Ayer, la Auditoría Superior de la Federación, a cargo de Arturo González de Aragón, entregó a la Cámara de Diputados el análisis de la cuenta pública del año antepasado, en el cual resaltan inconsistencias en el gasto gubernamental por más de 26 mil millones de pesos. El titular de la instancia fiscalizadora destacó que el total de esa suma no necesariamente corresponde a daños patrimoniales al erario o a procesos que den lugar al establecimiento de responsabilidades administrativas. En otros términos, no se sabe, hasta ahora, qué porción de ese dinero corresponde a meros errores administrativos o documentales, y cuánto fue desviado o, para decirlo sin eufemismos, robado. Las entidades en las que se reportan las irregularidades deberán entregar, en un lapso de 45 días hábiles, las aclaraciones y los documentos que permitan el deslinde.
Sin embargo, puede afirmarse desde ahora que un faltante de ese tamaño prueba el desorden y la irregularidad administrativa que imperaron en buena parte de las oficinas públicas durante el foxismo, por más que el informe mencionado se limite a 2005, y de aquí a dos meses la opinión pública podrá hacerse una idea del monto del perjuicio causado en ese año a las arcas nacionales por los funcionarios del pasado gobierno.
Sin embargo, puede afirmarse desde ahora que un faltante de ese tamaño prueba el desorden y la irregularidad administrativa que imperaron en buena parte de las oficinas públicas durante el foxismo, por más que el informe mencionado se limite a 2005, y de aquí a dos meses la opinión pública podrá hacerse una idea del monto del perjuicio causado en ese año a las arcas nacionales por los funcionarios del pasado gobierno.
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