Miguel Ángel Granados Chapa
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó ayer un documento que será insoslayable, el Informe especial sobre explotación sexual comercial infantil en el Distrito Federal, un poderoso llamado a establecer políticas públicas locales sobre la materia
La sociedad mexicana no puede alegar ignorancia sobre la diseminación y el crecimiento de la explotación sexual de niñas y niños, adolescentes y jóvenes adultos menores de 18 años. El activismo de algunas agrupaciones civiles, los trabajos de investigación de Elena Azaola y Lydia Cacho, que abordan el tema desde perspectivas diversas, con diferentes instrumentos y con efectos dispares (a Lydia le costó un proceso penal y otros riesgos), todo ello nos ha provisto de un conocimiento traducido en preocupación y debe convertirse también en acciones de política pública coherentes y eficaces. A conseguir ese propósito en el territorio de su competencia se dirige el Informe especial sobre explotación sexual comercial infantil en el Distrito Federal presentado ayer por el ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal atiende con atingencia las quejas que los afectados por violaciones a esos derechos presentan en su oficina sede, en el centro de la Ciudad de México, y en sus unidades desconcentradas en los cuatro puntos cardinales de la capital. Siendo ésa una parte principal de su desempeño, la comisión elabora también informes sobre situaciones generales acerca de materias variadas como el hacinamiento carcelario y el desperdicio del agua, para sólo citar dos ejemplos paradigmáticos. Su objetivo, claramente expresado en el reporte sobre el comercio sexual infantil presentado ayer (en una reunión que se prolongó hasta tres horas y media, lo que dice de la densidad del tema y el interés que provoca), es señalar las causas de fenómenos con objeto de que acciones sociales y gubernamentales incidan sobre ellas, de modo profiláctico, preventivo, para no limitarse a la lucha, probablemente interminable en las circunstancias vigentes, contra las consecuencias específicas e individuales en que se expresan aquellas condiciones generales.
A pesar del tono institucional del reporte, la lectura de los pasajes donde se describen las principales zonas del Distrito Federal y sus características (prostitución, pornografía, turismo sexual, trata de niñas, niños y adolescentes), produce estremecimientos por tratarse de testimonios vivos sobre la degradación a que se somete a miles de personas indefensas, por su menor edad. Sobre todo las que deambulan y pernoctan en las calles capitalinas. He aquí un breve muestrario del horror que padecen cotidianamente esas víctimas de la insania social que caracteriza las relaciones humanas de hoy. Omito la ubicación de los casos descritos:
En un lugar céntrico, "hace muchos años se reúne un grupo de varones niños, adolescentes y jóvenes, cuyas edades fluctúan entre 15 y 24 años de edad. Algunos son trasvestis. Además de quienes ofrecen su cuerpo a cambio de dinero o bienes, también están quienes funcionan como parejas y protectores. Se ha visto que muchachos 'venden' a niños de entre 9 y 11 años a judiciales de la Procuraduría cercana", que es la General de la República.
En otro lugar céntrico "trabajan", según un censo delegacional, 271 mujeres "agrupadas por hoteles, estacionamientos o loncherías que sirven como prostíbulos". Unas 50 de ellas, el 15 por ciento del total, son menores de edad. Su condición deriva de que reciben "bienes básicos como techo y comida por algún tiempo, alrededor de una semana por parte del o de la explotadora. A partir de ello comienzan a establecer un sistema de deudas... (que) resultan impagables. En los casos de quienes son explotadas en establecimientos cerrados las deudas son aun mayores porque se contabiliza la ropa, el maquillaje, la infraestructura del lugar como las luces, etc. En ocasiones se les prohíbe salir. Muchas veces ellas no ven el dinero porque quienes lo reciben son los explotadores". En otro lugar se concentra "la presencia de mujeres de edad inferior a los 18 años provenientes de Europa del Este". En un sitio más "el comercio sexual infantil está estrechamente vinculado con la venta de estupefacientes, incluso en las escuelas".
Con datos de Casa Alianza "se detectó que 98 por ciento de los adolescentes entre 12 y 18 años que llegan generalmente de la calle a vivir en los hogares, ha sido víctima de explotación, esto es, ha tenido relaciones sexuales como medio de intercambio, por ejemplo de droga, alimento, un lugar para dormir, o incluso por teléfonos celulares, ropa y, en menor medida, juguetes". Por otro lado, no siempre las víctimas de pornografía son forzadas "a través de violencia física o amenazas. Por el contrario, es común la persuasión, la adulación, la oferta de llevar a la fama, el pago en dinero o algún satisfactor. El rango de edad de las víctimas... fluctúa entre los 12 y los 17 años". Se da el caso de "secuestro de niños para llevar a cabo filmaciones pornográficas en hoteles perfectamente identificados".
A las centrales camioneras "llegan adolescentes mujeres en busca de trabajo doméstico, a veces sin tener contactos en la ciudad. Ahí, los enganchadores ofrecen ayuda, dónde dormir, comida, trabajo, etc. Posteriormente exigen el pago a través de la explotación sexual". Digamos, en fin, que "algunas familias en extrema pobreza del sureste de México... venden a sus hijas desde los 6, 7 u 8 años de edad y son trasladadas al Distrito Federal, en ocasiones bajo el engaño de que se les proporcionará un trabajo digno. Conforme crecen, van cambiando de lugar para satisfacer diversas demandas. En estos casos el daño físico es muy grande...".
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó ayer un documento que será insoslayable, el Informe especial sobre explotación sexual comercial infantil en el Distrito Federal, un poderoso llamado a establecer políticas públicas locales sobre la materia
La sociedad mexicana no puede alegar ignorancia sobre la diseminación y el crecimiento de la explotación sexual de niñas y niños, adolescentes y jóvenes adultos menores de 18 años. El activismo de algunas agrupaciones civiles, los trabajos de investigación de Elena Azaola y Lydia Cacho, que abordan el tema desde perspectivas diversas, con diferentes instrumentos y con efectos dispares (a Lydia le costó un proceso penal y otros riesgos), todo ello nos ha provisto de un conocimiento traducido en preocupación y debe convertirse también en acciones de política pública coherentes y eficaces. A conseguir ese propósito en el territorio de su competencia se dirige el Informe especial sobre explotación sexual comercial infantil en el Distrito Federal presentado ayer por el ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal atiende con atingencia las quejas que los afectados por violaciones a esos derechos presentan en su oficina sede, en el centro de la Ciudad de México, y en sus unidades desconcentradas en los cuatro puntos cardinales de la capital. Siendo ésa una parte principal de su desempeño, la comisión elabora también informes sobre situaciones generales acerca de materias variadas como el hacinamiento carcelario y el desperdicio del agua, para sólo citar dos ejemplos paradigmáticos. Su objetivo, claramente expresado en el reporte sobre el comercio sexual infantil presentado ayer (en una reunión que se prolongó hasta tres horas y media, lo que dice de la densidad del tema y el interés que provoca), es señalar las causas de fenómenos con objeto de que acciones sociales y gubernamentales incidan sobre ellas, de modo profiláctico, preventivo, para no limitarse a la lucha, probablemente interminable en las circunstancias vigentes, contra las consecuencias específicas e individuales en que se expresan aquellas condiciones generales.
A pesar del tono institucional del reporte, la lectura de los pasajes donde se describen las principales zonas del Distrito Federal y sus características (prostitución, pornografía, turismo sexual, trata de niñas, niños y adolescentes), produce estremecimientos por tratarse de testimonios vivos sobre la degradación a que se somete a miles de personas indefensas, por su menor edad. Sobre todo las que deambulan y pernoctan en las calles capitalinas. He aquí un breve muestrario del horror que padecen cotidianamente esas víctimas de la insania social que caracteriza las relaciones humanas de hoy. Omito la ubicación de los casos descritos:
En un lugar céntrico, "hace muchos años se reúne un grupo de varones niños, adolescentes y jóvenes, cuyas edades fluctúan entre 15 y 24 años de edad. Algunos son trasvestis. Además de quienes ofrecen su cuerpo a cambio de dinero o bienes, también están quienes funcionan como parejas y protectores. Se ha visto que muchachos 'venden' a niños de entre 9 y 11 años a judiciales de la Procuraduría cercana", que es la General de la República.
En otro lugar céntrico "trabajan", según un censo delegacional, 271 mujeres "agrupadas por hoteles, estacionamientos o loncherías que sirven como prostíbulos". Unas 50 de ellas, el 15 por ciento del total, son menores de edad. Su condición deriva de que reciben "bienes básicos como techo y comida por algún tiempo, alrededor de una semana por parte del o de la explotadora. A partir de ello comienzan a establecer un sistema de deudas... (que) resultan impagables. En los casos de quienes son explotadas en establecimientos cerrados las deudas son aun mayores porque se contabiliza la ropa, el maquillaje, la infraestructura del lugar como las luces, etc. En ocasiones se les prohíbe salir. Muchas veces ellas no ven el dinero porque quienes lo reciben son los explotadores". En otro lugar se concentra "la presencia de mujeres de edad inferior a los 18 años provenientes de Europa del Este". En un sitio más "el comercio sexual infantil está estrechamente vinculado con la venta de estupefacientes, incluso en las escuelas".
Con datos de Casa Alianza "se detectó que 98 por ciento de los adolescentes entre 12 y 18 años que llegan generalmente de la calle a vivir en los hogares, ha sido víctima de explotación, esto es, ha tenido relaciones sexuales como medio de intercambio, por ejemplo de droga, alimento, un lugar para dormir, o incluso por teléfonos celulares, ropa y, en menor medida, juguetes". Por otro lado, no siempre las víctimas de pornografía son forzadas "a través de violencia física o amenazas. Por el contrario, es común la persuasión, la adulación, la oferta de llevar a la fama, el pago en dinero o algún satisfactor. El rango de edad de las víctimas... fluctúa entre los 12 y los 17 años". Se da el caso de "secuestro de niños para llevar a cabo filmaciones pornográficas en hoteles perfectamente identificados".
A las centrales camioneras "llegan adolescentes mujeres en busca de trabajo doméstico, a veces sin tener contactos en la ciudad. Ahí, los enganchadores ofrecen ayuda, dónde dormir, comida, trabajo, etc. Posteriormente exigen el pago a través de la explotación sexual". Digamos, en fin, que "algunas familias en extrema pobreza del sureste de México... venden a sus hijas desde los 6, 7 u 8 años de edad y son trasladadas al Distrito Federal, en ocasiones bajo el engaño de que se les proporcionará un trabajo digno. Conforme crecen, van cambiando de lugar para satisfacer diversas demandas. En estos casos el daño físico es muy grande...".
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