JESUSA CERVANTES
MÉXICO, D.F. (apro).- ¿Por qué si hay inversionistas, dinero y plan de negocios para Mexicana de Aviación, el gobierno federal se niega a darle una salida al conflicto que él mismo creó? ¿Qué intereses económicos y deudas políticas puede haber, que la vergonzante administración de Felipe Calderón rechaza una y otra vez, presiona una y otra vez, a quienes pretender echar al vuelo la aerolínea?
Más de 8 mil trabajadores fueron echados a la calle sin justificación ética o legal válida. Si Gastón Azcárraga, a quien el gobierno favoreció, quebró una línea área con más de 60 años de antigüedad, ¿por qué no la requisó, como sucede en otros países?
Porque quebrar a Mexicana de Aviación no sólo significaba echar a la calle a 8 mil empleados, también había convenios firmados con Estados Unidos y Canadá, donde los permisos para aterrizar y utilizar los slots o rutas estaban dados a la aerolínea.
Además hay dos concesiones para usar el espacio aéreo, un boletaje que se fue literalmente a los cielos, un fraude al fisco, un incumplimiento para crear un fondo de los trabajadores y una evasión del ISR (impuesto sobre la renta).
Pero así como hay grandes afectaciones por la eliminación de Mexicana, hay grandes beneficios. Por ejemplo, el boletaje de Interjet casi se duplicó, Volaris se elevó en una tercera parte y Aeroméxico también creció.
¿Cómo se benefició Interjet, la aerolínea de Miguel Alemán Velasco? Pues quedándose con más de 24 rutas que tenía Mexicana.
¿Y Aeroméxico? Aquí solo basta ver que la eliminación de Mexicana puede ser un pago a José Luis Barraza, quien en 2006 fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aquel organismo que mantuvo una campaña y spots en radio y televisión a favor de mantener las misma políticas, porque cambiarlas significaría un retroceso; aquel que sin decirlo explícitamente llamaba a votar por Felipe Calderón y en contra de Andrés Manuel López Obrador.
Hoy Barraza forma parte de los funcionarios de Aeroméxico, otra aerolínea que desea quedarse con algunas de las rutas de Mexicana.
Y Volaris, aunque menos beneficiada, ha podido aprovechar los “vacíos” que dejó la aerolínea.
Mientras tanto, el gobierno ha caído en el absurdo de querer cobrar a los nuevos inversionistas los impuestos que se deben y por los cuales un juez, de manera sorprendente, se negó a otorgar la orden de aprehensión bajo el argumento de que hay “incertidumbre, pues no se sabe quién cometió el delito (de evasión)”.
Varios inversionistas han aceptado pagar los millonarios impuestos que Gastón Azcárraga dejó de entregar al fisco, sin embargo el gobierno se sigue negando, y es que seguramente, desde su óptica, tiene más valor dejarle las rutas a Interjet o Aeroméxico que echar a andar a Mexicana.
Ya lo dijo el juez que lleva el concurso mercantil de Mexicana: “La actitud del gobierno ha sido deleznable”. Y sí, porque poco le ha importado todo el trabajo perdido, el robo al gobierno, la impunidad con que actúan algunos empresarios, la falta de ética y el cochinero con que se manejan lo servidores públicos de la dirección de aeronáutica, quienes no han exigido el cumplimiento de la ley al crear empresas fantasmas como la llamada Tenedora K, a la que irrisoriamente se le vendieron en mil pesos las acciones de Mexicana.
Y para que no olvidemos el modo sucio de trabajar de algunos banqueros, no se puede dejar de lado la acción de Banorte, que sin autorización –o quizá sí– del gobierno federal tomó 18 mil millones de pesos que Mexicana tenía en un banco de Estados Unidos.
Sin duda, la defensa y resistencia de los trabajadores de Mexicana es digna de reconocimiento, como lo es decir, con todas sus letras, que el gobierno de Calderón ha actuado a la mala, suciamente, traicioneramente, igual que lo hace el crimen organizado: presionando.
La inmoralidad política del gobierno, la falta de acción contundente de dirigentes políticos para exigir limpieza en el proceso o la defensa de los trabajadores es igual de vergonzosa, sin embargo, hay que decirlo, en los últimos 15 días un grupo de legisladores ha participado activamente, se ha documentado y ha podido hacer que esto avance.
Pero de nuevo, cuando el caso avanza, empiezan las presiones. No es raro que los nuevos inversionistas pidan el anonimato. No quieren ser presionados por el fisco, por el gobierno. No quieren ser amenazados. Y el trabajo limpio y consistente que ha realizado el juez que lleva el caso, Felipe Consuelo Soto, ha podido protegerlos de ello.
Aunque el gobierno puede seguir intentando aplastar a cualquier inversionista que pretenda rescatar a Mexicana, no hay que olvidar que el plazo para declarar la quiebra vence el próximo viernes 10. El juez puede obligarlo a que ello no ocurra, siempre y cuando deje en claro que solo él puede demandar el regreso de las rutas a Mexicana.
Y si el gobierno no lo hace, sólo el juez puede acusarlos de desacato. Después de ello vendrían acusaciones penales, administrativas y políticas contra los funcionarios de Felipe Calderón.
Si el juez se mantiene como hasta ahora, es posible que Mexicana vuelva a volar; que pilotos, sobrecargos y empleados de tierra recuperen sus empleos; que el mercado se nivele, y que los grupos de poder económico dejen de imponer sus reglas a los ciudadanos.
El caso de Mexicana ha sido una verdadera porquería. He aquí el entramado que el gobierno armó y dejó que armara Gastón Azcárraga:
El 20 de diciembre de 2005, el gobierno le vendió a Azcárraga las acciones de la empresa a cuando menos una tercera parte de su valor real. Después, éste creó el llamado Nuevo Grupo Aeronáutico, para poder evadir al fisco. Éste, a su vez, le vendió en mil pesos las acciones de Mexicana a Advent, pero antes las había “hipotecado”, es decir las había dado en garantía a Banorte por un millonario préstamo. Y luego Advent vendió las acciones a una empresa fantasma: Tenedora K.
Al final, pues, el gobierno está vendiendo una aerolínea donde una empresa tiene las acciones, otra las rutas otra y otra más la hipoteca… o mejor dicho un banco.
Pese a todo, y aunque los nuevos accionistas pagaran lo que se debe y reestructuraran la porquería de empresa que dejó Azcárraga y que permitió el gobierno, Felipe Calderón Hinojosa se niega a autorizar la venta.
Son demasiados los favores que el panista debe, y todo lo hace mal, pues no piensa en los mexicanos, sino en los empresarios y en los político-empresarios.
Comentarios mjcervantes@proceso.com.mx
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