Pese a la intervención de la PFP y el Ejército, e incluso a causa de ella, el conflicto de Oaxaca sigue acumulando muertes y violaciones a los derechos humanos. Entrampados en lo político, los gobiernos estatal y federal pregonan como un éxito las ríspidas negociaciones con la APPO, mientras que en los hechos aplican contra el movimiento social medidas de contrainsurgencia e intimidación propias de la guerra sucia de los setenta y de las dictaduras militares.
OAXACA, OAX.- Durante el conflicto en esta entidad, que ya cumplió seis meses, 17 personas han muerto en refriegas entre los seguidores de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y los policías estatales y federales.
Así mismo, otras 34 personas han sido reportadas como desaparecidas y los detenidos suman alrededor de 115, de los cuales 13 siguen presos bajo los cargos de rebelión, conspiración y sedición. Son “terroristas”, sostiene el gobierno estatal.
Incluso, en el marco del aniversario 96 de la Revolución Mexicana la Policía Federal Preventiva detuvo –y luego entregó a la policía estatal– a nueve personas, entre las que destaca el diputado federal perredista suplente César Vargas Martínez, quien atestiguó que fue torturado para que declarara si el senador de Convergencia Gabino Cué u otros perredistas están financiando al movimiento de la APPO.
También fueron aprehendidos Flavio Juárez Hernández, Luis Alberto Angulo Hernández, Antonio Martínez Ruiz, Pedro Garrido Pérez y Eluid Amni Martínez Sánchez. Permanecen en el penal femenil de Tlacolula.
En tanto, Pedro César Cornejo Ramos y Ricardo Osorio Bolaños están a disposición de la Mesa 2 con detenidos de la Procuraduría General de Justicia del Estado por los delitos de daños, resistencia de particulares, lesiones y robo específico. Todos presentan claras muestras de tortura y se les ha negado la atención médica, denunció la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedh).
Miembros de la APPO han recibido amenazas de muerte o han sido testigos de los allanamientos a los domicilios de sus compañeros sin orden judicial. Pero en entrevista con la cadena televisiva estadunidense CNN, el lunes 6 el gobernador Ulises Ruiz declaró: “Ahí están los órganos de procuración de justicia, la Procuraduría General de la República, para que hagan las investigaciones, no depende de mí sino del gobierno federal. De ninguna manera mi gobierno tiene que ver con desapariciones… (se) tienen que documentar y dar los nombres para empezar una posible investigación”.
La procuradora general de Justicia de Oaxaca, Lizbeth Caña Cadeza, se expresa de manera similar y agrega que se han abierto 240 averiguaciones previas en contra de integrantes de la APPO, acusados de cometer actos de “terrorismo”.
Sin embargo, el pintor Francisco Toledo dio a conocer el miércoles 3 una lista de 61 desaparecidos, que envió posteriormente a los gobiernos federal y estatal. Cuatro días después, Amnistía Internacional manifestó en un comunicado su preocupación por el destino de las personas detenidas y desparecidas en Oaxaca desde el 29 de octubre pasado.
Los halcones de Ulises
La rebelión ha sido reprimida por un grupo al que ya se le conoce como “Los halcones de Ulises”. Florentino López Martínez, miembro de la comisión de prensa de la APPO, culpa de ello a Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, secretario de Gobierno, y Lino Celaya, secretario de Protección Ciudadana:
Asegura que “Heliodoro tiene el control del aparato represivo, y en coordinación con Lino Celaya están actuando de manera dura. Además tienen un aparato de espionaje y de inteligencia que han implementado en contra de nosotros. Todo esto bajo la supervisión y autorización de Ulises Ruiz”.
Heliodoro Díaz Escárraga fue diputado federal y presidente de la Cámara de Diputados en el segundo semestre de 2005. Desde que llegó al cargo de secretario de gobierno, el pasado 10 de julio, se han documentado 34 desapariciones y 104 detenciones, además de 15 muertos. El pasado al que se refiere Florentino López consiste en que fue delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el Estado de México, Morelos e Hidalgo.
Además, en la administración de José Murat, Díaz fungió como secretario de Protección Ciudadana y secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (1999-2003). Se le acusó entonces de pretender instalar en el norte de la ciudad de Oaxaca un centro de espionaje, mismo que se canceló ante las protestas de los vecinos.
Otro integrante del núcleo duro de Ruiz es Jorge Franco Vargas, exsecretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y del PRI estatal, así como exsecretario de Gobierno del estado. Fue el operador político de Roberto Madrazo en Oaxaca y se le responsabiliza de promover la invasión a las bodegas del periódico Noticias, lo mismo que de ordenar el 14 de junio el desalojo del plantón de maestros que originó la conformación de la APPO.
Florentino López dice que al tergiversar las causas de la muerte del periodista estadunidense Bradley Roland William, los “halcones” prueban una nueva estrategia de “contrainsurgencia” hacia la APPO, pues al acusar a esta organización de haberle disparado “se está creando una cortina de humo para desviar la atención de los desaparecidos y opacar los preparativos de una nueva embestida”.
Testimonios
La maestra María del Carmen López, integrante de la dirigencia de la APPO, relata que las últimas semanas ha recibido amenazas de muerte que atribuye a “escuadrones de la muerte” con los que el gobierno de Ruiz trata de intimidar a los líderes del movimiento.
“Están creando un ambiente propicio para la represión. Tememos desapariciones, ejecuciones extraoficiales, y no sólo a nosotros sino a nuestras familias, es parte del Plan Hierro”, dice en entrevista.
Bulmaro Martínez Hernández, maestro de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fue detenido el jueves 2 al mediodía, en las inmediaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, durante el enfrentamiento entre la Policía Federal Preventiva (PFP) y la APPO. Estuvo preso una semana.
“Cuatro agentes de la Policía Federal Preventiva me subieron en una camioneta tipo Van, junto con otras personas. Me amarraron las manos con un plástico”, cuenta, y enseña sus muñecas.
Continúa: “En la base militar nos tuvieron todo el día bajo el sol y nos hicieron las pruebas de radizonato y de orina para comprobar si habíamos disparado o consumido drogas. Más tarde nos pusieron bocabajo, pero nos dejaron flejados de las manos. Los policías federales nos agredían: ‘Órale cabrones, no que muy appos’. Ya en la noche nos sometieron a un simulacro de revisión médica. Luego nos flejaron otra vez las manos y nos metieron a una carpa, donde nos comenzaron a golpear. A mí me patearon porque me confundieron con un hermano de Flavio Sosa.
“En el transcurso de la noche, dos o tres veces me pusieron bocabajo y, mientras me aplastaban con sus botas, me apuntaban con sus armas a la cabeza y cortaban cartucho. Al día siguiente por la tarde nos trasladaron al aeropuerto, pero como no veíamos, nos decían: ‘A ver, súbanlos (al helicóptero), ya saben qué hacer’. Al segundo día, por la mañana, insistían: ‘Ya súbanlos y directo al mar’”.
–¿Cuántos eran los que estaban detenidos? –se le pregunta al profesor Bulmaro Martínez.
–No sé exactamente, la policía hablaba de 38, pero al penal de Cuicatlán sólo llegamos 32. No sabemos si los otros están desaparecidos.
En Cuicatlán él y sus compañeros fueron tratados como “reos de alta peligrosidad”. Finalmente, “el domingo les exigimos a los custodios del penal que nos dejaran reunirnos, para identificarnos. Y nos dimos cuenta de que había albañiles, meseros, chavos banda, choferes, profesores, una muchacha de la UNAM, tres priistas y tres menores de edad. A la mayoría se nos trató igual: fuimos sometidos a interrogatorios en los que nos acusaban de pertenecer a la APPO. ‘Eres de la APPO, cabrón. Ya caíste, así que te chingas’”.
Ejecuciones y allanamientos
Otro caso es el del pintor Alejandro García Hernández, quien fue ejecutado por un militar la madrugada del 14 de octubre en la barricada de Símbolos Patrios. La viuda, Carmelita, cuenta que sus vecinos sí eran simpatizantes de la APPO, pero ella y su familia sólo les llevaban café por las noches.
“Ya les habíamos dejado el café, cuando de repente escuchamos el sonido de una ambulancia. ‘Voy a abrirle paso para que pase’, me dijo mi esposo, y se fue a ayudarles a las mujeres que cuidaban la barricada. Yo me quedé esperando. Cuando iba llegando a la primera barricada, se escucharon los balazos, unos ocho o diez balazos y gritos de ‘¡Arriba Ulises!’.
“Cuando iba a ver lo que sucedía pasó una camioneta a toda velocidad. Seguían disparando. Eran cuatro, dos de ellos sacaron las pistolas por las ventanas. Cuando vi a mi esposo, ya estaba tirado, ahogándose con su sangre. Ya le habían dado los balazos en la frente”.
Por esta ejecución fue detenido Johnatan Ríos Vázquez, soldado de 22 años perteneciente a la octava Región Militar, con sede en Ixcotel, quien se encuentra en el penal de Tlacolula por homicidio y lesiones calificadas. Sin embargo, la viuda no tiene noticias del caso, y mientras tanto espera una indemnización del Ejército.
En otro caso, René Trujillo, integrante del sector juvenil y estudiantil de la APPO, y locutor de Radio Universidad, fue detenido el martes 6 en su propia casa por policías vestidos de civil, sin ninguna orden judicial, junto con sus compañeros Mauricio Marmolejo y Benito Pereda.
“Eran nueve tipos armados que nos persiguieron hasta nuestro domicilio y nos sacaron violentamente. A mí me golpearon con la cachas de las pistolas. Fuimos detenidos y sobajados. No traían carro, así que agarraron uno de alquiler, amenazaron al chofer y nos subieron. Nos cubrieron la cara y nos gritaban que no los viéramos.
“Por lo que escuchamos, nos llevaban al aeropuerto. En el camino se comunicaron con alguien al que le decían El Perro para confirmar que ya llevaban a un tal René, o sea que a mí. Fuimos trasladados a otro lugar, nos sacaron nuestras identificaciones y dijeron que yo iba a pagar las consecuencias por estar en la radio. Ahí un comandante nos interrogó sobre lo que hacíamos en la radio, si estábamos de revoltosos y por qué quemábamos los camiones.
“En una casa de seguridad nos golpearon más, nos pusieron una bolsa de nylon y nos preguntaban por algunos compañeros, en específico sobre compañeros del movimiento estudiantil y los de radio. Me ataron de las manos hacia atrás, me golpearon con trapos húmedos y me asfixiaban con la bolsa. Luego nos dieron toques eléctricos en los pies y en el pecho. Nos metieron a una bodega de uno por uno y nos obligaron a firmar un documento afirmando que éramos miembros de la APPO. También nos picaron debajo de las uñas”.
Como en los setenta
Yésica Sánchez, presidenta de la Limedh, sostiene que estas acciones no se habían visto recientemente en Oaxaca y son similares a las que se aplicaban contra la guerrilla en los años setenta. Agrega que la actuación de los cuerpos armados como la PFP, la Sedena y la PGR hace evidente la falta del estado de derecho y la ingobernabilidad.
“La incursión de las fuerzas federales se ha hecho bajo la lógica de imponer el orden y la paz social, pero lo que estamos viendo son enfrentamientos, sobrevuelos, allanamientos de domicilio, detenciones arbitrarias, extrajudiciales y selectivas. También estamos viendo violaciones a los procesos legales, ataques a los defensores de los derechos humanos y obstaculizaciones a nuestro trabajo eficiente en el interior de los penales”.
Sánchez denuncia la existencia de una fiscalía móvil que pusieron en marcha el gobernador y la procuraduría estatal, pero que es violatoria de los derechos humanos porque nadie sabe donde está y, en consecuencia, anula toda posibilidad para la defensa. “La hemos buscado en distintas instalaciones y nadie sabe nada, nos dicen que por cuestiones de seguridad no pueden proporcionar su ubicación ni su teléfono, ni quién es el titular”, explica.
Si a esto le sumamos el proceso de tortura, las presiones para vincular a los detenidos con la APPO, “vemos que hay un patrón que ya es viejo, que evidencia una persecución por ideología política o por simpatía política”. Y con ello el Estado mexicano, “lejos de contribuir a la defensa de los derechos humanos y de llevar a Oaxaca a un proceso de transformación profunda, democrática y participativa, lo está orillando a un proceso de violencia y de represión”.
–¿Hay una participación militar?
–Estamos viendo la participación de todos los cuerpos de seguridad del Estado mexicano. Por los testimonios hemos sabido que también está participando la AFI en los operativos. Nos preocupa la complicidad de la Sedena, es muy grave. Fuimos a la 28 Zona Militar, donde nos entrevistamos con el coronel Sosa. Nos dijo que ellos no iban a involucrarse porque era un conflicto de carácter político. Pero este discurso se cae cuando tenemos testimonios de que la gente está siendo detenida y trasladada a la base área militar. Es evidente que hay una participación de la Sedena, de complicidad en este proceso de violaciones a los derechos humanos y de criminalización de la protesta social.
Las denuncias públicas sobre las violaciones a derechos humanos que ha documentado la Limedh desde que la PFP entró en la entidad el pasado 29 de octubre, fueron retomadas por Amnistía Internacional (AI). El miércoles 22, la organización dio a conocer un informe preliminar en el cual señala que la situación de los derechos humanos en Oaxaca es similar al que documentó en San Salvador Atenco.
El investigador del Programa Regional para América de AI, Rupert Knox, y la representante en España, María Naredo, sustentaron su afirmación en las detenciones ilegales cometidas por la policía estatal en coordinación con la PFP.
También, con base en testimonios de detenidos, confirmaron que la policía y el Ministerio Público han operado de manera irregular para favorecer al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. “Lo que hemos visto es una pasividad por parte de las instancias del estado para investigar los hechos”, dijo Knox. En este sentido, AI recomendó al gobierno oaxaqueño someter a una revisión de organismos extranjeros sus investigaciones sobre el asesinato de Bradley Ronald William.
OAXACA, OAX.- Durante el conflicto en esta entidad, que ya cumplió seis meses, 17 personas han muerto en refriegas entre los seguidores de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y los policías estatales y federales.
Así mismo, otras 34 personas han sido reportadas como desaparecidas y los detenidos suman alrededor de 115, de los cuales 13 siguen presos bajo los cargos de rebelión, conspiración y sedición. Son “terroristas”, sostiene el gobierno estatal.
Incluso, en el marco del aniversario 96 de la Revolución Mexicana la Policía Federal Preventiva detuvo –y luego entregó a la policía estatal– a nueve personas, entre las que destaca el diputado federal perredista suplente César Vargas Martínez, quien atestiguó que fue torturado para que declarara si el senador de Convergencia Gabino Cué u otros perredistas están financiando al movimiento de la APPO.
También fueron aprehendidos Flavio Juárez Hernández, Luis Alberto Angulo Hernández, Antonio Martínez Ruiz, Pedro Garrido Pérez y Eluid Amni Martínez Sánchez. Permanecen en el penal femenil de Tlacolula.
En tanto, Pedro César Cornejo Ramos y Ricardo Osorio Bolaños están a disposición de la Mesa 2 con detenidos de la Procuraduría General de Justicia del Estado por los delitos de daños, resistencia de particulares, lesiones y robo específico. Todos presentan claras muestras de tortura y se les ha negado la atención médica, denunció la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedh).
Miembros de la APPO han recibido amenazas de muerte o han sido testigos de los allanamientos a los domicilios de sus compañeros sin orden judicial. Pero en entrevista con la cadena televisiva estadunidense CNN, el lunes 6 el gobernador Ulises Ruiz declaró: “Ahí están los órganos de procuración de justicia, la Procuraduría General de la República, para que hagan las investigaciones, no depende de mí sino del gobierno federal. De ninguna manera mi gobierno tiene que ver con desapariciones… (se) tienen que documentar y dar los nombres para empezar una posible investigación”.
La procuradora general de Justicia de Oaxaca, Lizbeth Caña Cadeza, se expresa de manera similar y agrega que se han abierto 240 averiguaciones previas en contra de integrantes de la APPO, acusados de cometer actos de “terrorismo”.
Sin embargo, el pintor Francisco Toledo dio a conocer el miércoles 3 una lista de 61 desaparecidos, que envió posteriormente a los gobiernos federal y estatal. Cuatro días después, Amnistía Internacional manifestó en un comunicado su preocupación por el destino de las personas detenidas y desparecidas en Oaxaca desde el 29 de octubre pasado.
Los halcones de Ulises
La rebelión ha sido reprimida por un grupo al que ya se le conoce como “Los halcones de Ulises”. Florentino López Martínez, miembro de la comisión de prensa de la APPO, culpa de ello a Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, secretario de Gobierno, y Lino Celaya, secretario de Protección Ciudadana:
Asegura que “Heliodoro tiene el control del aparato represivo, y en coordinación con Lino Celaya están actuando de manera dura. Además tienen un aparato de espionaje y de inteligencia que han implementado en contra de nosotros. Todo esto bajo la supervisión y autorización de Ulises Ruiz”.
Heliodoro Díaz Escárraga fue diputado federal y presidente de la Cámara de Diputados en el segundo semestre de 2005. Desde que llegó al cargo de secretario de gobierno, el pasado 10 de julio, se han documentado 34 desapariciones y 104 detenciones, además de 15 muertos. El pasado al que se refiere Florentino López consiste en que fue delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el Estado de México, Morelos e Hidalgo.
Además, en la administración de José Murat, Díaz fungió como secretario de Protección Ciudadana y secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (1999-2003). Se le acusó entonces de pretender instalar en el norte de la ciudad de Oaxaca un centro de espionaje, mismo que se canceló ante las protestas de los vecinos.
Otro integrante del núcleo duro de Ruiz es Jorge Franco Vargas, exsecretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y del PRI estatal, así como exsecretario de Gobierno del estado. Fue el operador político de Roberto Madrazo en Oaxaca y se le responsabiliza de promover la invasión a las bodegas del periódico Noticias, lo mismo que de ordenar el 14 de junio el desalojo del plantón de maestros que originó la conformación de la APPO.
Florentino López dice que al tergiversar las causas de la muerte del periodista estadunidense Bradley Roland William, los “halcones” prueban una nueva estrategia de “contrainsurgencia” hacia la APPO, pues al acusar a esta organización de haberle disparado “se está creando una cortina de humo para desviar la atención de los desaparecidos y opacar los preparativos de una nueva embestida”.
Testimonios
La maestra María del Carmen López, integrante de la dirigencia de la APPO, relata que las últimas semanas ha recibido amenazas de muerte que atribuye a “escuadrones de la muerte” con los que el gobierno de Ruiz trata de intimidar a los líderes del movimiento.
“Están creando un ambiente propicio para la represión. Tememos desapariciones, ejecuciones extraoficiales, y no sólo a nosotros sino a nuestras familias, es parte del Plan Hierro”, dice en entrevista.
Bulmaro Martínez Hernández, maestro de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fue detenido el jueves 2 al mediodía, en las inmediaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, durante el enfrentamiento entre la Policía Federal Preventiva (PFP) y la APPO. Estuvo preso una semana.
“Cuatro agentes de la Policía Federal Preventiva me subieron en una camioneta tipo Van, junto con otras personas. Me amarraron las manos con un plástico”, cuenta, y enseña sus muñecas.
Continúa: “En la base militar nos tuvieron todo el día bajo el sol y nos hicieron las pruebas de radizonato y de orina para comprobar si habíamos disparado o consumido drogas. Más tarde nos pusieron bocabajo, pero nos dejaron flejados de las manos. Los policías federales nos agredían: ‘Órale cabrones, no que muy appos’. Ya en la noche nos sometieron a un simulacro de revisión médica. Luego nos flejaron otra vez las manos y nos metieron a una carpa, donde nos comenzaron a golpear. A mí me patearon porque me confundieron con un hermano de Flavio Sosa.
“En el transcurso de la noche, dos o tres veces me pusieron bocabajo y, mientras me aplastaban con sus botas, me apuntaban con sus armas a la cabeza y cortaban cartucho. Al día siguiente por la tarde nos trasladaron al aeropuerto, pero como no veíamos, nos decían: ‘A ver, súbanlos (al helicóptero), ya saben qué hacer’. Al segundo día, por la mañana, insistían: ‘Ya súbanlos y directo al mar’”.
–¿Cuántos eran los que estaban detenidos? –se le pregunta al profesor Bulmaro Martínez.
–No sé exactamente, la policía hablaba de 38, pero al penal de Cuicatlán sólo llegamos 32. No sabemos si los otros están desaparecidos.
En Cuicatlán él y sus compañeros fueron tratados como “reos de alta peligrosidad”. Finalmente, “el domingo les exigimos a los custodios del penal que nos dejaran reunirnos, para identificarnos. Y nos dimos cuenta de que había albañiles, meseros, chavos banda, choferes, profesores, una muchacha de la UNAM, tres priistas y tres menores de edad. A la mayoría se nos trató igual: fuimos sometidos a interrogatorios en los que nos acusaban de pertenecer a la APPO. ‘Eres de la APPO, cabrón. Ya caíste, así que te chingas’”.
Ejecuciones y allanamientos
Otro caso es el del pintor Alejandro García Hernández, quien fue ejecutado por un militar la madrugada del 14 de octubre en la barricada de Símbolos Patrios. La viuda, Carmelita, cuenta que sus vecinos sí eran simpatizantes de la APPO, pero ella y su familia sólo les llevaban café por las noches.
“Ya les habíamos dejado el café, cuando de repente escuchamos el sonido de una ambulancia. ‘Voy a abrirle paso para que pase’, me dijo mi esposo, y se fue a ayudarles a las mujeres que cuidaban la barricada. Yo me quedé esperando. Cuando iba llegando a la primera barricada, se escucharon los balazos, unos ocho o diez balazos y gritos de ‘¡Arriba Ulises!’.
“Cuando iba a ver lo que sucedía pasó una camioneta a toda velocidad. Seguían disparando. Eran cuatro, dos de ellos sacaron las pistolas por las ventanas. Cuando vi a mi esposo, ya estaba tirado, ahogándose con su sangre. Ya le habían dado los balazos en la frente”.
Por esta ejecución fue detenido Johnatan Ríos Vázquez, soldado de 22 años perteneciente a la octava Región Militar, con sede en Ixcotel, quien se encuentra en el penal de Tlacolula por homicidio y lesiones calificadas. Sin embargo, la viuda no tiene noticias del caso, y mientras tanto espera una indemnización del Ejército.
En otro caso, René Trujillo, integrante del sector juvenil y estudiantil de la APPO, y locutor de Radio Universidad, fue detenido el martes 6 en su propia casa por policías vestidos de civil, sin ninguna orden judicial, junto con sus compañeros Mauricio Marmolejo y Benito Pereda.
“Eran nueve tipos armados que nos persiguieron hasta nuestro domicilio y nos sacaron violentamente. A mí me golpearon con la cachas de las pistolas. Fuimos detenidos y sobajados. No traían carro, así que agarraron uno de alquiler, amenazaron al chofer y nos subieron. Nos cubrieron la cara y nos gritaban que no los viéramos.
“Por lo que escuchamos, nos llevaban al aeropuerto. En el camino se comunicaron con alguien al que le decían El Perro para confirmar que ya llevaban a un tal René, o sea que a mí. Fuimos trasladados a otro lugar, nos sacaron nuestras identificaciones y dijeron que yo iba a pagar las consecuencias por estar en la radio. Ahí un comandante nos interrogó sobre lo que hacíamos en la radio, si estábamos de revoltosos y por qué quemábamos los camiones.
“En una casa de seguridad nos golpearon más, nos pusieron una bolsa de nylon y nos preguntaban por algunos compañeros, en específico sobre compañeros del movimiento estudiantil y los de radio. Me ataron de las manos hacia atrás, me golpearon con trapos húmedos y me asfixiaban con la bolsa. Luego nos dieron toques eléctricos en los pies y en el pecho. Nos metieron a una bodega de uno por uno y nos obligaron a firmar un documento afirmando que éramos miembros de la APPO. También nos picaron debajo de las uñas”.
Como en los setenta
Yésica Sánchez, presidenta de la Limedh, sostiene que estas acciones no se habían visto recientemente en Oaxaca y son similares a las que se aplicaban contra la guerrilla en los años setenta. Agrega que la actuación de los cuerpos armados como la PFP, la Sedena y la PGR hace evidente la falta del estado de derecho y la ingobernabilidad.
“La incursión de las fuerzas federales se ha hecho bajo la lógica de imponer el orden y la paz social, pero lo que estamos viendo son enfrentamientos, sobrevuelos, allanamientos de domicilio, detenciones arbitrarias, extrajudiciales y selectivas. También estamos viendo violaciones a los procesos legales, ataques a los defensores de los derechos humanos y obstaculizaciones a nuestro trabajo eficiente en el interior de los penales”.
Sánchez denuncia la existencia de una fiscalía móvil que pusieron en marcha el gobernador y la procuraduría estatal, pero que es violatoria de los derechos humanos porque nadie sabe donde está y, en consecuencia, anula toda posibilidad para la defensa. “La hemos buscado en distintas instalaciones y nadie sabe nada, nos dicen que por cuestiones de seguridad no pueden proporcionar su ubicación ni su teléfono, ni quién es el titular”, explica.
Si a esto le sumamos el proceso de tortura, las presiones para vincular a los detenidos con la APPO, “vemos que hay un patrón que ya es viejo, que evidencia una persecución por ideología política o por simpatía política”. Y con ello el Estado mexicano, “lejos de contribuir a la defensa de los derechos humanos y de llevar a Oaxaca a un proceso de transformación profunda, democrática y participativa, lo está orillando a un proceso de violencia y de represión”.
–¿Hay una participación militar?
–Estamos viendo la participación de todos los cuerpos de seguridad del Estado mexicano. Por los testimonios hemos sabido que también está participando la AFI en los operativos. Nos preocupa la complicidad de la Sedena, es muy grave. Fuimos a la 28 Zona Militar, donde nos entrevistamos con el coronel Sosa. Nos dijo que ellos no iban a involucrarse porque era un conflicto de carácter político. Pero este discurso se cae cuando tenemos testimonios de que la gente está siendo detenida y trasladada a la base área militar. Es evidente que hay una participación de la Sedena, de complicidad en este proceso de violaciones a los derechos humanos y de criminalización de la protesta social.
Las denuncias públicas sobre las violaciones a derechos humanos que ha documentado la Limedh desde que la PFP entró en la entidad el pasado 29 de octubre, fueron retomadas por Amnistía Internacional (AI). El miércoles 22, la organización dio a conocer un informe preliminar en el cual señala que la situación de los derechos humanos en Oaxaca es similar al que documentó en San Salvador Atenco.
El investigador del Programa Regional para América de AI, Rupert Knox, y la representante en España, María Naredo, sustentaron su afirmación en las detenciones ilegales cometidas por la policía estatal en coordinación con la PFP.
También, con base en testimonios de detenidos, confirmaron que la policía y el Ministerio Público han operado de manera irregular para favorecer al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. “Lo que hemos visto es una pasividad por parte de las instancias del estado para investigar los hechos”, dijo Knox. En este sentido, AI recomendó al gobierno oaxaqueño someter a una revisión de organismos extranjeros sus investigaciones sobre el asesinato de Bradley Ronald William.
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