Denise Dresser
La escena lo dice todo. Una mujer con la cara descompuesta entra gritando al recinto en el que se acaba de presentar una evaluación crítica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En una actitud confrontadora, reclama al representante de Human Rights Watch mientras la concurrencia la mira con azoro. Enardecida, grita que es representante de la CNDH y que la institución tiene derecho de réplica. En ese momento, alguien en la audiencia le revira que la principal institución encargada de proteger los derechos humanos en México no cumple bien su labor. Y así comienza un pleito público cuya dinámica subraya lo que el reporte sugiere: la CNDH está de un lado y la sociedad del otro. José Luis Soberanes con frecuencia se para del lado del poder y no del lado de quienes padecen sus abusos. En lugar de ejercer al máximo su mandato, una y otra vez opta por diluirlo.
Allí a la vista de todos y cada vez más costoso para la sociedad: una de las oficinas de derechos humanos más grandes del mundo y una de las más caras que no cumple cabalmente con su misión. Con un presupuesto anual de 73 millones de dólares. Con más de mil empleados, muchos de ellos personas de buena voluntad. Y a pesar de ello, su labor ha sido decepcionante. Una y otra vez –como señala el reporte de Human Rights Watch– la CNDH documenta abusos pero no impulsa a las instituciones del Estado a repararlos. En lugar de promover reformas para prevenir abusos futuros, se abstiene de hacerlo. En vez de oponerse a prácticas y leyes abusivas y contrarias a estándares internacionales, guarda silencio ante ellas. En lugar de construir una relación constructiva con otras organizaciones abocadas a la protección de los derechos humanos, intenta desacreditarlas. En vez de proveer apoyo a las víctimas, acaba peleándose con ellas, como lo hizo la representante de José Luis Soberanes hace unos días.
No tendría por qué ser así. A lo largo de su historia, la CNDH ha podido jugar un papel constructivo, acorde con los objetivos para los cuales fue creada. En 1995 documenta la masacre de Aguas Blancas. En 1996 documenta la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial de Reyes Penagos Martínez en Chiapas. En 2001 elabora un informe detallado sobre la “guerra sucia”. En 2005 crea una oficina para abordar las violaciones de derechos humanos sufridas por migrantes. En 2006 publica un Diagnóstico Nacional de 191 cárceles. Se ha opuesto activamente a la pena de muerte.
Pero esta lista no es suficiente ante la persistencia de las violaciones padecidas y la impunidad prevaleciente. De la CNDH se espera más de lo que ha ofrecido. No basta con documentar, no basta con escuchar, no basta con exhortar, no basta con recomendar. La CNDH también tiene que pelear y con demasiada frecuencia no lo hace. O simula que lo hace. O permanece callada. O adopta una actitud pasiva. O se manifiesta cuando ya es demasiado tarde. O actúa con criterios inconsistentes y selectivos. O ignora las obligaciones de México ante el derecho internacional. Se convierte en observador cuando debería ser protector, porque para eso se le dan los recursos monumentales con los que cuenta.
José Luis Soberanes por lo visto piensa que es suficiente emitir una recomendación y cerrar el expediente, como lo hizo en el caso de Francisco Ramírez Acuña y los abusos policiacos que avaló en Guadalajara. Como lo hizo en el caso de Atenco. La postura del presidente de la CNDH es emitir una recomendación y lavarse las manos, aunque haya sido rechazada. Piensa que con eso ya cumplió, cuando no debería ser así. Sin duda, la CNDH ha desempeñado un papel más activo en el caso de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. Allí sí ha sido más insistente en el seguimiento de sus recomendaciones. Pero lamentablemente tardó cinco años en hacerlo.
La CNDH actúa con demasiada lentitud y en gran parte ello se debe a la forma en la cual se limita a sí misma. Soberanes argumenta que su mandato es más pequeño, más limitado, más restringido de lo que sus críticos le exigen. Ante realidades dolorosas se refugia en argumentos angostos que acaban convirtiéndolo en cómplice de quienes violan los derechos humanos. Ante hechos evidentes se refugia en posiciones legalistas que acaban transformándolo en un personaje del cual la sociedad desconfía y con razón. Ante violaciones recurrentes dice que tiene las manos atadas, cuando queda claro que él mismo se las ha amarrado. Allí está el caso “cerrado” de los líderes campesinos ambientalistas que fueron torturados. Allí están las recomendaciones “totalmente cumplidas” aunque nunca hubo sanción para los culpables. Allí está el envío sistemático de casos al ministerio público militar, donde no hay un recurso efectivo para las víctimas de violaciones cometidas por el Ejército.
En lugar de cuestionar el uso indebido de la justicia militar, la CNDH persiste en mandarle casos, aun sabiendo que probablemente no serán investigados. Ante ello, el país debería preguntarle a José Luis Soberanes qué ha pasado con los soldados que golpearon a siete policías municipales y abusaron sexualmente de 14 mujeres en Coahuila. Qué ha pasado con los soldados que detuvieron arbitrariamente a ocho personas y las mantuvieron incomunicadas en una base militar en Michoacán, donde fueron torturadas. Qué ha pasado con los soldados que abrieron fuego contra un camión, causando la muerte de cinco personas, incluidos cinco niños, en Sinaloa. La CNDH no ha objetado el ejercicio reiterado de la jurisdicción militar en abierta violación a la Constitución que estipula: “los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”. Soberanes no ha cuestionado pública y adecuadamente el uso indebido del fuero militar.
Por eso no sorprende que en actos públicos como el que ocurrió hace unos días la CNDH sea cuestionada, atacada, criticada. Cuesta mucho y rinde poco. Obstaculiza cuando debería facilitar. Pospone cuando debería promover. Concilia cuando debería confrontar. Recibe muchos recursos y no rinde cuentas completas sobre cómo los usa. Se pelea con organizaciones internacionales cuando debería ser visto como un aliado de sus causas. Protege más a las instituciones que a las personas cuyos derechos son violados por ellas. Y no ha logrado establecer una relación constructiva con las víctimas ni con otros actores nacionales e internacionales que las defienden. Las críticas se apilan año con año mientras José Luis Soberanes sigue allí. Algo está mal. Algo no funciona. Como tantos han señalado y es importante reconocer: México tiene un ombudsman que no sabe cómo serlo.
La escena lo dice todo. Una mujer con la cara descompuesta entra gritando al recinto en el que se acaba de presentar una evaluación crítica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En una actitud confrontadora, reclama al representante de Human Rights Watch mientras la concurrencia la mira con azoro. Enardecida, grita que es representante de la CNDH y que la institución tiene derecho de réplica. En ese momento, alguien en la audiencia le revira que la principal institución encargada de proteger los derechos humanos en México no cumple bien su labor. Y así comienza un pleito público cuya dinámica subraya lo que el reporte sugiere: la CNDH está de un lado y la sociedad del otro. José Luis Soberanes con frecuencia se para del lado del poder y no del lado de quienes padecen sus abusos. En lugar de ejercer al máximo su mandato, una y otra vez opta por diluirlo.
Allí a la vista de todos y cada vez más costoso para la sociedad: una de las oficinas de derechos humanos más grandes del mundo y una de las más caras que no cumple cabalmente con su misión. Con un presupuesto anual de 73 millones de dólares. Con más de mil empleados, muchos de ellos personas de buena voluntad. Y a pesar de ello, su labor ha sido decepcionante. Una y otra vez –como señala el reporte de Human Rights Watch– la CNDH documenta abusos pero no impulsa a las instituciones del Estado a repararlos. En lugar de promover reformas para prevenir abusos futuros, se abstiene de hacerlo. En vez de oponerse a prácticas y leyes abusivas y contrarias a estándares internacionales, guarda silencio ante ellas. En lugar de construir una relación constructiva con otras organizaciones abocadas a la protección de los derechos humanos, intenta desacreditarlas. En vez de proveer apoyo a las víctimas, acaba peleándose con ellas, como lo hizo la representante de José Luis Soberanes hace unos días.
No tendría por qué ser así. A lo largo de su historia, la CNDH ha podido jugar un papel constructivo, acorde con los objetivos para los cuales fue creada. En 1995 documenta la masacre de Aguas Blancas. En 1996 documenta la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial de Reyes Penagos Martínez en Chiapas. En 2001 elabora un informe detallado sobre la “guerra sucia”. En 2005 crea una oficina para abordar las violaciones de derechos humanos sufridas por migrantes. En 2006 publica un Diagnóstico Nacional de 191 cárceles. Se ha opuesto activamente a la pena de muerte.
Pero esta lista no es suficiente ante la persistencia de las violaciones padecidas y la impunidad prevaleciente. De la CNDH se espera más de lo que ha ofrecido. No basta con documentar, no basta con escuchar, no basta con exhortar, no basta con recomendar. La CNDH también tiene que pelear y con demasiada frecuencia no lo hace. O simula que lo hace. O permanece callada. O adopta una actitud pasiva. O se manifiesta cuando ya es demasiado tarde. O actúa con criterios inconsistentes y selectivos. O ignora las obligaciones de México ante el derecho internacional. Se convierte en observador cuando debería ser protector, porque para eso se le dan los recursos monumentales con los que cuenta.
José Luis Soberanes por lo visto piensa que es suficiente emitir una recomendación y cerrar el expediente, como lo hizo en el caso de Francisco Ramírez Acuña y los abusos policiacos que avaló en Guadalajara. Como lo hizo en el caso de Atenco. La postura del presidente de la CNDH es emitir una recomendación y lavarse las manos, aunque haya sido rechazada. Piensa que con eso ya cumplió, cuando no debería ser así. Sin duda, la CNDH ha desempeñado un papel más activo en el caso de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. Allí sí ha sido más insistente en el seguimiento de sus recomendaciones. Pero lamentablemente tardó cinco años en hacerlo.
La CNDH actúa con demasiada lentitud y en gran parte ello se debe a la forma en la cual se limita a sí misma. Soberanes argumenta que su mandato es más pequeño, más limitado, más restringido de lo que sus críticos le exigen. Ante realidades dolorosas se refugia en argumentos angostos que acaban convirtiéndolo en cómplice de quienes violan los derechos humanos. Ante hechos evidentes se refugia en posiciones legalistas que acaban transformándolo en un personaje del cual la sociedad desconfía y con razón. Ante violaciones recurrentes dice que tiene las manos atadas, cuando queda claro que él mismo se las ha amarrado. Allí está el caso “cerrado” de los líderes campesinos ambientalistas que fueron torturados. Allí están las recomendaciones “totalmente cumplidas” aunque nunca hubo sanción para los culpables. Allí está el envío sistemático de casos al ministerio público militar, donde no hay un recurso efectivo para las víctimas de violaciones cometidas por el Ejército.
En lugar de cuestionar el uso indebido de la justicia militar, la CNDH persiste en mandarle casos, aun sabiendo que probablemente no serán investigados. Ante ello, el país debería preguntarle a José Luis Soberanes qué ha pasado con los soldados que golpearon a siete policías municipales y abusaron sexualmente de 14 mujeres en Coahuila. Qué ha pasado con los soldados que detuvieron arbitrariamente a ocho personas y las mantuvieron incomunicadas en una base militar en Michoacán, donde fueron torturadas. Qué ha pasado con los soldados que abrieron fuego contra un camión, causando la muerte de cinco personas, incluidos cinco niños, en Sinaloa. La CNDH no ha objetado el ejercicio reiterado de la jurisdicción militar en abierta violación a la Constitución que estipula: “los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”. Soberanes no ha cuestionado pública y adecuadamente el uso indebido del fuero militar.
Por eso no sorprende que en actos públicos como el que ocurrió hace unos días la CNDH sea cuestionada, atacada, criticada. Cuesta mucho y rinde poco. Obstaculiza cuando debería facilitar. Pospone cuando debería promover. Concilia cuando debería confrontar. Recibe muchos recursos y no rinde cuentas completas sobre cómo los usa. Se pelea con organizaciones internacionales cuando debería ser visto como un aliado de sus causas. Protege más a las instituciones que a las personas cuyos derechos son violados por ellas. Y no ha logrado establecer una relación constructiva con las víctimas ni con otros actores nacionales e internacionales que las defienden. Las críticas se apilan año con año mientras José Luis Soberanes sigue allí. Algo está mal. Algo no funciona. Como tantos han señalado y es importante reconocer: México tiene un ombudsman que no sabe cómo serlo.
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