Francisco Marín
VALPARAISO, 30 de diciembre (apro).- La reforma a la educación impulsada por el ministro del ramo, Joaquín Lavín, avanza sin grandes dificultades en el Congreso Nacional. Entre otros aspectos, la nueva normativa supondría, en caso de ser promulgada, el cierre de centenares de planteles dependientes del Estado y la consolidación del modelo de educación de mercado.
El 22 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó –por 67 votos contra 42-- la idea de legislar este proyecto “De calidad y equidad de la educación”, que había ingresado al Parlamento 15 días antes.
A la totalidad de parlamentarios de la derechista Alianza por Chile, que está integrada por los partidos Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Independiente (UDI), se sumaron 10 diputados de la opositora Concertación de Partidos por la Democracia. Siete de éstos fueron aportados por el Partido Democratacristiano (PDC) y otros tres el centroizquierdista Partido por la Democracia (PPD).
El proyecto no sólo se aprobó en general, puesto que ese mismo día la Cámara Baja aprobó 60 de los 61 artículos sometidos a votación. Esta situación generó una gran tensión entre los diputados concertacionistas. Tanto es así que el socialista Sergio Aguiló, en un momento de tensión extrema, se paró de su escaño y le gritó a algunos de sus colegas de conglomerado: "Dejen de votar con la derecha".
Cabe señalar que el Partido Socialista y el Partido Radical también forma parte de la Concertación, conglomerado que gobernó entre marzo de 1990 y el mismo mes de este año.
Cerca de dos centenares de profesores y estudiantes –gremios que se oponen a esta reforma-- presentes en la tribuna del Congreso, gritaron improperios a los parlamentarios, especialmente a los concertacionistas que aprobaron la moción en discusión, a quienes llamaron “traidores” y “vendidos”.
Lavín, quien fue candidato presidencial en 2000 y 2006 por la UDI, celebró como un gran triunfo el avance del proyecto en la Cámara de Diputados. Dijo que en esta votación imperó “el bienestar de los niños chilenos por sobre los intereses políticos”.
El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Sergio Bobadilla (UDI), al valorar el apoyo al proyecto, afirmó que “con esto estamos generando las condiciones para que los derechos de nuestros niños a tener una educación de calidad no sigan postergándose”.
La crisis
La discusión de este proyecto se da en un ambiente de crítica al estado de la educación chilena, en especial a la educación municipal, que fue traspasada desde el Ministerio de Educación a los municipios en el gobierno de Augusto Pinochet. Las escuelas y liceos municipalizados han tenido un gran deterioro en términos de la calidad de su enseñanza, así como en la cantidad de sus educandos. Si en 2002 los estudiantes inscritos en escuelas y liceos municipales representaban un 52% del total, en 2009 esa cifra había disminuido al 37%.
Ahora la situación de estos establecimientos se ha vuelto caótica. Este año se han dado a conocer numerosos casos de municipios que han entrado en cesación de pagos a sus profesores arguyendo que las subvenciones estatales no les alcanzan para financiar sus escuelas y liceos.
El alcalde de Cerro Navia (Santiago), Luis Plaza, anunció, a principios de noviembre, que cerrará todas las escuelas municipales en 2011, lo que ocasionó tomas de liceos por parte de estudiantes, quienes contaron con el respaldo de apoderados y profesores.
De acuerdo con los resultados dados a conocer el pasado 7 de diciembre, Chile se ubica en el puesto 44 entre 65 países que participan de la prestigiada prueba Pisa. Esta mide conocimientos en lenguaje, matemáticas y ciencias a jóvenes de 15 años. Según esta medición, sólo el 1% de los adolescentes chilenos es capaz de analizar y reflexionar sobre lo que lee.
Dada la crisis de la educación chilena, no es de extrañar que diversos sectores pujaran por hacer transformaciones de fondo al sistema. De hecho, algunas de las propuestas contenidas en la reforma de Lavín –como ya se le conoce-- han recibido apoyo transversal. En particular lo relativo al aumento de las subvenciones fiscales a los niños pertenecientes a los estratos más bajos de la sociedad.
Sin embargo, cabe señalar que más del 60% de estas subvenciones irá a parar a manos de sostenedores privados (dueños de establecimientos educacionales). Muchos de estos conciben la educación como un negocio entregando un servicio con notorias deficiencias.
También ha generado amplio apoyo la propuesta de otorgar becas a los estudiantes que, obteniendo altos puntajes en las pruebas de ingreso a la universidad, opten por cursar la carrera de pedagogía. Cabe tener presente que las universidades chilenas –públicas y privadas-- son las más caras de Latinoamérica. En promedio, un estudiante de pedagogía debe pagar 400 dólares al mes.
La reforma de Lavín también considera incentivos económicos –aumento de jubilaciones y bonos especiales-- a los profesores que opten por abandonar el sistema educacional municipal antes de 2012. Además, otorga a los directores de establecimientos fiscales, la facultad de despedir –cada año-- hasta el 5% de los profesores que laboran en las escuelas por ellos administradas.
El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, señaló a Radio Bío Bío --el 23 de diciembre-- que este proyecto busca “acabar con el sistema de educación pública”. Sostuvo que los cambios en educación constituyen “una reforma laboral más que educacional”, y afirmó que el ministro Lavín "jamás tuvo la voluntad de negociar con los gremios”.
Voces críticas
Uno de los aspectos que más polvareda ha desatado de las reformas anunciadas por el ministro Lavín, es la pretensión de reducir las horas destinadas al estudio de la historia y las ciencias sociales en un 25%. En su reemplazo aumentarán las horas destinadas a castellano, matemáticas e inglés. También se disminuirán las horas dedicadas a la educación artística y tecnológica.
Numerosos premios nacionales de historia, así como destacados líderes de opinión –de diversas tendencias políticas-- han levantado la voz contra esta medida. Incluso, los periódicos más conservadores y afines al gobierno del presidente Sebastián Piñera han otorgado tribuna a estas voces críticas.
El Premio Nacional de Historia (2006), Gabriel Salazar, señaló a la revista The Clinic (11 de noviembre) que Joaquín Lavín se inspiró en modelos que existían en países de la OCDE, entre ellos Singapur, el que, a su juicio, “es un ejemplo de país donde el sistema neoliberal es altamente desarrollado y donde a los niños se les forma para ser empresarios con cero conciencia de su pasado”.
Salazar aseveró que “Lavín le hace mucho honor esta suerte de política de lógica mercantil propia de la ingeniería comercial.”
Según Salazar, disminuir las clases de historia a los niños les significará desconocer la historia social de Chile. “Esto producirá un daño considerable porque coincide justo con un tiempo en el que la ciudadanía chilena reclama un mayor conocimiento de su propia historia para poder entender qué hacer ante un sistema político que no tiene confiabilidad suficiente”, asegura.
El historiador de derecha liberal, Alfredo Jocelyn Holt señaló en columna publicada en el diario La Tercera, el 27 de noviembre, que el actual giro a la derecha en la política chilena “está marcado por un menosprecio hacia todo lo hecho en los últimos 100 años”.
En este contexto, la reforma educacional del gobierno de Piñera “lo que prueba –asegura Jocelyn Holt-- es que nuestros sectores más recalcitrantes, en vez de persuadir que la historia sirve para crear conciencia cívica, han optado por renunciar a toda discusión compleja. Conscientes de que han perdido la batalla por la reflexión histórica, han preferido dar un golpe duro, reduciendo el ramo tradicionalmente más central del currículo nacional”.
El recientemente creado “Movimiento en defensa de la historia y las ciencias sociales”, que agrupa sobre todo a profesores y estudiantes de estas disciplinas, ha conseguido movilizar a miles de personas en rechazo a la reforma de Lavín.
En entrevista con Apro, el vocero de este Movimiento, el profesor de historia Sergio Grez, señaló que las medidas promovidas por Lavín y tramitadas en el Congreso “no pueden ser calificadas como una reforma”.
A su juicio, “son un conjunto de medidas que mantienen los supuestos básicos del modelo actual chileno de la educación, que es un modelo esencialmente privatizador y que corresponde a los parámetros del sistema neoliberal”.
Dice que los recursos destinados a la educación particular subvencionada, “que es una educación que tiene claros fines de lucro”, deberían servir para fortalecer la educación pública.
Según Grez, la rebaja de las horas de historia y ciencias sociales, “está destinada a coartar las posibilidades de que haya un espacio potencialmente crítico al sistema”.
Consultado respecto de las posibilidades de que este proyecto pueda ser rechazado o limitado, cuando sea discutido en el Senado (en la primera quincena de enero), el pedagogo expresó: “Tengo pocas esperanzas que las cosas cambien en el actual cuadro político institucional y parlamentario. La única esperanza es que a mediano y largo plazo crezca la movilización social y la presión de la opinión pública, y de esta manera se logren revertir algunas de las medidas, como la reducción de las horas de historia y geografía y ciencias sociales”.
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