Calificación, hoy
Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma
Aunque el modo en que dieron fin a la fase judicial -violando la ley que lo obliga a sentenciar caso por caso, discutiendo y votando en sesión pública- afectó la buena imagen de los magistrados del Tribunal Electoral, es deseable que realicen un adecuado examen del proceso electoral
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación calificará esta mañana -y al hacerlo se calificará a sí mismo- la elección presidencial. Ese órgano concluyó de modo ilegal la fase jurisdiccional del proceso electoral, pues la Sala Superior no discutió ni votó una a una en sesión pública las sentencias relativas a los juicios de inconformidad, conforme lo establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Si procedió de ese modo no obstante la precisión que en ese campo exige la ley mencionada, menos confiable resulta su actuación en la etapa postrera del proceso, que se desahoga hoy.
Aunque la realice un órgano judicial, la calificación electoral no es una función jurisdiccional, pues no dirime una controversia, sino que establece la calidad de la elección. Es de gran relieve esta distinción, pues en la fase judicial, concluida de mal modo el lunes de la semana pasada, las sentencias dependieron, entre otros factores, de la solidez de las demandas y pruebas a cargo de quienes iniciaron los juicios de inconformidad. En esta etapa la Sala Superior, si bien anunció que consideraría la solicitud de la coalición Por el Bien de Todos de no declarar válida la elección, no tiene por qué limitarse a examinar la validez de los argumentos esgrimidos por la parte actora, que ya dejó de serlo. La función del Tribunal en esta fase debe tener la amplitud de que careció la formalista visión a que lo ciñen los ordenamientos procesales y que le evitó dar certeza a los ciudadanos sobre las condiciones de la competencia.
Al anular la elección de gobernador en Tabasco en 2000, consideró que "si alguno de esos principios fundamentales en una elección es vulnerado de modo importante, de tal forma que impida la posibilidad de tenerlo como satisfecho cabalmente y, como consecuencia de ello, se ponga en duda fundada la credibilidad o la legitimidad de los comicios y de quienes resulten elegidos en ellos, es inconcuso que dichos comicios no son aptos para surtir sus efectos legales y, por tanto, procede considerar actualizada la causa de nulidad de elección de tipo abstracto, derivada de los principios constitucionales señalados".
Madrazo no es Fox, se dirá. Pero en ese punto se parecen.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación calificará esta mañana -y al hacerlo se calificará a sí mismo- la elección presidencial. Ese órgano concluyó de modo ilegal la fase jurisdiccional del proceso electoral, pues la Sala Superior no discutió ni votó una a una en sesión pública las sentencias relativas a los juicios de inconformidad, conforme lo establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Si procedió de ese modo no obstante la precisión que en ese campo exige la ley mencionada, menos confiable resulta su actuación en la etapa postrera del proceso, que se desahoga hoy.
Aunque la realice un órgano judicial, la calificación electoral no es una función jurisdiccional, pues no dirime una controversia, sino que establece la calidad de la elección. Es de gran relieve esta distinción, pues en la fase judicial, concluida de mal modo el lunes de la semana pasada, las sentencias dependieron, entre otros factores, de la solidez de las demandas y pruebas a cargo de quienes iniciaron los juicios de inconformidad. En esta etapa la Sala Superior, si bien anunció que consideraría la solicitud de la coalición Por el Bien de Todos de no declarar válida la elección, no tiene por qué limitarse a examinar la validez de los argumentos esgrimidos por la parte actora, que ya dejó de serlo. La función del Tribunal en esta fase debe tener la amplitud de que careció la formalista visión a que lo ciñen los ordenamientos procesales y que le evitó dar certeza a los ciudadanos sobre las condiciones de la competencia.
Al anular la elección de gobernador en Tabasco en 2000, consideró que "si alguno de esos principios fundamentales en una elección es vulnerado de modo importante, de tal forma que impida la posibilidad de tenerlo como satisfecho cabalmente y, como consecuencia de ello, se ponga en duda fundada la credibilidad o la legitimidad de los comicios y de quienes resulten elegidos en ellos, es inconcuso que dichos comicios no son aptos para surtir sus efectos legales y, por tanto, procede considerar actualizada la causa de nulidad de elección de tipo abstracto, derivada de los principios constitucionales señalados".
Madrazo no es Fox, se dirá. Pero en ese punto se parecen.
Amlofóbicos
Ricardo Monreal
Milenio
Ni Costa Gavras hubiese imaginado ese escenario de intimi-dación, miedo y odio para su película Estado de sitio. Entre otros motivos, por los altos costos económicos. Ocho mil efectivos paramilitares, distribuidos en ocho kilómetros a la redonda, sellaron el Palacio Legislativo de San Lázaro, por dentro y por fuera. Al menos ocho francotiradores en su interior y otros tantos en los edificios vecinos.
La Comisión de Derechos Humanos del DF, la misma que solicitó al gobierno perredista del DF levantar el plantón de Reforma por afectar la libertad de tránsito de los ciudadanos, lo denunció con todas sus letras: se suspendieron de facto las garantías individuales de los vecinos de San Lázaro. Es decir, no únicamente la libertad de tránsito, como en Reforma, “la única calle a la que se reduce el problema” poselectoral. También la libertad de trabajo, comercio, educación, salud y hasta de religión, para todos aquellos que suelen ir a misa los viernes de cada mes en las iglesias del rumbo.
El grupo de legisladores del PRD, PT y Convergencia que decidimos llegar caminando a nuestra casa, el Palacio Legislativo, y abrirnos paso entre ese grotesco escenario de vallas, murallas metálicas, escudos, toletes, perros de guardia, radios, armas de grueso calibre y seños fruncidos, no dábamos crédito a lo que veíamos. “!Que bárbaros! Ni en los tiempos de Díaz Ordaz” diría la senadora Rosario Ibarra de Piedra.
¿Por qué esta fuerza amlofóbica del Estado no se ha utilizado contra la delincuencia organizada en este, “el sexenio del Chapo Guzmán”, de los Zetas y de los decapitadores; en lugar de tratar de intimidar a un movimiento social que pide justicia electoral?
La amlofobia, o el miedo a que en este país haya un cambio económico y social verdadero mediante las urnas, recibe hoy su constancia de validez. Será el desafuero reloaded. Ya no contra un candidato solamente, sino contra un movimiento que sumó a 15 millones de mexicanos en torno a una esperanza y a un proyecto de nación que en lugar de urnas electorales quieren que se deposite en las urnas fúnebres.
La Comisión de Derechos Humanos del DF, la misma que solicitó al gobierno perredista del DF levantar el plantón de Reforma por afectar la libertad de tránsito de los ciudadanos, lo denunció con todas sus letras: se suspendieron de facto las garantías individuales de los vecinos de San Lázaro. Es decir, no únicamente la libertad de tránsito, como en Reforma, “la única calle a la que se reduce el problema” poselectoral. También la libertad de trabajo, comercio, educación, salud y hasta de religión, para todos aquellos que suelen ir a misa los viernes de cada mes en las iglesias del rumbo.
El grupo de legisladores del PRD, PT y Convergencia que decidimos llegar caminando a nuestra casa, el Palacio Legislativo, y abrirnos paso entre ese grotesco escenario de vallas, murallas metálicas, escudos, toletes, perros de guardia, radios, armas de grueso calibre y seños fruncidos, no dábamos crédito a lo que veíamos. “!Que bárbaros! Ni en los tiempos de Díaz Ordaz” diría la senadora Rosario Ibarra de Piedra.
¿Por qué esta fuerza amlofóbica del Estado no se ha utilizado contra la delincuencia organizada en este, “el sexenio del Chapo Guzmán”, de los Zetas y de los decapitadores; en lugar de tratar de intimidar a un movimiento social que pide justicia electoral?
La amlofobia, o el miedo a que en este país haya un cambio económico y social verdadero mediante las urnas, recibe hoy su constancia de validez. Será el desafuero reloaded. Ya no contra un candidato solamente, sino contra un movimiento que sumó a 15 millones de mexicanos en torno a una esperanza y a un proyecto de nación que en lugar de urnas electorales quieren que se deposite en las urnas fúnebres.
El fraude
René Drucker Colín
La Jornada
El día de hoy, la situación política que vive el país gira alrededor del asunto de si hubo fraude o no en el proceso electoral. Andrés Manuel López Obrador está convencido de que hubo un fraude que le impide ser el Presidente legítimo de este país. Desde luego, aquellos que apoyan al candidato del PAN lo niegan, y buscan a como dé lugar procurar que el movimiento de resistencia civil se desgaste y se desprestigie. Los argumentos que más gustan de usar son que no hay pruebas del fraude y que López Obrador está enloqueciendo, pues no sabe ser perdedor, amén de muchos otros "argumentos" que más bien son insultos. Todos sabemos que cuando los argumentos están plagados de insultos es que faltan argumentos.
El problema que tenemos enfrente y que el tribunal electoral debería tomar en cuenta es cómo definimos el fraude. El diccionario tiene dos definiciones de fraude, una que dice así: "delito cometido por el encargado de vigilar la ejecución de (algo)", y el segundo que dice: "engaño que se hace para obtener una ventaja".
Los que alegan que no hubo fraude quieren que se les dé la fotografía del momento o acto en el cual se cometió el delito por parte del encargado de vigilar (aquí el IFE). Si no existe esa prueba contundente, entonces para ellos no hubo fraude y, por lo tanto, la elección fue limpia, aun cuando hubiera habido "algunas irregularidades". Lo que desde luego nunca van a admitir es el engaño de todo el aparato del Estado que les permitió obtener a la vista una ventaja. El fraude, pues, está en el proceso electoral. El diccionario señala que la palabra proceso significa "método seguido para alcanzar un fin". En este caso, el método que se siguió para imponer al candidato del PAN fue largo (duró más de dos años) y tuvo no sólo el apoyo de Los Pinos y su presupuesto, sino también el de los medios de comunicación y, a final de cuentas, del propio IFE, quien no hizo lo que debió hacer por ley, al no anular las campañas de odio y descalificación que se plasmaron a lo largo y ancho del país. El fraude, pues, estuvo en el método que se usó para alcanzar el fin de evitar que López Obrador llegara a la Presidencia. De eso existen innumerables evidencias.
En general, cualquier acto ilegal o inadecuado tiene consecuencias generalmente negativas hacia aquellos que las cometen, y luego afecta a terceros. El fraude, desde luego, tiene consecuencias, y ahora las estamos viendo. La primera y más grave es que la sociedad mexicana está ahora más dividida que nunca. Segundo, se está creando una crisis social de enormes dimensiones, y junto con esto una crisis política cuyos alcances aún desconocemos. Todo esto se gestó gracias a la enorme y lacerante incompetencia de Vicente Fox y su gabinete. No contento con haber aumentado los índices de pobreza, afectar a niveles preocupantes la educación pública, la ciencia, la tecnología y la cultura, haber provocado que México descendiera a los niveles históricos más bajos en competitividad, haber provocado que la economía mexicana dependiera cada vez más de las remesas de los migrantes por falta de empleos, haber impulsado la peor política exterior de la que se tenga memoria, siempre genuflexo ante Estados Unidos, utilizó el aparato del Estado para entrometerse en el proceso electoral, cuyo desenlace es que se generara una de las crisis políticas más graves en la historia reciente de este país. Desde luego que el fraude se dio, aun cuando no se tenga la fotografía del instante preciso en el que ocurrió.
Ese proceso, ese método que se usó para alcanzar la finalidad de no dejar que Andrés Manuel López Obrador llegase a la Presidencia, es la causa de la resistencia civil. Los insultos, las denostaciones y la manipulación mediática que se han desatado en contra del candidato de la coalición y de los que día a día están en la resistencia, no hacen más que agravar los conflictos entre mexicanos. Lo más sensato sería razonar, procurar entender las causas por lo que está generándose la resistencia civil, en lugar de señalar que el movimiento "me afecta a mí", "no me gusta", "se ve feo" y, peor aún, utilizar adjetivos derogatorios en contra de aquellos que defienden una causa. La pregunta que hay que hacerse es: "¿qué es peor, algunas semanas de incomodidades o seis años de un gobierno ilegítimo?", que si se da va a ser la herencia que nos va a dejar el Presidente más incompetente que ha tenido México en su historia.
El problema que tenemos enfrente y que el tribunal electoral debería tomar en cuenta es cómo definimos el fraude. El diccionario tiene dos definiciones de fraude, una que dice así: "delito cometido por el encargado de vigilar la ejecución de (algo)", y el segundo que dice: "engaño que se hace para obtener una ventaja".
Los que alegan que no hubo fraude quieren que se les dé la fotografía del momento o acto en el cual se cometió el delito por parte del encargado de vigilar (aquí el IFE). Si no existe esa prueba contundente, entonces para ellos no hubo fraude y, por lo tanto, la elección fue limpia, aun cuando hubiera habido "algunas irregularidades". Lo que desde luego nunca van a admitir es el engaño de todo el aparato del Estado que les permitió obtener a la vista una ventaja. El fraude, pues, está en el proceso electoral. El diccionario señala que la palabra proceso significa "método seguido para alcanzar un fin". En este caso, el método que se siguió para imponer al candidato del PAN fue largo (duró más de dos años) y tuvo no sólo el apoyo de Los Pinos y su presupuesto, sino también el de los medios de comunicación y, a final de cuentas, del propio IFE, quien no hizo lo que debió hacer por ley, al no anular las campañas de odio y descalificación que se plasmaron a lo largo y ancho del país. El fraude, pues, estuvo en el método que se usó para alcanzar el fin de evitar que López Obrador llegara a la Presidencia. De eso existen innumerables evidencias.
En general, cualquier acto ilegal o inadecuado tiene consecuencias generalmente negativas hacia aquellos que las cometen, y luego afecta a terceros. El fraude, desde luego, tiene consecuencias, y ahora las estamos viendo. La primera y más grave es que la sociedad mexicana está ahora más dividida que nunca. Segundo, se está creando una crisis social de enormes dimensiones, y junto con esto una crisis política cuyos alcances aún desconocemos. Todo esto se gestó gracias a la enorme y lacerante incompetencia de Vicente Fox y su gabinete. No contento con haber aumentado los índices de pobreza, afectar a niveles preocupantes la educación pública, la ciencia, la tecnología y la cultura, haber provocado que México descendiera a los niveles históricos más bajos en competitividad, haber provocado que la economía mexicana dependiera cada vez más de las remesas de los migrantes por falta de empleos, haber impulsado la peor política exterior de la que se tenga memoria, siempre genuflexo ante Estados Unidos, utilizó el aparato del Estado para entrometerse en el proceso electoral, cuyo desenlace es que se generara una de las crisis políticas más graves en la historia reciente de este país. Desde luego que el fraude se dio, aun cuando no se tenga la fotografía del instante preciso en el que ocurrió.
Ese proceso, ese método que se usó para alcanzar la finalidad de no dejar que Andrés Manuel López Obrador llegase a la Presidencia, es la causa de la resistencia civil. Los insultos, las denostaciones y la manipulación mediática que se han desatado en contra del candidato de la coalición y de los que día a día están en la resistencia, no hacen más que agravar los conflictos entre mexicanos. Lo más sensato sería razonar, procurar entender las causas por lo que está generándose la resistencia civil, en lugar de señalar que el movimiento "me afecta a mí", "no me gusta", "se ve feo" y, peor aún, utilizar adjetivos derogatorios en contra de aquellos que defienden una causa. La pregunta que hay que hacerse es: "¿qué es peor, algunas semanas de incomodidades o seis años de un gobierno ilegítimo?", que si se da va a ser la herencia que nos va a dejar el Presidente más incompetente que ha tenido México en su historia.
México, un país destrozado
Álvaro Delgado
Proceso
México, D.F., 4 de septiembre (apro).- No hay que engañarse ni pretender hacer de la Constitución un manual de buenos modales: México se encuentra en una severa crisis política que avanza aceleradamente hacia una constitucional y, de no conjurarse, degenerará en violencia.
Lo ocurrido el viernes, en la sesión de Congreso General, es una pálida manifestación de esta profunda crisis que se viene gestando por años y que, por una parte, puso fin a un rito más monárquico que republicano y, por la otra, catalizó la descomposición que ya alcanza al tejido social.
Cuando además de una muralla de acero, custodiada en miles por tropas del Ejército y de las policías, se dispone de francotiradores decididos a liquidar a quienes se identifica como enemigos, una especie de invasores, ya no cabe la racionalidad.
Desde el poder formal es nítida la disposición a matar y a justificar las muertes que sean necesarias. De otro modo no se explica para qué fueron emplazados un número amplio de soldados, provistos de fuerte armamento equipado con mira telescópica, en las azoteas de edificios que se levantan frente a la Cámara de Diputados.
Si este 1 de septiembre las bancadas perredista y petista dieron sustento a la toma de tribuna --que hizo a Vicente Fox refugiarse otra vez en la cadena nacional de radio y televisión-- en la suspensión “de facto” de garantías constitucionales en esa zona de la ciudad, para el 1 de diciembre, en la siguiente sesión de Congreso General, es previsible que ese argumento sea absolutamente desconocido por quien, alegando también validez constitucional, asuma la jefatura del Ejecutivo, Felipe Calderón.
Ya lo anticiparon, primero Fox mediante su vocero, Rubén Aguilar, también Calderón a través de su allegado Germán Martínez, y el propio presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Zermeño, quien deberá publicar el bando respectivo: Que no quepa duda, habrá traspaso en la titularidad del Poder Ejecutivo. Y será, advierten, “a como dé lugar”.
El sustento de tal acción, normal en circunstancias rutinarias, es la declaración de validez de las elecciones presidenciales y el cómputo final que acredita la mayoría de votos para Calderón, pero las abundantes pruebas de ilegalidades en el proceso electoral, las anómalas conductas del Instituto Federal Electoral (IFE) y la opacidad, por decir lo menos, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), alientan la idea de que se ungirá a un presidente espurio.
Sé que, como en otras ocasiones, habrá quien me replique con el argumento de que “la ley es la ley” y que la decisión del TEPJF hace de Calderón un sucesor de Fox legítimo, y que esto debe ser acatado por quienes se sienten ultrajados por las conductas parciales de las autoridades que han quedado impunes.
Sé que quien viola o desacata una ley debe ser castigado y que un principio de derecho es que la ignorancia de la ley no disculpa su acatamiento, pero no nos engañemos: En un país en que la autoridad encargada de aplicar la ley es la primera que la viola, en una descarada simulación, muchos no tienen nada que perder, aun a contrapelo de sus dirigentes.
La Constitución ordena, en su artículo 87, que el 1 de diciembre el nuevo presidente de la República tome posesión, en sesión solemne de Congreso General, pero también es probable que no lo haga, y entonces detonará la crisis constitucional que sumará a la política y a la social.
¿Jorge Zermeño ordenará que otros 8 mil o más soldados y policías suspendan otra vez las garantías constitucionales en un sector amplio de la ciudad, incluyendo a francotiradores frente a la Cámara de Diputados dispuestos a disparar? ¿Habrá de introducir al recinto parlamentario también a las tropas para que sometan a los legisladores de oposición? ¿O serán los propios legisladores panistas los que sometan a sus pares? ¿Procederán a desaforar a todos los que se opongan y, de proceder, serán encarcelados?
Y fuera del recinto, llegado el caso, ¿se contendrá una multitud y se ordenará al Ejército disparar contra ellos o sus dirigentes? ¿O se tomarán presos y se hincharán las cárceles para tantos miles? Sin duda esto es posible y quienes hablan de legalidad a secas es lo que están proponiendo.
¿Esto resolverá el problema? No. Los mexicanos tenemos un problema serio y no basta con invocar la ley a secas. Así, como han sucedido las cosas, no. Esto sólo aceleraría una confrontación entre mexicanos, como ha ocurrido en otras etapas de la nación. Y eso lo sabe, sobre todo, Felipe Calderón. Habrá que ver si está dispuesto a pagar los costos.
Dice el cardenal Norberto Rivera Carrera, y dice bien, que los auténticos católicos --y quienes son hombres de fe, digo yo-- no promueven el odio y la violencia: “Nadie que se declare católico puede actuar movido por el odio; a nadie le es lícito ofender, amenazar, intimidar, golpear o, peor aún, asesinar en nombre de Dios.” Ojalá el jerarca de la iglesia mayoritaria sea atendido, “sin reservas de ninguna especie”, por los juramentados de El Yunque y, claro, de los Tecos.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
Lo ocurrido el viernes, en la sesión de Congreso General, es una pálida manifestación de esta profunda crisis que se viene gestando por años y que, por una parte, puso fin a un rito más monárquico que republicano y, por la otra, catalizó la descomposición que ya alcanza al tejido social.
Cuando además de una muralla de acero, custodiada en miles por tropas del Ejército y de las policías, se dispone de francotiradores decididos a liquidar a quienes se identifica como enemigos, una especie de invasores, ya no cabe la racionalidad.
Desde el poder formal es nítida la disposición a matar y a justificar las muertes que sean necesarias. De otro modo no se explica para qué fueron emplazados un número amplio de soldados, provistos de fuerte armamento equipado con mira telescópica, en las azoteas de edificios que se levantan frente a la Cámara de Diputados.
Si este 1 de septiembre las bancadas perredista y petista dieron sustento a la toma de tribuna --que hizo a Vicente Fox refugiarse otra vez en la cadena nacional de radio y televisión-- en la suspensión “de facto” de garantías constitucionales en esa zona de la ciudad, para el 1 de diciembre, en la siguiente sesión de Congreso General, es previsible que ese argumento sea absolutamente desconocido por quien, alegando también validez constitucional, asuma la jefatura del Ejecutivo, Felipe Calderón.
Ya lo anticiparon, primero Fox mediante su vocero, Rubén Aguilar, también Calderón a través de su allegado Germán Martínez, y el propio presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Zermeño, quien deberá publicar el bando respectivo: Que no quepa duda, habrá traspaso en la titularidad del Poder Ejecutivo. Y será, advierten, “a como dé lugar”.
El sustento de tal acción, normal en circunstancias rutinarias, es la declaración de validez de las elecciones presidenciales y el cómputo final que acredita la mayoría de votos para Calderón, pero las abundantes pruebas de ilegalidades en el proceso electoral, las anómalas conductas del Instituto Federal Electoral (IFE) y la opacidad, por decir lo menos, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), alientan la idea de que se ungirá a un presidente espurio.
Sé que, como en otras ocasiones, habrá quien me replique con el argumento de que “la ley es la ley” y que la decisión del TEPJF hace de Calderón un sucesor de Fox legítimo, y que esto debe ser acatado por quienes se sienten ultrajados por las conductas parciales de las autoridades que han quedado impunes.
Sé que quien viola o desacata una ley debe ser castigado y que un principio de derecho es que la ignorancia de la ley no disculpa su acatamiento, pero no nos engañemos: En un país en que la autoridad encargada de aplicar la ley es la primera que la viola, en una descarada simulación, muchos no tienen nada que perder, aun a contrapelo de sus dirigentes.
La Constitución ordena, en su artículo 87, que el 1 de diciembre el nuevo presidente de la República tome posesión, en sesión solemne de Congreso General, pero también es probable que no lo haga, y entonces detonará la crisis constitucional que sumará a la política y a la social.
¿Jorge Zermeño ordenará que otros 8 mil o más soldados y policías suspendan otra vez las garantías constitucionales en un sector amplio de la ciudad, incluyendo a francotiradores frente a la Cámara de Diputados dispuestos a disparar? ¿Habrá de introducir al recinto parlamentario también a las tropas para que sometan a los legisladores de oposición? ¿O serán los propios legisladores panistas los que sometan a sus pares? ¿Procederán a desaforar a todos los que se opongan y, de proceder, serán encarcelados?
Y fuera del recinto, llegado el caso, ¿se contendrá una multitud y se ordenará al Ejército disparar contra ellos o sus dirigentes? ¿O se tomarán presos y se hincharán las cárceles para tantos miles? Sin duda esto es posible y quienes hablan de legalidad a secas es lo que están proponiendo.
¿Esto resolverá el problema? No. Los mexicanos tenemos un problema serio y no basta con invocar la ley a secas. Así, como han sucedido las cosas, no. Esto sólo aceleraría una confrontación entre mexicanos, como ha ocurrido en otras etapas de la nación. Y eso lo sabe, sobre todo, Felipe Calderón. Habrá que ver si está dispuesto a pagar los costos.
Dice el cardenal Norberto Rivera Carrera, y dice bien, que los auténticos católicos --y quienes son hombres de fe, digo yo-- no promueven el odio y la violencia: “Nadie que se declare católico puede actuar movido por el odio; a nadie le es lícito ofender, amenazar, intimidar, golpear o, peor aún, asesinar en nombre de Dios.” Ojalá el jerarca de la iglesia mayoritaria sea atendido, “sin reservas de ninguna especie”, por los juramentados de El Yunque y, claro, de los Tecos.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
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