El gobierno se había empeñado en acabar con todo vestigio de educación religiosa. Si los alumnos no aprendían a leer o escribir no era tan malo. Grave hubiera sido que los niños no recibieran una enseñanza laica, científica, acorde con la verdad histórica del naciente partido oficial.
Iniciaba la década de los años treinta y decenas de inspectores de la Secretaría de Educación Pública fueron enviados a los sitios más recónditos de la república, la consigna era clara: cerrar las escuelas con formación religiosa, cualquiera que fuese su profesión de fe.
En Durango se levantaba la hermosa hacienda de San Rafael, donde cotidianamente doña Margarita González Saravia gozaba dando clases en la capilla; combinaba algunas horas de religión con no menos de aritmética, caligrafía, ortografía y gramática. El inspector se presentó en la hacienda, soberbio, con oficio en mano para exigirle a doña Margarita que inmediatamente cerrara la escuela.
A la amable señora literalmente se le salieron los ojos cuando leyó aquel documento, pero no por lo injusto de la orden, sino porque estaba plagado de errores ortográficos, casi ilegible por la redacción y sin una frase coherentemente construida.
Como buena maestra, doña Margarita reprendió al inspector de “Educación” y le dijo que acataría la orden hasta que le presentara el documento perfectamente escrito, sin faltas de ortografía y bien redactado. Humillado, el burócrata se marchó. Para beneficio de aquella región, la hacienda de San Rafael jamás cerró su pequeña escuela.
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