Cancún, una trampa mortal

Jorge Carrasco Araizaga Las bajas más agraviantes que ha sufrido el Ejército en el combate al narcotráfico no son resultado de enfrentamientos con sicarios, sino ejecuciones realizadas por excompañeros de armas, entrenados por la Secretaría de la Defensa Nacional, que se han pasado a las filas del crimen organizado, o por células protegidas por altos mandos. En menos de cuatro meses, 21 militares han sido asesinados por quienes alguna vez formaron parte de los "incorruptibles". Los enemigos más letales para el Ejército mexicano han salido de sus propias filas. Agrupados en su mayoría en Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo, hombres que alguna vez fueron militares son los responsables de los más graves ataques contra las fuerzas armadas en su enfrentamiento con los cárteles del narcotráfico. En los últimos tres meses y medio, las bajas más significativas y agraviantes para el Ejército se han producido en Cancún, Quintana Roo; Chilpancingo, Guerrero, y Monterrey y sus alrededores, en Nuevo León, a manos de narcotraficantes que formaron parte de esa institución o que, de acuerdo con los propios grupos dedicados al tráfico de drogas, tienen alianzas con militares en activo. Contrario al discurso del presidente Felipe Calderón sobre la incorruptibilidad de los soldados mexicanos, los golpes más extremos contra el Ejército han sido planeados y ejecutados por quienes fueron preparados y especializados, tanto en México como en el extranjero, por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Del 17 de octubre de 2008 al 3 de febrero pasado, un total de 21 militares, incluido un general de brigada en retiro, fueron ejecutados por células de Los Zetas, surgidas del propio Ejército, y de los hermanos Beltrán Leyva, vinculadas a su vez con militares en funciones. De esas 21 muertes, 11 fueron por acuchillamiento, ocho por decapitación y dos por tortura. A diferencia de las bajas ocurridas durante enfrentamientos con sicarios, esas víctimas han sido "levantadas" o acorraladas y sometidas en presencia de numerosos testigos. Según datos públicos de la Sedena, hasta antes del martes 3 el Ejército había sufrido 68 bajas, tanto de militares en activo como en retiro, desde que comenzaron los operativos contra el narcotráfico en diciembre de 2006. Las mayores cantidades de víctimas se han registrado en Guerrero, Nuevo León, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Las dos bajas más reciente sufridas por el Ejército ocurrieron en Cancún, el martes 3. El general de brigada Mauro Enrique Tello Quiñones y su asistente, el teniente de infantería Getulio César Román Zúñiga, fueron torturados y asesinados por un grupo que la Sedena identificó como Zetas, con la participación de exmiembros de la institución armada. Pasado a retiro apenas el 1 de enero, el general Tello Quiñones estaba a cargo de la creación de un grupo especial contra el narcotráfico integrado por 100 militares y que iba a estar bajo el mando directo del presidente municipal de Benito Juárez, en Cancún, Gregorio Sánchez Martínez. Originario de Coacolman, en la zona serrana del suroeste de Michoacán dominada por el narcotráfico, el alcalde conocido en Cancún como Greg asegura que la designación de Téllez Quiñones fue por recomendación del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván. Junto con el general y su asistente fue asesinado el civil Juan Ramírez Sánchez, sobrino de Greg, cuestionado por los presuntos vínculos de su familia con la delincuencia organizada (Proceso 1684). El verdugo La muerte de Tello Quiñones fue un severo golpe para el Ejército. No sólo porque se trata del militar de mayor rango que asesina el crimen organizado, sino porque entre 2007 y 2008 el general fue comandante de la 21 Zona Militar, con sede en Morelia, donde participó en el Operativo Michoacán en contra del narcotráfico. El autor intelectual de estos crímenes fue Octavio Almanza Morales, alias El Gori 4, un exmilitar que, hasta su captura, el lunes 9, era el jefe de la célula de la organización de Osiel Cárdenas Guillén, del cártel del Golfo, en Cancún. Al informar de su detención, el miércoles 11, el subjefe operativo del Estado Mayor de la Sedena, el general de brigada Luis Arturo Oliver Cen, confirmó que El Gori 4 perteneció al Ejército, al que ingresó el 20 de mayo de 1997 y del que se dio de baja el 1 de julio de 2004. Junto con El Gori 4, actuaban como Zetas en Cancún sus hermanos Raymundo y Eduardo Almanza Morales, quienes también formaron parte del Ejército. De acuerdo con Oliver Cen, ambos lograron escapar del operativo en que fue detenida la célula del cártel del Golfo. Según la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, los dos exmilitares huyeron a Belice. Ni la Sedena ni la PGR indicaron el grado militar que alcanzaron los hermanos Almanza Morales en el Ejército. El Gori 4 no aparecía en la lista de los delincuentes más buscados que la PGR tiene en su sitio de internet. El asesinato del general Tello Quiñones fue la primera acción de envergadura emprendida por Almanza Morales, quien llegó recientemente a Cancún para sustituir como jefe de Los Zetas en la plaza a Javier Díaz Ramón, alias El Java Díaz, detenido por el Ejército el 22 de diciembre pasado, en el puerto de Veracruz. Octavio Almanza Morales fue lugarteniente de Sigifredo Nájera Talamantes, alias El Canicón, en el estado de de Nuevo León. Su captura, producto de una delación, fue significativa para el propio Ejército. La Sedena lo identifica también como corresponsable de la ejecución de nueve de los 11 militares asesinados en Monterrey en octubre pasado. Las bajas ocurrieron entre el 17 y el 22 de octubre de 2008 en actos de extrema crueldad, pues los efectivos castrenses fueron atacados con armas punzocortantes y lesionados en el cuello y en el tórax. Algunos de los restos fueron abandonados en terrenos baldíos y otros quedaron en el lugar de la agresión (Proceso 1669). El primer ataque contra los militares en Monterrey, desde que en diciembre de 2007 se echó a andar el Operativo Nuevo León Seguro, ocurrió la noche del martes 14 de octubre en un bar en pleno centro de la ciudad. Tres militares fueron acuchillados: Éder Missael Díaz García, Roberto Hernández Santiago y David Hernández Martínez. Cuatro días después, el sábado 18, los cadáveres de otros tres militares y un exmilitar aparecieron en distintos lugares, también acuchillados. Los cuerpos de David Hernández Aquino y Juan José Pérez Bautista quedaron en un parque de Country La Silla, en el vecino municipio de Guadalupe. Otro más, el de Gerardo Santiago Santiago, fue dejado a un lado de la cantina Los Generales, en el municipio de Juárez. La cuarta víctima fue Eligio Hernández Hernández, quien como exmilitar trabajaba en una empresa de seguridad. Fue apuñalado mientras estaba esposado con las manos en la espalda. Al día siguiente, domingo 19, otros tres militares aparecieron muertos en el ejido Las Margaritas, en el municipio de Santiago. Anastasio Hernández, Claudio Abad Hernández y Héctor Miguel Melchor Hernández -quien también era empleado de una empresa de seguridad- fueron degollados. Las violentas agresiones contra el Ejército en Monterrey culminaron el 22 de octubre, con tres asesinatos más. Uno de los ejecutados era el sargento segundo de la Séptima Zona Militar, Germán Cruz Lara. De acuerdo con la autopsia, su cuerpo presentaba cuchilladas en tórax y abdomen; golpes en la cabeza, pecho, hombros y rodillas, y quemaduras de segundo grado en brazos y antebrazos, espalda y abdomen. Todas esas muertes ocurrieron cuando el comandante de la Séptima Zona Militar, con sede en Escobedo, Nuevo León, era el general de división Javier del Real Magallanes. Desde el 4 de diciembre de 2008, el divisionario es subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, responsable de los operativos de la policía federal contra la delincuencia organizada. Según la Sedena, en todas esas ejecuciones participó El Gori 4, quien fue detenido junto con otras seis personas como presuntas responsables del asesinato de los dos militares en Cancún. Los decapitados La saña de los asesinatos en Monterrey fue sólo el aviso de lo que vendría después en Chilpancingo Guerrero, donde ocho militares fueron decapitados, siete de ellos aún con vida, según el expediente de la investigación al que este semanario tuvo acceso. El primer caso ocurrió el 9 de diciembre, cuando fue asesinado el sargento Carlos Alberto Navarrete Moreno. Su cabeza fue depositada en una cubeta sobre el monumento a las Banderas, en una de las calles más transitadas de la ciudad, junto con un mensaje: "Según los militares, andan combatiendo la delincuencia organizada y resultan secuestradores. Esto les va a pasar por putos". Las otras víctimas fueron militares de entre 21 y 38 años de edad adscritos a la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, quienes fueron interceptados en diferentes puntos de la ciudad -algunos frente a numerosos testigos- por uno o varios comandos armados, entre las ocho de la noche del 20 y los primeros minutos del 21 de diciembre. En total, fueron levantados siete militares que estaban francos: el capitán Ervin Hernández Umaña, los sargentos Juan Humberto Tapia Romero y Ricardo Marcos Chino; los cabos José González Mentado y Juan Muñoz Morales, así como los soldados Julián Teresa Cruz y Catarino Martínez Morales. Junto con ellos fueron asesinados Simón Vences Martínez, quien fue subdirector de la Policía Judicial en el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu, y el indígena de 22 años Oligario Vázquez Quiroz, originario del municipio de Tlacopa, quien cumplía labores de limpieza en el 41 Batallón de Infantería de Chilpancingo y que estaba por ser dado de alta como soldado. El expediente de la averiguación previa por el delito de homicidio AP/BRA/SC/02/2725/2008 integrada por la Procuraduría de Justicia Guerrero, al que Proceso tuvo acceso, establece la causa de la muerte de los uniformados: "shock hipobolémico por hemorragia externa, producido por desprendimiento de extremidad cefálica consecutivo a herida producida por decapitación". El dictamen forense registrado con el número 352/2008 señala que los victimarios utilizaron un instrumento denominado sierra tipo Giggy, un cable metálico dentado muy delgado y flexible que utilizan los traumatólogos para cortar hueso en cirugías. Precisa que, a pesar de haber sido amordazados, no sufrieron asfixia debido a que los decapitaron ante mortem. Sus cabezas fueron abandonadas en el estacionamiento de un centro comercial cercano a la 35 Zona Militar, al sur de la ciudad. Los cuerpos fueron arrojados en dos lugares al norte. Aunque la Sedena no le ha atribuido oficialmente a ninguna organización esos crímenes, la represión militar después de los hechos (que el Ejército públicamente asumió como "una ofensa que no quedará impune") se ha concentrado en una célula de la organización de los hermanos Beltrán Leyva en la región de Costa Grande, incluido el puerto de Zihuatanejo. Grupos contrarios a esa organización en la zona han colocado narcomantas para señalar al coronel Víctor Manuel González Trejo, comandante del 19 Batallón de Infantería con sede en Petatlán, como protector del exalcalde del lugar, Rogaciano Alva Álvarez, y de Reynaldo El Rey Zambada, detenido en octubre pasado. A finales de enero se informó extraoficialmente que González Trejo fue relevado por el coronel de Infantería Marco Antonio Hernández Chávez, un militar ascendido en noviembre pasado por Calderón. De acuerdo con esa misma versión, González Trejo estaría siendo investigado por los señalamientos en su contra. El coronel González Trejo no es el único militar de la zona que ha sido acusado como protector de narcotraficantes. El teniente coronel José Alfaro Zepeda Soto fue mencionado en narcomantas colocadas en puentes peatonales y edificios públicos en los municipios de La Unión y Petatlán, también en la Costa Grande, además de Acapulco, Guerrero, así como en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El teniente coronel Zepeda Soto, comandante del grupo de Morteros en Zacatula, en el municipio de La Unión, es señalado como protector de José Ángel Pineda Sánchez, alias El Calentano. En los narcomensajes, dirigidos al titular de la Sedena, se asegura que ese jefe militar y El Calentano recibían dinero de Jaime González Durán, El Hummer, uno de los fundadores y jefes de Los Zetas detenido a principios de noviembre del año pasado en Reynosa, Tamaulipas. El pago, alegaron, fue a cambio de la protección de las actividades del brazo armado del cartel del Golfo en Guerrero (Proceso 1678). El Hummer también perteneció al Ejército. Causó alta el 15 de noviembre de 1991 y desertó el 24 de febrero de 1999 para unirse al también exmilitar Arturo Guzmán Decenas y al expolicía Heriberto Lazcano El Lazca, otros de los fundadores de Los Zetas al servicio del cártel del Golfo. Los incorruptibles A pesar de que las muertes de militares de los últimos meses están presuntamente vinculadas con actividades ilegales de compañeros y excompañeros del Ejército, Felipe Calderón aseguró el martes 10 que los soldados de México son incorruptibles. Durante la ceremonia del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, realizada en Tecámac, Estado de México, luego de pedir un minuto de silencio por el asesinato del general Tello Quiñones en Cancún, aventuró: "El general Vicente Riva Palacio decía con razón que toda sociedad guarda en su seno un germen incorruptible de moralidad y un núcleo de hombres que ni la seducción ni el miedo alcanzan a corromper. Así concibo yo a los soldados de México". Añadió: "México ve en los integrantes de nuestras instituciones una reserva de esos valores que son la garantía verdadera de la Nación". Además de los militares asesinados por exmiembros del Ejército, hay varios casos en que militares han sido asesinados por sus relaciones con la delincuencia organizada. El más reciente ocurrió el lunes 9, cuando un comando armado ingresó al penal de Torreón, Coahuila, para matar y posteriormente quemar con gasolina a tres secuestradores que apenas horas antes habían sido encarcelados. Uno de ellos fue Ubaldo Gómez Fuentes, El Uba, un subteniente que perteneció al Grupo de Inteligencia Militar del 33 Batallón de Infantería, detenido a principios de enero en Coahuila por el secuestro y asesinato del empresario regiomontano Rodolfo Alanís. (Con información de Ezequiel Flores, en Chilpancingo.)