La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Georgina Kessel, revivió ayer los argumentos con los que el gobierno calderonista pretendió, a principios de año, dar curso legal a la transferencia de la industria petrolera a manos privadas: aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) carece de los recursos humanos, tecnológicos y monetarios que se requieren para explorar y extraer crudo, retomó la fábula del “tesoro de aguas profundas”, porfió en el afán gubernamental de incrementar la plataforma de producción diaria –idea particularmente desatinada en momentos en que los precios internacionales de los hidrocarburos han experimentado una contracción superior al 60 por ciento y cuando el resto de países productores se apresta a recortar sus cuotas de crudo–, actualizó el empecinamiento oficial en recurrir a los inconstitucionales contratos de riesgo –ahora llamados “contratos incentivados”– y repitió el chantaje presidencial que planteó una falsa disyuntiva entre ceder el sector a manos privadas –así sea parcialmente– y “quitar presupuesto de la parte social”.
Las expresiones de la funcionaria son, en esencia, la reiteración de posturas que fueron suficientemente rebatidas en los foros organizados por el Senado previos a la adopción de la reforma petrolera finalmente aprobada el 28 de octubre. Se repite, en lo medular, el “diagnóstico” de Pemex divulgado hace unos meses por la propia Sener y que, a su manera, constituía una verdadera confesión de ineptitud y dispendio: si bien es cierto que el desmantelamiento y el saqueo gubernamental de la paraestatal comenzaron hace dos décadas, también lo es que continuó en el sexenio de Vicente Fox –gestión en la que Felipe Calderón se desempeñó como secretario de Energía, y en la que se dilapidaron 75 mil millones de dólares de ingresos petroleros no previstos–, así como en los 23 meses transcurridos de la actual administración. La solución al desastre así generado no es abrir la industria petrolera a las corporaciones privadas, sino que la administración pública deje de emplear el dinero en asuntos suntuarios y hasta insultantes, reduzca los estipendios de sus altos funcionarios, se abstenga de usar la renta petrolera para sufragar el gasto corriente, cobre los impuestos que corresponden a las grandes empresas y fortunas personales, deje de depender de los ingresos de Pemex y renuncie a la obsesión de incrementar la producción y acabar en el corto plazo con las reservas nacionales de crudo, las cuales, cabe recordarlo, no sólo pertenecen a los mexicanos del presente, sino también a las generaciones del futuro.
En cuanto al supuesto déficit de ingenieros y de tecnología, la afirmación resulta vergonzosa por partida doble: por una parte, en el debate senatorial referido se puso de manifiesto la disposición y el alto nivel profesional de los especialistas mexicanos; pero, aun si la carencia fuera real, la respuesta obvia es que se debe invertir en formación universitaria y en desarrollo tecnológico, rubros que experimentan una sostenida insuficiencia presupuestal. Significativamente, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) desarrolla un programa de explotación de campos en aguas profundas, en tanto que Pemex ha realizado, desde hace cuatro años, otras tantas perforaciones productivas en profundidades marinas de entre 500 y mil metros.
Tras la aprobación de la reforma legal en materia petrolera, Pemex aseguró que con ella ganaba “flexibilidad operativa, capacidad de ejecución y nuevos márgenes presupuestales” para ampliar la inversión. Ahora, Georgina Kessel afirma lo contrario, y con ello no sólo se alimenta la incoherencia declarativa del presente gobierno, sino que se da la razón a quienes señalan que las modificaciones legales aprobadas por la mayoría legislativa permiten al calderonismo, a pesar de todo, sacar adelante su designio de abrir la industria petrolera a los capitales privados.
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