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El presidente de México Felipe Calderón decretó que las personas físicas podrán deducir el pago de la educación privada. ¿Qué hay detrás de esta política pública anunciada con tanto entusiasmo desde la casa presidencial?
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), arroja datos que vale la pena revisar a propósito del anuncio realizado por el presidente de la República.
Según el estudio, los hogares mexicanos han registrado una menor inversión en educación y esparcimiento en los últimos años. Alimentación y transporte son los dos rubros en los cuales más dinero invierten las familias de nuestro país.
Por si fuera poco, la directora de Educación de la Fundación IDEA, Lucrecia Santibáñez, ha hecho ver que la población con menores recursos económicos es la que menos invierte en educación privada. Tan solo el 5 por ciento del total de la participación porcentual del gasto privado en educación proviene de los sectores menos favorecidos, asegura.
En contraste, el 20 por ciento de la población con mayores recursos es la que aporta el 82 por ciento de la participación porcentual del gasto en educación privada. Es decir, la medida beneficia al grupo que más invierte en educación privada, pero no toma en cuenta en ningún sentido a los sectores de recursos más escasos.
Las personas de menores recursos económicos sí gastan en educación privada, aunque en su mayoría lo hacen a nivel preescolar, dado que existe una falta de oferta educativa pública para este nivel de escolaridad. Es evidente, entonces, y así lo demuestran los datos, que son las personas de menores ingresos quienes más invierten en educación pública.
¿Cuál era la prioridad del gobierno federal al implementar esta política? Aunque debiera existir una respuesta institucional, la medida de hecho beneficia a una parte de la población, a los más favorecidos económicamente. Esto no es malo en sí mismo, sino que sólo se entiende cuando se analizan los motivos del presidente Calderón para abanderar esta política.
¿Por qué no pensar en promover la educación pública preescolar para aminorar el gasto de las familias más pobres en este rubro?
Si son los más pobres quienes más invierten en educación pública y no en educación privada, lógicamente esta política no les beneficia. Entonces, puede decirse que las personas de más escasos recursos no son la prioridad de esta política educativa. Si los más pobres no son la prioridad, ¿entonces con qué criterios se define qué sí debe ser prioridad?
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