John M. Ackerman
MÉXICO, D.F., 11 de abril.- Las marchas multitudinarias del miércoles 6 en solidaridad con Javier Sicilia demuestran que se empieza a agotar la paciencia de los mexicanos. Una franja cada vez más amplia de ciudadanos ya no está dispuesta a esperar que la situación de inseguridad continúe empeorando. Los mexicanos queremos resultados ahora y no vemos ninguna señal de que estemos siquiera caminando en el sentido correcto.
Algo similar ocurrió ya hace 20 años y desencadenó el proceso político y social que terminó por expulsar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Los Pinos. A partir de la crisis de la deuda y el desplome económico a nivel internacional, a mediados de los años ochenta el gobierno implementó varias medidas de “ajuste estructural” que iniciaron el cambio hacia el neoliberalismo económico que todavía hoy padecemos.
En aquel entonces, el presidente Miguel de la Madrid sostenía que las medidas eran temporales, necesarias para salir de la crisis en el corto plazo y generar condiciones para la prosperidad futura. La esperanza pareció materializarse a mediados del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando algunos indicadores económicos empezaron a repuntar. Salinas incluso llegó a declarar que México estaba listo a dar el paso para formar parte del “primer mundo”.
Pero la fantasía cayó como un castillo de naipes a finales de 1994, cuando la crisis económica y financiera reveló que el éxito económico de Salinas era una gran falacia. En lugar de fortalecer los cimientos de la economía, Salinas se dedicó a repartir jugosos contratos, concesiones y privatizaciones entre sus amigos. Esto fue posible debido al sistema sumamente autoritario y opaco de la época.
El pueblo entonces se dio cuenta de que la única forma para atender los problemas económicos de fondo era a través de una clara acción política a favor de la democracia, la transparencia y la honestidad. Así llegamos a la tenue transición hacia la vulnerable democracia que vivimos actualmente.
Hoy, la raíz profunda de la crisis en materia de seguridad pública es la misma que de la crisis económica de 1994: autoritarismo, opacidad y corrupción. Solamente una acción en estos terrenos implicaría una respuesta efectiva al creciente repudio y movilización social.
Calderón inauguró la anticonstitucional estrategia suicida de enviar las fuerzas militares a la calle porque pensó que así podría reconstruir su dañada legitimidad después de las elecciones de 2006. Esta fallida estrategia ha podido ser sostenida a lo largo de su sexenio porque no existen canales para una rendición de cuentas auténtica entre el Poder Ejecutivo y la población. En lugar de ir modificando sus acciones y políticas de acuerdo con el sentir y las demandas sociales, Calderón ha preferido recibir órdenes y directrices del gobierno de los Estados Unidos. La consecuencia es la “guerra” actual, que pareciera dirigida más al exterminio de nuestra juventud que a combatir el narcotráfico (ver mi artículo sobre el tema: http://bit.ly/g8cPDB).
En su última visita a Estados Unidos, Calderón presumió que él era como un “médico joven”, inteligente y bien entrenado, y el pueblo mexicano un paciente ignorante y enfermo que se queja de los tratamientos del doctor sin percatarse de que la “radiación y quimio” necesarias para “extirpar el tumor” del narcotráfico le van a servir a largo plazo. Esta miope lógica autoritaria constituye precisamente el problema de fondo con la estrategia del presidente.
La falta de una verdadera participación democrática es lo que también explica el fracaso en los esfuerzos de combate a la corrupción, lavado de dinero y profesionalización de los cuerpos policiacos y ministerios públicos. Encerrado en su “cuartel de guerra”, Calderón pierde las grandes ventajas que una activa participación y vigilancia social podrían generarle. Su captura por los intereses de los grandes bancos y las empresas monopólicas del país no le permiten margen de maniobra alguno para ejercer un verdadero control sobre los flujos financieros del país. Su subordinación a las tradicionales redes políticas clientelares y corporativistas le atan las manos para poder exigir e implementar una verdadera reforma institucional en materia de seguridad pública.
Las respuestas mediáticas a la movilización social, como el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, de Iniciativa México, o programas como El Grecco de Televisa, que glorifican la labor policiaca, evidentemente no servirán absolutamente de nada. Tales comedias solamente buscan dar la apariencia de una mejora en la materia y continuar engañando a la población.
La ampliación de una estrategia de “mano dura” hacia la población tampoco será la solución. Cuatro años de una “guerra” fallida nos han enseñado que cuando el gobierno se rebaja al nivel de los criminales se genera un caos generalizado donde los más beneficiados son los mismos delincuentes.
Para resolver el problema de raíz hacen falta acciones concretas en materia de democracia y rendición de cuentas. Por ejemplo: el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito y el referéndum, la verdadera democratización de los medios electrónicos de comunicación, el envío de los militares a sus cuarteles y hacerles rendir cuentas ante tribunales civiles, la plena autonomía y limpieza profunda de la Procuraduría General de la República, el establecimiento de nuevos organismos o comisiones independientes para combatir la corrupción, y la más amplia apertura en la investigación de los delitos y los juicios penales.
Modificaciones como estas podrían generar las condiciones para implementar el giro radical en la estrategia de combate al crimen organizado que tanto hace falta: urge enfocar nuestros recursos escasos en materia de seguridad pública para la persecución de los delitos que más daño le causan a los mexicanos, como el homicidio, el secuestro y el tráfico de personas, en lugar de seguir subordinado al mandato de Estados Unidos, cuyo gobierno insiste en que enfoquemos todos nuestros esfuerzos a combatir el tránsito de drogas hacia los millones de personas que las consumen libremente en su país. Habría que actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde. l
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