Reforma
Mareados, spoteados, avasallados, disgustados y con buenos motivos para sentirnos así. Porque la numeralia de la elección pasada revela un sistema político que en aras de promover la equidad, ha producido el abuso. Más de 700 mil spots de campaña transmitidos en radio y televisión. Más de 2 millones de horas de ataques y contraataques monitoreadas por el Instituto Federal Electoral. Más de 2 mil millones de pesos desembolsados por los candidatos para aparecer en la pantalla y promocionarse desde allí. Más de 280 mil spots de más, no reportados a la autoridad electoral y que nadie sabe quién pagó. Una crónica de caos, una historia de desorden, una larga lista de excesos e irregularidades pagadas con el dinero de los contribuyentes. Hoy en México la democracia no significa igualdad de oportunidades para contender, sino igualdad de oportunidades para abusar.
Hoy el país padece las consecuencias de una decisión fundacional que se ha vuelto contraproducente. La apuesta al financiamiento público a los partidos como una forma de fortalecer la democracia está empeorando su calidad. Lo que funcionó en 1996 se ha vuelto disfuncional 10 años después. Lo que fue un bálsamo se ha convertido en un veneno. Lo que funcionó para fomentar la competencia ahora financia la incontinencia. Lo que fue un ingrediente indispensable para la transición actualmente obstaculiza su avance. El subsidio público a los partidos resolvió algunos dilemas pero ha creado otros y muy graves.
Antes la equidad electoral enfrentaba el problema del acceso al financiamiento, y ahora se enfrenta al problema de sus excesos. Antes se pensaba que el financiamiento público prevendría el ingreso indebido del financiamiento privado al proceso electoral, pero tanto Pemexgate como Amigos de Fox como las actividades del Consejo Coordinador Empresarial han demostrado que no es así. Antes el Estado canalizaba recursos para asegurar la equidad entre los partidos y ahora esos flujos ascendentes contribuyen a su "cartelización".
Partidos que son cárteles de la política y operan como tales. Deciden quién participa en ella y quién no; deciden cuánto dinero les toca y cómo reportarlo; deciden las reglas del juego y resisten demandas para su reformulación; deciden cómo proteger su feudo y erigen barreras de entrada ante quienes -como Jorge Castañeda- intentan democratizarlo. Partidos que canalizan el dinero público para pagar actividades poco relacionadas con el bienestar de la sociedad. Organizaciones multimillonarias que en lugar de transmitir demandas legítimas desde abajo, ofrecen empleo permanente a los de arriba. Organizaciones autónomas que extraen sin representar y usan recursos de la ciudadanía sin explicar puntual y cabalmente su destino. Agencias de colocación para una clase política financiada por los mexicanos, pero impermeable ante sus demandas.
Partidos dependientes, pero no de los electores sino de los medios electrónicos. Cadenas de televisión y estaciones de radio que en la elección del 2006 recibieron el 80 por ciento de los recursos otorgados a los partidos para sus campañas, o sea 2 mil 500 millones de pesos. Una vez más, el sistema político permitió la transferencia masiva de riqueza del bolsillo de los ciudadanos a las arcas de Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga. Y una vez más, el IFE ahora denuncia lo que falta por contabilizar; "spots" cuyo financiamiento falta escudriñar; espacios de tiempo al aire cuya "donación" en especie falta explicar; violaciones a los topes de campaña que este proceso podría revelar; evidencia del posible fraude fiscal cometido por las televisoras que la autoridad electoral podría denunciar. Huellas del veneno que corre a lo largo del andamiaje electoral y merma la confiabilidad a la cual -como sus patrocinadores- tenemos derecho.
Veneno que el IFE puede detectar pero ante el cual no tiene un antídoto eficaz, por dos motivos: el modelo de fiscalización que impera en México y los incentivos que tienen los partidos para violar sus reglas. Las sanciones no funcionan como un disuasivo, el monitoreo concluye un año después de la elección, las irregularidades detectadas no invalidan el triunfo conseguido con ellas, la expectativa de más dinero público -en función del voto- obtenido crea razones para exceder los topes en vez de respetarlos. Ante ese envenenamiento, hay un IFE vociferante pero impotente, dependiente de la buena voluntad de los partidos y las televisoras para ofrecer datos con los cuales transparentar una relación cuya opacidad les beneficia. Un IFE capaz de ofrecer el diagnóstico adecuado pero incapaz de diseñar la cura correcta.
Porque la elaboración de un suero capaz de devolverle la salud al sistema político depende de los propios partidos. Depende de quienes se benefician del statu quo y no tienen incentivos para reformarlo. La solución a aquello que aqueja a la República está en manos de quienes contribuyen a expoliarla. Depende de quienes saben que el reto ya no es la equidad electoral, sino la concentración de gastos de campaña para comprar tiempo en la televisión. Y todos los diputados y senadores saben cuáles son los remedios para el mal que nos aqueja: cortar el cordón umbilical entre los partidos y las televisoras. Impedir la compra directa de spots y con ello reducir los costos de las campañas. Denunciar la inconstitucionalidad de la Ley Televisa que permite la contratación de propaganda por los candidatos, aun cuando el Cofipe lo prohíbe. Reconocer que el envenenamiento actual acabará por matar la confianza en las instituciones.
Encuesta tras encuesta lo revela e incluso Felipe Calderón lo reconoció en su diagnóstico reciente sobre el país: 50 por ciento de la población no cree en la democracia y sospecha de sus principales actores; más de la mitad de los encuestados afirma que los partidos políticos "no son necesarios" para el bien del país; 77 por ciento piensa que las elecciones "cuestan demasiado" y son "poco o nada útiles para informar a la ciudadanía". Síntomas de la toxicidad producida por un modelo de competencia electoral que debilita al paciente en vez de curarlo: financiamiento público + acceso irrestricto a la televisión + regulación ineficaz = partidos cada vez más ricos, que participan en elecciones cada vez más caras, que benefician a televisoras cada vez más poderosas, que usan su poder para presionar a políticos renuentes a rendir cuentas o a cambiar la legislación electoral con el objetivo de remediar la enfermedad que provocaron. Un cáliz de oro financiado por ciudadanos como usted y como yo. Pero un cáliz envenenado.
Hoy el país padece las consecuencias de una decisión fundacional que se ha vuelto contraproducente. La apuesta al financiamiento público a los partidos como una forma de fortalecer la democracia está empeorando su calidad. Lo que funcionó en 1996 se ha vuelto disfuncional 10 años después. Lo que fue un bálsamo se ha convertido en un veneno. Lo que funcionó para fomentar la competencia ahora financia la incontinencia. Lo que fue un ingrediente indispensable para la transición actualmente obstaculiza su avance. El subsidio público a los partidos resolvió algunos dilemas pero ha creado otros y muy graves.
Antes la equidad electoral enfrentaba el problema del acceso al financiamiento, y ahora se enfrenta al problema de sus excesos. Antes se pensaba que el financiamiento público prevendría el ingreso indebido del financiamiento privado al proceso electoral, pero tanto Pemexgate como Amigos de Fox como las actividades del Consejo Coordinador Empresarial han demostrado que no es así. Antes el Estado canalizaba recursos para asegurar la equidad entre los partidos y ahora esos flujos ascendentes contribuyen a su "cartelización".
Partidos que son cárteles de la política y operan como tales. Deciden quién participa en ella y quién no; deciden cuánto dinero les toca y cómo reportarlo; deciden las reglas del juego y resisten demandas para su reformulación; deciden cómo proteger su feudo y erigen barreras de entrada ante quienes -como Jorge Castañeda- intentan democratizarlo. Partidos que canalizan el dinero público para pagar actividades poco relacionadas con el bienestar de la sociedad. Organizaciones multimillonarias que en lugar de transmitir demandas legítimas desde abajo, ofrecen empleo permanente a los de arriba. Organizaciones autónomas que extraen sin representar y usan recursos de la ciudadanía sin explicar puntual y cabalmente su destino. Agencias de colocación para una clase política financiada por los mexicanos, pero impermeable ante sus demandas.
Partidos dependientes, pero no de los electores sino de los medios electrónicos. Cadenas de televisión y estaciones de radio que en la elección del 2006 recibieron el 80 por ciento de los recursos otorgados a los partidos para sus campañas, o sea 2 mil 500 millones de pesos. Una vez más, el sistema político permitió la transferencia masiva de riqueza del bolsillo de los ciudadanos a las arcas de Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga. Y una vez más, el IFE ahora denuncia lo que falta por contabilizar; "spots" cuyo financiamiento falta escudriñar; espacios de tiempo al aire cuya "donación" en especie falta explicar; violaciones a los topes de campaña que este proceso podría revelar; evidencia del posible fraude fiscal cometido por las televisoras que la autoridad electoral podría denunciar. Huellas del veneno que corre a lo largo del andamiaje electoral y merma la confiabilidad a la cual -como sus patrocinadores- tenemos derecho.
Veneno que el IFE puede detectar pero ante el cual no tiene un antídoto eficaz, por dos motivos: el modelo de fiscalización que impera en México y los incentivos que tienen los partidos para violar sus reglas. Las sanciones no funcionan como un disuasivo, el monitoreo concluye un año después de la elección, las irregularidades detectadas no invalidan el triunfo conseguido con ellas, la expectativa de más dinero público -en función del voto- obtenido crea razones para exceder los topes en vez de respetarlos. Ante ese envenenamiento, hay un IFE vociferante pero impotente, dependiente de la buena voluntad de los partidos y las televisoras para ofrecer datos con los cuales transparentar una relación cuya opacidad les beneficia. Un IFE capaz de ofrecer el diagnóstico adecuado pero incapaz de diseñar la cura correcta.
Porque la elaboración de un suero capaz de devolverle la salud al sistema político depende de los propios partidos. Depende de quienes se benefician del statu quo y no tienen incentivos para reformarlo. La solución a aquello que aqueja a la República está en manos de quienes contribuyen a expoliarla. Depende de quienes saben que el reto ya no es la equidad electoral, sino la concentración de gastos de campaña para comprar tiempo en la televisión. Y todos los diputados y senadores saben cuáles son los remedios para el mal que nos aqueja: cortar el cordón umbilical entre los partidos y las televisoras. Impedir la compra directa de spots y con ello reducir los costos de las campañas. Denunciar la inconstitucionalidad de la Ley Televisa que permite la contratación de propaganda por los candidatos, aun cuando el Cofipe lo prohíbe. Reconocer que el envenenamiento actual acabará por matar la confianza en las instituciones.
Encuesta tras encuesta lo revela e incluso Felipe Calderón lo reconoció en su diagnóstico reciente sobre el país: 50 por ciento de la población no cree en la democracia y sospecha de sus principales actores; más de la mitad de los encuestados afirma que los partidos políticos "no son necesarios" para el bien del país; 77 por ciento piensa que las elecciones "cuestan demasiado" y son "poco o nada útiles para informar a la ciudadanía". Síntomas de la toxicidad producida por un modelo de competencia electoral que debilita al paciente en vez de curarlo: financiamiento público + acceso irrestricto a la televisión + regulación ineficaz = partidos cada vez más ricos, que participan en elecciones cada vez más caras, que benefician a televisoras cada vez más poderosas, que usan su poder para presionar a políticos renuentes a rendir cuentas o a cambiar la legislación electoral con el objetivo de remediar la enfermedad que provocaron. Un cáliz de oro financiado por ciudadanos como usted y como yo. Pero un cáliz envenenado.
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