Cuba: derechos humanos, participación y socialismo

Armando Chaguaceda*

MÉXICO, DF, 20 de abril (apro).- La coyuntura abierta por la muerte del opositor Orlando Zapata Tamayo ha puesto en tela de juicio la situación de los derechos humanos en Cuba, de la mano de amplias campañas de satanización y atrincheramiento desplegadas fuera y dentro de la isla.

Los críticos han llegado al extremo de acusar al gobierno cubano del asesinato premeditado del disidente, cosa impensable no sólo por el historial del Estado cubano en la esfera, sino también por la evidente complicación de las relaciones internacionales y domésticas que un desenlace de este tipo puede generar, algo conocido por las experimentadas autoridades cubanas y cuyos nocivos efectos presenciamos hoy.

Los defensores del gobierno, por su parte, recurren a campañas de deslegitimación que niegan la dignidad del difunto y sus posturas, mediante el empleo selectivo y distorsionado de hojas de vida y argumentos políticos.

Y vuelve, pese a su generalizado rechazo social después de los sucesos del Mariel de 1981 y el Maleconazo de 1994, al uso de civiles movilizados por las autoridades –con fachada de “espontaneidad popular”-- para repudiar o reprimir manifestaciones de madres y esposas de opositores presos, con el consiguiente daño de la imagen del país y el civismo de sus nacionales.

Abordar este asunto sigue siendo hoy, básicamente, un tema tabú dentro de Cuba. Es obviado por buena parte de la academia (salvo contados análisis de académicos como Hugo Azcuy y Dmitri Prieto) y sólo algunos medios como la prestigiosa revista Temas han llevado, de forma meritoria, el problema a debate (número 59 julio-septiembre de 2009), aunque con cierto desbalance que combina un exceso de miradas teóricas foráneas y escaso aterrizaje empírico en el contexto cubano.

Y se desconoce la existencia de corrientes diferenciadas dentro de los derechos humanos: una liberal que apela a los derechos individuales dentro de las instituciones y garantías de una democracia representativa, y otra popular, que acompaña la lucha por el respeto a la persona con reivindicaciones comunitarias y el accionar de movimientos sociales de cara al autoritarismo del Estado y los poderes empresariales.

Otros estudiosos señalan la codificación, en la Declaración Universal y convenios subsiguientes sobre los derechos humanos, de un consenso mínimo socialdemócrata, resultante del espíritu post Segunda Guerra Mundial, con estado democrático de bienestar, raseros de equidad básicos, gobierno de mayorías y respeto por las disensiones e individuos, que otorga igual valor a los derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos. [i]

“Doble rasero”

Por otra parte, en Cuba los derechos humanos son identificados por el Estado, sus agentes y –gracias a la propaganda y cultura política oficiales-- por una parte de la población como mero “instrumento de las campañas enemigas”.

No existen legalmente inscritas organizaciones defensoras de estos derechos dentro del Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia de la República de Cuba. El tratamiento de los derechos humanos en la isla parece obviar la variable claramente emancipadora del fenómeno, que emerge como resultado de luchas sociales contra los autoritarismos proimperialistas de las dictaduras de seguridad nacional en Latinoamérica, o los gobiernos de Ferdinando Marcos o Suharto en Asia.

Y en cuanto a su aporte al derrumbe de los regímenes de Europa del Este, a los derechos humanos se les reduce a ser un componente de la estrategia desestabilizadora de Carter, Reagan y Bush padre, y no expresión de movimientos ciudadanos, que muchas veces combatieron las políticas privatizadoras de aquellos burócratas convertidos en burgueses.

En este campo existe un evidente doble rasero. El Estado cubano reconoce a las Madres de Plaza de Mayo y a los activistas del Foro Social Mundial, pero niega la posibilidad de que sus nacionales ejerzan dicha militancia. Aplaude (y utiliza en sus argumentos) los informes de Amnistía Internacional que denuncian las reales y constantes violaciones cometidas en el brutal sistema carcelario de Estados Unidos, las expresiones de racismo y xenofobia de dicha sociedad, así como el apoyo que sucesivos gobiernos estadounidenses continúan dando a Israel y los regímenes despóticos en Medio Oriente.

Sin embargo, desaprueba y silencia los argumentos que esas mismas organizaciones ofrecen a las violaciones en naciones aliadas como Zimbawe, Irán, Rusia, China o en la misma Cuba, presentándolas entonces como “agentes del imperio”.

A los ciudadanos cubanos se les hace virtualmente imposible (y punible) la acción misma de testimoniar, vigilar y denunciar, de forma organizada, las violaciones cometidas –a veces contra la propia Constitución socialista de 1992 – por funcionarios e instituciones estatales, dada la capacidad de control social del Estado y la subordinación de los medios masivos a las directrices gubernamentales.

Se trata de una actividad condenada a priori, lo cual genera que se meta en idéntico saco a activistas autónomos, vinculados a sus comunidades, u ONG internacionales de reconocido desempeño, o simples mantenidos de las embajadas occidentales.

El problema es, como en otras esferas, estructural, y se puede resumir gráficamente contraponiendo a la precariedad del estado de derecho --donde los ciudadanos pueden hacer uso de atribuciones para ejercer los derechos garantizados por su Constitución y proteger ésta de abusos burocráticos-- una amplísima, arbitraria y cotidiana ejecutoria de los derechos del Estado, carentes de control y retroalimentación.

Sólo con una expansión de la participación popular, con instituciones democráticas, eficaces y controladas por la ciudadanía organizada y con el establecimiento del derecho como principio rector del funcionamiento estatal y la convivencia social, se podrá perfeccionar el proceso cubano, deteniendo la deriva autoritaria y la restauración neoliberal, que amenazan desde el trasfondo con una grave crisis social e ideológica.

Y ello no equivale, como se nos quieren hacer ver, a restaurar la burguesía ni rendirse a Estados Unidos.

“Ciudadano-militante”

Pero este fenómeno posee una historia e inserción más amplias, íntimamente ligadas a la construcción del Estado, la sociedad civil y la ciudadanía resultantes del triunfo de 1959. El proceso cubano ha promovido un modelo de ciudadanía-militante, que identifica orden estatal y nación, y tiende a la unanimidad como forma de expresión de criterios.

Con un referente de acotada matriz republicana, se estimula la redistribución popular de la riqueza, el rechazo a la polarización social y a la exclusión por género y raza, pero se sospecha de la reivindicación de otras identidades y de los derechos individuales o de colectividades alternativas.

Se promueve el apoyo y encuadre ciudadano de las políticas públicas, que garantiza el predominio estatal en el ordenamiento y provisión sociales, pero se penaliza toda forma de disenso organizado.

Dicho modelo emerge en los años sesenta, cuando la oposición burguesa terminó en el exilio o la derrota, de la mano de una Revolución que “socializó” a millones de personas, participando con entu siasmo en sus tareas: estas accedieron a la política, se dignificaron y experimentaron un sentido de pertenencia a una causa mayor y justa.

Al desaparecer las formas asociativas de la sociedad anterior a la Revolución, los vacíos fueron llenados por nuevas organizaciones de masas (paraestatales), que con el tiempo irían acompañándose por otras asociaciones profesionales y civiles. Y los derechos sociales y culturales adquirieron preeminencia en el imaginario colectivo, pasando los políticos y civiles a concebirse (y realizarse) de forma reducida dentro de las instituciones y políticas del nuevo poder.

Para la década de 1970 este esquema comenzó a revelar disfuncionalida des (voluntarismo, estilo de campaña, caos administrativo) y se acudió a una reestructuración del orden institucional, cercano al modelo soviético. Sin embargo, dicho proceso resultó mediatizado, ya que fortaleció el aparato burocrático y consagró como perdura bles los rasgos personalistas y centralizadores en la conducción social.

A pesar del despliegue de entusiasmo y creatividad emergente del triunfo revolucionario, la paulatina institucionalización del régimen político (y sus rituales) ha ido cobrando fuerza durante estos 50 años en detrimento de la participación más autónoma.

Conviene aquí distinguir Revolución de Régimen, entendiendo a este último como el complejo de instituciones y normas ligadas a demandas de la realpolitik y los dictados del grupo dominante en el seno de la sociedad.

La Revolución, por su parte, engloba un amplio repertorio de prácticas, valores, discursos y costumbres, procedente de vastos sectores sociales (populares y medios), reivindicador de la memoria y participación populares, la igualdad y justicia social, así como el rechazo a toda forma de dominación y jerarquía.

Ambos coexisten, se solapan y enfrentan, pero el primero (demanda organizativa de una sociedad moderna) puede canalizar o devorar a la segunda y sólo tiene razón de ser cuando se subordina a la participación popular y las razones liberadoras --individuales y colectivas-- del ser revolucionario.

Durante los primeros 30 años posteriores a 1959, Revolución y Régimen mantuvieron en Cuba mayor correlación, coherencia y simetría que en las últimas dos décadas, donde los desfases se han hecho más visibles.

Pero la crisis de los 90 lesionó los consensos y dejó clara la necesidad de reformar el modelo socialista, cosa que el gobierno acometió sólo parcialmente.

Hoy la sobrevivencia de la Revolución pasa por una profunda reforma del Régimen, sus prácticas e instituciones, así como la reivindicación de la participación, y los derechos humanos son componentes centrales de dicho proceso.

En los últimos años los avances en la descentralización de facultades, de recursos e información a favor de sectores no estatales o de instancias locales del Estado, han sido insuficientes. El objetivo sistémico de la participación popular en todos sus momentos se ve bloqueado por la tendencia burocrática de las instituciones y por la toma de decisiones sin control democrático.

“Dominó trancado”

Actual mente el discurso oficial, aunque convoca a debates nacionales, prioriza formas de participación consultivas, territorialmente fragmentadas y temáticamente parroquiales, lo cual difunde una visión banalizada y restringida del acto de participar, basada en la impronta de un ordenamiento estado-céntrico, vertical y centralista.

A un vecino de la Habana, por ejemplo, se le imposibilita conocer cuántos compatriotas piensan y piden cosas similares, no ya en el interior de la República, sino en el municipio aledaño. Y no puede solicitar esa información, pues no tiene formas e instancias efectivas para reivindicar ese derecho.

El Estado genera “desde arriba” lealtades y consensos a cambio de beneficios diversos, impone acuerdos desiguales que erosionan la emergencia de organizaciones autónomas (como las de derechos humanos), reproduciendo la asimetría tradicional entre estatalidad y espacio asociativo.

Es en este marco donde convoca, desde 2007, a discusiones que entusiasman a la gente, para luego capturar la información y retrasar los prometidos cambios estructurales, con el consiguiente desencanto de la ciudadanía. La demanda de ampliación de derechos de iniciativa económica, viaje, acceso a información y expresión de disensos –todos hipotéticamente posibles dentro de un replanteo del proyecto socialista-- sigue incumplida.

Pese a este aparente “dominó trancado”, y ante la erosión de la hegemonía ideológica oficial, la sociedad tratará de enfrentar (o eludir) el control estatal y el actual orden de cosas.

Segmen tos de la joven intelectualidad, bloggers independientes, grupos artísticos y activistas comunitarios, y disímiles manifes taciones del arte y la praxis popular, siguen expresando el sentir y propuestas de la gente con mayor riqueza que los estalinistas isleños y los transitólogos neoliberales. Y pugnan, con costes de marginación o inclusión selectiva, por una ampliación de los derechos humanos y la participación.

De cara al futuro en Cuba se precisa relanzar una ciudadanía beligerante, portadora de derechos efectivos, y ampliar el patrón de inclusión sociopolítico actual. Ello supone potenciar nuevas cuotas de igualdad y libertad en las re laciones sociales, incluidas aquellas inherentes a la esfera política y a la representación de identidades diversas.

Y aprovechar para ello los niveles apreciables de educación, acceso a la cultura, mentalidad igua litaria y la noción de participación como deber ciudadano, herencias todas de la Revolución de 1959, pero recuperando la agenda democratizadora que aquella –secuestrada por el Régimen– no pudo, no quiso o no supo desplegar.

El tratamiento de los derechos humanos debe ser, se ha dicho, integral y no selectivo. Ello supone reconocer al mismo tiempo los considerables logros sociales de la nación caribeña, en materia de salud, educación, deportes, seguridad social y acceso a la cultura.

Conquistas que garantizan la base social y legitimidad del proceso revolucionario y han sido compartidas con decenas de pueblos hermanos a lo largo de medio siglo. Pero también dar cuenta de las limitaciones a derechos de expresión, reunión, asociación, movimiento y autogestión económica y comunitaria existentes en la isla, verbigracia una concepción monopólica y colonizadora del Estado, de cara a la sociedad y sus capacidades de organización autónoma.

Desde una visión de izquierda, que reúna las alertas de Lenin sobre la necesidad de acotar la arbitrariedad estatal (incluida la de sus órganos policiacos), la sentencia de una Rosa Luxemburgo que defendió la libertad, aun para el que pensara diferente, o la ética de un José Martí que ponía en un pedestal los derechos y la dignidad de todos los hombres y pueblos, hay que impulsar en Cuba otra mirada sobre los derechos humanos.

Una que torne inconcebible el silencio, disfrazado de solidaridad, de un sector de la izquierda, para con la coyuntura cubana. Y que rechace la adscripción --mecánica y oportunista-- a las campañas orquestadas desde las cancillerías occidentales y los centros de la derecha internacional. Ambo enfoques deben ser superados, por el bien de todos los cubanos y el futuro del socialismo, la soberanía y la justicia, en la isla caribeña.

*Historiador y politólogo cubano, coordinador del Grupo de Trabajo Anticapitalismo y Sociabilidades Emergentes y miembro del Observatorio Social, ambos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), e integrante de la Cátedra Haydeé Santamaría (Cuba). También ha sido coautor y compilador de varios libros, entre ellos Participación y espacio asociativo, Editorial Acuario, La Habana, 2008, y Democracia, participación y ciudadanía: perspectivas latinoamericanas, FLACSO Costa Rica, San José, 2008.