Por Gonzalo Lara
Laico viene del griego “laikós”, que quiere decir algo así como “alguien del pueblo”, en oposición a quien pertenece a grupos que profesan alguna religión, especialmente la cristiana en sus diferentes ramificaciones (católicos, protestantes, etc.). Así, llamamos laico a lo que está separado de la religión y las iglesias. En la organización del Estado laico la fe y las creencias de la gente, así como su libertad para manifestarlas públicamente, quedan circunscritas a la vida privada de las personas, con lo que se busca garantizar que las religiones y sus instituciones, como las iglesias y sus respectivos funcionarios, no tomen las riendas de los asuntos públicos, como ya lo hicieron durante muchos siglos en el pasado.
Desde hace ya por lo menos tres sexenios y lo que va del actual, la iglesia católica tiene más y más presencia en el ambiente político y en los llamados medios de comunicación, electrónicos e impresos. Es muy común encontrar en éstos que, tras cualquier acontecimiento, sean asesinatos relacionados con el narco, madruguetes fiscales, asuntos de salud o educación, entre muchos otros temas, siempre se procura dar a conocer la posición de los altos funcionarios de la iglesia católica, llámese el nuncio, el cardenal, el arzobispo, etc. ¿Con qué fin?, ¿por qué tenemos que conocer lo que piensan estos administradores de una religión acerca -por ejemplo- de un movimiento armado, o del alza de la gasolina?
Vicente Fox hacía alarde de su-mi-sa fe cada que tenía oportunidad, poniendo simbólica y materialmente al país (o partes de él) en manos de los jerarcas de la Iglesia. Hace pocos meses supimos de la intolerancia de funcionarias de gobierno del estado de Guanajuato que, al mejor estilo inquisidor, se pusieron a quemar libros oficiales de secundaria de la SEP que promueven la educación sexual, bajo el argumento de que se salen de las costumbres católicas. Como si los comportamientos morales tuvieran que estar respaldados necesariamente por creencias religiosas.
Actualmente está en el aire la propuesta del PAN que da a conocer el legislador Alejandro Zapata Perogordo de reformar el artículo 24 de la Constitución, que trata sobre la libertad de culto, la cual debe ejercerse sin infringir la ley, es decir, sin mezclarla con los asuntos del Estado. En este nuevo ataque al Estado organizado al margen de las creencias religiosas, como lo está el actual México, se promueve la “objeción de conciencia” por motivos “morales ineludibles”. En otras palabras, quiere decir que la gente podrá cumplir o no la ley de acuerdo con sus creencias y no de acuerdo con las leyes mismas. Esto es abrir la puerta para que en actividades fundamentales para un país como la salud, la educación, la administración pública y hasta el entretenimiento de masas, tenga más valor la fe que las leyes constitucionales o la razón.
Si desenvolvemos más esta pretensión de la derecha, que incluye “la libertad de manifestar en público, practicar ceremonias, enseñar y difundir [la creencia religiosa]”, se nota claramente hacia dónde apunta. Al menos en lo inmediato podemos decir que pretenden formalizar constitucionalmente: 1) la negativa de un médico (autoridad, hospital, enfermera, etc.) a realizar abortos; 2) la educación de corte religioso en las aulas públicas (las arcas de la Iglesia se beneficiarían con infraestructura pública); 3) la participación de organizaciones pro católicas en la vida política con mayores poderes de los que ya tienen; 4) presencia abierta en los medios (un punto clave en la actual sociedad llena de tele y noticias con línea ).
Hay confianza en que la propuesta de reforma al texto constitucional no pase. Pero eso no significa que ahí muera el tema, pues los sexenios panistas que padecemos son persistentes en su fe, y especialmente en buscar imponerla en la Constitución, por ende, en la vida política de la República, a como dé lugar en la primera oportunidad y modalidad que se les presentan.
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