Es la historia de un "rescate" más al sector privado con recursos públicos: el 3 de septiembre de 2001 el gobierno foxista expropió 27 ingenios azucareros, casi la mitad de los existentes en el país, propiedad de cuatro grupos empresariales. Los entonces secretarios de Hacienda, Agricultura, Contraloría (hoy SFP) y Economía, los cuatro tristes tigres Gil Díaz, Usabiaga, Barrio y Derbez, justificaron la acción, porque "de no actuar así se habría incurrido en una enorme irresponsabilidad del gobierno".
Dijeron que el "saneamiento de los ingenios tendría un costo de entre mil y 3 mil millones de pesos" (aunque el talentoso Usabiaga consideró que "no es precisamente un gasto"), pero en el exceso el entonces subsecretario de Hacienda, Agustín Carstens, se animó a decir que con tal expropiación "la sociedad no pagará nada"; de hecho, sostuvo, "se podría decir que es una operación con precisión quirúrgica".
Y Gil Díaz remataba: "dudo mucho que al final del proceso tengamos que pagarle algo a algún accionista de estos ingenios. Por el contrario, buscaremos que paguen sus adeudos". Además, "esos consorcios "se reprivatizarán en un plazo no mayor a 18 meses".
Transcurrieron no 18 meses, sino cinco años y medio, y la situación actual dista diametralmente de la idílica versión difundida por los cuatro tristes tigres, y más allá del juramento hipocrático del doctor Carstens, la realidad es dramática y el costo creciente, obvio que a costillas de los mexicanos, como en tantos otros "rescates", en la vieja práctica de socializar pérdidas y privatizar ganancias.
En realidad, el nuevo "rescate" de los barones del azúcar no costó un peso, sino 15 mil 591 millones (hasta 2005). Así lo reporta la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública 2005.
Dijeron que el "saneamiento de los ingenios tendría un costo de entre mil y 3 mil millones de pesos" (aunque el talentoso Usabiaga consideró que "no es precisamente un gasto"), pero en el exceso el entonces subsecretario de Hacienda, Agustín Carstens, se animó a decir que con tal expropiación "la sociedad no pagará nada"; de hecho, sostuvo, "se podría decir que es una operación con precisión quirúrgica".
Y Gil Díaz remataba: "dudo mucho que al final del proceso tengamos que pagarle algo a algún accionista de estos ingenios. Por el contrario, buscaremos que paguen sus adeudos". Además, "esos consorcios "se reprivatizarán en un plazo no mayor a 18 meses".
Transcurrieron no 18 meses, sino cinco años y medio, y la situación actual dista diametralmente de la idílica versión difundida por los cuatro tristes tigres, y más allá del juramento hipocrático del doctor Carstens, la realidad es dramática y el costo creciente, obvio que a costillas de los mexicanos, como en tantos otros "rescates", en la vieja práctica de socializar pérdidas y privatizar ganancias.
En realidad, el nuevo "rescate" de los barones del azúcar no costó un peso, sino 15 mil 591 millones (hasta 2005). Así lo reporta la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública 2005.
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