René Delgado
Entre las múltiples vaciladas que Vicente Fox regaló al país estuvo aquella de proponer reformas estructurales que, a la postre, se convertían en meras buenas intenciones. En eso quedaron la hacendaria, la energética, la laboral, la de telecomunicaciones... Si la iniciativa llegaba o no al Legislativo muy poco importaba su destino porque, cumplido o no ese trámite, el Ejecutivo se desentendía de ellas. Ese síndrome parece repetirse y, por el bien del país, no debe permitirse que eso ocurra de nuevo.
La tibia defensa gubernamental de lo que pretendidamente es la más importante iniciativa del sexenio obliga a pensar dos cosas: una, el mandatario sólo quiere cubrir el expediente de haberla planteado oportunamente sin importarle su destino; dos, el mandatario quiere evitar que esa reforma se debata ampliamente y, en realidad, la intención original era sacarla en corto, al margen de la nación.
Ya, en serio, ¿pretende la reforma el Ejecutivo?
* * *
Justifica pensar en esas posibilidades el que al mandatario pareciera importarle muy poco contar con un operador político con capacidad de armar y desarrollar la estrategia para llevar a buen puerto esa iniciativa. La secretaria Georgina Kessel no ha logrado construir un discurso político serio en defensa de la iniciativa. Se limita a argumentar que con la reforma habrá más hospitales, carreteras, escuelas, drenaje, puentes... palabras interesantes para elaborar un nuevo spot televisivo, pero no para dimensionar en el plano económico, político, comercial y militar esa propuesta.
Por otro lado, está el hecho indiscutible de que si bien la iniciativa legislativa, a tirabuzones y sin estrategia, corrió por cuenta del Ejecutivo, la iniciativa política para resistirla ha corrido por cuenta de Andrés Manuel López Obrador, que fijó parcialmente el calendario, el itinerario y la agenda del debate en torno a ella. La imaginación y la operación política del gobierno nomás no se ha visto.
Si bien son criticables los recursos políticos de los que se ha valido López Obrador, también lo es que el presidente Calderón no defienda su propuesta.
* * *
Dada la importancia del petróleo y las múltiples lagunas que tiene la iniciativa presidencial es obligado exigir mucha mayor información para entender cabalmente la pretensión gubernamental.
El discurso oficial se basa en la autonomía y la gestión financiera de Pemex, la modernización y la transparencia en su administración y, desde luego, la exploración, la explotación y la refinación del crudo y sus derivados, subrayando las carencias financieras, tecnológicas y operativas en la materia. Sin embargo, omite infinidad de temas igualmente importantes.
Entre esas omisiones hay una obvia. Aunque se quiere hacer pasar el proyecto como una reforma energética, su alcance se reduce al ámbito petrolero. ¿Cuál es la política integral en materia de energía? ¿Cómo se enmarca en ella la reforma petrolera? Poco o nada se dice de las otras energías, sugiriendo que su valor es meramente marginal, pero ese desdén supone una renuncia a desconsiderarlas. ¿Se puede? Si el planteamiento gubernamental es serio, ¿por qué la Secretaría de Energía reduce el tema al ámbito de los hidrocarburos?
* * *
Interesado en el campo de la exploración y la explotación, el discurso oficial deja completamente de lado el valor geopolítico del petróleo que supone, necesariamente, una cuestión de seguridad nacional.
Ahí sí ni una sola idea tiene o expone el gobierno. A los hidrocarburos se les mira desde la óptica de su valor económico y comercial pero no desde su valor geopolítico. Si el gobierno tiene una idea al respecto, no estaría demás conocerla. Ignorar ese ingrediente es entender el recurso como una simple mercancía, cuando las alianzas entre países productores de petróleo advierten la verdadera dimensión de su importancia. Los acercamientos entre Irán y Venezuela o de China con Brasil en materia petrolera no pueden verse con un mero asunto económico o comercial.
¿Cómo ubica el gobierno mexicano la reforma petrolera que pretende, desde esa perspectiva? ¿Cuál es la visión oficial del recurso nacional en el plano y la circunstancia internacional?
* * *
Otra omisión es la relativa al impulso del desarrollo del conocimiento y de la tecnología en materia petrolera.
En los considerandos de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el gobierno expone con dramatismo que el desarrollo de campos en aguas profundas impone dos grandes retos: "adquirir el conocimiento para poder administrar y operar las nuevas tecnologías que se emplean en este tipo de yacimientos; y b) multiplicar la capacidad de ejecución de Pemex".
Pese a ello, al gobierno no le merece ni una sola consideración el Instituto Mexicano del Petróleo. Desde 1965 se creó ese organismo y, cuando la falta de conocimiento y tecnología hace crisis, el gobierno ignora por completo esa instancia. Puede entenderse la urgencia por "adquirir ese conocimiento" aliándose o asociándose con las empresas extranjeras que lo tienen, pero, más allá de la urgencia, ¿no habría que pensar en la posibilidad de desarrollar ese conocimiento?
Si la idea es renunciar a esa posibilidad, pues de una vez el gobierno debería liquidar al Instituto Mexicano Petróleo. Si no es así, ¿por qué el gobierno no corre la cortesía de explicar dónde ubica a ese instituto, en el marco de su proyecto? ¿Cómo se va a desarrollar ese "conjunto de capacidades críticas" si la iniciativa ni siquiera dedica una palabra al desarrollo de conocimiento y tecnología?
* * *
Con tono de terror, el discurso oficial aborda la necesidad de reponer reservas, la creciente dependencia de la importación de refinados y, desde luego, la importancia del petróleo como palanca del desarrollo, pero desconsidera una cuestión central: la reforma fiscal recién operada no da, aun con el escalonamiento de los plazos, para dejar de ordeñar económicamente a Petróleos Mexicanos.
¿Cómo se pretende, ya, en serio, liberar recursos de Pemex para Pemex, si las otras fuentes de ingresos no dan para cubrir las necesidades del gasto?
* * *
Del 8 de abril a la fecha han pasado 18 días. Días difíciles, críticos para la política y la vida institucional del país y, curiosamente, en ese lapso el gobierno no se ha interesado en abundar sobre éstos y otros temas.
Vamos, ni siquiera ha logrado transmitir la idea de que en el concepto y la elaboración del proyecto de reforma petrolera han concursado las secretarías de Economía, Hacienda, Defensa, Medio Ambiente, Desarrollo Social... ¡ah!, y Gobernación. Todo el proyecto parece haber sido desarrollado en la laptop de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, a quien el director de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles, le ha explicado algunos entretelones de la industria.
La iniciativa de debatir a fondo la reforma de la industria petrolera ya no es del Ejecutivo, ahora es del Legislativo. El gobierno dejó pasar esa oportunidad o, bien, su intención era precisamente evitarla. Colocados en la perspectiva de hablar del fondo de la iniciativa, convendría saber, ya, en serio, si en verdad le interesa al gobierno.
Entre las múltiples vaciladas que Vicente Fox regaló al país estuvo aquella de proponer reformas estructurales que, a la postre, se convertían en meras buenas intenciones. En eso quedaron la hacendaria, la energética, la laboral, la de telecomunicaciones... Si la iniciativa llegaba o no al Legislativo muy poco importaba su destino porque, cumplido o no ese trámite, el Ejecutivo se desentendía de ellas. Ese síndrome parece repetirse y, por el bien del país, no debe permitirse que eso ocurra de nuevo.
La tibia defensa gubernamental de lo que pretendidamente es la más importante iniciativa del sexenio obliga a pensar dos cosas: una, el mandatario sólo quiere cubrir el expediente de haberla planteado oportunamente sin importarle su destino; dos, el mandatario quiere evitar que esa reforma se debata ampliamente y, en realidad, la intención original era sacarla en corto, al margen de la nación.
Ya, en serio, ¿pretende la reforma el Ejecutivo?
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Justifica pensar en esas posibilidades el que al mandatario pareciera importarle muy poco contar con un operador político con capacidad de armar y desarrollar la estrategia para llevar a buen puerto esa iniciativa. La secretaria Georgina Kessel no ha logrado construir un discurso político serio en defensa de la iniciativa. Se limita a argumentar que con la reforma habrá más hospitales, carreteras, escuelas, drenaje, puentes... palabras interesantes para elaborar un nuevo spot televisivo, pero no para dimensionar en el plano económico, político, comercial y militar esa propuesta.
Por otro lado, está el hecho indiscutible de que si bien la iniciativa legislativa, a tirabuzones y sin estrategia, corrió por cuenta del Ejecutivo, la iniciativa política para resistirla ha corrido por cuenta de Andrés Manuel López Obrador, que fijó parcialmente el calendario, el itinerario y la agenda del debate en torno a ella. La imaginación y la operación política del gobierno nomás no se ha visto.
Si bien son criticables los recursos políticos de los que se ha valido López Obrador, también lo es que el presidente Calderón no defienda su propuesta.
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Dada la importancia del petróleo y las múltiples lagunas que tiene la iniciativa presidencial es obligado exigir mucha mayor información para entender cabalmente la pretensión gubernamental.
El discurso oficial se basa en la autonomía y la gestión financiera de Pemex, la modernización y la transparencia en su administración y, desde luego, la exploración, la explotación y la refinación del crudo y sus derivados, subrayando las carencias financieras, tecnológicas y operativas en la materia. Sin embargo, omite infinidad de temas igualmente importantes.
Entre esas omisiones hay una obvia. Aunque se quiere hacer pasar el proyecto como una reforma energética, su alcance se reduce al ámbito petrolero. ¿Cuál es la política integral en materia de energía? ¿Cómo se enmarca en ella la reforma petrolera? Poco o nada se dice de las otras energías, sugiriendo que su valor es meramente marginal, pero ese desdén supone una renuncia a desconsiderarlas. ¿Se puede? Si el planteamiento gubernamental es serio, ¿por qué la Secretaría de Energía reduce el tema al ámbito de los hidrocarburos?
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Interesado en el campo de la exploración y la explotación, el discurso oficial deja completamente de lado el valor geopolítico del petróleo que supone, necesariamente, una cuestión de seguridad nacional.
Ahí sí ni una sola idea tiene o expone el gobierno. A los hidrocarburos se les mira desde la óptica de su valor económico y comercial pero no desde su valor geopolítico. Si el gobierno tiene una idea al respecto, no estaría demás conocerla. Ignorar ese ingrediente es entender el recurso como una simple mercancía, cuando las alianzas entre países productores de petróleo advierten la verdadera dimensión de su importancia. Los acercamientos entre Irán y Venezuela o de China con Brasil en materia petrolera no pueden verse con un mero asunto económico o comercial.
¿Cómo ubica el gobierno mexicano la reforma petrolera que pretende, desde esa perspectiva? ¿Cuál es la visión oficial del recurso nacional en el plano y la circunstancia internacional?
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Otra omisión es la relativa al impulso del desarrollo del conocimiento y de la tecnología en materia petrolera.
En los considerandos de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el gobierno expone con dramatismo que el desarrollo de campos en aguas profundas impone dos grandes retos: "adquirir el conocimiento para poder administrar y operar las nuevas tecnologías que se emplean en este tipo de yacimientos; y b) multiplicar la capacidad de ejecución de Pemex".
Pese a ello, al gobierno no le merece ni una sola consideración el Instituto Mexicano del Petróleo. Desde 1965 se creó ese organismo y, cuando la falta de conocimiento y tecnología hace crisis, el gobierno ignora por completo esa instancia. Puede entenderse la urgencia por "adquirir ese conocimiento" aliándose o asociándose con las empresas extranjeras que lo tienen, pero, más allá de la urgencia, ¿no habría que pensar en la posibilidad de desarrollar ese conocimiento?
Si la idea es renunciar a esa posibilidad, pues de una vez el gobierno debería liquidar al Instituto Mexicano Petróleo. Si no es así, ¿por qué el gobierno no corre la cortesía de explicar dónde ubica a ese instituto, en el marco de su proyecto? ¿Cómo se va a desarrollar ese "conjunto de capacidades críticas" si la iniciativa ni siquiera dedica una palabra al desarrollo de conocimiento y tecnología?
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Con tono de terror, el discurso oficial aborda la necesidad de reponer reservas, la creciente dependencia de la importación de refinados y, desde luego, la importancia del petróleo como palanca del desarrollo, pero desconsidera una cuestión central: la reforma fiscal recién operada no da, aun con el escalonamiento de los plazos, para dejar de ordeñar económicamente a Petróleos Mexicanos.
¿Cómo se pretende, ya, en serio, liberar recursos de Pemex para Pemex, si las otras fuentes de ingresos no dan para cubrir las necesidades del gasto?
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Del 8 de abril a la fecha han pasado 18 días. Días difíciles, críticos para la política y la vida institucional del país y, curiosamente, en ese lapso el gobierno no se ha interesado en abundar sobre éstos y otros temas.
Vamos, ni siquiera ha logrado transmitir la idea de que en el concepto y la elaboración del proyecto de reforma petrolera han concursado las secretarías de Economía, Hacienda, Defensa, Medio Ambiente, Desarrollo Social... ¡ah!, y Gobernación. Todo el proyecto parece haber sido desarrollado en la laptop de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, a quien el director de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles, le ha explicado algunos entretelones de la industria.
La iniciativa de debatir a fondo la reforma de la industria petrolera ya no es del Ejecutivo, ahora es del Legislativo. El gobierno dejó pasar esa oportunidad o, bien, su intención era precisamente evitarla. Colocados en la perspectiva de hablar del fondo de la iniciativa, convendría saber, ya, en serio, si en verdad le interesa al gobierno.
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