70° aniversario de la Expropiación Petrolera

Cuauhtémoc Cárdenas.

Agradezco muy cumplidamente al H. Ayuntamiento de Morelia y de manera particular a su Presidente el Lic. Fausto Vallejo, la invitación que me han hecho y que mucho me honra, para hacer uso de la palabra en esta conmemoración del 70° aniversario de aquel 18 de marzo en el que Lázaro Cárdenas decretara la expropiación de los bienes de las compañías petroleras que se declararon en rebeldía ante un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo así valer las leyes del país y reafirmando la soberanía de la nación.

Fue la de Cárdenas una decisión tomada con valor y dignidad, enmarcada en el ejercicio del derecho, que contó con el respaldo patriótico del pueblo mexicano, que comprendió su sentido reivindicatorio y las posibilidades de desarrollo que se le abrían al conquistar la capacidad de manejar ese importante recurso en función del interés público y nacional.

Mucho ha sucedido en la industria petrolera y en México en los 70 años transcurridos desde entonces. De empezar el siglo como una industria orientada a la exportación de petróleo crudo y a satisfacer una reducida demanda interna de petrolíferos, se convirtió a partir de la Expropiación en una industria integrada en sus cadenas productivas, que fijó su prioridad en satisfacer las crecientes demandas internas de combustibles y de aportar las materias primas para el desarrollo de una industria petroquímica que además de abastecer los mercados nacionales, acudiera competitivamente a los mercados del exterior.

El descubrimiento de depósitos gigantes en el Golfo de México, secreto guardado por los técnicos petroleros temerosos en aquel momento de los excesos de la demagogia, que se hizo público en la segunda mitad de los años 70, iniciándose casi inmediatamente después su aprovechamiento, trajo un viraje radical en la industria: al tiempo que se atendían los mercados nacionales y se impulsaba la transformación industrial del recurso en refinados y petroquímicos, se reinició también la exportación de petróleo crudo en grandes volúmenes.

El arribo al poder, poco tiempo después, de los gobiernos neoliberales, marcó un nuevo viraje para la industria: se puso en práctica una férrea y destructiva política de dependencia al centrarse la prioridad en la exportación de crudo, destinándose los ingresos producidos a nutrir los fondos fiscales del Estado, y consciente y deliberadamente se procedió al desmantelamiento de la industria, abandonando los proyectos para incrementar las capacidades de refinación y para alargar las cadenas de producción de petroquímicos, cediendo los mercados internos a intereses ajenos y cancelando para el país importantes oportunidades de desarrollo. Esas orientaciones en la industria petrolera han prevalecido ya por poco más de cuatro sexenios.

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Llegamos hoy al 70° aniversario de la Expropiación Petrolera y encontramos al país en el medio de una disputa soterrada sobre el rumbo que debe tomar la industria del petróleo, que involucra a actores principales de la vida política, que hasta el día de hoy se resisten a exponer con lealtad hacia la nación sus ideas al respecto y que a partir casi sólo de descalificaciones personales, en tonos cada vez más ásperos, están provocando una cerrazón sectaria que tiende a cancelar las vías del diálogo, el que, por otro lado, se hace cada vez más indispensable como vía para determinar las opciones óptimas que efectivamente conduzcan a resolver los urgentes problemas que enfrenta la industria.

En este caso, no existe excusa válida, al menos para el Ejecutivo y las fracciones parlamentarias de los distintos partidos en el Congreso de la Unión, para que no presenten ya, para conocimiento y consideración entre otros de la opinión pública, sus proyectos, ideas y razonamientos en relación a lo que integralmente estimen debe hacerse con la industria petrolera –y en un sentido más amplio- con la industria energética del país, pues a ellos, Ejecutivo y Legislativo, corresponderán las decisiones que permitan dar un rumbo positivo al desarrollo de la actividad petrolera o las que la hundan más en la dependencia, la obsolescencia y el retroceso que ha estado viviendo en un ya largo cuarto de siglo.

Para quienes compartimos el ideal de una industria petrolera nacional cuyo desarrollo la convierta de nueva cuenta en motor principal del crecimiento económico y de la industrialización, de la creatividad científica y tecnológica, cuyos beneficios deriven en un mayor bienestar para la población y en una efectiva y real equidad social, sería muy grave error negarse a establecer un debate con aquellos que difieren de nuestras posturas, como error sería no presentar nuestras iniciativas y propuestas para que sean debatidas, pues esa omisión sólo se traduciría en el debilitamiento de nuestras propias posiciones y en el debilitamiento terminal de la industria nacionalizada. Y esa ausencia u omisión, la sociedad en mayoría y con razón, nos la reclamaría.

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Este aniversario de la Expropiación Petrolera tiene lugar cuando el modelo esencialmente extractivo-fiscal que se impuso a la industria petrolera se encuentra agotado, tanto por la declinación natural de los yacimientos, como por la negligencia de quienes han tomado decisiones erróneas e impedido con ellas la restitución adecuada de las reservas, aunque la gravedad de la situación se oculte momentáneamente en los precios internacionales del crudo, que han alcanzando niveles tan altos que la hacienda pública está recibiendo ingresos de la industria como nunca antes en la historia del país.

Frente a esta situación, resulta indispensable priorizar la seguridad energética del país, por lo que la política de exploración e incorporación de reservas debiera fijarse como objetivo mantener una relación entre reservas y producción que garantice el 100% del consumo interno y sólo destinar a la exportación aquellos volúmenes que se sitúen por encima de esta relación, sin rebasar el 50% de la función básica.

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En los cuatro primeros años de este nuevo siglo, los precios del petróleo mexicano promediaron 23 dólares el barril, en los tres años siguientes se dispararon hasta 53 y al día de hoy, los precios de los mercados internacionales han superado los 100, ubicándose la mezcla mexicana por arriba de los 90 dólares. En estas condiciones, el gobierno mexicano ha dispuesto, en tiempos de caída en la extracción petrolera, de una inimaginable cantidad de divisas que ha acentuado la petrolización de las finanzas públicas. Si en 2004 Pemex aportó al erario público 40 mil millones de dólares, en 2007 lo hizo con 62 mil y durante cada uno de estos años Hacienda ha contado con excedentes no considerados en el presupuesto que han variado entre los 10 y los 18 mil millones de dólares.

El tema de los excedentes es un dato singular porque, en gran medida, se han dilapidado en gasto corriente, cuando en su extraordinaria cuantía hubiera residido la oportunidad para la modernización y expansión racional de la industria y para romper las exageradas ataduras presupuestales de Pemex, concediéndole una efectiva autonomía presupuestal, es decir, facultando a su órgano de gobierno a enviar a la Cámara de Diputados, por conducto del Ejecutivo, su proyecto de presupuesto, estableciendo la condición que no pudiera ser modificado por la Secretaría de Hacienda, acompañando esa autonomía con un nuevo esquema tanto de fiscalización como de gobierno profesional, con capacidad para cambiar la estructura corporativa del organismo, adecuándola a las necesidades mismas del negocio.

Por otra parte, el incremento de los precios del petróleo ha brindado la oportunidad al gobierno de anunciar en este año un agresivo programa de construcción de infraestructura y extender el alcance de los programas de salud, educación y, en general, de asistencia social. Estos propósitos, aun en las condiciones críticas en que se desenvuelve la explotación petrolera, confirman el valor histórico que ha tenido para los mexicanos el haber recuperado, en 1938, la soberanía nacional sobre los hidrocarburos y su explotación exclusiva por el Estado.

Así, aun los críticos más tenaces del proceso expropiatorio, que de manera abierta o agazapada han mantenido la esperanza de revertir el proceso, han tenido que reconocer que la sociedad mexicana en ningún caso hubiera obtenido un beneficio mayor, de haber permanecido la explotación de los hidrocarburos para el usufructo de petroleras privadas.

Y ese es, justamente, el problema nodal. La clave de las dificultades que hoy enfrenta Petróleos Mexicanos se encuentra en la sobre regulación presupuestaria, que antepone un supuesto equilibrio de las finanzas públicas a las necesidades de una operación petrolera racional y de alta productividad para el país, y en la insuficiencia de inversión que impone un régimen fiscal confiscatorio.

Prácticamente todos y cada uno de los problemas fundamentales de la operación de Pemex tienen que ver con obstáculos que se han ido acumulando por la incapacidad gubernamental en otros campos. La ineficiencia de las autoridades recaudadoras para cobrar impuestos, se ha resuelto imponiendo a Pemex un sistema de pagos por adelantado y con una fiscalidad que absorbe el 74 % de sus ingresos por la venta de crudo y algo más por otros conceptos. La pregonada estabilización macroeconómica y el equilibrio en las finanzas públicas, no provienen de una mayor eficiencia en el gasto, sino del embargo del presupuesto de las empresas públicas, en especial Pemex y Comisión Federal de Electricidad, a las que se impide disponer de recursos autorizados de inversión mientras la Secretaría de Hacienda no determine su conveniencia, obligándoles además a congelar su liquidez (manteniendo un elevadísimo superávit primario) e induciéndolas a un mayor endeudamiento, incluso para trabajos urgentes de mantenimiento.

La dependencia fiscal y presupuestal del gobierno federal respecto de los ingresos petroleros, constituyen un lastre que impide al país contar con una industria petrolera moderna y capaz de autofinanciar su desenvolvimiento, y al través de éste, contribuir a los programas estatales y al desarrollo nacional con un sentido más amplio.

Es falso entonces que se carezca de los recursos para modernizar y reactivar la actividad petrolera en su conjunto. Pemex, aun con las distorsiones que sufre como petrolera integrada, genera los recursos necesarios para su expansión, aunque para disponer de ellos se requiere de reformas en la política fiscal del Estado: dar continuidad al proceso de liberación de recursos presupuestales que se inició hace un par de años, hasta que se dé a Pemex el tratamiento fiscal que se da a cualquier entidad productiva en el país; dejar a disposición del organismo los excedentes por diferencial de precios estimados en el presupuesto federal y los efectivos en la venta de crudo; y liberarle de mantener un superávit primario excesivo, como ahora se lo tiene impuesto la Secretaría de Hacienda. De disponer de esos recursos, Pemex no estaría en la situación de apremio en la que ahora se encuentra.

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Los problemas concretos de la industria son de conocimiento público:

El estancamiento del sistema de refinación ha entregado los mercados nacionales a productores del exterior, generando la importación de gasolinas en el orden de los 15 mil millones de dólares por año y con ello un fuerte desequilibrio en la balanza comercial de petrolíferos, así como la saturación de la infraestructura de almacenamiento y transporte, lo que pone al límite la capacidad diaria de suministro de gasolinas al público. Por otro lado, ha producido una incompatibilidad entre el crudo pesado disponible e instalaciones que en su diseño fueron orientadas a procesar crudos ligeros, lo que redunda en que se mantiene una porción importante de la capacidad de refinación sin utilizar. Se hace entonces necesario acelerar los trabajos de reconfiguración del sistema nacional de refinación y la construcción de dos nuevas refinerías, con capacidad para procesar, cada una, 300 mil barriles por día.

La petroquímica, cuya legislación regulatoria se modificó a principios de los años noventa, aduciendo el gobierno que con ello recibiría inversión privada que promoviera su crecimiento, lo que en la práctica no sucedió, acumula más de quince años de estancamiento, deterioro, baja utilización de su capacidad instalada, ruptura de cadenas productivas nacionales y crecimiento de las importaciones, cuya factura supera ya los diez mil millones de dólares anuales.
En esas condiciones, es preciso reorganizar la petroquímica nacional para integrar las cadenas productivas, dando prioridad a aquellas que ofrezcan ventajas comparativas en la competencia internacional y nacional.

La producción de gas natural, que en contraste con los demás sectores ha mostrado un ritmo de expansión significativo (con tasas del 13 % anual), enfrenta una grave deformación de su mercado. El principal consumidor, la Comisión Federal de Electricidad, ha montado una estrategia de importación de grandes cantidades de gas natural licuado por ambas costas del país (Altamira, Ensenada, Manzanillo y, próximamente, Yucatán), importaciones que por su magnitud, los comercializadores reexportan parcialmente hacia los Estados Unidos. Por otro lado, el crecimiento de la producción de Pemex tenderá a concentrarse en otro tipo de consumidores y quizá en el futuro, también parcialmente se exporte.

La creación de estos dos segmentos del mercado del gas natural ha roto casi de manera definitiva las posibilidades de planeación de una política energética integral. La electricidad y los hidrocarburos nacionales son negocios que deliberadamente se mantienen aislados con un espacio compartido cada vez más delgado. Por otro lado, al proceso de formación de precios del gas se le ha impuesto como base el mercado del sur de Texas, cuyas cotizaciones se mantendrán altas para las empresas mexicanas, aún cuando su abasto no provenga de ese mercado, obligando al gobierno a mantener un sistema de subsidios creciente que lastra a Pemex. A mediano plazo, esta situación restará flexibilidad a las tarifas de energía eléctrica y hará depender de manera creciente la generación de electricidad del suministro de gas extranjero.

Una parte importante de las causas del atraso de la estructura industrial de Pemex está en su sistema de precios de transferencia vigente, que complementó las reformas a la Ley Orgánica de Pemex de 1992. Este sistema, que es urgente modificar, estableció una separación rígida y una relación comercial entre filiales que las hace conducirse como si se tratara de negocios separados y en competencia, que dificultan la operación y que desde su adopción hace quince años, han traído consigo una multiplicación de las redes burocráticas y un grave desatino económico en la promoción de la rentabilidad global de la industria petrolera, tanto al interior de Pemex, como en su relación con proveedores y clientes, ya que en esas condiciones Pemex se ve obligado a entregar materias primas a precios altos, dejando con ello fuera de competencia a productores mexicanos que abastece. Por ese camino, además, se ha impedido que Pemex, CFE y LFC se consoliden y modernicen dentro del marco constitucional que los define como organismos que deben desempeñarse en actividades industrialmente integradas, creando una inconsistencia entre obligación legal y operación que hace surgir numerosos obstáculos en el funcionamiento del sector energético.

Por otra parte, en los últimos seis años Pemex ha venido acumulando una deuda considerable mediante los proyectos de impacto diferido en el gasto (pidiregas), que se multiplicaron hasta superar los 50 mil millones de dólares, creando una deuda llamada contingente o no presupuestal.

Se trata de recursos que se invierten en proyectos que llevan a cabo empresas privadas, por lo general extranjeras, que consiguen recursos con la garantía del gobierno mexicano y cuyos productos o servicios venden a Petróleos Mexicanos. Su problema mayor, es que resultan muy onerosos respecto a otros esquemas de endeudamiento y los intereses que están acumulando, en un escenario de declinación de los principales proyectos (Cantarell) como el que se vive, pudieran comprometer su pago. Ese endeudamiento en pidiregas, que no es sino una doble contabilidad que lleva el gobierno para cuadrar las cuentas que oficialmente rinde a los organismos internacionales, que no ignoran la existencia de esa deuda pero se engañan a sí mismos al no registrarla como tal, debiera ser absorbida y en su caso renegociada por el gobierno federal, descargando de ese pesado lastre al sector energético.

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Un tema que no puede dejar de tocarse este 18 de marzo es el de las aguas profundas, que es el único relacionado con la reforma energética que está promocionando el gobierno, presentándolo en un largo video en forma dolosa y vergonzante, sin atreverse a exponer con franqueza y abiertamente su visión o sus intenciones, que por el contenido del video se infiere van en el sentido de acudir al esquema de los contratos de riesgo para los trabajos a realizarse en aguas profundas.

Es cierto que deben iniciarse trabajos para explorar y aprovechar los depósitos de hidrocarburos situados a profundidades mayores a los 3 000 m en el Golfo de México, pero sin perder de vista algunas cuestiones fundamentales: primero, que de comenzarse el día de hoy esos trabajos, no se tendrá un barril de petróleo antes de ocho o diez años; segundo, que en paralelo, en esos años, muchas cosas más deben hacerse en la industria petrolera, de las que se derivarían amplios beneficios en plazos mucho más cortos: construir refinerías, extender la red de ductos, modernizar terminales de almacenamiento, explorar en aguas someras, reactivar campos maduros, explotar los yacimientos en tierra, conceder autonomía presupuestal y liberar de la deuda en pidiregas a Pemex, etc.; y tercero y lo más importante, que los contratos de riesgo están expresamente prohibidos por nuestra Constitución.

En relación con los aprovechamientos en aguas profundas se ha corrido la versión que sólo mediante asociaciones que compartan riesgos es posible acceder a las tecnologías de las que debe echarse mano. Esto es absolutamente falso: hacerse de las tecnologías que permitan llegar a los yacimientos en aguas profundas no requiere recurrir a los contratos de riesgo, que son violatorios de nuestra Constitución; las tecnologías pueden comprarse o contratarse y no es necesario, por lo tanto, compartir riesgos e inversiones; y no existe razón para que la industria nacionalizada no sea la que reciba el 100% de los beneficios del petróleo que se extraiga de las aguas profundas.

Ahora bien, sí es necesario empezar ya la exploración de esos yacimientos para conocer su potencial y su configuración, para determinar los procedimientos óptimos para su explotación y para dar comienzo a ésta.

Entre los yacimientos en aguas profundas en la soberanía de nuestro país se encuentran los yacimientos transfronterizos, esto es, los que muy probablemente –ya que hasta hoy Petróleos Mexicanos no ha perforado en ellos- se comparten con Estados Unidos, Cuba y eventualmente también con Guatemala y Belice.

En el caso de Estados Unidos, en sus fondos submarinos colindantes con los nuestros, se han perforado ya centenares de pozos, algunos situados a 3 o 4 km de la frontera, que contribuyen con un 13% de la producción del país vecino.

Compartimos con los Estados Unidos una frontera submarina que se extiende por 2 900 km, que fue fijada en 1978 en un 90%, delimitándose el 10% restante, que corresponde a los llamados Hoyos de dona, en el 2000. Respecto a esta última parte, se convino entre ambos países que no se perforaría en ella sino después del 16 de enero del 2011, pero ni en relación a ese tramo ni en lo correspondiente al 90% restante de la frontera submarina, se ha establecido acuerdo alguno respecto a los términos en que cualquiera de los dos países o ambos puedan explotar los transfronterizos.

Así, la verdadera urgencia que hoy existe no es llegar al tesoro submarino cuya existencia nos anuncia épica y ridículamente el video que hemos visto repetirse una y otra vez por la televisión, sino que el gobierno mexicano inicie negociaciones con el norteamericano para establecer con claridad cómo se va llegar a los hidrocarburos transfronterizos, independientemente que sea por uno o por otro lado de la frontera, y cómo se van a compartir los beneficios, precisando en los tratados internacionales que se suscriban los que correspondan a cada país, interesándonos desde luego, que se apuren en fijar los que por derecho puedan corresponder a México. Entonces, más que anunciarnos el tesoro, urge que el gobierno negocie con dignidad los términos para su aprovechamiento.

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Para poner en práctica una nueva política petrolera con los contenidos y orientaciones antes descritos, esto es, para devolver a la industria petrolera su papel de motor del crecimiento económico y la industrialización, para invertir en la modernización, integración y expansión de Pemex, no sólo no se requiere llevar a cabo reforma constitucional alguna, sino que debe reafirmarse con acciones la exclusividad que la Constitución reserva al Estado en las áreas clave y estratégicas de la actividad petrolera.

Por otro lado, lo reitero como una de las urgencias existentes, es preciso exigir, cada quien desde sus trincheras, que el Ejecutivo y las fracciones partidarias del Congreso de la Unión, responsables de tomar las decisiones que hagan avanzar o mantengan en retroceso a la industria petrolera, presenten su diagnóstico del sector con una visión integral y expongan clara y ampliamente sus iniciativas y propuestas sobre los cambios que deban darse respecto a su situación actual, sacando el debate a la luz y dando la discusión sobre un tema de la trascendencia del petrolero, de cara a la opinión pública.

Delinear, a partir de un debate democrático, y poner en práctica una política petrolera de fortalecimiento de la soberanía nacional, porque impulse el crecimiento y rompa las dependencias, será el mejor homenaje que pueda rendirse a Lázaro Cárdenas a 70 años de la Expropiación Petrolera.