La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado para su examen una reforma al artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se encuentran definidas las características de nuestra república. El cambio consiste en añadirle una sola palabra: laica. Es una modificación de la mayor trascendencia, pues el vocablo incluido es una síntesis perfecta de nuestra historia y del camino que los mexicanos hemos decidido darnos para coexistir a pesar de nuestras diferencias. Me parece que concentrar un universo tan vasto en un solo concepto y expresarlo de manera tan simple en nuestra Carta Magna resulta además elegante.
Y no es que la laicidad se esté inaugurando con esta reforma en México. La vida de nuestro país en general se ha regido por este principio, y la propia constitución la establece en varios de sus artículos como el 3º, el 24 y el 130. Surge entonces la pregunta de por qué se propone ahora esta reforma. La respuesta, a mi juicio, tiene que ver con una necesidad de reafirmación de este principio, motivada por el clima de confrontación que vivimos, especialmente en la primera década del siglo XXI, en el que la frontera entre los asuntos del Estado y los de las religiones aparece desdibujada.
Son varios los temas en los que se ha expresado esta división en la presente década. Incluyen aspectos científicos como la clonación terapéutica; de salud pública, como la anticoncepción de emergencia o la despenalización del aborto; y más recientemente, los matrimonios entre personas del mismo sexo y su derecho a la adopción. Se trata de debates característicos de nuestro tiempo, que encierran gran complejidad, como el estatus del embrión, la libertad o el control de la sexualidad y reproducción humanas, los derechos de las mujeres –en general los derechos humanos– y la evolución de la familia.
Pero veamos con mayor detalle algunos hechos que constituyen el marco en el que se produce esta reforma. En respuesta a la despenalización del aborto en la ciudad de México se aprobaron, en un tiempo récord, leyes en 18 entidades federativas con las que se penaliza esta práctica. Los congresos de esos estados, con sorprendente uniformidad, consideraron al embrión como persona desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural, de manera idéntica a como lo establecen los documentos vaticanos –añadiendo además imágenes sobrecogedoras de mujeres encarceladas por haber abortado. El péndulo iba de regreso. La pretensión de la Iglesia católica de acumular reformas estatales, y arribar así a una gran reforma constitucional con la imposición de estas ideas, era más que clara. En mi opinión, el Congreso se adelanta, planteando por medio de la Cámara de Diputados la reforma al artículo 40. Yo no sé si esto logre detener completamente el péndulo, pero es muy importante tener claro el contexto.
Es todavía largo el camino que tiene que recorrer la reforma aprobada por los diputados para que quede plasmada definitivamente en la Constitución. Además de la aprobación del Senado, tiene que pasar por la de los congresos de los estados, pero puede decirse que arranca con el pie derecho. Fue aprobada en la Cámara de Diputados por mayoría, con un solo voto en contra. Esto implica que todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo, lo que permite anticipar que, si bien no será un camino terso, cuenta con amplias posibilidades de éxito. Es de llamar la atención el papel desempeñado por los diferentes institutos políticos, especialmente por el Partido Acción Nacional (PAN), cuya ideología es la más cercana a los principios de la Iglesia católica.
La Comisión de Puntos Constitucionales, de la que surgió la reforma, cuenta entre sus integrantes con nueve diputados del PAN. Todos firmaron contra el decreto, aunque luego la mayoría (siete) fueron convencidos de votar en favor en el pleno. En los posicionamientos finales, un legislador de este grupo parlamentario intentó introducir modificaciones orientadas a entorpecer el proceso, pero fueron rechazadas. Al final, este partido aprobó la reforma con 89 de sus votos. El único sufragio en contra y las ocho abstenciones registradas fueron de diputados panistas. Esto significa que, aun a regañadientes, este grupo decidió actuar de manera disciplinada con sus coordinadores y manifestarse en favor de la laicidad de la república.
Aquí es necesario formular una hipótesis para explicar la postura del PAN. Si bien este partido ha respaldado en todo momento a la Iglesia católica –al grado de que el Ejecutivo panista es quien ha encabezado las acciones de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto y los matrimonios homosexuales–, ante el escenario electoral de este año y el del 2012, ha entrado en una etapa de franco pragmatismo. Ha decidido quitarse de encima la imagen, que se había ganado a pulso, de que es un enemigo del Estado laico. Lo anterior revela, además, que el peso del voto católico es un mito.
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