Aumenta la represión

Gloria Muñoz Ramírez

En Chiapas, Guerrero y Oaxaca, estados con los mayores índices de desigualdad e injusticia social, en los que se gestan diversas luchas y resistencias autónomas, la respuesta gubernamental es el recrudecimiento de la represión.

Tan sólo en la primera quincena de agosto, las autoridades zapatistas denunciaron la reactivación de la paramilitarización en la región de Morelia, donde fueron heridas de bala dos bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en una emboscada tendida por miembros del grupo paramilitar Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), en la comunidad Ba yulumax, del municipio autónomo Olga Isabel. La OPDDIC, acusan los zapatistas, es el brazo armado de una estrategia de Estado que pretende arrebatarles las tierras recuperadas durante el levantamiento armado de 1994.

Por su parte, en la región de la selva fronteriza, la junta de buen gobierno denunció que la Unión de Ejidos de la Selva, en complicidad con el Ejército federal, amenaza con desalojar por la fuerza a la comunidad zapatista 24 de Diciembre, asentada en 525 hectáreas de tierras recuperadas, que anteriormente se encontraban en posesión del cacique y ex gobernador del estado Absalón Castellanos. Hoy estas tierras son trabajadas por los zapatistas e invadidas por los militares.

Todo esto, denuncia el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas, es parte de una estrategia federal que "intenta conformar y reconstruir una contra-zapatista apuntalada al despojo de tierras y desalojo forzoso de poblaciones zapatistas".

El clima de hostigamiento se completa con la agresión a las mujeres zapatistas del municipio autónomo de La Paz, en la zona norte del estado, donde denunciaron que "personas que están en contra de nuestra organización zapatista quemaron la casa de nuestra compañera María López Peñate... Además, en las comunidades estamos amenazadas por los cortes de luz y nos quieren desalojar de nuestras tierras. Y las mujeres sufrimos más porque tenemos miedo de ser violadas."

En otras regiones del país la represión a la organización autónoma también es la constante. Esta misma semana la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero denunció que la agencia del Ministerio Público inició, y en algunos casos ha consignado, averiguaciones previas en contra de miembros de la Policía Comunitaria, sistema autónomo y legítimo que se encarga de la seguridad y justicia en los pueblos de esta región.

Y qué decir de Oaxaca, donde la violación a los derechos humanos no para. Hace unos días cuatro personas de nacionalidad española fueron privadas de su libertad ilegalmente. Durante el encierro, denunciaron, fueron víctimas de "golpes, humillaciones, insultos y amenazas, una de las chicas recibió agresiones sexuales y un chico mexicano fue obligado a realizar flexiones mientras un grupo de agentes se reía de él y lo amenazaban con 'aplicarle el puñal'".

La represión, sin embargo, no consigue parar la organización y movilización, que crecen invisiblemente por todo el país.