Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F., 10 de abril (Apro).- Ismael El Mayo Zambada ya movió su pieza. Ahora le corresponde al gobierno de Felipe Calderón y a las autoridades estadunidenses responder al movimiento.
Lo detienen y lo extraditan a Estados Unidos o el principal estratega del cártel de Sinaloa los sigue tomando por sorpresa y dejándolos en ridículo y bajo sospecha.
Una alternativa es que les sirva para estabilizar el mercado de las drogas, como pieza clave en la regulación de los enfermizos niveles de violencia que padece el país a causa del narcotráfico.
Pasado el impacto del encuentro que El Mayo decidió tener con el fundador de Proceso, Julio Scherer García, el juego de la persecución no puede ser el mismo.
Más que lanzar un reto, El Mayo se dirigió tanto a Calderón como al gobierno de Estados Unidos.
Su objetivo: negociar con la justicia estadunidense no sólo su proceso penal sino el de su hijo, Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, quien ya es procesado en la corte federal de Columbia, en Washington, por tráfico de cocaína.
A cambio, facilitarle a Calderón su "guerra contra el narcotráfico" apaciguando la violencia con miras a la elección de 2012.
La alianza que opera desde el año pasado entre el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo y La Familia Michoacana, llamada La Nueva Federación, tiene el propósito de reducir a Los Zetas, al cártel de Juárez y la organización de los hermanos Beltrán Leyva.
No será fácil, dada la capacidad y entrenamiento de Los Zetas, el grupo creado por desertores de élite del Ejército mexicano. La violencia en Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Morelos, Guerrero y ahora Sonora son la expresión de este enfrentamiento.
El propósito de la Nueva Federación es convertirse en un mega cártel que controle el negocio de las drogas ilegales en México y con ello reducir la violencia.
En ese escenario, Calderón llegaría al fin de su sexenio con una configuración más estable del narcotráfico en el país, con la capitalización política que ello implica, como lo demostró la experiencia de su alter ego, el presidente colombiano Álvaro Uribe.
En ese escenario, Estados Unidos también lograría sus objetivos: estabilizar el mercado ilegal de la droga, reducir la violencia en su frontera con México y garantizar el millonario flujo de dinero entre los dos países sin un costo tan alto en muertes.
Esas ganancias se sumarían a lo que ya ha logrado de Calderón: la operación discrecional y permanente en México, el control de la información sobre la operación de los cárteles y el alineamiento de las Fuerzas Armadas mexicanas a sus metas en materia de seguridad fronteriza.
En el caso de El Mayo, Estados Unidos podría llegar a un acuerdo millonario con él y su hijo para reducirles la pena. Con Javier Arellano Félix, El Tigrillo, del cártel de Tijuana, y Osiel Cárdenas, del cártel del Golfo, ya lo hizo. De los dos obtuvo cien millones de dólares.
Llegar a ese escenario no será tan simple. Falta saber lo que digan Los Zetas y sus protectores políticos y militares.
jcarrasco@proceso.com.mx
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