Proceso
Ya no hay discrepancias; rebasadas por el crimen y desplazadas por el Ejército en el combate al narcotráfico, las corporaciones policiacas están en franca crisis: algunas se encuentran bajo investigación, otras divididas en distintas facciones, según los narcos que protegen, y aquellos elementos que tratan de cumplir su labor a menudo caen entre dos fuegos. Su estado “es desastroso”, coinciden los especialistas y la Procuraduría General de la República.
Infiltradas por el narcotráfico y sometidas por el poder corruptor de los capos, las corporaciones policiacas del país enfrentan su peor descomposición: asesinatos, traiciones y venganzas las han convertido en “un cártel”, cuya función es brindar protección a las diversas células y ramas de las organizaciones que se disputan las rutas de trasiego y el creciente mercado de las drogas.
Según el analista Erubiel Tirado, experto en el tema de las Fuerzas Armadas y seguridad nacional, desde la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en 1997 hasta la fecha, el Estado ha desembolsado cerca de 300 mil millones de pesos en la capacitación, depuración y adiestramiento de los cuerpos policíacos del país. Se pregunta: ¿Dónde está el resultado de esa inversión? ¿En qué se gastó esa inmensa cantidad de dinero?
El especialista observa que los resultados contra el crimen organizado son desastrosos y que cada vez más corporaciones policiacas están relacionadas con narcotráfico, pues en su opinión “no hay crimen organizado sin la protección de estas estructuras”.
Erubiel Tirado explica la creciente violencia contra policías y comandantes con dos hipótesis: que muchos mandos están siendo asesinados por el cumplimiento de su trabajo –“esto no hay que omitirlo”–; y otras muertes tienen que ver con los ajustes de cuentas del crimen organizado, pues hay mandos relacionados con la protección de los criminales.
El analista ve otras desventajas que en poco tiempo pueden colapsar al Ejército igual que ha ocurrido con las corporaciones policiacas. Lo más grave, dice, es que el Ejército Mexicano ya hizo suya la lucha contra la delincuencia como si se tratara de una venganza institucional, y ello mete a las Fuerzas Armadas en el riesgo de que, por la exposición del Ejército a la contaminación del narcotráfico, se reproduzca el fenómeno de Los Zetas, lo cual sería aún más desastroso, afirma, “porque el gobierno estaría generando su propia pesadilla”.
En el ensayo La relación civil-militar en México y el déficit democrático de la alternancia política 2000-2006, Tirado expone que el Ejército padece desde hace tiempo problemas de corrupción y algunos de sus grupos ya fueron infiltrados por el narco.
Agrega en ese estudio que, con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ejército entró de lleno al combate del crimen organizado con un plan DN-lV desde el sexenio de Vicente Fox, en cuyo período se le atribuye al Ejército el 86% y el 46.4% del esfuerzo nacional de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Sin embargo, Tirado aclara que en ese período surgieron brotes de corrupción que implicaron a altos mandos militares, pues no ha dejado de haber denuncias documentadas sobre la participación de elementos castrenses en actividades ilícitas, al grado de que el 65 Batallón de Infantería, integrado por 500 soldados y oficiales de alto rango, tuvo que desaparecer por sus vínculos con el narcotráfico.
La Hermandad
En opinión del experto Erubiel Tirado, las policías del país están rebasadas por el crimen y por la cada vez mayor presencia del Ejército Mexicano en la lucha contra el narcotráfico.
Esos datos aportados por el especialista coinciden con los datos de las corporaciones. Según la Procuraduría General de la República (PGR), al menos en 15 estados –la mitad del territorio nacional– existen investigaciones abiertas por la presunta complicidad de elementos de las policías municipales, estatales y federales con el tráfico de drogas. De esta información se desprende que los agentes también están implicados en la protección de narcotraficantes, gatilleros y puntos de venta de droga a granel instalados a lo largo y ancho de la República.
En las indagatorias aparecen agentes de todos los rangos, desde directores y comandantes de agrupamientos policiacos hasta policías de menor nivel. Muchos de los mandos actualmente están bajo arraigo domiciliario por parte de la PGR o bien ya los consignó el Ministerio Público Federal por cualquier modalidad de delincuencia organizada.
A la mayoría de los policías presos o arraigados los une un negocio en común: la protección del narcotráfico, según se establece en las investigaciones y en los comunicados emitidos por la PGR en los últimos tres años.
A esta crisis policiaca –que sigue creciendo en todas las entidades–ahora se suma la renuncia de varias decenas de policías que enfrentan las amenazas de muerte de los cárteles del Golfo, Sinaloa, Tijuana y del Milenio, así como de los cabecillas de las ramas que estas organizaciones han extendido por ciudades, pueblos y rancherías.
Algunas estructuras de policías operan igual que un cártel de la droga, como lo demuestra La Hermandad, organización integrada por agentes de Tabasco y que encabezaba Juan Cano Torres, exsecretario de Seguridad Pública del estado.
Ahora se sabe que La Hermandad amedrentó a gobernadores, pues tenía poder político y al mismo tiempo protegía al narcotráfico, según las investigaciones de la PGR. También quitaba y colocaba a comandantes, jefes de zona, y eliminaba a los elementos que no convenían a sus intereses criminales. Sus cabecillas estaban relacionados con el cártel del Golfo, que extendió sus dominios por Tabasco y Campeche. Sus operaciones siempre contaron con la protección de la policía.
Esta sociedad, conocida también como Los Narcopolicías, era liderada por Cano Torres, quien es policía de carrera, constructor, ganadero y pastor del denominado Movimiento Gnóstico. Sus principales socios eran Alberto Javier Arias, José Fernando Santiago, René Castillo, Enrique Landero, Abel Zurita y Diego Gular. A este grupo se le atribuye el atentado que el pasado 6 de marzo sufrió el general Francisco Fernández Solís, sucesor de Juan Cano en Seguridad Pública y quien salvó la vida a pesar de que su camioneta recibió cerca de un centenar de balazos. En el atentado murió uno de sus escoltas.
El jueves 17, fueron declarados formalmente presos Cano Torres y dos de sus colaboradores por el homicidio del escolta, pero al día siguiente un comando acribilló al director de averiguaciones previas de la procuraduría estatal, Raúl López López, quien tenía a su cargo las investigaciones del atentado contra Fernández Solís
De sur a norte
La crisis de las policías, recrudecida por sus ligas con el narcotráfico, no es nueva. Resurgió con mayores evidencias en 2005, cuando la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR detuvo a una treintena de agentes municipales de Nuevo Laredo, Tamaulipas, porque colaboraban con el cártel del Golfo, en particular con Los Zetas, que se convirtieron en una pesadilla que rebasó el sexenio. La PGR arraigó a esos policías y por lo menos la mitad de ellos fueron consignados por protección al narcotráfico.
Guerrero no fue la excepción. En esa entidad era cada día más evidente que la policía municipal, que depende del alcalde Félix Salgado Macedonio –bajo investigación a su vez por presuntas ligas con el narco– protegía a los dos cárteles más poderosos, el de Sinaloa y el del Golfo. La corporación terminó dividida; por ello empezaron a brotar las traiciones y las ejecuciones incluso entre agentes de la misma corporación, pues se disputaban el rentable negocio de proteger el tráfico de drogas.
En Acapulco y Zihuatanejo la policía protagonizó tiroteos. Los propios uniformados enviaban señales de alarma a través del número 060: “Hay una emergencia en el centro de la ciudad”, decían los mensajes. Y con esto justificaban sus desplazamientos, que llegaron a terminar en balaceras porque en realidad iban en auxilio del cártel al que protegían. En los videos que los propios narcos mandaban a filmar –difundidos después por los medios de comunicación como evidencias de la lucha entre cárteles, pero sin acreditar sus fuentes– se vio cómo los agentes municipales les asestaban el tiro de gracia a los narcos rivales.
También en el sur: según la averiguación previa PGR QROO/CAN/472/04-lV, en abril de 2006 el avión DC-9 que transportó un cargamento de cinco toneladas de cocaína desde Venezuela hasta Campeche tenía la protección de varios agentes de la Policía Federal Preventiva y el receptor de la droga era Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
En esa operación participaron los policías federales Policarpio Ramírez Coria, Luis Enrique Torres Toledo, Javier Alonso Yerena Ramírez, Luis Gabriel León Olvera, Víctor O. Álvarez Derreza, César Martínez Mireles y Héctor Villagrana Luckie. Estos elementos trabajaron en varios aeropuertos del país y existen datos que los vinculan desde tiempo atrás en la protección del trasiego de drogas.
En la entrevista con Proceso, Erubiel Tirado no descarta que la violencia desatada en Tijuana y en Nuevo León, Veracruz, Tabasco y otras entidades, donde han sido ejecutados agentes por decenas, tenga como detonante el hecho de que una sola corporación protege a más de un cártel al mismo tiempo y que esta crisis esté provocando la violencia, pues las bandas tratan de debilitar a sus rivales asesinando a sus protectores.
Dice: “Llama la atención el hecho de que hay un fenómeno de respuesta, bien meditada, en términos de visualizar a las figuras policíacas que están relacionadas con el negocio de la protección, aunque considera que muchos policías han sido asesinados por el cumplimiento de su trabajo, es decir, también por cumplir con sus tareas están perdiendo la vida”.
Pero lo que ocurre en Monterrey es aún más preocupante, pues en febrero pasado fueron ejecutados varios agentes de la policía municipal. En uno de los cadáveres había un mensaje dirigido al procurador de Nuevo León, Luis Carlos Treviño: “Ya deja de proteger al Chapo”, en alusión a la impunidad con la que se supone que operaba el jefe del cártel de Sinaloa en aquel estado.
La presunta protección policiaca en Nuevo León también salió a flote con los hermanos Jaime y Francisco Javier Valdez Martínez, ambos relacionados con el cártel de Sinaloa, primero, y después con el del Golfo. Estos personajes, disfrazados de empresarios, sufrieron varios ataques y ahora están inválidos a consecuencia de los tiroteos que protagonizaron.
Así mismo, Eleazar Medina Riojas, El Chelelo, representante del cártel del Golfo en la plaza de Monterrey, fue detenido después de perpetrar varios asesinatos, muchos de agentes municipales. La impunidad de que gozó, según la SIEDO, fue posible gracias a la protección policiaca.
Ante esta crisis, que alcanzó su punto de ebullición en abril último, el gobernador Natividad González Parás tuvo que ordenar la detención de al menos 30 policías municipales, de los cuales unos 15 fueron consignados por sus vínculos con el narcotráfico. Pero los cárteles del Golfo y Sinaloa siguen disputándose el estado.
Después de ser considerada una ciudad ideal para el refugio de narcotraficantes y el lavado de dinero, en Aguascalientes se rompió la tranquilidad. El 14 de febrero de este año, sicarios del cártel del Golfo ejecutaron a cuatro policías municipales que presuntamente protegían al cártel rival, el de Sinaloa. Por esa razón la PGR atrajo el caso y solicitó el arraigo de cinco policías ministeriales: Martín Belmares Castillo, comandante de la Policía Ministerial; su secretaria, María Elena Ochoa Alvarado, y los agentes Javier Cortés Menchaca, Javier Arredondo Martínez y Braulio Hernández Quitera.
Campos de batalla
Poco después de que el presidente Felipe Calderón le declarara la guerra al narcotráfico, los operativos militares llegaron a Tijuana. El alcalde Jorge Hank Rhon declaró que la Policía Municipal colaboraría con el Ejército, pero fue sorprendido con un golpe espectacular: los militares desarmaron a los policías de la ciudad y por lo menos la mitad de la corporación –unos 3 mil elementos– está bajo investigación por servir a los intereses del cártel de Tijuana.
Esa vinculación no sorprende a Víctor Clark Alfaro, presidente de la Organización de Derechos Humanos Fronterizos, quien ha estudiado esta complicidad, pues afirma que la policía local tiene dos décadas de ser leal al cártel de Tijuana, al que Clark considera la organización criminal más poderosa de México y, en su opinión, esas ligas no se pueden romper con operativos pasajeros.
Algo similar ocurre en Veracruz, donde está asentado el cártel del Golfo, cuyos vínculos llegan hasta la oficina del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, pues su asesor Alberto Silva Ramos resultó ser amigo de Francisco Colorado –Pancho Colorado–, un acaudalado empresario “bajo sospecha” y contratista de Pemex que en enero pasado participó en la carrera de caballos organizada en la comunidad de Villarín, municipio de Veracruz. El evento terminó en una balacera y murieron varias personas relacionadas con el tráfico de drogas.
Después de esta balacera, en la que presuntamente murió Heriberto Lazcano, El Lazca o Z-14 –quien habría sido sustituido por otro sujeto llamado Z-40– fueron asesinados varios policías municipales, entre ellos el comandante Gerardo Gutiérrez Monrraga, quien servía al cártel del Golfo. En un video difundido después, dos miembros del cártel del Golfo, Víctor Manuel Pérez Rocha y Jesús Servín, dijeron que recibían apoyo de varios comandantes de la Policía Municipal de Veracruz y de Boca del Río, demarcaciones gobernadas por el PAN. Posteriormente, ambos fueron asesinados y arrojados frente a las instalaciones de la empresa Telever.
Y mencionaron nombres: “El comandante Miranda, Monrraga, Rafa Leal, Edson, La Rata, El Tiburón (Jorge Iván Costilla) y el comandante Xicoténcatl (Xicoténcatl Enríquez Arano)”. Estos dos últimos renunciaron a sus cargos, según afirman los narcos en el video, “por temor al escarnio político”.
El miércoles 15, en Cananea, Sonora, un comando armado secuestró a siete policías y a tres civiles. Al huir hacia la comunidad de Arizpe, los pistoleros asesinaron a cinco de los siete agentes. Unos 80 policías, apoyados por militares, se trasladaron cerca de un rancho ubicado entre Arizpe y Bocoachi, donde se desató una balacera de cinco horas. Quince sicarios murieron y otros diez fueron detenidos. Oficialmente no hubo bajas policiacas.
El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, identificó al comando armado: “Son miembros del cártel del Golfo”, dijo, y el enfrentamiento es parte de la guerra que libran con el cártel del Pacífico por la plaza, pues quieren controlarla por su cercanía con Estados Unidos.
Las sorpresas continuaron. El viernes 18, en medio de la más cruda crisis policiaca en el país, la Secretaría de Seguridad Pública anunció la destitución de seis altos mandos, entre ellos Javier Garza Palacios, considerado uno de los más cercanos colaboradores del secretario Genaro García Luna.
Otros mandos destituidos –la dependencia no precisa que haya sido una rotación de mandos– son Héctor Luévano Becerra, coordinador de Operaciones de Seguridad Regional; Tomás Zerón de Lucio, coordinador de Control Policial; Carlos Gerardo Vega Skorlich, coordinador de Planeación Logística; Vidal Díaz Leal Ochoa, director General de Seguimiento Operativo y Héctor Alejandro Moreno Mendoza, supervisor de la Zona Noreste.
En lugar de Garza Palacios, quien fue alto mando de la Agencia Federal de Investigación (AFI), donde se desempeñó como jefe del área de Operaciones Especiales, fue nombrado Eusebio Millán Gómez, quien laboró en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); también fungió como director de investigación sobre secuestros de la PGR y de Despliegue Regional de la AFI.
Infiltradas por el narcotráfico y sometidas por el poder corruptor de los capos, las corporaciones policiacas del país enfrentan su peor descomposición: asesinatos, traiciones y venganzas las han convertido en “un cártel”, cuya función es brindar protección a las diversas células y ramas de las organizaciones que se disputan las rutas de trasiego y el creciente mercado de las drogas.
Según el analista Erubiel Tirado, experto en el tema de las Fuerzas Armadas y seguridad nacional, desde la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en 1997 hasta la fecha, el Estado ha desembolsado cerca de 300 mil millones de pesos en la capacitación, depuración y adiestramiento de los cuerpos policíacos del país. Se pregunta: ¿Dónde está el resultado de esa inversión? ¿En qué se gastó esa inmensa cantidad de dinero?
El especialista observa que los resultados contra el crimen organizado son desastrosos y que cada vez más corporaciones policiacas están relacionadas con narcotráfico, pues en su opinión “no hay crimen organizado sin la protección de estas estructuras”.
Erubiel Tirado explica la creciente violencia contra policías y comandantes con dos hipótesis: que muchos mandos están siendo asesinados por el cumplimiento de su trabajo –“esto no hay que omitirlo”–; y otras muertes tienen que ver con los ajustes de cuentas del crimen organizado, pues hay mandos relacionados con la protección de los criminales.
El analista ve otras desventajas que en poco tiempo pueden colapsar al Ejército igual que ha ocurrido con las corporaciones policiacas. Lo más grave, dice, es que el Ejército Mexicano ya hizo suya la lucha contra la delincuencia como si se tratara de una venganza institucional, y ello mete a las Fuerzas Armadas en el riesgo de que, por la exposición del Ejército a la contaminación del narcotráfico, se reproduzca el fenómeno de Los Zetas, lo cual sería aún más desastroso, afirma, “porque el gobierno estaría generando su propia pesadilla”.
En el ensayo La relación civil-militar en México y el déficit democrático de la alternancia política 2000-2006, Tirado expone que el Ejército padece desde hace tiempo problemas de corrupción y algunos de sus grupos ya fueron infiltrados por el narco.
Agrega en ese estudio que, con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ejército entró de lleno al combate del crimen organizado con un plan DN-lV desde el sexenio de Vicente Fox, en cuyo período se le atribuye al Ejército el 86% y el 46.4% del esfuerzo nacional de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Sin embargo, Tirado aclara que en ese período surgieron brotes de corrupción que implicaron a altos mandos militares, pues no ha dejado de haber denuncias documentadas sobre la participación de elementos castrenses en actividades ilícitas, al grado de que el 65 Batallón de Infantería, integrado por 500 soldados y oficiales de alto rango, tuvo que desaparecer por sus vínculos con el narcotráfico.
La Hermandad
En opinión del experto Erubiel Tirado, las policías del país están rebasadas por el crimen y por la cada vez mayor presencia del Ejército Mexicano en la lucha contra el narcotráfico.
Esos datos aportados por el especialista coinciden con los datos de las corporaciones. Según la Procuraduría General de la República (PGR), al menos en 15 estados –la mitad del territorio nacional– existen investigaciones abiertas por la presunta complicidad de elementos de las policías municipales, estatales y federales con el tráfico de drogas. De esta información se desprende que los agentes también están implicados en la protección de narcotraficantes, gatilleros y puntos de venta de droga a granel instalados a lo largo y ancho de la República.
En las indagatorias aparecen agentes de todos los rangos, desde directores y comandantes de agrupamientos policiacos hasta policías de menor nivel. Muchos de los mandos actualmente están bajo arraigo domiciliario por parte de la PGR o bien ya los consignó el Ministerio Público Federal por cualquier modalidad de delincuencia organizada.
A la mayoría de los policías presos o arraigados los une un negocio en común: la protección del narcotráfico, según se establece en las investigaciones y en los comunicados emitidos por la PGR en los últimos tres años.
A esta crisis policiaca –que sigue creciendo en todas las entidades–ahora se suma la renuncia de varias decenas de policías que enfrentan las amenazas de muerte de los cárteles del Golfo, Sinaloa, Tijuana y del Milenio, así como de los cabecillas de las ramas que estas organizaciones han extendido por ciudades, pueblos y rancherías.
Algunas estructuras de policías operan igual que un cártel de la droga, como lo demuestra La Hermandad, organización integrada por agentes de Tabasco y que encabezaba Juan Cano Torres, exsecretario de Seguridad Pública del estado.
Ahora se sabe que La Hermandad amedrentó a gobernadores, pues tenía poder político y al mismo tiempo protegía al narcotráfico, según las investigaciones de la PGR. También quitaba y colocaba a comandantes, jefes de zona, y eliminaba a los elementos que no convenían a sus intereses criminales. Sus cabecillas estaban relacionados con el cártel del Golfo, que extendió sus dominios por Tabasco y Campeche. Sus operaciones siempre contaron con la protección de la policía.
Esta sociedad, conocida también como Los Narcopolicías, era liderada por Cano Torres, quien es policía de carrera, constructor, ganadero y pastor del denominado Movimiento Gnóstico. Sus principales socios eran Alberto Javier Arias, José Fernando Santiago, René Castillo, Enrique Landero, Abel Zurita y Diego Gular. A este grupo se le atribuye el atentado que el pasado 6 de marzo sufrió el general Francisco Fernández Solís, sucesor de Juan Cano en Seguridad Pública y quien salvó la vida a pesar de que su camioneta recibió cerca de un centenar de balazos. En el atentado murió uno de sus escoltas.
El jueves 17, fueron declarados formalmente presos Cano Torres y dos de sus colaboradores por el homicidio del escolta, pero al día siguiente un comando acribilló al director de averiguaciones previas de la procuraduría estatal, Raúl López López, quien tenía a su cargo las investigaciones del atentado contra Fernández Solís
De sur a norte
La crisis de las policías, recrudecida por sus ligas con el narcotráfico, no es nueva. Resurgió con mayores evidencias en 2005, cuando la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR detuvo a una treintena de agentes municipales de Nuevo Laredo, Tamaulipas, porque colaboraban con el cártel del Golfo, en particular con Los Zetas, que se convirtieron en una pesadilla que rebasó el sexenio. La PGR arraigó a esos policías y por lo menos la mitad de ellos fueron consignados por protección al narcotráfico.
Guerrero no fue la excepción. En esa entidad era cada día más evidente que la policía municipal, que depende del alcalde Félix Salgado Macedonio –bajo investigación a su vez por presuntas ligas con el narco– protegía a los dos cárteles más poderosos, el de Sinaloa y el del Golfo. La corporación terminó dividida; por ello empezaron a brotar las traiciones y las ejecuciones incluso entre agentes de la misma corporación, pues se disputaban el rentable negocio de proteger el tráfico de drogas.
En Acapulco y Zihuatanejo la policía protagonizó tiroteos. Los propios uniformados enviaban señales de alarma a través del número 060: “Hay una emergencia en el centro de la ciudad”, decían los mensajes. Y con esto justificaban sus desplazamientos, que llegaron a terminar en balaceras porque en realidad iban en auxilio del cártel al que protegían. En los videos que los propios narcos mandaban a filmar –difundidos después por los medios de comunicación como evidencias de la lucha entre cárteles, pero sin acreditar sus fuentes– se vio cómo los agentes municipales les asestaban el tiro de gracia a los narcos rivales.
También en el sur: según la averiguación previa PGR QROO/CAN/472/04-lV, en abril de 2006 el avión DC-9 que transportó un cargamento de cinco toneladas de cocaína desde Venezuela hasta Campeche tenía la protección de varios agentes de la Policía Federal Preventiva y el receptor de la droga era Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
En esa operación participaron los policías federales Policarpio Ramírez Coria, Luis Enrique Torres Toledo, Javier Alonso Yerena Ramírez, Luis Gabriel León Olvera, Víctor O. Álvarez Derreza, César Martínez Mireles y Héctor Villagrana Luckie. Estos elementos trabajaron en varios aeropuertos del país y existen datos que los vinculan desde tiempo atrás en la protección del trasiego de drogas.
En la entrevista con Proceso, Erubiel Tirado no descarta que la violencia desatada en Tijuana y en Nuevo León, Veracruz, Tabasco y otras entidades, donde han sido ejecutados agentes por decenas, tenga como detonante el hecho de que una sola corporación protege a más de un cártel al mismo tiempo y que esta crisis esté provocando la violencia, pues las bandas tratan de debilitar a sus rivales asesinando a sus protectores.
Dice: “Llama la atención el hecho de que hay un fenómeno de respuesta, bien meditada, en términos de visualizar a las figuras policíacas que están relacionadas con el negocio de la protección, aunque considera que muchos policías han sido asesinados por el cumplimiento de su trabajo, es decir, también por cumplir con sus tareas están perdiendo la vida”.
Pero lo que ocurre en Monterrey es aún más preocupante, pues en febrero pasado fueron ejecutados varios agentes de la policía municipal. En uno de los cadáveres había un mensaje dirigido al procurador de Nuevo León, Luis Carlos Treviño: “Ya deja de proteger al Chapo”, en alusión a la impunidad con la que se supone que operaba el jefe del cártel de Sinaloa en aquel estado.
La presunta protección policiaca en Nuevo León también salió a flote con los hermanos Jaime y Francisco Javier Valdez Martínez, ambos relacionados con el cártel de Sinaloa, primero, y después con el del Golfo. Estos personajes, disfrazados de empresarios, sufrieron varios ataques y ahora están inválidos a consecuencia de los tiroteos que protagonizaron.
Así mismo, Eleazar Medina Riojas, El Chelelo, representante del cártel del Golfo en la plaza de Monterrey, fue detenido después de perpetrar varios asesinatos, muchos de agentes municipales. La impunidad de que gozó, según la SIEDO, fue posible gracias a la protección policiaca.
Ante esta crisis, que alcanzó su punto de ebullición en abril último, el gobernador Natividad González Parás tuvo que ordenar la detención de al menos 30 policías municipales, de los cuales unos 15 fueron consignados por sus vínculos con el narcotráfico. Pero los cárteles del Golfo y Sinaloa siguen disputándose el estado.
Después de ser considerada una ciudad ideal para el refugio de narcotraficantes y el lavado de dinero, en Aguascalientes se rompió la tranquilidad. El 14 de febrero de este año, sicarios del cártel del Golfo ejecutaron a cuatro policías municipales que presuntamente protegían al cártel rival, el de Sinaloa. Por esa razón la PGR atrajo el caso y solicitó el arraigo de cinco policías ministeriales: Martín Belmares Castillo, comandante de la Policía Ministerial; su secretaria, María Elena Ochoa Alvarado, y los agentes Javier Cortés Menchaca, Javier Arredondo Martínez y Braulio Hernández Quitera.
Campos de batalla
Poco después de que el presidente Felipe Calderón le declarara la guerra al narcotráfico, los operativos militares llegaron a Tijuana. El alcalde Jorge Hank Rhon declaró que la Policía Municipal colaboraría con el Ejército, pero fue sorprendido con un golpe espectacular: los militares desarmaron a los policías de la ciudad y por lo menos la mitad de la corporación –unos 3 mil elementos– está bajo investigación por servir a los intereses del cártel de Tijuana.
Esa vinculación no sorprende a Víctor Clark Alfaro, presidente de la Organización de Derechos Humanos Fronterizos, quien ha estudiado esta complicidad, pues afirma que la policía local tiene dos décadas de ser leal al cártel de Tijuana, al que Clark considera la organización criminal más poderosa de México y, en su opinión, esas ligas no se pueden romper con operativos pasajeros.
Algo similar ocurre en Veracruz, donde está asentado el cártel del Golfo, cuyos vínculos llegan hasta la oficina del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, pues su asesor Alberto Silva Ramos resultó ser amigo de Francisco Colorado –Pancho Colorado–, un acaudalado empresario “bajo sospecha” y contratista de Pemex que en enero pasado participó en la carrera de caballos organizada en la comunidad de Villarín, municipio de Veracruz. El evento terminó en una balacera y murieron varias personas relacionadas con el tráfico de drogas.
Después de esta balacera, en la que presuntamente murió Heriberto Lazcano, El Lazca o Z-14 –quien habría sido sustituido por otro sujeto llamado Z-40– fueron asesinados varios policías municipales, entre ellos el comandante Gerardo Gutiérrez Monrraga, quien servía al cártel del Golfo. En un video difundido después, dos miembros del cártel del Golfo, Víctor Manuel Pérez Rocha y Jesús Servín, dijeron que recibían apoyo de varios comandantes de la Policía Municipal de Veracruz y de Boca del Río, demarcaciones gobernadas por el PAN. Posteriormente, ambos fueron asesinados y arrojados frente a las instalaciones de la empresa Telever.
Y mencionaron nombres: “El comandante Miranda, Monrraga, Rafa Leal, Edson, La Rata, El Tiburón (Jorge Iván Costilla) y el comandante Xicoténcatl (Xicoténcatl Enríquez Arano)”. Estos dos últimos renunciaron a sus cargos, según afirman los narcos en el video, “por temor al escarnio político”.
El miércoles 15, en Cananea, Sonora, un comando armado secuestró a siete policías y a tres civiles. Al huir hacia la comunidad de Arizpe, los pistoleros asesinaron a cinco de los siete agentes. Unos 80 policías, apoyados por militares, se trasladaron cerca de un rancho ubicado entre Arizpe y Bocoachi, donde se desató una balacera de cinco horas. Quince sicarios murieron y otros diez fueron detenidos. Oficialmente no hubo bajas policiacas.
El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, identificó al comando armado: “Son miembros del cártel del Golfo”, dijo, y el enfrentamiento es parte de la guerra que libran con el cártel del Pacífico por la plaza, pues quieren controlarla por su cercanía con Estados Unidos.
Las sorpresas continuaron. El viernes 18, en medio de la más cruda crisis policiaca en el país, la Secretaría de Seguridad Pública anunció la destitución de seis altos mandos, entre ellos Javier Garza Palacios, considerado uno de los más cercanos colaboradores del secretario Genaro García Luna.
Otros mandos destituidos –la dependencia no precisa que haya sido una rotación de mandos– son Héctor Luévano Becerra, coordinador de Operaciones de Seguridad Regional; Tomás Zerón de Lucio, coordinador de Control Policial; Carlos Gerardo Vega Skorlich, coordinador de Planeación Logística; Vidal Díaz Leal Ochoa, director General de Seguimiento Operativo y Héctor Alejandro Moreno Mendoza, supervisor de la Zona Noreste.
En lugar de Garza Palacios, quien fue alto mando de la Agencia Federal de Investigación (AFI), donde se desempeñó como jefe del área de Operaciones Especiales, fue nombrado Eusebio Millán Gómez, quien laboró en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); también fungió como director de investigación sobre secuestros de la PGR y de Despliegue Regional de la AFI.
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