Reforma
Aunque el argumento que impulsó la reforma al ISSSTE fue la falta de recursos del gobierno para solventar el gasto en la institución, tan sólo para el 2007 se habían destinado 48 mil millones de pesos, con el nuevo esquema se autorizaron otros 10 mil millones más
En un mensaje grabado antes de que ocurriera, el presidente Felipe Calderón se ufanó de la aprobación de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE): es "la reforma más relevante para México en los últimos 10 años". Restó así importancia a la que en 2004 modificó el régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, necesaria para enfrentar algunas de las funestas consecuencias de la reforma pensionaria realizada en 1997 por el presidente Zedillo, con apoyo del PAN, encabezado entonces por Felipe Calderón.
En el fondo y en la forma, la nueva Ley es un supremo acto de irresponsabilidad. Lejos de ser "un triunfo de la política", como lo llamó Calderón, es un arreglo que con alto costo (cubierto con cargo al erario y al fondo para el retiro de los burócratas) beneficia la imagen de un gobierno que cifra sus empeños en labrarla y los intereses de agrupaciones sindicales corruptas.
La principal razón alegada oficialmente para reformar al ISSSTE es la pesada carga fiscal del pago de pensiones. En efecto, por una variedad de razones, algunas inexorables como las demográficas, y otras que pudiendo ser evitadas no lo fueron, como la mala administración y la corrupción, el ISSSTE sólo puede cubrir el 20 por ciento del monto de las pensiones, y el Estado se encarga del 80 por ciento restante, que este año asciende a 48 mil millones de pesos. La nueva Ley no hará que en el corto plazo disminuya el monto de esa aportación estatal, por lo que resulta incongruente que se anuncie una inversión adicional de 10 mil millones de pesos (8 mil para mejorar los servicios y médicos y 2 mil para incrementar el fondo de préstamos personales). O sea que no se gastará menos, sino más dinero público en los trabajadores del Estado. Eso sin contar el fondo necesario para el bono de transición, el que se pagará a los empleados públicos que decidan pasar del régimen de jubilaciones vigente ahora al que comenzará a regir cuando la Ley entre en vigor (lo que será en las próximas horas, pues a la velocidad de la aprobación legislativa corresponderá semejante celeridad en la promulgación y publicación a cargo del Ejecutivo).
El fin principal de la nueva Ley consiste en establecer el sistema pensionario de cuentas individuales en sustitución del sistema solidario que por razones demográficas y de política económica no es ya practicable. Los autores de la iniciativa y sus propulsores no se tomaron el trabajo de examinar el comportamiento del régimen semejante establecido para los trabajadores en general. El Sistema de Ahorro para el Retiro que se les aplica ha sido un lamentable y peligroso fracaso, y en vez de hacerse cargo de ese resultado la nueva Ley del ISSSTE traza el mismo camino que conduce al abismo en que hundirá el dinero con que los burócratas imaginan pagar su vejez.
La Comisión Federal de Competencia económica y algunas de las propias afores que administran los fondos de pensiones han reconocido las limitaciones del sistema. La Cofeco ha sido radical en su juicio: las comisiones cobradas por las afores, y el escaso rendimiento que obtienen han reducido a la nada el ahorro depositado por los trabajadores en el último decenio. Las afores, que ganan más de lo que los trabajadores han perdido, proponen ya los remedios para que no sea la miseria el final de la vida útil de los cotizantes: es preciso elevar el monto de sus cuotas, o incrementar la tasa de ahorro voluntario con que los asalariados pueden superar el obligatorio. Son propuestas ajenas a la realidad salarial vigente, en que las remuneraciones al trabajo apenas cubren, si es el caso, las necesidades inmediatas y no dejan espacio para prevenir el futuro.
Antes de que los burócratas, para los que rija el nuevo mecanismo, se vean en el caso de comprobar cómo crecen las utilidades de la afores, al paso que disminuye el capital que pagará su jubilación, contarán con 36 meses en que esos recursos serán administrados por un órgano desconcentrado del instituto, el Pensionissste, cuya creación es el principal propósito orgánico de la nueva Ley, cuyo director será nombrado libremente por el director del ISSSTE (aunque en una oferta que sólo tiene el valor de su palabra, Miguel Ángel Yunes anunció que condicionará la designación a las normas que rijan al sistema general de pensiones), y cuyo consejo de administración se integra paritariamente por nueve miembros del gobierno y nueve de los trabajadores.
En la composición de ese órgano, y en sus funciones: el manejo de un millonario fondo de pensiones, se halla el trasfondo de la nueva Ley. Conforme a la que rige las relaciones de los empleados gubernamentales con el Estado, su representación recae exclusivamente en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), nítido ejemplo de los mecanismos corporativistas que aseguraron la vigencia del partido casi único. La FSTSE era una organización poderosa, que permitió el control de las demandas burocráticas a cambio de gajes como la jubilación temprana y otros cuyo disfrute se otorgaba discrecionalmente. El dominio de esa Federación era, por lo tanto, apetecible y por ello el régimen priista mantuvo al gremio magisterial al margen de su dirección, no obstante ser su principal integrante. En diciembre de 2003, carentes ya los priistas del liderazgo presidencial, y puesta en jaque Elba Esther Gordillo en la Cámara de Diputados, que había conseguido encabezar durante unos meses, trocó el campo de batalla legislativo por el de la representación burocrática. Con la fuerza del SNTE partió en dos a la FSTSE y paulatinamente hizo ganar espacios a la mitad con la que se quedó, la Federación Democrática de Servidores Públicos.
El líder de los precarios restos priistas de la burocracia, el permanente legislador (que transita de San Lázaro a Xicoténcatl y viceversa) Joel Ayala, pretendió que la moribunda Federación que encabeza entonara el canto del cisne y presentó una iniciativa para reformar el ISSSTE con arreglo a su propio interés. No le fue difícil abandonar ese proyecto cuando se le invitó a suscribir uno distinto y a fingir que lo había convenido con su adversaria, a condición de que los sindicatos que aún quedan en su esfera de dominio obtuvieran en el nuevo ISSSTE una parte de la representación que perderían de plano de continuar el proceso de consolidación de la federación antagónica. Gordillo, por su parte, necesitaba asegurar una presencia semejante aunque la ley del trabajo burocrático se lo impida y por no estar ella en condiciones de reformarla. De modo que las dos federaciones, aunque sólo una tenga existencia legal gobernarán el Pensionissste durante tres años, suficientes para obtener beneficios aún mayores de los que se desprenden de su participación en el manejo de los créditos habitacionales que dispensa el Fovissste.
A esos defectos de fondo se agregaron los de forma en la tramitación parlamentaria de la Ley. En ninguna de las dos Cámaras hubo debate propiamente ni en las comisiones ni en el pleno. Antes de la aprobación en lo general se presentaron monólogos sucesivos, que ni siquiera se reprodujeron en la discusión en lo particular. Tanto los diputados como los senadores de la mayoría desecharon una a una, sin rebatirlas, las objeciones y propuestas de la oposición, sordera tozuda que permite, además, achacar al PRD y sus aliados la acusación de que sólo se oponen y no proponen, siendo evidente lo contrario. En ambas Cámaras las comisiones de Hacienda y de Seguridad Social, que elaboraron los dictámenes, no convocaron a la de Estudios Legislativos, como es obligatorio, y en cambio sus presidentes llamaron a Yunes para que diera pautas para la aprobación de la Ley. Esa impertinencia fue especialmente molesta en el Senado, cuando el director del ISSSTE presentó la minuta aprobada por los diputados como si los representara.
En el Senado se gestó una reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, dizque complementaria de la del ISSSTE, que profesionalizaría el manejo del fondo de pensiones de los empleados públicos. La iniciativa arrojó tal evidencia sobre el funcionamiento general del sistema de retiro que debió impedir la Ley del ISSSTE. Pero qué esperanzas.
En un mensaje grabado antes de que ocurriera, el presidente Felipe Calderón se ufanó de la aprobación de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE): es "la reforma más relevante para México en los últimos 10 años". Restó así importancia a la que en 2004 modificó el régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, necesaria para enfrentar algunas de las funestas consecuencias de la reforma pensionaria realizada en 1997 por el presidente Zedillo, con apoyo del PAN, encabezado entonces por Felipe Calderón.
En el fondo y en la forma, la nueva Ley es un supremo acto de irresponsabilidad. Lejos de ser "un triunfo de la política", como lo llamó Calderón, es un arreglo que con alto costo (cubierto con cargo al erario y al fondo para el retiro de los burócratas) beneficia la imagen de un gobierno que cifra sus empeños en labrarla y los intereses de agrupaciones sindicales corruptas.
La principal razón alegada oficialmente para reformar al ISSSTE es la pesada carga fiscal del pago de pensiones. En efecto, por una variedad de razones, algunas inexorables como las demográficas, y otras que pudiendo ser evitadas no lo fueron, como la mala administración y la corrupción, el ISSSTE sólo puede cubrir el 20 por ciento del monto de las pensiones, y el Estado se encarga del 80 por ciento restante, que este año asciende a 48 mil millones de pesos. La nueva Ley no hará que en el corto plazo disminuya el monto de esa aportación estatal, por lo que resulta incongruente que se anuncie una inversión adicional de 10 mil millones de pesos (8 mil para mejorar los servicios y médicos y 2 mil para incrementar el fondo de préstamos personales). O sea que no se gastará menos, sino más dinero público en los trabajadores del Estado. Eso sin contar el fondo necesario para el bono de transición, el que se pagará a los empleados públicos que decidan pasar del régimen de jubilaciones vigente ahora al que comenzará a regir cuando la Ley entre en vigor (lo que será en las próximas horas, pues a la velocidad de la aprobación legislativa corresponderá semejante celeridad en la promulgación y publicación a cargo del Ejecutivo).
El fin principal de la nueva Ley consiste en establecer el sistema pensionario de cuentas individuales en sustitución del sistema solidario que por razones demográficas y de política económica no es ya practicable. Los autores de la iniciativa y sus propulsores no se tomaron el trabajo de examinar el comportamiento del régimen semejante establecido para los trabajadores en general. El Sistema de Ahorro para el Retiro que se les aplica ha sido un lamentable y peligroso fracaso, y en vez de hacerse cargo de ese resultado la nueva Ley del ISSSTE traza el mismo camino que conduce al abismo en que hundirá el dinero con que los burócratas imaginan pagar su vejez.
La Comisión Federal de Competencia económica y algunas de las propias afores que administran los fondos de pensiones han reconocido las limitaciones del sistema. La Cofeco ha sido radical en su juicio: las comisiones cobradas por las afores, y el escaso rendimiento que obtienen han reducido a la nada el ahorro depositado por los trabajadores en el último decenio. Las afores, que ganan más de lo que los trabajadores han perdido, proponen ya los remedios para que no sea la miseria el final de la vida útil de los cotizantes: es preciso elevar el monto de sus cuotas, o incrementar la tasa de ahorro voluntario con que los asalariados pueden superar el obligatorio. Son propuestas ajenas a la realidad salarial vigente, en que las remuneraciones al trabajo apenas cubren, si es el caso, las necesidades inmediatas y no dejan espacio para prevenir el futuro.
Antes de que los burócratas, para los que rija el nuevo mecanismo, se vean en el caso de comprobar cómo crecen las utilidades de la afores, al paso que disminuye el capital que pagará su jubilación, contarán con 36 meses en que esos recursos serán administrados por un órgano desconcentrado del instituto, el Pensionissste, cuya creación es el principal propósito orgánico de la nueva Ley, cuyo director será nombrado libremente por el director del ISSSTE (aunque en una oferta que sólo tiene el valor de su palabra, Miguel Ángel Yunes anunció que condicionará la designación a las normas que rijan al sistema general de pensiones), y cuyo consejo de administración se integra paritariamente por nueve miembros del gobierno y nueve de los trabajadores.
En la composición de ese órgano, y en sus funciones: el manejo de un millonario fondo de pensiones, se halla el trasfondo de la nueva Ley. Conforme a la que rige las relaciones de los empleados gubernamentales con el Estado, su representación recae exclusivamente en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), nítido ejemplo de los mecanismos corporativistas que aseguraron la vigencia del partido casi único. La FSTSE era una organización poderosa, que permitió el control de las demandas burocráticas a cambio de gajes como la jubilación temprana y otros cuyo disfrute se otorgaba discrecionalmente. El dominio de esa Federación era, por lo tanto, apetecible y por ello el régimen priista mantuvo al gremio magisterial al margen de su dirección, no obstante ser su principal integrante. En diciembre de 2003, carentes ya los priistas del liderazgo presidencial, y puesta en jaque Elba Esther Gordillo en la Cámara de Diputados, que había conseguido encabezar durante unos meses, trocó el campo de batalla legislativo por el de la representación burocrática. Con la fuerza del SNTE partió en dos a la FSTSE y paulatinamente hizo ganar espacios a la mitad con la que se quedó, la Federación Democrática de Servidores Públicos.
El líder de los precarios restos priistas de la burocracia, el permanente legislador (que transita de San Lázaro a Xicoténcatl y viceversa) Joel Ayala, pretendió que la moribunda Federación que encabeza entonara el canto del cisne y presentó una iniciativa para reformar el ISSSTE con arreglo a su propio interés. No le fue difícil abandonar ese proyecto cuando se le invitó a suscribir uno distinto y a fingir que lo había convenido con su adversaria, a condición de que los sindicatos que aún quedan en su esfera de dominio obtuvieran en el nuevo ISSSTE una parte de la representación que perderían de plano de continuar el proceso de consolidación de la federación antagónica. Gordillo, por su parte, necesitaba asegurar una presencia semejante aunque la ley del trabajo burocrático se lo impida y por no estar ella en condiciones de reformarla. De modo que las dos federaciones, aunque sólo una tenga existencia legal gobernarán el Pensionissste durante tres años, suficientes para obtener beneficios aún mayores de los que se desprenden de su participación en el manejo de los créditos habitacionales que dispensa el Fovissste.
A esos defectos de fondo se agregaron los de forma en la tramitación parlamentaria de la Ley. En ninguna de las dos Cámaras hubo debate propiamente ni en las comisiones ni en el pleno. Antes de la aprobación en lo general se presentaron monólogos sucesivos, que ni siquiera se reprodujeron en la discusión en lo particular. Tanto los diputados como los senadores de la mayoría desecharon una a una, sin rebatirlas, las objeciones y propuestas de la oposición, sordera tozuda que permite, además, achacar al PRD y sus aliados la acusación de que sólo se oponen y no proponen, siendo evidente lo contrario. En ambas Cámaras las comisiones de Hacienda y de Seguridad Social, que elaboraron los dictámenes, no convocaron a la de Estudios Legislativos, como es obligatorio, y en cambio sus presidentes llamaron a Yunes para que diera pautas para la aprobación de la Ley. Esa impertinencia fue especialmente molesta en el Senado, cuando el director del ISSSTE presentó la minuta aprobada por los diputados como si los representara.
En el Senado se gestó una reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, dizque complementaria de la del ISSSTE, que profesionalizaría el manejo del fondo de pensiones de los empleados públicos. La iniciativa arrojó tal evidencia sobre el funcionamiento general del sistema de retiro que debió impedir la Ley del ISSSTE. Pero qué esperanzas.
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