Chile: la lucha por el mar

Francisco Marín

VALPARAÍSO, 31 de marzo (apro).- El último proyecto de ley impulsado por la expresidenta Michelle Bachelet, que privatiza el mar austral de Chile, quedó sin efecto por el impacto del terremoto y maremoto del 27 de febrero pasado.

Se trata de la modificación de la Ley 18.892, de Pesca y Acuicultura, que permitiría que las empresas salmoneras pudieran hipotecar las concesiones acuícolas (espacios de mar donde se engordan salmones y otros peces), así como amplios espacios marítimos y costeros que las circundan.

Esto les significaría amplios beneficios económicos a esas empresas, el más importante de ellos: contratar créditos poniendo en prenda los territorios entregados gratuitamente por el Estado a través de la Subsecretaría de Marina.

Y, de la misma manera, podrían pagar la deuda de más de 2 mil 500 millones de dólares que tienen con la banca. De hecho, la Asociación de Bancos, junto con la patronal Salmón Chile, son quienes más fuerte cabildearon en favor de la iniciativa.

La salmonicultura, que opera en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes (las tres más australes de Chile), es una industria en extinción. Su colapso es fruto de la contaminación provocada por ella misma en los espacios marinos y de agua dulce que ocupa.

Esto ha derivado en la aparición de numerosas plagas y epidemias –como la de piojos de mar y virus ISA--, que han provocado la muerte de decenas de millones de salmones, que indiscriminadamente han sido arrojados por los empresarios salmoneros al fondo marino, aumentando con ello el daño ambiental.

Diversos reportes estiman que cerca de 75% de los 600 centros salmoneros que existieron se encuentran sin actividad, y que 30 mil de los cerca de 50 mil trabajadores que tuvo esta industria han sido despedidos.

Para abordar la crisis de la salmonicultura, que era el tercer sector económico de importancia en Chile, dado el valor de sus exportaciones (2 mi 241 millones de dólares en 2007), en septiembre de 2008 la presidenta Bachelet anunció un “salvataje” a esta industria, que consistiría en la entrega de créditos por 450 millones de dólares, con el aval del Estado, a fin de mantenerlas operativas.

Esos fondos fueron entregados en el transcurso de 2009, pero aun así continúan los despidos y la crisis social arrecia en las zonas salmoneras (información que puede ser revisada en la revista Proceso, en su publicación del 28 de marzo de 2009).

Ley salmonera

El 9 de enero del año pasado, el gobierno de la presidenta Bachelet ingresó al Parlamento el proyecto de “ley salmonera” o de “privatización del mar”. Dada la desinformación reinante y el hecho de que contaba con el respaldo del gobierno, así como de la derecha, la prensa, la banca y las salmoneras, el proyecto fue aprobado sin ninguna oposición.

Sus promotores, los ministros de Economía y Hacienda, Hugo Lavados y Andrés Velasco, respectivamente, lo presentaron como una normativa que elevaría las exigencias ambientales y laborales a la industria, fijando un marco claro para su ulterior desarrollo.

En medio de este ambiente favorable, la Cámara de Diputados visó el proyecto en su primer trámite legislativo, el 20 de mayo de 2009, por 92 votos contra uno de René Alinco.

Sin embargo, al transcurrir los meses se fue tejiendo otra historia. Surgieron múltiples iniciativas ciudadanas que denunciaron que la verdadera intención de la ley sería privatizar el mar. Entre esas voces destacó la campaña Salvemos el Mar Chileno, encabezada por el pescador artesanal Cosme Caracciolo.

El conocimiento y mayor difusión de los graves alcances del proyecto fue determinante para que la Cámara de Diputados rechazara el 20 de enero pasado, por 46 votos contra 43, el artículo 81 bis del proyecto en el que se contemplaba que las concesiones de acuicultura pudieran ser hipotecables.

Paradójicamente, la mayor parte de quienes rechazaron este polémico artículo pertenecían a la entonces gubernamental Concertación por la Democracia. Y lo hicieron pese a que su gobierno patrocinó la iniciativa.

Y quienes aprobaron en forma íntegra el articulado de la ley fueron, en su inmensa mayoría, miembros de la derechista Alianza por Chile.

Este rechazo suponía la dilatación de la ley, ya que obligaba a pasarla por la comisión mixta de diputados y senadores. Y en caso de que se acordara una versión definitiva, ésta debía ser aprobada por las dos cámaras del Congreso. De ahí que los opositores al proyecto en el Parlamento, entre los que destacaban los senadores Guido Girardi y Alejandro Navarro, así como los diputados René Alinco y Enrique Accorsi, descartaron su aprobación, al menos bajo el gobierno de Bachelet, que concluyó el pasado jueves 11.

Sin embargo, la subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart, señaló que para la administración de la centroizquierdista Concertación por la Democracia, privatizar el mar era un objetivo central. El 24 de febrero, esta funcionaria declaró a la prensa que su gobierno esperaba sacar adelante, antes del fin de su mandato, la nueva Ley de Pesca y Acuicultura.

A su entender, esta sería “fundamental para la recuperación de la zona sur del país”, puesto que derivaría en la recuperación de la moribunda industria salmonera.

El terremaremoto del 27 de febrero impidió que el Congreso Nacional sesionara –por los daños que sufrió el edificio del Parlamento, ubicado en Valparaíso, y por las dificultades de traslado de los parlamentarios-- la primera semana de marzo.

Sin embargo, pese al desastre y a lo poco prioritario que en aquel contexto resultaba el proyecto que reformaba la ley de pesca y acuicultura, el gobierno –a través del ministro secretario general de la presidencia, José Viera Gallo– solicitó al Parlamento que el “proyecto salmonero” se discutiera, con máxima urgencia, en la primera sesión del nuevo año legislativo, que se realizó el pasado martes 9.

La comisión mixta lo aprobó, casi sin debate, por ocho votos contra dos. Un día después, el Senado (20 votos a favor y seis en contra) y los diputados (51 a 21) hicieron lo mismo.

Luego de ello, el pasado viernes 12 la agrupación de Pescadores Artesanales de Aysén (AGO) emitió una declaración en la que sostiene que “la presidenta Bachelet y sus funcionarios, encabezados por Hugo Lavados, impiadosamente se aprovecharon del estado de shock nacional para conseguir que parlamentarios le regalaran el mar austral a un puñado de fracasadas empresas salmoneras, extranjeras y chilenas”.

Con la aprobación parlamentaria, el proyecto quedaba listo para ser promulgado por el nuevo presidente, el derechista Sebastián Piñera. Ya nada parecía poder detenerlo.

Lo único que a esa altura podía impedir su puesta en marcha era la presentación de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC), que debía ser presentado, como máximo, 10 días después de que el Congreso lo hubiera despachado a La Moneda (martes 16); además, debía contar con el respaldo de al menos la cuarta parte de los senadores (10 de 38) o de los diputados (30 de 120) en ejercicio, algo bastante improbable, dadas las votaciones registradas en el proceso legislativo y las presiones ejercidas sobre los parlamentarios.

La batalla final

Grande fue la sorpresa en los salones del poder cuando, el pasado lunes 22, 34 diputados presentaron un requerimiento de inconstitucionalidad ante el TC. Lo hicieron impulsados por la Campaña Salvemos el Mar Chileno, cuyos activistas realizaron un eficaz cabildeo en el Congreso, que no pudo ser detenido por el gremio salmonero, que también recorrió los pasillos del resquebrajado edificio de 15 pisos, ubicado en la avenida Pedro Montt, del principal puerto de este país suramericano.

De acuerdo con una fuente consultada, el “arrepentimiento” de varios parlamentarios fue clave para que se alcanzaran las firmas necesarias para presentar el escrito al TC. Incluso uno de ellos dijo en off: “Parece que la cagué de lo lindo”. Y firmó el requerimiento.

El economista y presidente del Comité de Defensa del Cobre, Julián Alcayaga, fue quien redactó el primer borrador del documento, impelido por Salvemos el Mar. En el año 2000, Alcayaga también preparó un requerimiento de inconstitucionalidad del Tratado Minero entre Chile y Argentina.

Dicho tratado, que fue suscrito cuando en Argentina gobernaba Carlos Menem y Ricardo Lagos en Chile, posibilitaba la explotación, por parte de transnacionales, del inmenso cordón mineral ubicado en la Cordillera de los Andes, en la frontera chileno-argentina.

En aquella ocasión, los argumentos de Alcayaga y los 10 senadores que lo respaldaron fueron acogidos por el TC, que cercenó a tal nivel el alcance del mencionado Tratado Minero, que lo hizo inoperativo hasta ahora.

Entre los diputados firmantes del requerimiento contra la privatización del mar aparece la presidenta de la Cámara de Diputados y militante del Partido Regionalista Independiente (PRI), Alejandra Sepúlveda, así como 27 diputados de la Concertación –en su mayoría socialistas, radicales y del Partido por la Democracia–, además de los tres diputados comunistas.

Ningún parlamentario de la derechista Coalición por el Cambio suscribió el documento.

En entrevista con Apro, el abogado patrocinador del requerimiento, Lorenzo Soto, afirma que la Ley de Pesca y Acuicultura impugnada tiene vicios de fondo y de forma que deberán derivar en la declaratoria de inconstitucionalidad. Entre los primeros, dice, “lo más grave es haber utilizado la institución de las hipotecas a bienes que no son hipotecables”.

Todos sabemos, añade, que las concesiones marítimas, las concesiones acuícolas, “tienen por objeto el mar territorial chileno, las aguas continentales, y esos son bienes nacionales de uso público, que mal pueden ser objeto de actos de comercio, como es la hipoteca, una institución destinada a garantizar obligaciones de bienes que son propios”.

Soto estima que esta ley pretende “ni más ni menos que entregarle una garantía general al sector salmonero, para que éstos a su vez puedan tener el respaldo financiero de la banca para salvar la crisis económica y financiera que les afecta”.

Y sostiene: “Sabemos que la Ley de Pesca y Acuicultura de la que estamos hablando modificó atribuciones del Poder Judicial, relativas al procedimiento de ejecución de las concesiones hipotecadas, y esas atribuciones, al ser creadas, modificadas y enmendadas, debieron haber sido aprobadas con quórum calificado (cuatro séptimos de los parlamentarios) y haber ido en consulta a la Corte Suprema, lo que no ocurrió, por lo tanto hay un vicio esencial que anula todo el proceso legislativo”.

Por su parte, el representante de la patronal Salmón Chile, Carlos Odebret, declaró el pasado jueves 25, según cita el diario Estrategia, que el citado requerimiento “carece de fondo, son palabras vacías, pero lamentablemente pueden retrasar la Ley y, por ende, la actividad económica”.

El TC tiene hasta el 1 de abril para pronunciarse si acogerá o no a trámite la solicitud de inconstitucionalidad. De hacerlo, tiene 60 días para dar una sentencia sobre el fondo del asunto.

En entrevista con Apro, el pescador Caracciolo dice que tiene mucha confianza en que “el clamor de los pescadores será escuchado”.

En caso de que se promulgue la nueva ley de pesca y acuicultura, agrega, “en muchas zonas ya no podremos seguir desarrollando nuestro trabajo, porque los banqueros y los salmoneros, que serán dueños del mar, lo impedirán”.

Caracciolo señala que este proyecto “no sólo es un peligro para Chile, sino para todo el mundo”.

Hay que recordar, dice que Chile “ha sido y es un laboratorio de las reformas neoliberales. Fue el primer país del mundo en privatizar el agua, el sistema de pensiones y la salud. Si hoy privatiza el mar, mañana esto se extenderá a otras partes del planeta, y eso no lo podemos permitir. Hay que detenerlo ahora”.