Aerolíneas Argentinas: restatización y soberanía

José Steinsleger

Aerolíneas Argentinas nació en 1950 por decreto del presidente Juan Domingo Perón, y mediante la unión de cuatro firmas entre las que se hallaba Aeroposta (1927), empresa que entre sus primeros pilotos tuvo a los legendarios Jean Mermoz y Antoine de Saint-Exupéry.

Mermoz inauguró la línea Buenos Aires-Santiago, y a bordo de avioncitos de miedo, sorteando las inclementes borrascas de la Patagonia, Saint-Exupéry escribió Vuelo nocturno, un testimonio insuperable que describe los años heroicos de la primera aerolínea estatal argentina.

Curiosamente, y después de tan sólo un año de operaciones, la Sociedad Interamericana de Prensa (acérrima enemiga del gobierno peronista) estimó que por su "eficiente organización y la calidad de sus servicios", Aerolíneas Argentinas (AA) era "la mejor empresa aerocomercial del mundo" (1951).

En América Latina, AA fue la primera compañía en volar reactores (1959), y a partir de 1965 empezó a usar los Boeing 707-387, en vuelos directos a Europa y Estados Unidos. Otro dato interesante: la dictadura militar (1976-83) excluyó a la empresa de sus afanes privatizadores, y en 1980 la convirtió en sociedad del Estado.

Tercera paradoja: la debacle de AA empezó durante el gobierno democrático y "progresista" del presidente Raúl Alfonsín, cuando los tecnócratas neoliberales empezaron a desacreditarla por supuestos motivos de "eficiencia" y "rentabilidad".

En 1990, cuando AA se enorgullecía de contar con el máximo estándar de seguridad a escala internacional, el presidente Carlos Menem, como parte de su programa de privatizaciones, cambió su estatus a sociedad anónima, y la vendió a Iberia, que adquirió 85 por ciento del paquete accionario.

La línea de bandera vendió activos, abandonó rutas, empobreció su flota y acumuló una deuda de 850 millones de dólares, con pérdidas operativas de 134 millones anuales. Cinco planes de "salvataje" la dejaron en quiebra. Los españoles rebajaron 20 por ciento los salarios, y despidieron mil 500 trabajadores de una planta de 5 mil 700 empleados.

Iberia quebró en 1994 y las acciones de AA pasaron a un grupo buitre de empresarios que, con ayuda del gobierno español (leáse Felipe González), intentó venderlas, sin éxito, a American Airlines.

En 2001, AA entró en suspensión de pagos, y convocó a sus acreedores. El grupo buitre español Marsans la compró por un peso (sic), y se quedó con 92.1 por ciento de las acciones.

Pero el 17 de julio de 2008 las cosas empezaron a cambiar. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que el Estado presentaría un proyecto de ley para restatizar AA, y asegurar los 9 mil puestos de trabajo.

Finalmente, en diciembre del mismo año, el Senado convirtió en ley la expropiación de AA y otras empresas conexas, declarándolas de "utilidad pública". Un total de 167 diputados votaron en favor, y menos de la mitad (79) se opusieron. En el Senado el gobierno sumó 46 votos en favor y 21 en contra. La empresa volvería al Estado, y el camino de entrega y corrupción sería desandado.

Vaciada y abandonada, con una flota de 90 aviones de los cuales apenas volaban 23 y cinco eran propios, la presidenta Fernández anunció en mayo de 2009 la compra a Brasil de 20 aviones Embraer para AA, y su filial Austral, convirtiendo la orden de compra en la más grande de toda la historia aerocomercial civil del país sudamericano. Operación en la que el ex presidente Lula jugó un rol fundamental.

Sin embargo, los expertos sostienen que no será fácil concretar al traspaso total de acciones. Graciela Moreno, analista de la revista Veintitrés, de Buenos Aires, dice que la ley aprobada por el Congreso sólo reconoce que el valor de la aerolínea se hará con una tasación unilateral por parte del gobierno, que deberá ser refrendada por el Congreso. Por eso, Marsans anticipó que se iba a negar a vender si el precio no lo conformaba.

“Para el Tribunal de Tasación –apunta Moreno– AA tenía un valor neto negativo de 772.5 millones de dólares, y el grupo buitre Marsans, lejos de compartir esa tasación, presentó sus propios números, judicializando el conflicto”.

Marsans recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal internacional que depende del Banco Mundial, con sede en Washington. El reclamo es por mil 500 millones de dólares.

Para Mariano Recalde, presidente de AA, desde julio 2009 “el juicio ante el CIADI no prosperará. Si lo impulsan, el Estado se defenderá.

"Las pérdidas van a la baja: en tan sólo un año, de 36.7 a 5.9 millones de dólares en el último año operativo."

En tanto, el gobierno de Fernández destinó 400 millones de dólares para cubrir las necesidades financieras de la empresa. El propósito apunta a mantener los puestos de trabajo, y garantizar el servicio público.

Graciela Moreno concluye: "La apuesta es fuerte. Pero la necesidad de contar con una línea de bandera se enmarca con un modelo de país donde el papel del Estado recupera su presencia".