miércoles, diciembre 06, 2006

La toma de Los Pinos

Álvaro Delgado

Pese a su reiterativo discurso legalista, Felipe Calderón violó la Constitución al tomar posesión de su encargo 10 horas antes de rendir protesta. Y aunque sigue utilizando la retórica del diálogo, en los hechos se ha mostrado inflexible, amenazante. También se comprometió a combatir la pobreza, pero los grupos empresariales que le hicieron el trabajo sucio durante la campaña presidencial siguen sembrando odio por televisión y son los porristas más entusiastas de su presidencia.

La estampa es elocuente: entre la marabunta de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) que vencieron sus buenos modales trepándose a la tribuna de la Cámara de Diputados, y en medio de piquetes del Estado Mayor Presidencial (EMP) apoyados por un grupo de élite castrense provisto de fuerte armamento, apenas se ve una figura, la del sucesor de Vicente Fox, Felipe Calderón, que se encamina hacia la salida.

Se va por donde entró: por la puerta de atrás del recinto, un acceso oculto que fue custodiado por las tropas día y noche para garantizar la consumación de una ceremonia que, por mandato constitucional, debía desahogar Calderón, cuya figura se pierde detrás de la grandeza de la doble bandera nacional desplegada en el muro de honor.

Lo sigue Fox, quien ya sin ninguna investidura reapareció en el Salón de Sesiones del Congreso después de que, el 1 de septiembre, el repudio al cerco policiaco y militar con miles de elementos lo hizo llegar sólo hasta el vestíbulo para cumplir el trámite de entregar el paquete con su último informe de gobierno, en una acción que sepultó el rito de los mandatarios mexicanos de ingresar por la alfombra roja del pasillo central.

Calderón no llegó ni a dar ese paseíllo desde la entrada principal hasta la “más alta tribuna de la nación”, sujeta a duda su legitimidad por millones de mexicanos que lo ha hecho someterse a la custodia castrense desde la noche misma del 2 de julio, cuando proclamó su victoria.

Así fue su asunción en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el 5 de septiembre: fortificada la sede de la institución por más de 3 mil elementos del Ejército, la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de Investigación (AFI), Calderón recibió la constancia como ganador legal después de llegar en helicóptero y entrar por una puerta trasera.

Y ha sido de esa forma también en todos los encuentros públicos y privados que ha sostenido: siempre bajo el cerco infranqueable de elementos castrenses, bajo el mando de Jesús Javier Castillo, quien el 20 de noviembre fue ascendido de brigadier a general de brigada y que el jueves 30 de noviembre, en vísperas de la toma de posesión, fue nombrado jefe del EMP.

El privilegio a las instituciones castrenses que lo cuidan, junto con sus colaboradores y familiares, Calderón lo subrayó no sólo por juzgarlas clave en el combate contra el crimen organizado, sino por haber sido su primera acción como sucesor de Fox, el primer minuto del 1 de diciembre, en una ceremonia en la que utilizó, por primera vez también, la cadena nacional de radio y televisión:

Después de que Fox se desprendió de la banda presidencial, que casi se le cae al suelo por su evidente nerviosismo y que luego volvió a usar, Calderón tomó protesta a los nuevos secretarios de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza, junto con los secretarios de mano dura Francisco Ramírez Acuña, de Gobernación, y Genaro García Luna, de Seguridad Pública, así como el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.

Pero en esta inédita ceremonia, en la que Calderón reiteró su devoción por la aplicación de la ley y la vigencia del estado de derecho, él mismo cometió la primera violación constitucional de un artículo que invocó para formalizar a los nuevos secretarios, el 128, que establece: “Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo prestará la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”.

Calderón sólo rindió la protesta que establece ese artículo, envuelto en muestras de repudio de los legisladores de los partidos políticos que postularon a Andrés Manuel López Obrador, y apoyo del PAN, hasta casi 10 horas después.

Él mismo lo dijo en su mensaje de medianoche: “Al entrar al ejercicio de mi cargo como presidente de la República, en los términos que lo establece el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”, y la disposición constitucional ordena de manera clara: “Sin excepción alguna”.

Fomento del odio

Pero la crisis que padece México, que ha exhibido las más recientes riñas en la Cámara de Diputados y las sistemáticas protestas que exigen un cerco de seguridad para Calderón, no existe. Si acaso se trata de “momentos de tensión entre las principales fuerzas políticas”, como lo dijo en su primer discurso como sucesor de Fox, en el Auditorio Nacional, atiborrado de porristas.

Reiteró que está dispuesto al diálogo, pero de plano no mostró mayores expectativas: “Dialogaré con quien esté dispuesto a dialogar y construiré con quien quiera construir”.

Anclado en su discurso legalista con tonalidades políticas, insistió en que hará cumplir la ley: “Pongamos fin a la impunidad, a la impunidad de los delincuentes que amenazan nuestras vidas y familias, a la impunidad de los políticos que violentan la ley en su beneficio, a la impunidad de quienes abusan de una sociedad inerme, cualquiera que sea su posición de privilegio político, económico o social”.

Y pese a que ahora no empleó la dicotomía con la que clasifica a los mexicanos entre “pacíficos” y “violentos”, Calderón mantuvo el mismo talante que caracterizó su discurso antes y después de las elecciones del 2 de julio, soportado en una campaña propagandística formalmente financiada con recursos del PAN, pero también de los magnates del país y con la intervención directa de Fox.

El señalamiento no vino ni siquiera de los más tenaces opositores de Calderón, sino del TEPJF que, pese a legalizar su triunfo, acreditó que la ilegal intervención de Fox puso “en riesgo” la elección federal y que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), auspiciado por el salinista Claudio X. González, contrató ilegalmente promocionales en radio y televisión que le costaron 136 millones de pesos.

También quedó demostrado el gasto, igualmente ilegal, de 37 millones de pesos del Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh), un organismo dependiente de la extrema derecha ideológica y patronal, fundado por Enrique Terrazas Torres, coordinador financiero de la campaña de Calderón en el norte del país y protector de José Luis Barraza, presidente del CCE.

Aunque el CCE y Celiderh no han aparecido recientemente en las pantallas para hacer propaganda filopanista, sí lo han hecho dos membretes claramente identificados con esa estrategia, el Consejo Mexicano de la Juventud y Compromiso Joven, que desde la noche del miércoles 29 emitieron un promocional, en radio y televisión, para acusar al Partido de la Revolución Democrática (PRD) de “frenar el avance del país”.

El spot televisivo muestra a una madre con su hija viendo la televisión, que transmite imágenes de los golpes entre diputados perredistas y panistas, luego de que éstos tomaron la tribuna el martes 28.

“–Mamá, ¿por qué ese señor le está pegando al otro? ¿Hizo algo malo?

“–No, mijita, pero él y el PRD le están pegando a México, no lo dejan avanzar.”

Enseguida, la actriz pontifica: “Ya estuvo bueno de tanto odio y amenazas, ¿no? México no es del PRD, es de todos. ¡Por eso, yo protesto!”.

Ambos membretes suscribieron en agosto, en el contexto de las protestas electorales por el recuento “voto por voto y casilla por casilla”, otra campaña contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, por no reprimir a quienes instalaron campamentos en el Centro Histórico y el Paseo de la Reforma.

Y junto con Celiderh, la Alianza Sindical Mexicana –central obrera patrocinada desde el gobierno– y Liderazgo Emprendedor suscribieron, poco antes de las elecciones del 2 de julio, una campaña denominada “Ármate de valor y vota”, para infundir miedo a los electores asociando a López Obrador con el venezolano Hugo Chávez, con escenas de violencia y armamento.

El fundador del Consejo Mexicano de la Juventud es Edwin Valdés Cabello, militante del PAN de Nuevo León y allegado a Guillermo Velasco Arzac, presidente de la Coordinadora Ciudadana y jefe operativo de la ultraderechista Organización Nacional de El Yunque, amigo de Enrique Terrazas Seyffert, hijo del patrocinador de Calderón, presidente de Celiderh y dirigente, desde octubre, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chihuahua.

Todos estos membretes han firmado, también, desplegados periodísticos, agrupados en el organismo Sociedad en Movimiento, creado bajo el auspicio de la Coparmex y al que Televisa, propiedad de Emilio Azcárraga, regaló tiempo, según reconoció el dirigente del organismo patronal, Alberto Núñez Esteva (Proceso 1554).

Pago de facturas

La campaña de crispación la inició el propio Calderón desde que inició la búsqueda por la Presidencia de la República, el primer minuto del 19 de enero, cuando llamó a sus simpatizantes a que las diferencias partidistas, de raza, de religión o de opinión “no sean factores que empañen nuestra visión de futuro ni que nos orillen a promover el odio, el rencor, el pasado”.

Han acompañado a Calderón prominentes miembros del mundo empresarial –y aun de la farándula y españoles–, cuyos representantes forman parte del gabinete y que ocuparon las primeras filas en el Auditorio Nacional, luego de la rendición de protesta en San Lázaro, donde también fue evidente el desaire de mandatarios del mundo.

El dignatario de mayor jerarquía fue el futuro rey de España, Felipe de Borbón, custodio de los extendidos intereses de ese país en México, que representa también Ignacio Salafranca, militante del derechista Partido Popular y quien fue portavoz de la delegación de observadores del proceso electoral en México, que según ellos fue transparente.

Ahí estuvo, por ejemplo, María Asunción Aramburuzabala, la mujer más rica de México y esposa del embajador de Estados Unidos, Antonio Garza. Militante formal del PAN y patrocinadora de la campaña de Calderón, fue una de las asistentes más entusiastas.

Otros miembros del elenco que acompañaron a Calderón en las primeras filas fueron, precisamente, Enrique Terrazas Torres, fundador de Celiderh, y José Luis Barraza, presidente del CCE, apartados del gentío panista acarreado en autobuses desde varios estados de la República.

En la comida, celebrada en el Museo Nacional de Antropología, el público fue más selecto y sella el futuro de su gobierno: los dueños de los dos emporios televisivos del país, Emilio Azcárraga, de Televisa, y Ricardo Salinas Pliego, de Televisión Azteca; Carlos Slim, del Grupo Carso; Héctor Rangel Domene, expresidente de los banqueros de México, y Roberto González Barrera, jerarca del Grupo Maseca y de Banorte.

Por parte de la Iglesia estuvieron el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, y Emilio Berlié, arzobispo de Yucatán.

Un gobernador perredista deambulaba feliz por entre las mesas. Era Lázaro Cárdenas Batel, que repartía abrazos.

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