de Torreblanca, que lo hace idéntico a las administraciones priistas, es su manga ancha o su impotencia ante la delincuencia. No es extraño por ello que hayan caído en Guerrero, según la denuncia de Ortega, 20 de las 25 víctimas que militaron en el PRD. Es sencillo imaginar los móviles de este asesinato, pero no lo será configurarlos legalmente y menos aún punir a quienes lo cometieron. Esa impunidad ha favorecido, ya esbozamos el caso, a los asesinos de Raúl Lucas y Manuel Ponce, activistas de derechos humanos del pueblo mixteco, militantes del PRD, que el 13 de febrero, mientras asistían a una reunión abierta en la cabecera de Ayutla de los Libres, fueron capturados por personas que parecían formar parte de un cuerpo armado, por su actitud y disciplina. Nada se hizo en una semana después de su desaparición y nada se ha hecho en los días, semanas y meses posteriores al 20 de febrero en que sus cuerpos fueron hallados con muestras de tortura.
Puede ocurrir, sin embargo, que se intente presentar un chivo expiatorio, fabricar un culpable. Así parece que ha ocurrido en relación con otro caso de perredistas asesinados, el de Beatriz López Leyva, representante de Andrés Manuel López Obrador en San Pedro Jicayán, Oaxaca, no lejos de Pinotepa Nacional. El 6 de abril un matarife la ultimó en su propia casa, de un balazo en la cabeza. El 2 de mayo fue detenido Jaime Santiago, vecino del mismo lugar, confeso de varios homicidios a quien se le imputa el de la señora Beatriz. Él admite haber cometido otros, pero niega ser el autor de éste. Una hija de la víctima, que vio al asesino, no reconoce que Santiago lo sea. Y sin embargo el gobierno de Ulises Ruiz da por resuelto el caso.
La posibilidad de que se fabrique un culpable de la muerte de Chavarría crece no sólo porque la importancia política de la víctima obliga a resolver el caso cuanto antes, sino porque el gobierno local contará con la asistencia de la Procuraduría General de la República, ducha en esos menesteres o que los ha ejercido por lo menos en el proceso, ya célebre, sobre los 45 asesinados en Acteal en 1997.
Las muertes ocurridas en febrero, abril y agosto son parte de los miles de asesinatos que en promedio de 20 al día han ocurrido en todo el país entre el 21 de agosto de 2008 y la misma fecha de este año. En aquel entonces se firmó con gran aparato el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. El acto resultó de la movilización ciudadana fruto a su vez de la conmoción suscitada por el secuestro y asesinato de Fernando Martí. Su padre, Alejandro Martí, sacudió a la concurrencia y a la sociedad cuando hace un año, en la firma de tal acuerdo, espetó un dilema a los funcionarios cuyas acciones y omisiones han creado, o contribuido a crear, la inseguridad prevaleciente, y que deben luchar contra ella: ¡Si no pueden, renuncien!
Nadie se sintió urgido a hacerlo. Nadie tampoco, cumplió a cabalidad los compromisos del mencionado acuerdo. El propio Martí, que adquirió presencia pública en este año, emitió su juicio sobre tales compromisos: "hay avances y voluntad de combatir frontalmente al crimen organizado. No obstante dichos avances son claramente insuficientes. El balance general es negativo; persisten asignaturas pendientes y hay indicadores irrefutables de que la inseguridad ha aumentado en vez de reducirse" (El Universal, 21 de agosto).
El gobierno federal rechazó la dureza del juicio. Lo hizo a través del secretario de Gobernación, responsable de promover una cultura de legalidad, que se ostenta como fumador en lugares prohibidos.
Desde que se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, en el país ocurren 20 asesinatos diarios en promedio. Hasta el momento ningún funcionario se ha sentido urgido a renunciar, como hace un año exigió Alejandro Martí
El líder de los diputados de Guerrero, Armando Chavarría Barrera, que el jueves próximo cumpliría 53 años de edad, fue muerto a balazos la mañana del 20 de agosto. En lo que va del año suman casi 400 las víctimas de la violencia homicida en esa entidad. El jueves mismo en que fue ultimado el presidente del Congreso local, en Coyuca de Catalán fueron encontrados los cuerpos mutilados de tres personas, y sus cabezas halladas en una hielera. En otra estadística lúgubre, revelada el día mismo del crimen por Jesús Ortega, líder nacional del PRD, al que pertenecía el legislador asesinado, su muerte se agrega a la oleada de homicidios que agravian a perredistas: sólo en lo que va del año, dijo, han perdido la vida con violencia 25 miembros de ese partido. Veinte de ellos han caído en Guerrero.
Chavarría Barrera actuó en la política desde joven; durante mucho tiempo lo hizo en la Universidad local, como dirigente estudiantil y como funcionario. Sin ser miembro entonces del PRD, fue elegido diputado en la bancada de ese partido en 1997. Tres años más tarde pasó a ser senador. Desde allí intentó ser candidato al gobierno estatal, en contienda con Zeferino Torreblanca, que ganó la postulación después de una áspera disputa. Sea porque lo pactaran entre sí, porque sus corrientes lo negociaran o porque el gobernador que arrebató al PRI el poder local (después de haber sido el primer alcalde de Acapulco surgido de la oposición) comprendió que lo necesitaba para regir al que hace medio siglo fue llamado "Estado-problema" por Moisés Ochoa Campos, Torreblanca nombró a Chavarría secretario general de Gobierno. Si bien la relación entre ellos mejoró, fue notorio que el secretario no quiso ser todo el tiempo subordinado del gobernador, y menos parecer que a su impulso debía la gubernatura, en cuya búsqueda se afanaba de nuevo. Por eso renunció a aquel cargo en mayo de 2008 y en octubre siguiente fue elegido diputado local. La división perredista, con efectos acrecentados por la ruptura de la alianza con Convergencia -que se convirtió en principal adversario del perredismo- dejó mal parado al partido del gobernador. Con todo, el Congreso local quedó en poder de dos bancadas, la del PRI y la del PRD, de igual número de miembros. El empate se ha resuelto mediante negociación. Así, Héctor Vicario, el líder de la fracción tricolor, preside la Mesa Directiva de la legislatura, mientras que Chavarría encabezaba la Comisión de Gobierno -equivalente a las juntas de coordinación política de las Cámaras federales.
Dado el deterioro de la seguridad en Guerrero, perceptible desde que él mismo era el número dos del gobierno, y empeorado en el año reciente, Chavarría se mostró crecientemente crítico de la actuación del gobernador. Especialmente le increpó la impunidad de que gozaban los autores de crímenes diversos. Sobresalió en esa actitud el reproche que formuló al gobernador y al procurador Eduardo Murueta por no resolver, entre otros, el asesinato de dos dirigentes mixtecos "levantados" el 13 de febrero pasado y cuyos cuerpos fueron hallados, con muestras de tortura, una semana después. Se atribuye a ese discurso la reacción del gobierno para retirar a Chavarría la escolta de seis agentes policiacos que lo acompañaba como ex secretario de Gobierno según conforme lo dispone la ley. Quizá ya correspondía que se le retirara la guardia después de un año de su salida de aquel cargo. Quizá Chavarría mismo consideró que no era necesaria. Él habría solicitado el retiro de la escolta en julio pasado, "asegurando que no tenía problema alguno para requerir que continuara" el servicio que le ofrecía la policía estatal (Reforma, 21 de agosto).
Oscilante al parecer, pero necesaria, la relación entre Torreblanca y Chavarría era frecuente. Hablaban, de seguro, de los temas que vinculan al Ejecutivo con el Congreso. Y de la vida interna del partido que los llevó a sus responsabilidades. Chavarría estaba convertido en el perredista más eminente. Encabezaba una corriente local, el Polo Guerrerense de Izquierda unida en el plano federal a la Alianza Democrática Nacional, a su vez ligada a Nueva Izquierda. El Polo se ha opuesto a la corriente del gobernador, Izquierda Renovadora, que Torreblanca enterró en julio pasado, como un acto de autocrítica ante las dos derrotas perredistas al hilo: las locales de octubre de 2008 y las federales de hace siete semanas. A pesar de esas derrotas, el líder del Congreso local, el ex secretario de Gobierno, el antaño luchador juvenil aparecía en el horizonte con posibilidades de mantener al PRD en el gobierno de Guerrero. Entonces fue ultimado a balazos.
Es altamente probable que su asesinato quede sin castigo. Una falla fundamental del gobierno de Torreblanca, que lo hace idéntico a las administraciones priistas, es su manga ancha o su impotencia ante la delincuencia. No es extraño por ello que hayan caído en Guerrero, según la denuncia de Ortega, 20 de las 25 víctimas que militaron en el PRD. Es sencillo imaginar los móviles de este asesinato, pero no lo será configurarlos legalmente y menos aún punir a quienes lo cometieron. Esa impunidad ha favorecido, ya esbozamos el caso, a los asesinos de Raúl Lucas y Manuel Ponce, activistas de derechos humanos del pueblo mixteco, militantes del PRD, que el 13 de febrero, mientras asistían a una reunión abierta en la cabecera de Ayutla de los Libres, fueron capturados por personas que parecían formar parte de un cuerpo armado, por su actitud y disciplina. Nada se hizo en una semana después de su desaparición y nada se ha hecho en los días, semanas y meses posteriores al 20 de febrero en que sus cuerpos fueron hallados con muestras de tortura.
Puede ocurrir, sin embargo, que se intente presentar un chivo expiatorio, fabricar un culpable. Así parece que ha ocurrido en relación con otro caso de perredistas asesinados, el de Beatriz López Leyva, representante de Andrés Manuel López Obrador en San Pedro Jicayán, Oaxaca, no lejos de Pinotepa Nacional. El 6 de abril un matarife la ultimó en su propia casa, de un balazo en la cabeza. El 2 de mayo fue detenido Jaime Santiago, vecino del mismo lugar, confeso de varios homicidios a quien se le imputa el de la señora Beatriz. Él admite haber cometido otros, pero niega ser el autor de éste. Una hija de la víctima, que vio al asesino, no reconoce que Santiago lo sea. Y sin embargo el gobierno de Ulises Ruiz da por resuelto el caso.
La posibilidad de que se fabrique un culpable de la muerte de Chavarría crece no sólo porque la importancia política de la víctima obliga a resolver el caso cuanto antes, sino porque el gobierno local contará con la asistencia de la Procuraduría General de la República, ducha en esos menesteres o que los ha ejercido por lo menos en el proceso, ya célebre, sobre los 45 asesinados en Acteal en 1997.
Las muertes ocurridas en febrero, abril y agosto son parte de los miles de asesinatos que en promedio de 20 al día han ocurrido en todo el país entre el 21 de agosto de 2008 y la misma fecha de este año. En aquel entonces se firmó con gran aparato el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. El acto resultó de la movilización ciudadana fruto a su vez de la conmoción suscitada por el secuestro y asesinato de Fernando Martí. Su padre, Alejandro Martí, sacudió a la concurrencia y a la sociedad cuando hace un año, en la firma de tal acuerdo, espetó un dilema a los funcionarios cuyas acciones y omisiones han creado, o contribuido a crear, la inseguridad prevaleciente, y que deben luchar contra ella: ¡Si no pueden, renuncien!
Nadie se sintió urgido a hacerlo. Nadie tampoco, cumplió a cabalidad los compromisos del mencionado acuerdo. El propio Martí, que adquirió presencia pública en este año, emitió su juicio sobre tales compromisos: "hay avances y voluntad de combatir frontalmente al crimen organizado. No obstante dichos avances son claramente insuficientes. El balance general es negativo; persisten asignaturas pendientes y hay indicadores irrefutables de que la inseguridad ha aumentado en vez de reducirse" (El Universal, 21 de agosto).
El gobierno federal rechazó la dureza del juicio. Lo hizo a través del secretario de Gobernación, responsable de promover una cultura de legalidad, que se ostenta como fumador en lugares prohibidos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario