La defensa de un canal venezolano de televisión ha sido convertida en bandera estridente de presunta defensa de la libertad de expresión en un país como México, donde las principales empresas electrónicas de comunicación, en especial las dos grandes televisoras, Televisa y Tv Azteca, han practicado formas de golpismo político, social y electoral parecidas a las que en Venezuela realizó en 2002 Radio Caracas Televisión para apoyar una rebelión militar contra un gobierno legítimo (apoyado en comicios por la mayoría de los ciudadanos) que libró esa trampa organizada por Estados Unidos y grupos empresariales nativos, y que hoy, en ejercicio de una facultad constitucional, ha decidido no renovar la concesión a un consorcio mediático que ha infringido de manera clara y grave sus obligaciones públicas.
El escándalo venezolano ha sido debidamente aceitado por el gobierno bushista, que no encuentra manera de organizar contra Hugo Chávez una crisis que le permita "justificar" acciones militares directas o a través de grupos locales infiltrados y manipulados. Por doquier aparecen defensores de la libertad de expresión que se muestran horrorizados porque un gobierno decida no renovar una concesión a una empresa televisiva. Muchos de esos preocupadísimos opinantes suelen ser benévolamente mudos ante los excesos, los golpes y los negocios de los dueños de los medios que ¡afortunadamente! no corren riesgo de perder sus concesiones porque forman parte del entramado de poder de las elites.
La cortina de humo venezolana llega en excelente momento para las estrategias defensoras de los privilegios de las televisoras mexicanas, pues en estos días se tendrán noticias definitivas sobre la famosa ley Televisa, que ha sido un golpe de poder con el que ciertas empresas han cercenado la fuerza del Estado mexicano y se han hecho de enormes ganancias económicas a costa del interés nacional. Esas televisoras fueron puntales de la construcción fraudulenta del resultado electoral de 2006 con el que se violentó gravemente la voluntad popular y se empujó al país al escenario de violencia y confusión que actualmente se vive y del que también se asombran y quejan esos opinantes confabulados.
El escándalo venezolano ha sido debidamente aceitado por el gobierno bushista, que no encuentra manera de organizar contra Hugo Chávez una crisis que le permita "justificar" acciones militares directas o a través de grupos locales infiltrados y manipulados. Por doquier aparecen defensores de la libertad de expresión que se muestran horrorizados porque un gobierno decida no renovar una concesión a una empresa televisiva. Muchos de esos preocupadísimos opinantes suelen ser benévolamente mudos ante los excesos, los golpes y los negocios de los dueños de los medios que ¡afortunadamente! no corren riesgo de perder sus concesiones porque forman parte del entramado de poder de las elites.
La cortina de humo venezolana llega en excelente momento para las estrategias defensoras de los privilegios de las televisoras mexicanas, pues en estos días se tendrán noticias definitivas sobre la famosa ley Televisa, que ha sido un golpe de poder con el que ciertas empresas han cercenado la fuerza del Estado mexicano y se han hecho de enormes ganancias económicas a costa del interés nacional. Esas televisoras fueron puntales de la construcción fraudulenta del resultado electoral de 2006 con el que se violentó gravemente la voluntad popular y se empujó al país al escenario de violencia y confusión que actualmente se vive y del que también se asombran y quejan esos opinantes confabulados.
El fisgón
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